La veda parcial acordada por el Gobierno asturiano es una medida positiva, pero manifiestamente insuficiente; de hecho, las declaraciones del consejero denotan una orientación de las actuaciones en torno al salmón y la situación de los ríos muy negativa en varios aspectos.

Es positivo que se restrinja la pesca del salmón, aunque la prohibición debería ser total, de forma que se excluya también la pesca del campanu y de individuos para desove y repoblación; el colectivo investigador especializado en este campo viene manifestando repetidamente que las campañas de repoblación que se desarrollan año tras año son contraproducentes, y de hecho no se aprecia que hayan dado lugar a ningún aumento o recuperación de la población.

Las afirmaciones del consejero referentes a que toma decisiones con fundamento en criterios científicos no se sostienen en la realidad: la comunidad científica viene manifestándose en sentido contrario a sus manifestaciones y resoluciones. Nunca ha hecho públicos informes que justifiquen las medidas que viene aprobando. Si realmente dispone de algún informe científico, elaborado por personal científico independiente, sin conflictos de intereses, debería hacerlo público para dar lugar a un debate fundamentado en datos y análisis con metodología científica con quienes sostienen posturas diferentes.

La defensa de que el salmón no se incluya en el Lespre es una decisión política contraria a la naturaleza del catálogo de especies en peligro y a la evidencia científica de cuál es el estado de la especie, reflejado en el informe presentado por Saxífraga, la sociedad que instó la inclusión en el catálogo.

La protección del salmón debe pasar, además de por su inclusión en el Lespre y por la consiguiente prohibición de su pesca, por toda una serie de medidas orientadas a la recuperación del medio natural: eliminación de obstáculos a su circulación por los ríos (azudes y presas en desuso; implementación de escalas practicables en las presas que sigan en uso); mantenimiento y recuperación de los bosques de ribera (acabando con la práctica ya muy frecuente últimamente de eliminar la vegetación de la ribera con motivo de cualquier actuación en la proximidad de los ríos, y a veces incluso sin ninguna otra razón aparente), que son hábitats protegidos y de especial valor; eliminación de los vertidos a los ríos, con persecución de quienes sigan realizándolos; limpieza de los cauces, referida a lo que realmente es suciedad (plásticos y otros residuos humanos), no a la de restos vegetales que ayudan a reducir la velocidad del agua y crean espacios de refugio para numerosas especies; eliminación de especies invasivas; recuperación de las áreas inundables, eliminando construcciones o infraestructuras ilegales; y la regulación de las actividades recreativas asociadas a los cauces fluviales, para no sobrepasar su «capacidad de carga», en particular en cuanto a la navegación con piraguas, canoas, etc. Y, en un marco mucho más amplio, medidas para limitar y adaptarse al calentamiento global.

Resultaría de especial interés que nuestra Comunidad Autónoma participara en los proyectos de investigación y en el diseño e implementación de programas y medidas para la protección y recuperación del salmón atlántico que se estén llevando a cabo en otros territorios que también son hábitat de esta especie.

En cuanto a las declaraciones del consejero sobre el control de supuestos depredadores, mencionando a cormoranes, lubinas y nutrias, debe recordarse que la matanza de cormoranes que viene realizándose desde hace años no tiene ninguna justificación científica y no hay ninguna evidencia de que la importante reducción de ejemplares de esa especie haya dado lugar a mejora alguna en la situación del salmón, ni expectativa real de que pueda tenerla. Otro tanto cabe decir de la lubina, la nutria o cualquier otra especie animal que habita los ríos. Sería especialmente lamentable que después del éxito que ha supuesto la recuperación de la nutria en las últimas décadas gracias a la reducción de la contaminación de algunos ríos ahora se piense en eliminarlas en razón de una medida populista sin perspectiva alguna de que pueda tener cualquier tipo de repercusión favorable para la recuperación del salmón. En cualquier caso, la matanza de animales supone una actuación éticamente inaceptable y que pone en cuestión la escala moral de quien la propone y la autoriza, máxime cuando se hace por razones puramente populistas, sin justificación objetiva defendible.

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Cuando se cumplen tres años de la entrada en funcionamiento de la regasificadora de El Musel, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que existe ya una perspectiva suficiente para evaluar si la infraestructura ha cumplido el objetivo excepcional con el que fue autorizada tras la invasión rusa de Ucrania.

La puesta en marcha de la planta fue presentada por el Gobierno como una medida estratégica para reforzar la seguridad energética de Europa y facilitar el suministro de gas al resto de Estados miembros. Esa justificación permitió activar una instalación que permanecía inactiva desde su construcción y reconocerle un régimen económico singular, cuyos costes continúan siendo soportados por el conjunto del sistema gasista y, en última instancia, por todos los consumidores.

Sin embargo, tres años después, los datos acumulados de explotación muestran una realidad muy distinta.

Desde su entrada en servicio han descargado en El Musel 39 buques metaneros, incluida la carga inicial, con un volumen total de 6.110.815 m³ de gas natural licuado (GNL).

Balance de los tres primero años de funcionamiento de la regasificadora de El Musel (julio 2023 a julio de 2026)

De ese volumen:

• 4.974.106 m³ (81,4 %) fueron regasificados e inyectados directamente en la red gasista española.
• 291.668 m³ (4,8 %) se distribuyeron mediante cisternas.
• 451.231 m³ (7,4 %) fueron cargados nuevamente en buques.
• El resto, del orden del 6 %, permanece actualmente almacenado tras la reciente descarga del metanero Castillo de Caldelas, manteniendo la planta en un nivel de existencias próximo a su capacidad máxima de operación.

Destino del GNL descargado en El Musel (julio de 2023 a julio de 2026)

Es decir, más de cuatro quintas partes del gas descargado terminaron abasteciendo el mercado gasista español, mientras que la actividad de recarga de buques ha sido meramente testimonial.

Las cifras de carga de buques son igualmente reveladoras.

En tres años únicamente se realizaron siete operaciones de carga. Sin embargo, dos de ellas no constituyeron operaciones comerciales de suministro, sino la carga de pequeñas cantidades de GNL destinadas exclusivamente a la puesta en frío de los metaneros, una maniobra técnica necesaria para acondicionar los tanques del buque antes de recibir el cargamento.

Descontadas estas dos operaciones técnicas, el volumen realmente cargado equivale aproximadamente a tres metaneros completos.

Además, solo uno de esos cargamentos tuvo como destino otro Estado miembro de la Unión Europea, Croacia.

El resto fueron cargas parciales: dos con destino a Argentina y Egipto y otras dos que, tras completarse en la República del Congo, terminaron siendo descargadas en las terminales españolas de Huelva y Cartagena. En consecuencia, tampoco pueden considerarse operaciones destinadas a reforzar el suministro energético del resto de Europa.

Para Ecoloxistes n’Aición, estos datos evidencian que la solidaridad energética europea utilizada para justificar la puesta en marcha de El Musel apenas se ha materializado en la práctica.

Paradójicamente, la mayor parte del gas descargado ha terminado siendo regasificado alegando la necesidad de controlar el denominado boil-off gas (BOG), el gas que se evapora de forma natural durante el almacenamiento del GNL.

Precisamente por ello resulta imprescindible conocer si se han ejecutado las inversiones comprometidas para reducir ese fenómeno, cuándo entraron en funcionamiento, cuál ha sido su eficacia real y qué comprobaciones han realizado el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el cumplimiento de esa condición.

La organización ecologista recuerda que la autorización de la planta y el reconocimiento de un régimen económico singular respondían a una situación extraordinaria derivada de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Tres años después, resulta obligado evaluar si esa justificación sigue siendo válida a la vista de los resultados obtenidos y del servicio efectivamente prestado.

Por ello, Ecoloxistes n’Aición considera imprescindible que se haga público el balance económico completo de estos tres años, detallando:

• El importe total de los costes regulados reconocidos a la planta.
• Los servicios efectivamente prestados al sistema gasista.
• El grado de cumplimiento de todas las condiciones técnicas impuestas para su autorización, especialmente las relativas a la reducción del boil-off gas.
• Y la evaluación de si siguen concurriendo las circunstancias excepcionales que justificaron el régimen económico singular concedido a la instalación.

Tres años después de la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, existe ya una perspectiva suficiente para evaluar si la infraestructura ha cumplido la finalidad excepcional con la que fue activada. Los datos de explotación muestran que esa finalidad —contribuir al suministro energético del resto de Europa tras la invasión rusa de Ucrania— apenas se ha materializado, mientras la instalación continúa funcionando bajo un régimen económico singular cuyos costes siguen siendo asumidos por el conjunto de los consumidores. Este balance resulta especialmente pertinente al cumplirse el tercer aniversario de una decisión que fue presentada como una respuesta excepcional a una crisis energética también excepcional.

Por todo ello, Ecoloxistes n’Aición solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hagan público el balance económico y operativo de estos tres años, revisen la continuidad del régimen económico excepcional concedido a la planta y acrediten el cumplimiento de todas las condiciones técnicas impuestas para su puesta en funcionamiento, en particular las relativas a la reducción del boil-off gas.

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Incumpliendo su obligación legal, los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco no han avisado a la población sobre el riesgo de la contaminación para su salud.

La intensa ola de calor que está afectando en particular a toda la cornisa cantábrica, desde Galicia al País Vasco pasando por Asturias y Cantabria, junto al intenso tráfico motorizado y la actividad industrial y portuaria de las áreas urbanas de A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Torrelavega, Bilbao y Donostia/San Sebastián, han provocado que se disparen los niveles de ozono en el interior de las comunidades autónomas citadas, donde los episodios de mala calidad del aire por este contaminante atmosférico eran hasta fechas recientes inusuales.

En la tarde de ayer lunes, se registraron en los territorios citados 16 superaciones del umbral de información a la población, establecido por la normativa en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en una hora. Dichas superaciones se produjeron en las estaciones Magdalena (3) y Mourence, respectivamente en el interior de A Coruña y de Lugo; en las estaciones asturianas litoral Niembro e interiores Olloniego (2), Santa Marina (2) y Sama (2); en las estaciones cántabras Corrales de Buelna y Parque Zapatón (3), en la Comarca de Torrelavega; y en la estación guipuzcoana Andoain, al sur de Donostia/San Sebastián.

La máxima contaminación se registró en la estación asturiana Olloniego, próxima a la ciudad de Oviedo, donde se alcanzaron 230 microgramos de ozono por metro cúbico de aire entre las 14 y 15 horas, muy cerca del umbral legal de alerta, establecido en 240 microgramos de ozono por metro cúbico de aire. Siendo generales en toda la cornisa cantábrica las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud, fijado por la normativa en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, como promedio de ocho horas consecutivas.

Por sus condiciones climáticas poco propensas a la formación del ozono (baja radiación solar y elevadas lluvias), se trata de un episodio de contaminación inusual en el norte de España, más propio de regiones mediterráneas del centro, el sur y el este peninsular como Andalucía, Cataluña o Madrid, que la semana pasada y ayer también sufrieron superaciones del umbral de información, en Barcelona, Madrid o Sevilla. El cambio climático esta así provocando episodios de ozono donde antes eran desconocidos, agravando las muy dañinas olas de calor.

La previsión de la superación del umbral de información establecido para el ozono obliga a las autoridades a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como infancia, mayores, mujeres gestantes o personas con enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, de que se protejan evitando en las horas centrales del día y al atardecer cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

No obstante, los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco no han avisado a la población de esta circunstancia con la debida antelación, utilizando canales que aseguraran su recepción por las personas afectadas, como los medios de comunicación públicos y privados. La información disponible se limita a avisos rutinarios en las páginas Web de los distintos gobiernos, que advierten a posteriori de esta circunstancia y prevén su repetición durante los próximos días, mientras duren las elevadas temperaturas y la alta radiación solar.

No es la primera vez que el Principado de Asturias, el Gobierno de Cantabria, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco incumplen su obligación legal de informar a la población afectada por un episodio de contaminación por ozono. Además, estas administraciones no han limitado preventivamente el tráfico motorizado ni las principales actividades industriales de las áreas urbanas citadas, principales responsables junto a la ola de calor del actual episodio.

En opinión de Ecologistas en Acción, se reitera de esta manera el escaso interés con el que las autoridades afrontan la lucha contra la contaminación atmosférica, que cuesta cada año cientos de vidas en la cornisa cantábrica y graves daños a los bosques y cultivos, ante la completa pasividad de los gobiernos. Una actitud negligente frente a la que la organización ecologista solicita la elaboración y aplicación de Planes de Acción a Corto Plazo para combatir la contaminación por ozono, con medidas inmediatas sobre el tráfico y la industria.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 6.000 y 7.000 los fallecimientos prematuros anuales en el Estado español producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

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La organización reclama una planificación más rigurosa, mayor protección del territorio rural y la incorporación de criterios de seguridad y protección civil.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies ha presentado alegaciones al Avance de las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías (BESS) en suelo no urbanizable promovidas por el Gobierno del Principado.

La organización considera que la aprobación de unas directrices específicas supone un avance respecto a la situación vivida durante los últimos años, marcada por la presentación de numerosos proyectos impulsados principalmente en función de la disponibilidad de puntos de conexión a la red eléctrica y por la ausencia de una planificación territorial previa.

Ecoloxistes n’Aición recuerda que los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías son una infraestructura necesaria para facilitar la integración de energías renovables y avanzar en la descarbonización del sistema energético. Por ello, las alegaciones presentadas no cuestionan la necesidad de estas instalaciones, sino que pretenden mejorar los criterios para su implantación y reducir los conflictos sociales y territoriales que han acompañado muchos de los proyectos conocidos hasta la fecha.

La organización considera positivo que las Directrices introduzcan criterios de planificación y prioricen la utilización de espacios ya transformados, industriales o degradados. Sin embargo, considera que existe margen para fortalecer el documento en cuestiones clave como la protección del suelo rural, el análisis de alternativas, la evaluación de impactos acumulativos y la adecuada consideración de los riesgos asociados a este tipo de instalaciones.

Entre las propuestas presentadas destaca la necesidad de reforzar la protección del Suelo No Urbanizable de Interés, una categoría que previsiblemente concentrará buena parte de los futuros proyectos, incorporando criterios más precisos relacionados con el paisaje, la actividad agraria, los corredores ecológicos y la proximidad a núcleos rurales.

Asimismo, Ecoloxistes n’Aición reclama que las Directrices incorporen de forma expresa criterios de protección civil y gestión de emergencias. En este sentido, la organización plantea que la aptitud de un emplazamiento no debe valorarse únicamente desde el punto de vista urbanístico o ambiental, sino también teniendo en cuenta factores como la accesibilidad para los servicios de emergencia, la disponibilidad de recursos hídricos para la extinción de incendios, la existencia de receptores sensibles en el entorno o la capacidad real de respuesta ante situaciones accidentales.

Las alegaciones se apoyan en documentación técnica internacional y en las recomendaciones elaboradas por organismos especializados en seguridad y emergencias, que ponen de manifiesto la importancia de integrar la gestión de riesgos en la planificación territorial de este tipo de instalaciones.

La organización también solicita que se desarrollen metodologías específicas para evaluar los efectos acumulativos derivados de la concentración de baterías, subestaciones eléctricas, líneas de evacuación y otras infraestructuras energéticas sobre determinados territorios.

Para Ecoloxistes n’Aición, el conflicto social generado en torno a los proyectos de almacenamiento energético no deriva de la existencia de las baterías, sino de la ausencia de una planificación previa suficientemente desarrollada y de criterios homogéneos de localización.

Por ello considera que las Directrices representan una oportunidad para ordenar el despliegue de estas infraestructuras, reforzar la seguridad jurídica, mejorar la protección ambiental y aumentar la confianza de la ciudadanía en los procesos de transición energética.

“La transición energética necesita baterías, pero también necesita planificación, transparencia y garantías para las poblaciones afectadas. El objetivo debe ser decidir dónde resulta razonable implantarlas, no simplemente dónde resulta posible conectarlas”, concluye la organización.

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En Asturias queremos producir cosas útiles y de las que nos sintamos orgullosos como sociedad.

El rearme europeo no es una política neutra ni defensiva, forma parte de una dinámica de escalada geopolítica, de militarización del gasto público y de disputa internacional por recursos, mercados y esferas de influencia frente a otras potencias. Cuando el Estado asigna miles de millones de euros hacia la producción militar está tomando una decisión política sobre el destino del dinero de toda la ciudadanía. Cada euro comprometido con la industria militar deja de estar disponible para reforzar servicios públicos o desarrollar otro tipo de actividades económicas que también generan empleo, pero que además resultan útiles a la sociedad.

La seguridad real de nuestra tierra no vendrá de fabricar más armamento, sino de garantizar trabajo digno, estable y socialmente útil, de reforzar la autonomía productiva, de reducir dependencias, y de construir una base industrial capaz de responder a necesidades humanas y ecológicas del presente y del futuro.

Asturias tiene capacidad industrial, tecnológica y humana suficiente para ser referencia en una transición justa: energías renovables, electrificación de procesos, reparación, reciclaje y reutilización de materiales, industria civil avanzada, transporte colectivo, rehabilitación energética, producción de alimentos de cercanía, industria cultural y servicios públicos de calidad.

Tampoco podemos hablar de industria de defensa como si fuera un sector cualquiera, desligado de sus consecuencias. La industria militar alimenta guerras que generan un enorme coste humano, social y ambiental, y cuyas secuelas condicionan durante años la vida de las poblaciones afectadas. Declarar de utilidad pública una fábrica de armas resulta de una inquietante amoralidad y cinismo en un mundo en el que 63 millones de personas perdieron la vida en 2025 en guerras y conflictos armados.

Además, si hablamos de empleo, conviene hacerlo con rigor. La industria militar, altamente automatizada, no destaca precisamente por su capacidad de generar trabajo en relación con el volumen de inversión pública que absorbe. Sectores civiles como la educación, la sanidad, el medio ambiente, las infraestructuras, la ciencia y cultura o la energía limpia crean más empleo, son más difíciles de robotizar y aportan un retorno social mayor. Pero es que además reforzar estos sectores identifica a sus trabajadores con objetivos políticos deseables, como la igualdad, la calidad de vida y la lucha contra el cambio climático, mientras que apostar por las armas genera una inquietante identificación entre guerra, belicismo y puestos de empleo. La extrema derecha ya puede frotarse las manos en una Asturias en la que la guerra, el rearme y el intervencionismo sean vistos como una oportunidad laboral.

Invitamos a una reflexión a los dirigentes de los partidos y sindicatos que claman en sus discursos por la paz, pero que al mismo tiempo están apostando por la especialización de nuestra comunidad en un sector cuya bonanza depende de que vivamos en un mundo más inseguro. Nuestra comunidad no debería repetir el error que cometió con el carbón a principios del siglo XXI, aferrándose a una fuente de energía que iba a quedar obsoleta, sino anticiparse al mañana. Apostar por sectores económicos de futuro, de los que nos sintamos orgullosos, y no por industrias que necesariamente deberán decrecer en un planeta más seguro y con un orden internacional basado en reglas. Asturias merece una política industrial ambiciosa, pero también una política industrial para la paz, para la sostenibilidad y para la vida.

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