Los principales laboratorios de inteligencia artificial, entre ellos OpenAI y Anthropic, han enviado una carta conjunta a los legisladores estadounidenses en la que solicitan un mayor control sobre las secuencias sintéticas de ADN que podrían utilizarse para diseñar armas biológicas. La misiva, fechada el 3 de junio de 2026, subraya la creciente preocupación por el potencial mal uso de los modelos de IA generativa en el campo de la biología sintética.

La carta, firmada también por ejecutivos y científicos de otros laboratorios punteros, insta a las autoridades a establecer un sistema de supervisión más riguroso para las secuencias genéticas fabricadas en laboratorio. Según los firmantes, el rápido avance de la inteligencia artificial frontera podría permitir que actores malintencionados diseñen patógenos letales a partir de datos disponibles públicamente.

Un riesgo creciente en la frontera tecnológica

El documento, dirigido a miembros del Congreso de Estados Unidos, llega en un momento en que la IA generativa ha demostrado su capacidad para ayudar en la investigación biológica, pero también para facilitar la creación de toxinas o virus modificados. Las empresas firmantes consideran que el monitoreo de las secuencias de ADN sintético es una medida de seguridad crítica para evitar que los modelos se conviertan en herramientas de proliferación de armas biológicas.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que los legisladores han recibido la carta con interés, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna iniciativa legislativa concreta. La petición se produce semanas después de que un informe del Centro para la Seguridad y Tecnología Emergente (CSET) advirtiera de que los sistemas de IA actuales ya pueden generar proteínas que podrían tener aplicaciones duales.

El movimiento de OpenAI y Anthropic representa un giro significativo en la postura habitual de la industria, que hasta ahora se había mostrado reacia a pedir regulaciones adicionales. La carta, sin embargo, se centra específicamente en la filtración de secuencias sintéticas peligrosas y no aborda otras preocupaciones sobre la IA, como la seguridad de los modelos o el sesgo algorítmico.

Los expertos consultados señalan que el principal desafío técnico reside en la capacidad de distinguir entre secuencias de ADN sintético inofensivas y aquellas con potencial armamentístico, sin entorpecer la investigación legítima en biotecnología. La carta sugiere que los laboratorios de IA están dispuestos a colaborar con las autoridades para desarrollar sistemas de detección automatizados.

Un grupo de empleados de Amazon se presentó el pasado 3 de junio de 2026 ante un concejo municipal estadounidense —cuya identidad no se ha revelado— para exigir restricciones a la construcción de centros de datos. Los trabajadores, organizados como activistas internos, denunciaron el elevado consumo energético y la presión sobre las infraestructuras locales que generan estas instalaciones.

Se trata de la primera vez que empleados de una gran empresa tecnológica (big tech) presionan públicamente para que se regule este tipo de proyectos, según señalaron fuentes conocedoras de la acción. Hasta ahora, las críticas a los centros de datos solían provenir de grupos ecologistas o vecinales, no de la propia plantilla de las compañías que los operan.

Los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales, requieren enormes cantidades de electricidad y agua para refrigeración. En los últimos años, su proliferación ha generado tensiones con comunidades locales por la saturación de la red eléctrica y la escasez hídrica.

Un precedente sin precedentes

La acción de los empleados de Amazon marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas y el territorio donde se asientan. ‘Es la primera vez que trabajadores de una big tech se movilizan para pedir límites a la expansión de centros de datos. Hasta ahora, las empresas siempre habían defendido estos proyectos como motores de empleo e inversión’, explicó una fuente cercana a los activistas.

La protesta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria en varios países. En España, el Gobierno ultima un decreto que obligará a los centros de datos a compensar su impacto ambiental, mientras que en Países Bajos e Irlanda ya se han impuesto moratorias parciales. La iniciativa de los empleados de Amazon podría acelerar medidas similares en otras jurisdicciones.

Amazon no ha emitido comentarios oficiales sobre la acción de sus trabajadores. Los empleados, por su parte, evitaron dar declaraciones a la prensa para no ser identificados, pero pidieron al concejo que frene nuevas autorizaciones hasta que se evalúe el impacto acumulativo sobre los recursos naturales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes por la noche una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, después de haber archivado un borrador anterior el mes pasado. La medida, gestada durante semanas de revisiones internas, establece un marco regulatorio federal para el desarrollo y uso de la IA, en un contexto de creciente presión por la seguridad nacional y la competencia tecnológica global.

Un proceso accidentado

La orden llega tras un mes de silencio desde que la administración descartara el primer borrador, sin que se hayan hecho públicas las razones exactas del cambio. Fuentes de la Casa Blanca indicaron que el nuevo texto incorpora ajustes en los mecanismos de control y transparencia, así como directrices específicas para evitar sesgos algorítmicos y garantizar la rendición de cuentas. Aunque el contenido detallado de la orden no se ha divulgado por completo, trascendió que busca armonizar las normativas entre agencias federales y fomentar la colaboración con el sector privado.

La administración Trump ha priorizado la inteligencia artificial como un área estratégica frente a China, que invierte miles de millones de dólares en IA militar y civil. La demora en la firma había generado críticas entre los sectores más duros del Partido Republicano, que exigían una postura más agresiva en la carrera tecnológica.

Reacciones y próximos pasos

La orden ejecutiva se apoya en la Ley de Producción para la Defensa para acelerar la fabricación de microchips necesarios para el desarrollo de IA avanzada, según fuentes del Pentágono. Organizaciones de derechos civiles han mostrado cautela, pidiendo que se refuercen las salvaguardas contra la vigilancia masiva. La medida entrará en vigor en 30 días, momento en el que las agencias federales deberán presentar informes de cumplimiento.

La tecnológica Google ha anunciado este miércoles un conjunto de medidas para reducir el impacto hídrico de sus centros de datos, en un contexto de creciente crítica por el consumo de recursos que implica la expansión de la inteligencia artificial. La compañía se ha comprometido a reponer más agua de la que consumen sus instalaciones, según detalló en un comunicado.

El anuncio coincide con una resolución del regulador británico, la Competition and Markets Authority (CMA), que obliga a Google a permitir que los editores de websites excluyan sus contenidos de funciones de búsqueda basadas en IA, como AI Overviews. La medida, que afecta al mercado del Reino Unido, busca dar mayor control a los creadores de contenido sobre el uso de su información por parte de los sistemas generativos.

La combinación de ambas noticias refleja las tensiones que genera el despliegue masivo de infraestructura de IA: por un lado, el impacto ambiental, especialmente el consumo de agua para refrigeración; por otro, la soberanía de los datos y la relación entre las grandes tecnológicas y los reguladores. Google, sin embargo, insiste en que sus centros de datos son ya un 50% más eficientes en el uso de agua que la media del sector, y que las nuevas promesas incluyen la colaboración con autoridades locales para mejorar la gestión hídrica.

La decisión de la CMA supone un precedente en la regulación de la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda, y podría influir en otros organismos internacionales que estudian medidas similares. Google, por su parte, no ha detallado aún cómo implementará técnicamente la exclusión de contenidos en sus funciones de búsqueda con IA.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido este martes, desde su sede en Ginebra, de que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dependerá en gran medida de las políticas que adopten los gobiernos. El organismo instó a fortalecer la protección laboral ante la transformación tecnológica y defendió un modelo de IA que beneficie a los trabajadores, en lugar de desplazarlos.

El llamamiento de la OIT se produce en un momento en que el debate sobre la regulación de la IA se intensifica a nivel global, con posturas divergentes entre las grandes potencias tecnológicas y los sindicatos. La organización aboga por un enfoque centrado en el ser humano, que garantice una transición justa y evite un aumento de la desigualdad.

Políticas clave para encauzar la disrupción

El organismo subrayó que la disrupción tecnológica no es un destino inevitable, sino que puede ser moldeada mediante normativas laborales adecuadas, inversión en formación y diálogo social. La OIT señaló que la clave reside en las decisiones políticas, no en la tecnología en sí misma, y pidió una coordinación internacional para evitar una carrera hacia la desregulación.

La advertencia llega mientras la Comisión Europea avanza en su Ley de IA y otros países, como Estados Unidos y China, compiten por el liderazgo tecnológico. La OIT reivindica un papel central en esta agenda para asegurar que los derechos de los trabajadores no queden relegados frente a los intereses empresariales o geopolíticos.

En un contexto de rápida adopción de herramientas como ChatGPT, la organización recordó que, sin políticas adecuadas, la IA podría exacerbar la precariedad laboral y la concentración de riqueza. Por ello, instó a los gobiernos a priorizar la inversión en reciclaje profesional y a actualizar los sistemas de protección social para adaptarlos a la nueva realidad del mercado de trabajo.

La Asamblea Legislativa de California, en Estados Unidos, aprobó el 1 de junio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de redes sociales sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. La medida, que obtuvo un respaldo unánime de 76 votos a favor y ninguno en contra, busca proteger a los menores de los posibles daños asociados a estas plataformas, como el acoso, la exposición a contenido inapropiado o la adicción digital.

Una cláusula polémica

Sin embargo, la ley incluye una cláusula que ha generado controversia entre defensores de las libertades civiles y organizaciones de la sociedad civil. El texto permite al fiscal general de California ampliar la definición de «plataforma cubierta» sin necesidad de una nueva votación del Legislativo. Esto significa que el fiscal podría incluir nuevas aplicaciones o servicios dentro del ámbito de la prohibición de forma unilateral, sin control parlamentario adicional.

Enterrada tras la votación 76-0 hay una cláusula que permite al fiscal general ampliar quién cuenta como plataforma cubierta sin que el Legislativo vuelva a votar.

La disposición ha sido criticada por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierten de un posible abuso de poder ejecutivo en un asunto que afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

California se suma así a otros estados estadounidenses que han impulsado restricciones al uso de redes sociales entre menores, en un contexto de creciente preocupación por la salud mental infantil y adolescente. No obstante, la inclusión de esta cláusula de ampliación sin control legislativo podría enfrentar desafíos judiciales por parte de la industria tecnológica y organizaciones de derechos digitales.

La administración Trump ha propuesto una flexibilización de las normas federales sobre cenizas de carbón, un residuo tóxico resultante de la combustión en plantas eléctricas. La medida, anunciada el 30 de mayo de 2026, permitiría a los estados asumir el monitoreo y la aplicación de la normativa, eludiendo los estándares nacionales vigentes.

Una delegación de competencias cuestionada

La propuesta busca reducir la carga regulatoria federal y otorgar mayor autonomía a los estados en la gestión de estos residuos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han mostrado una fuerte oposición. Según señalaron en un comunicado conjunto, la medida podría debilitar la protección de las comunidades cercanas a los vertederos de cenizas, expuestas a metales pesados como arsénico, mercurio y plomo.

Si los estados asumen el control, se corre el riesgo de que se rebajen los requisitos mínimos de seguridad, lo que pondría en peligro la salud pública y el medio ambiente, especialmente en aquellas regiones con menos recursos o voluntad política para hacer cumplir la ley.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) defiende que la flexibilización permitirá una gestión más eficiente adaptada a las realidades locales. No obstante, los críticos advierten de que la medida abre la puerta a una carrera hacia la baja en la que los estados podrían competir por atraer industrias reduciendo sus exigencias ambientales.

El legado de la regulación Obama

Las actuales normas federales sobre cenizas de carbón se aprobaron en 2015 durante la administración de Barack Obama, tras el vertido masivo de Kingston (Tennessee) en 2008, que contaminó ríos y obligó a evacuar viviendas. La propuesta de Trump representa un giro significativo respecto a aquella regulación, al trasladar la responsabilidad a los estados sin garantizar unos estándares mínimos comunes.

La medida se enmarca en la política de desregulación energética de la administración Trump, que ya ha suavizado límites a emisiones de centrales de carbón y ha impulsado la producción de combustibles fósiles. El debate sobre las cenizas de carbón afecta a cientos de vertederos en todo el país, donde se acumulan décadas de residuos de la generación eléctrica.