• Durante 5 años se ha estado celebrando un festival motero en Vinuesa  cuyo atractivo era incumplir la ley, bajo el falso pretexto de contar de autorizaciones para ello.
• En 2026, la falta de organización y el fallecimiento de una persona ha levantado las alarmas sociales y de las autoridades sobre las ilegalidades que estaban ocurriendo.
• 70 hectáreas de monte y de la orilla del embalse han sufrido severos daños que venían acumulándose desde el año 2022 sin recibir la proporcional sanción y restauración del medio.

Las fotografías aéreas del lugar tomadas el día 13 de julio de 2026 por la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria visibilizan que el paso de miles de motos ha dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa, agravado por el efecto acumulativo de erosión, compactación del suelo y pérdida de raíces originado en años anteriores. Ya en la foto satélite del IGN del año 2023 se observan los daños de los dos primeros festivales.
Estas acciones, virales en redes sociales (carreras, trompos y caballitos en todo el recinto autorizado y fuera de él, incluso dentro del agua), son ilegales en terreno forestal (incluidos los pastizales), más aún en períodos de alto riesgo de incendios. La ley limita el tránsito de vehículos a motor a caminos autorizados, y en este caso a los viales señalizados a los que se tenía que ceñir el organizador garantizando la seguridad vial. La realidad de las cinco ediciones celebradas ha sido que los asistentes han circulado sin control por todo el espacio, la Guardia Civil sólo ha actuado en el año 2026, eso sí con 435 denuncias y desbordada ante el inabarcable quebranto general de la ley; y la Confederación Hidrográfica del Duero ha mostrado una inexplicable inacción y no ha abierto expedientes sancionadores; y el Ayuntamiento, ignorando esta realidad, ha concedido sucesivas autorizaciones que se estaban incumpliendo reiteradamente.

Delimitación del perímetro del embalse y ubicación de los eventos del festival del año 2024

El promotor ha atraído masivamente al público ofreciendo “libertad para ir en moto” y ausencia de normas (sin casco obligatorio, ni ITV, sin control de alcohol) en 200 hectáreas (cifra que variaba a 100 o 50 hectáreas según la publicación del festival que se consulte). Curiosamente recomendaban que los menores llevaran casco.
Todo lo expuesto es público y hay testimonio gráfico en numerosos videos disponibles en internet de las cinco ediciones del festival, no sólo de la del año 2026. Finalmente, al festival ha acudido mayoritariamente un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador; que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Vinuesa con el beneplácito de la JCyL, de la Confederación H. del Duero y de la Subdelegación del Gobierno de España.

13/07/2026 Estado de la zona tras la celebración del Motorbeach

Respecto a la anunciada reunión del próximo viernes de las administraciones que han participado en la autorización, ASDEN reclama:
Autocrítica por la falta de control en las cuatro ediciones anteriores del festival; y asunción de responsabilidades.
Denegación de futuros eventos masivos en el medio natural.
Y en su defecto; la aplicación de autorizaciones taxativas, rigurosas y asignando recursos públicos suficientes para garantizar el control y vigilancia del evento, y el bajo o nulo impacto al medio natural.
Imposición de fianzas y sanciones acordes al beneficio obtenido por el promotor, y a los daños producidos. Algo que no ha pasado hasta ahora.

13/07/2026 Estado de la zona tras la celebración del Motorbeach 2026

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• Ante la creciente proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano en Castilla y León, Ecologistas en Acción Castilla y León ha aprobado un documento de posicionamiento en el que fija los criterios que considera imprescindibles para garantizar que estas instalaciones contribuyan realmente a una transición ecológica justa y no sirvan para consolidar un modelo de ganadería industrial insostenible.
• El documento parte de que el biogás y el biometano pueden desempeñar un papel en la gestión de residuos orgánicos, pero únicamente bajo criterios estrictos de sostenibilidad ambiental, planificación territorial, participación ciudadana y protección del medio rural.

Entre otras medidas, el posicionamiento reclama una planificación regional específica, una regulación más exigente sobre la ubicación y dimensión de las plantas, la protección de los suelos y los recursos hídricos, una gestión rigurosa del digestato y que estas instalaciones no se utilicen como argumento para mantener o ampliar la ganadería intensiva.

El posicionamiento completo puede consultarse en el documento adjunto debajo.

Asimismo, Ecologistas en Acción Castilla y León invita a colectivos sociales, administraciones y ciudadanía a utilizar la guía “Biogás y biometano. ¿Cómo evaluar los proyectos?”, una herramienta práctica para facilitar el análisis de este tipo de iniciativas mediante criterios ambientales, sociales y territoriales. La publicación ofrece un conjunto de preguntas clave para valorar cada proyecto caso por caso y distinguir aquellos que pueden aportar beneficios reales de los que perpetúan impactos ambientales y sociales.

Posicionamiento-de-EeA-CyL sobre biogás y biometano.

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La administración regional tiene en marcha desde 2023 un programa de radio marcaje de lobos en Castilla y León que podría estar proporcionando información contraria a los intereses ganaderos y cinegéticos.

Ecologistas en Acción formuló una petición de información a la Junta de Castilla y León sobre los lobos radio marcados en la región, contestada en abril de 2025, confirmando que en la Comunidad fueron radio marcados 11 ejemplares en la temporada 2023/2024 que proporcionaron 363 datos de información. De esos 363 datos, únicamente 15 lo fueron de predación sobre animales domésticos, lo que supone apenas el 4% del total de los daños del cánido.

Desde la Junta se ha reiterado que el marcaje de ejemplares de lobo con emisores GPS es una herramienta útil e importante para proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones y conocer el estado de conservación de la especie. También porque permite acumular información detallada para valorar el impacto de las actividades humanas potencialmente conflictivas con la conservación del lobo y resulta recomendable dirigir este marcaje al menos a un ejemplar por grupo familiar. Sin embargo, se desconocen los lobos que siguen enviando información en la actualidad.

El procesado de datos y de la información recopilada necesita tiempo, que ha sido suficiente para poder ofrecer unos resultados que ayuden a entender la información fundamental para determinar:

• Las cifras de predación sobre animales domésticos, además de su consumo principalmente como carroña.
• La mortalidad de los lobos radio marcados, que aproxime los datos de mortalidad de la especie.
• Los desplazamientos realizados por estos animales que sirvan para valorar la extensión de las áreas de campeo y establecer de manera más fiable el número de manadas.

Consideramos que los datos que están arrojando estos lobos radio marcados podrían indicar que existe una manifiesta contradicción con los datos de censo de lobo y de daños a explotaciones ganaderas ofrecidos por la Junta de Castilla y León durante los últimos años, siendo mucho menor el número de grupos familiares así como los daños a explotaciones ganaderas atribuidos de manera recurrente a la especie.

Las declaraciones del nuevo Consejero de Protección Ambiental ponen de manifiesto su nulo interés, así como capacidad, para la gestión de especies y espacios protegidos, flora y fauna, además de demostrar una nula sensibilidad para con el lobo y un posicionamiento de parte que no se corresponde con un cargo público que debe velar por el interés general, no solo el particular del sector agro-ganadero.

Ecologistas en Acción entiende que los ejemplares radio marcados podrían estar facilitando información fundamental para mantener la protección de la especie, lo que desbarataría la pretensión de la Junta de Castilla y León de poder autorizar la matanza de lobos en el territorio castellano y leonés.

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• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que los 190.000 habitantes de Burgos estuvieron expuestos en 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
• Las áreas urbanas de Burgos, Ponferrada y Valladolid superaron los nuevos límites legales de partículas o dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones ni protocolos frente a episodios eficaces.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 44 situadas en Castilla y León. Entre sus principales conclusiones, destacan:

• El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
• La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
• Durante 2025, la calidad del aire en Castilla y León mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019 y recuperando sus concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
• El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado sólo afectó en 2025 a la población de la ciudad de Burgos, el 8 % de la población de Castilla y León.
• Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y a tres cuartas partes del territorio regional.
• Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la totalidad de la población castellana y leonesa. Las partículas presentaron la peor situación en las áreas urbanas de Ponferrada y Valladolid, superando en sendas estaciones los nuevos valores límite diarios. El área urbana de Burgos incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Y en Íscar (Valladolid) se alcanzó la segunda peor situación en toda España durante el año pasado del cancerígeno benzo(α)pireno.
• El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático. No obstante, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono de la Junta de Castilla y León ha sido anulado por el Tribunal Supremo por carecer del necesario detalle territorial, debiendo elaborar el nuevo en el plazo de 6 meses.
• La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 450 en Castilla y León. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
• Ecologistas en Acción realizó en 2023 y 2025 sendas campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las ciudades de la Comunidad, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Lo que además cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
• La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
• Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. La Junta de Castilla y León y los principales ayuntamientos salvo Valladolid tampoco se han dotado de un protocolo de actuación eficaz frente a los episodios de mala calidad del aire.

Informe: La calidad del aire en el Estado español durante 2025

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