El Congreso de México ha aprobado una reforma legal que refuerza la protección del proceso electoral frente a interferencias externas, según informaron fuentes oficiales este sábado. La medida, que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorga a las autoridades facultades para anular unos comicios si se detectan actos de intervencionismo por parte de gobiernos, organismos internacionales o personas extranjeras.
Hasta ahora, la legislación mexicana ya prohibía la injerencia de extranjeros en asuntos de política interna, pero la nueva norma introduce mecanismos concretos para sancionar y revertir cualquier influencia externa que pueda alterar la voluntad popular. La reforma busca cerrar la puerta a posibles intentos de desestabilización electoral, en un contexto global de creciente preocupación por la desinformación y la intromisión digital.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de detectar y certificar las injerencias extranjeras. En caso de que se acredite un acto de intervencionismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá anular la elección afectada y convocar a nuevos comicios. La ley no especifica umbrales mínimos de gravedad, dejando la valoración a los órganos electorales.
Un contexto de tensiones geopolíticas
La reforma llega en un momento en que varios países latinoamericanos han denunciado injerencias externas en sus procesos democráticos, especialmente a través de campañas de desinformación y financiación ilegal. México, que ha mantenido una política exterior de no intervención, busca con esta norma blindar su soberanía frente a posibles injerencias de potencias extranjeras o de actores no estatales.
La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los partidos políticos en el Congreso, aunque algunos sectores de la oposición criticaron la falta de criterios claros para determinar qué constituye una injerencia extranjera. El Gobierno mexicano defendió la reforma como un paso necesario para garantizar la integridad del voto y evitar la repetición de episodios de intervención como los denunciados en otros países de la región.
La nueva ley entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.
A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, una ola de protestas masivas y violentas ha sacudido Ciudad de México y otras ciudades del país. La movilización, encabezada por maestros en huelga y otros sectores sociales, refleja el profundo descontento con la política educativa, salarial y de seguridad del gobierno mexicano.
Las manifestaciones han derivado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando un saldo aún no oficial de heridos y detenidos. Los docentes, que exigen mejores condiciones laborales y rechazan la reforma educativa, han amenazado con boicotear los partidos del Mundial si sus demandas no son atendidas.
La presión del Mundial
El contexto del torneo, que convierte a México en el centro de atención internacional, añade una presión extraordinaria sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades han reforzado la seguridad en los estadios y zonas turísticas, pero los incidentes se han extendido a barrios céntricos, donde grupos de manifestantes han prendido fuego a vehículos y vandalizado comercios.
Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han desplegado más de 10.000 agentes para contener las protestas, que ya han afectado al transporte público y a la actividad comercial en el centro histórico.
Un paro que se enquista
El paro de maestros, que dura ya tres semanas, se ha convertido en el foco de la crisis. Los docentes denuncian que el gobierno no ha cumplido los acuerdos firmados en 2024, que incluían aumentos salariales y mejora de infraestructuras escolares.
No vamos a permitir que el gobierno use el Mundial como pantalla para esconder sus fracasos. Si no hay solución, las protestas llegarán hasta los estadios, advirtió Juan Carlos Ramírez, portavoz de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Mientras tanto, la patronal turística mexicana ha calculado pérdidas millonarias por las cancelaciones de reservas hoteleras y de vuelos. Aunque la FIFA no se ha pronunciado oficialmente, fuentes del organismo han trasladado su preocupación al gobierno mexicano.
La Copa del Mundo de la FIFA en 2026 marcará un hito sin precedentes en la historia del fútbol: por primera vez, el torneo se disputará en tres países simultáneamente: Estados Unidos, Canadá y México. El campeonato, que se celebrará entre junio y julio de 2026, representa un salto en magnitud y organización que transforma el evento más seguido del planeta.
Un formato ampliado
El Mundial 2026 contará con un formato ampliado a 48 selecciones, frente a las 32 que compitieron en Catar 2022 y en ediciones anteriores. Este cambio, aprobado por la FIFA, implica un número de 104 partidos, muy por encima de los 64 que se disputaron en el último torneo. La ampliación busca dar cabida a más federaciones y extender la competición a lo largo de un mes completo de fútbol.
La triple sede repartirá los encuentros en estadios de las tres naciones norteamericanas. Estados Unidos albergará la mayoría de los partidos, incluyendo fases eliminatorias y la final. México, que ya fue anfitrión en 1970 y 1986, aportará su experiencia organizativa y estadios emblemáticos como el Azteca. Canadá, tras su debut como sede mundialista, acogerá encuentros de la fase de grupos en ciudades como Toronto y Vancouver.
Cooperación regional sin precedentes
El tripartito organizativo implica un esfuerzo de coordinación logística, de visados y de seguridad entre los tres países. Por primera vez, una Copa del Mundo cruza fronteras de forma tan amplia, lo que ha requerido acuerdos bilaterales para facilitar el movimiento de aficionados, jugadores y personal. La FIFA ha destacado la cooperación regional como un valor añadido en un contexto geopolítico complejo.
El torneo también supondrá un impacto económico significativo. Según estimaciones de los gobiernos anfitriones, la competición generará ingresos por turismo y patrocinios que podrían alcanzar decenas de miles de millones de dólares. Las obras de infraestructura en estadios y transportes ya están en marcha, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos.
El Mundial 2026 se perfila como el más global de la historia, tanto por su extensión geográfica como por el número de selecciones participantes. Para los aficionados españoles, el torneo supondrá seguir a la selección en un formato inédito, con partidos que se disputarán en husos horarios variados y con la posibilidad de viajar entre tres países durante la competición.
El American Petroleum Institute (API) ha puesto de relieve un dato que refleja la extrema concentración de la producción petrolera federal en Estados Unidos: los condados de Eddy y Lea, en el sudeste de Nuevo México, generan el 78% de todo el petróleo extraído en terrenos federales del país. La cifra fue difundida el 3 de junio de 2026 a través de una publicación en X de la asociación, que calificó la situación como una «dominancia sin precedentes».
Según los datos del API, estos dos condados bombean conjuntamente 1,3 millones de barriles diarios, una cantidad que supera la producción total de países como Irak o Kuwait. La mayor parte de esa extracción se realiza en la cuenca del Pérmico, la formación geológica más productiva de Estados Unidos, que se extiende por el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México.
Implicaciones para la seguridad energética
La concentración de la producción federal en una zona tan reducida plantea interrogantes sobre la seguridad energética del país. Cualquier interrupción en la actividad de Eddy o Lea —ya sea por desastres naturales, cambios regulatorios o problemas de infraestructura— podría afectar de forma desproporcionada al suministro nacional. El API, en su mensaje, subrayó que esta dependencia «extrema» debería ser tenida en cuenta por los responsables políticos a la hora de diseñar normativas sobre perforación y emisiones.
El dato se enmarca en un debate recurrente en Washington sobre el equilibrio entre la explotación de recursos fósiles y la transición energética. Mientras que el Gobierno federal mantiene una moratoria parcial sobre nuevas concesiones en terrenos públicos, los condados de Nuevo México han seguido batiendo récords de producción gracias a permisos preexistentes y a la alta productividad de los pozos de la cuenca del Pérmico.
La situación contrasta con otros estados productores como Dakota del Norte o Texas, donde la mayor parte de la extracción se realiza en suelo privado y no está sujeta a las mismas restricciones federales. En Nuevo México, en cambio, las tierras de titularidad pública representan un porcentaje mucho mayor del total, lo que convierte a Eddy y Lea en el epicentro de la producción federal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha denunciado este miércoles que agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, en particular la CIA y la DEA, realizan operaciones en territorio mexicano con el objetivo de ‘justificar la injerencia’ extranjera en asuntos internos. La mandataria lanzó estas acusaciones durante su discurso de conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral, el 3 de junio, en el que destacó la ríspida relación con Washington en materia de seguridad y defensa de la soberanía nacional.
Un mecanismo recurrente de presión
Expertos en geopolítica han señalado que la actuación de la CIA y la DEA en México ha sido un mecanismo recurrente de presión estadounidense. Según fuentes cercanas al Gobierno mexicano, estas actividades habrían aumentado en los últimos meses, particularmente en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la violencia criminal que azota al país. Sheinbaum, que asumió la presidencia en diciembre de 2024, ha mantenido una postura crítica hacia la política de seguridad de Estados Unidos, defendiendo la no intervención y exigiendo mayor cooperación bilateral basada en el respeto mutuo.
Las agencias estadounidenses han operado para que se ‘justifique la injerencia’, advierte un experto consultado por medios locales.
Tensiones bilaterales en aumento
La denuncia de Sheinbaum se produce en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. El Gobierno mexicano ha reiterado en repetidas ocasiones su rechazo a cualquier forma de intervención extranjera, mientras que Washington mantiene su presión sobre las autoridades mexicanas para intensificar la persecución de los cárteles del narcotráfico. Sheinbaum, sin embargo, insiste en que la solución pasa por atender las causas estructurales de la violencia y no por una militarización orquestada desde el exterior. La presidenta aprovechó su discurso para reafirmar el compromiso de su administración con la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este martes que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras firmarán en las próximas semanas un acuerdo para la exploración conjunta de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. El pacto, que según Sheinbaum busca «incrementar la producción petrolífera nacional», refuerza la cooperación entre dos de las mayores petroleras estatales de América Latina.
El acuerdo se enmarca en la estrategia del Gobierno mexicano por fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de actores externos, en un contexto en el que ambos países han impulsado alianzas Sur-Sur. Sheinbaum no precisó el alcance económico ni las áreas concretas de perforación, aunque fuentes oficiales señalaron que la exploración se centraría en el cinturón plegado del Golfo de México, una región con alto potencial petrolero no convencional.
Cooperación entre potencias regionales
Petrobras, que acumula décadas de experiencia en explotación en aguas profundas en la cuenca de Santos (Brasil), aportará su conocimiento técnico, mientras que Pemex cederá los derechos de exploración en bloques aún no asignados. El anuncio llega meses después de que Sheinbaum impulsara una reforma energética que devolvió a Pemex el control exclusivo de la exploración en aguas profundas mexicanas, excluyendo a empresas privadas de estos contratos.
«La colaboración con Petrobras nos permitirá acelerar el desarrollo de recursos que hasta ahora han permanecido sin explotar», declaró Sheinbaum en su conferencia matutina, acompañada del embajador de Brasil en México. El pacto, que se espera rubricar antes de finales de junio, no contempla por ahora la participación de socios privados, según confirmaron fuentes del Ministerio de Energía mexicano.
El movimiento es leído por analistas como un giro geopolítico: mientras Estados Unidos mantiene una política de presión para que México abra su sector energético a inversores estadounidenses, Sheinbaum opta por una alianza con la brasileña Petrobras, consolidando un eje energético latinoamericano que ya incluye acuerdos con Argentina en materia de litio. La producción petrolera mexicana ha caído un 12% en el último año, según datos de Pemex, lo que hace urgente la incorporación de nuevos yacimientos.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ha calificado de «arduas» y «complejas» las negociaciones en curso para la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En declaraciones difundidas este 2 de junio, el responsable mexicano advirtió del riesgo de que Washington pueda modificar los acuerdos de forma unilateral.
Tensiones en la revisión del tratado
El T-MEC, que sustituyó al NAFTA en 2020, incluye una cláusula de revisión conjunta cada seis años. La actual ronda de diálogos, iniciada en 2025, se ha topado con posturas divergentes, especialmente en los capítulos de reglas de origen y acceso al mercado energético. Según Ebrard, la posición estadounidense ha mostrado «poca flexibilidad», lo que genera incertidumbre sobre el futuro del pacto comercial trilateral.
El secretario de Economía mexicano explicó que las mesas de trabajo han enfrentado «momentos de tensión», sobre todo cuando la delegación de Estados Unidos planteó cambios que, a su juicio, alterarían el equilibrio alcanzado en la firma original. «Uno de los riesgos es que EE.UU. pueda cambiar al libre antojo los acuerdos», señaló el experto citado por Ebrard, en alusión a la posibilidad de que Washington imponga condiciones sin consenso con sus socios.
Implicaciones económicas regionales
México y Canadá han insistido en que la revisión debe respetar los términos pactados, mientras que la representación estadounidense, liderada por la Oficina del Representante Comercial, ha presionado para endurecer las reglas de origen en el sector automotriz y limitar las importaciones de acero y aluminio. Ebrard reconoció que las negociaciones son «complejas» debido a las diferencias de enfoque, pero confió en alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite de revisión bilateral.
El T-MEC es un pilar de la economía de América del Norte, con un intercambio comercial superior a los 1,6 billones de dólares anuales. Cualquier incumplimiento unilateral por parte de Estados Unidos, advierten analistas, podría desencadenar represalias arancelarias y afectar a cadenas de suministro integradas en la región.
El obispo de la diócesis de Papantla, Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, ha denunciado que la falta de una fe madura está empujando a muchos católicos mexicanos a buscar respuestas en prácticas esotéricas. La declaración, realizada el 2 de junio de 2026, forma parte de una advertencia pastoral dirigida a los fieles de su diócesis, en el estado de Veracruz.
Nos hace falta fe madura, comprometida, convencida.
Según el prelado, la raíz del problema reside en una formación religiosa superficial que no logra arraigar en las conciencias. «Cuando la fe no está bien cimentada, muchos católicos terminan buscando fuera de la Iglesia lo que deberían encontrar en los sacramentos y en la oración», señaló el obispo durante una homilía recogida por la agencia de noticias ACI Prensa.
Mons. Zapata Ortiz alertó de que el esoterismo, en sus diversas formas —astrología, lecturas de tarot, santería o brujería—, atrae a quienes «no han experimentado un encuentro personal con Cristo» y buscan soluciones rápidas a sus problemas cotidianos. «La tentación del esoterismo es ofrecer respuestas inmediatas, pero vacías de sentido trascendente», subrayó.
El obispo hizo un llamamiento a los sacerdotes y agentes de pastoral para intensificar la catequesis y la formación permanente de los fieles. «Una fe madura no teme las preguntas difíciles. Al contrario, las afronta desde la Palabra de Dios y la tradición de la Iglesia», afirmó.
El fenómeno no es exclusivo de México. Diversos estudios sociológicos señalan que en toda América Latina un creciente número de bautizados se aleja de la práctica sacramental para adoptar creencias sincréticas o directamente esotéricas. La Conferencia del Episcopado Mexicano ya ha advertido en varias ocasiones sobre el «sincretismo silencioso» que erosiona la identidad católica en comunidades rurales y urbanas.
Los obispos del estado mexicano de Chiapas alzaron la voz el 1 de junio de 2026 desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, para exigir a los grupos criminales que pongan fin a la espiral de violencia que azota la región. En un acto cargado de simbolismo religioso, los prelados pidieron la conversión de quienes generan el caos y les increparon directamente: «¡Deténganse! No manchen más sus manos con la sangre de sus hermanos».
El llamamiento se produjo en un contexto de grave crisis de seguridad en Chiapas, uno de los estados del sur de México más castigados por la violencia del crimen organizado. Los obispos, que viajaron al santuario mariano más importante del país, buscaron con su mensaje generar conciencia entre la población y presionar a las autoridades para que actúen con mayor firmeza. La basílica, que recibe a millones de peregrinos cada año, fue el escenario elegido para dar máxima difusión a su petición.
El portavoz de la diócesis, monseñor Enrique Díaz, declaró a los medios que la situación es insostenible: «Cada día hay más desplazados, más familias rotas, más jóvenes reclutados por la violencia. No podemos quedarnos callados». El obispo advirtió que, aunque el Gobierno estatal ha desplegado fuerzas de seguridad, los homicidios y las desapariciones forzadas continúan aumentando en la entidad.
Los obispos reiteraron su disposición a mediar entre las comunidades y los grupos armados para lograr un alto al fuego, y anunciaron que convocarán a una jornada de oración por la paz el próximo 15 de junio en todas las parroquias de Chiapas. La iniciativa, según explicaron, busca involucrar a la sociedad civil y a las iglesias locales en un esfuerzo colectivo para detener la sangre derramada en el sur mexicano.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el poderoso sindicato de maestros de México, inició el martes 2 de junio una nueva jornada de movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México. El sindicato mantiene la amenaza de extender sus protestas durante el Mundial de Fútbol 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, si las autoridades no responden a sus demandas laborales y sociales.
Integrantes de la CNTE iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México y la instalación de un plantón, mientras mantienen la advertencia de extender sus protestas durante el Mundial de Fútbol 2026 si no obtienen respuestas a sus demandas.
La amenaza sindical pone en riesgo la logística y la imagen de México como anfitrión del torneo, que se celebrará en junio y julio de 2026. La CNTE, conocida por su capacidad de movilización y bloqueo de vías de comunicación, ha utilizado históricamente la presión sobre eventos internacionales para lograr concesiones del Gobierno. Según fuentes del sindicato citadas por la agencia Sputnik, la medida busca forzar al Gobierno mexicano a negociar mejoras salariales y la abrogación de la reforma educativa.
Impacto en la organización del Mundial
México será una de las sedes del Mundial 2026, el primero organizado por tres países. El evento representa una oportunidad clave para la proyección internacional del país, pero la amenaza de boicot sindical añade incertidumbre a la planificación. Las autoridades mexicanas no han emitido aún una respuesta oficial a la advertencia de la CNTE. Analistas locales señalan que el conflicto podría escalar si las protestas interfieren con los estadios, las infraestructuras de transporte o los flujos turísticos durante el torneo.
La movilización sindical se produce en un contexto de tensiones políticas internas en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una relación compleja con los sindicatos del sector educativo. La CNTE ha sido uno de los principales focos de oposición a las reformas educativas de administraciones anteriores.
Una capilla dedicada a Cristo Rey en el estado de Nayarit (México) fue objeto de un incendio intencionado el 1 de junio de 2026, según informaron las autoridades locales. El fuego, que afectó parcialmente al interior del templo, pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de una persona que se encontraba en las inmediaciones y de los servicios de emergencia, lo que evitó que el siniestro causara daños mayores.
El incidente se produjo en la capilla ubicada en la localidad de El Rosario, municipio de Del Nayar, un área de fuerte tradición católica. Los primeros indicios apuntan a que el fuego fue provocado de manera intencional, aunque por el momento se desconoce el motivo del ataque y la identidad del autor material. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras que la comunidad local ha mostrado su consternación y rechazo ante lo que consideran un atentado contra un símbolo religioso emblemático.
La capilla de Cristo Rey es un punto de referencia para los fieles de la región, y su deterioro por el fuego ha generado indignación entre los vecinos, que exigen el esclarecimiento del caso y la reparación del templo. El ataque se produce en un contexto de creciente tensión anticatólica en algunas zonas de México, donde en los últimos años se han registrado varios episodios de vandalismo contra iglesias y símbolos religiosos.
Las autoridades locales han hecho un llamamiento a la calma y han asegurado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los lugares de culto. Por su parte, la diócesis de Tepic ha condenado el ataque y ha pedido a los fieles que mantengan la serenidad. La investigación continúa para dar con los responsables.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha convocado a un mitin en la Ciudad de México el 31 de mayo para defender la soberanía nacional frente a lo que califica como una embestida jurídica impulsada desde Estados Unidos. El acto, que se celebrará a dos años de su triunfo electoral, busca demostrar músculo político y refrendar el apoyo popular a su partido, Morena, en un contexto de crecientes tensiones bilaterales.
Sheinbaum, que asumió la presidencia en octubre de 2024, ha mantenido una postura firme frente a Washington en temas como la reforma judicial, la seguridad y el comercio. La convocatoria se produce después de que el gobierno estadounidense intensificara sus críticas a las políticas mexicanas, especialmente en materia de independencia judicial y control de la migración.
Debemos defender nuestra soberanía, nuestra dignidad como nación independiente, frente a cualquier intento de injerencia externa, venga de donde venga.
El mitin, que tendrá lugar en el Zócalo de la capital, pretende ser una muestra de unidad nacional. Analistas políticos señalan que la estrategia de Sheinbaum busca reforzar su base electoral de cara a las elecciones intermedias de 2027, donde Morena se juega la mayoría en el Congreso.
Las relaciones entre México y Estados Unidos han pasado por momentos de tensión desde la llegada de Sheinbaum al poder. La presidenta mexicana ha impulsado reformas que Washington considera contrarias a sus intereses, como la modificación del poder judicial y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sheinbaum, que fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México antes de llegar a la presidencia, ha basado su mandato en la continuidad del proyecto de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que prioriza la soberanía nacional y el desarrollo interno por encima de las presiones externas.
México afronta el desafío de prepararse para recibir hasta 200.000 ‘dreamers’ mexicanos que podrían ser deportados desde Estados Unidos si el candidato republicano Donald Trump gana las elecciones presidenciales de 2026. La posible política migratoria, que incluiría deportaciones masivas, tensaría las capacidades de absorción del país y redefiniría la relación bilateral, según analistas consultados por Sputnik.
Un retorno masivo sin precedentes
Los ‘dreamers’ son jóvenes que llegaron a EE.UU. siendo niños y están protegidos por el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que les permite trabajar y estudiar sin miedo a la deportación. Trump ya intentó eliminar este programa durante su mandato anterior, y su posible regreso a la Casa Blanca reactiva los temores. 200.000 mexicanos podrían verse obligados a regresar a un país que muchos apenas conocen y en el que carecen de redes sociales y laborales.
¿Está México preparado?
Especialistas consultados por la agencia rusa Sputnik señalan que México no cuenta con programas permanentes de reinserción para migrantes retornados. La mayoría de los deportados en los últimos años han sido adultos con trayectoria laboral en EE.UU., pero los ‘dreamers’ tienen un perfil distinto: están altamente cualificados, hablan inglés con fluidez y poseen estudios superiores, pero carecen de documentos mexicanos o experiencia laboral en el país.
La nación latinoamericana necesita prepararse para el regreso de migrantes mexicanos desde Estados Unidos, con programas permanentes o la creación de una ley de retorno que les permita insertarse en el mercado laboral al volver.
El gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha comenzado a diseñar un plan de contingencia que incluye la acreditación de estudios y experiencia laboral obtenidos en EE.UU., así como la simplificación de trámites para obtener documentos de identidad. Sin embargo, los recursos disponibles son limitados y la escala de la posible deportación supera cualquier precedente, incluso la crisis migratoria de 2020.
Consecuencias económicas y sociales
La llegada masiva de ‘dreamers’ podría tener un impacto positivo en la economía mexicana a medio plazo, ya que se trata de una población joven y formada. Pero a corto plazo, la falta de vivienda, empleo y servicios sociales generaría tensiones en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Además, el fenómeno redefiniría la relación bilateral: México podría utilizar la crisis migratoria para exigir a Estados Unidos una reforma migratoria integral, pero también corre el riesgo de convertirse en un país de acogida forzosa para cientos de miles de sus propios ciudadanos.
La comunidad internacional observa con atención. Organismos como la ONU y la OEA han ofrecido apoyo técnico, pero la responsabilidad recae en México. La pregunta, según los analistas, no es si México puede absorber a 200.000 personas, sino si puede hacerlo de manera digna y ordenada. La respuesta, todavía incierta, marcará la política migratoria de la región en los próximos años.
El Senado de México ha aprobado este viernes 29 de mayo de 2026 una reforma constitucional que establece como causal de anulación de elecciones la intervención extranjera en el proceso electoral. La iniciativa, promovida por el oficialismo, busca proteger la soberanía electoral del país frente a posibles injerencias externas, en un contexto de crecientes críticas internacionales a los procesos electorales mexicanos.
Una reforma con trasfondo geopolítico
La modificación constitucional, que aún debe ser ratificada por las cámaras locales, establece que cualquier tipo de injerencia extranjera podrá ser motivo para invalidar una elección, siempre que se compruebe su impacto en los comicios. Según fuentes del Senado, la reforma pretende blindar el sistema electoral mexicano ante lo que consideran una creciente presión externa, especialmente por parte de Estados Unidos.
La medida llega en un momento de tensión diplomática entre México y Washington, donde diversos políticos estadounidenses han cuestionado la transparencia de los procesos electorales mexicanos. El oficialismo ha defendido que la reforma es necesaria para evitar que intereses extranjeros condicionen la voluntad popular.
La oposición, por su parte, ha criticado la iniciativa al considerar que podría ser utilizada para impugnar resultados adversos al Gobierno. Sin embargo, la mayoría oficialista en el Senado logró sacar adelante la reforma, que ahora deberá ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su entrada en vigor.
Analistas mexicanos señalan que la reforma refleja una preocupación real por la injerencia extranjera, aunque advierten de que su aplicación podría generar controversia si no se establecen mecanismos claros de verificación. La votación en el Senado se produjo con 72 votos a favor y 27 en contra, según informó la propia Cámara.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido una vez más –y este artículo es ejemplo de ello– que volvamos a hablar de sus disparates. En este caso, la provocación no se ha producido sólo en el debate público español, sino que ha saltado, literalmente, al otro lado del océano Atlántico.
Díaz Ayuso ha decidido viajar a México para realizar una gira de diez días que ha iniciado con un acto diseñado para herir todas las sensibilidades: honrar la figura del conquistador Hernán Cortés, cuyos huesos reposan, de manera discreta y bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México. No lo ha hecho sola, en su corte van empresarios de distintas áreas, también de la musical, como su amigo Nacho Cano, transmutado a director teatral con vocación evangelizadora en la cruzada por la Hispanidad y el “encuentro entre dos mundos”, seguramente convencido de que México sigue siendo la Nueva España. Aunque el pretendido homenaje inicial a Cortés, en forma de misa musical en la Catedral del zócalo, ha sido anulado por la Arquidiócesis Primada de México, el proselitismo pro hispánico y pseudo libertario de Ayuso continúa.
De hecho, toda la tournée de Ayuso es una oda a la evangelización: la de los españoles antiguos y la suya propia. En su voluntad de convertirse en referente de la ultraderecha MAGA en España, disputándole a Santiago Abascal y a Vox el liderazgo de la “Iberosfera” así como el título de achichincle de Donald Trump, Ayuso igual homenajea a María Corina Machado, que invita a Gloria Estefan o trata de sumarse a la ola del poder evangélico que mueve los hilos de la política americana. Ayuso quiere atraer el voto latino en Madrid, transformando la ciudad en un Miami 2.0 donde recalan ya prácticamente todos los opositores a los gobiernos progresistas y de izquierdas latinoamericanos.
No contenta con seguir esta agenda de política global desde casa, ahora va a México en un acto que ha sido interpretado como lo que es, una gran provocación. En sus primeras intervenciones públicas Ayuso ya ha demostrado el carácter ideológico de su visita. Su presencia en México, país altamente sensible a la participación de extranjeros en la política mexicana al punto de tener un artículo constitucional, el 33, que lo prohíbe y cuya aplicación supone la expulsión del país de quien lo infrinja, ha generado amplio resquemor, como era de esperar. De hecho, me atrevería a decir que generar discordia era su propósito al decidir desenterrar, en territorio mexicano, lecturas discriminatorias basadas en una concepción colonialista de la Historia que el proceso de la 4T trata de ir superando.
Su visita, una afrenta tanto para el Gobierno de México como para la mayoría del pueblo, no aporta nada a la relación entre México y España, todo lo contrario. Cuando un representante político de otro país escribe Méjico en lugar del nombre oficial del país, México, en sus redes sociales, o banaliza con el personaje de la Malinche, llamando así a las mujeres latinoamericanas que habitan España sabiendo que malinchismo es sinónimo de traición en México, está teniendo un comportamiento muy poco diplomático. Pero Díaz Ayuso, como buena aprendiz del trumpismo, no tiene límites en su mala educación. De hecho, es su seña de identidad, junto con la demagogia.
Sin embargo, lo grave no son las formas sino el contenido: su voluntad de reescribir la Historia montándose en la ola de un rancio revisionismo histórico, carente de todo rigor científico. Una lectura del pasado que entronca con la historiografía franquista, que pretende legitimarse por el respaldo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales vernáculos, aplaudidos por la claque de sus equivalentes en la exmetrópoli que les hacen de cámara de eco, para premiarlos por haberse convertido en los buenos aborígenes, amaestrados para defender los intereses imperiales.
Quizás lo más gracioso de la estrategia de Ayuso sean sus loas a la Hispanidad en México, reivindicar con grandilocuencia el papel de esa España imperial donde nunca se ponía el sol, mientras se mantiene una posición política subordinada, seguidista de la agenda geopolítica del imperialismo estadounidense y del sionismo genocida. Tal vez los empresarios que acompañan a Ayuso en su viaje no se hayan enterado todavía, pero el propósito de Donald Trump, en América Latina y el Caribe, México incluido, pasa por expulsar a las empresas competidoras de un espacio que EE. UU. considera como propio, como se ha encargado de recordar el ídolo de Díaz Ayuso en su última Estrategia de Seguridad Nacional rescatando la Doctrina Monroe y añadiendo un nuevo corolario Trump.
Detrás de la provocación, los intereses económicos y el cálculo político
Detrás del olor a rancio, del colonialismo desacomplejado y del folklore imperial que promociona Ayuso hay cuestiones mucho más prosaicas que sólo pueden entenderse analizando la política interna española. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el actual Gobierno de España y, en concreto, con Pedro Sánchez. Su decisión de hacer política haciendo oposición a las decisiones del Ejecutivo central, en lugar de enfocarse en los problemas de su comunidad autónoma, vanguardia de la privatización sanitaria y el deterioro de todos los servicios públicos en nombre de la “libertad de elección”, lo demuestra a cada rato.
Junto con su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso ha desplegado una agresiva estrategia comunicativa, con grandes tentáculos en el poder mediático, para tapar los presuntos casos de corrupción de su círculo más cercano, como su novio, presunto defraudador fiscal confeso. En realidad, los Ayuso sólo recibirían –presuntamente– las migajas de los grandes beneficiados, empresas sanitarias como Quirón y sectores del poder económico que apuestan por la victoria electoral, en unas generales, de una Javier Milei a la española que les facilite todavía más sus negocios. En su voluntad de arrasar contra cualquier contrincante político, medio o funcionario que devele las tramas de poder y corrupción que hay detrás del construido liderazgo de la presidenta madrileña, su equipo se ha llevado por delante al ex secretario general del PP, Pablo Casado, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la lista de los que pueden ir “pa’lante”, en palabras de su jefe de Gabinete, quizás siga creciendo.
El viaje de Ayuso tiene, por tanto, múltiples propósitos. Por un lado, antagoniza directamente con el presidente Pedro Sánchez que, en semanas recientes, organizó en Barcelona una cumbre progresista en la que reforzó su perfil como líder de la socialdemocracia mundial. Ayuso, con su participación en la reunión de Mar-a-Lago de febrero, y esta visita a México plagada de encuentros con la ultraderecha local, trata de consolidar un liderazgo antagónico de perfil ultraderechista, que le coma espacio electoral a Vox y a cualquier experimento a su derecha que pueda surgir.
En paralelo a la cumbre progresista, también se celebró a mediados de abril en Barcelona la IV Reunión ‘En Defensa de la Democracia’, a la que acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Fue un momento para escenificar la distensión en las relaciones entre México y España, que habían padecido un dilatado desencuentro diplomático desde que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Corona española un gesto simbólico de perdón por los crímenes de la Conquista. La misiva que envió López Obrador fue ignorada e, incluso, ridiculizada en España. El choque creció por las decisiones soberanas del Gobierno de México tratando de limitar el poder y presencia de las multinacionales españolas en su mercado.
Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024, como respuesta al silencio con que la Corona, y el Gobierno de España, habían despachado la solicitud del anterior Gobierno de México. Sin embargo, en los últimos meses, ambos gobiernos han limado asperezas, con sutiles gestos de acercamiento públicos por parte de España, que han incluido al rey hablando off the record sobre el “mucho abuso” de la Conquista que “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” (sic).
La visita de Díaz Ayuso es una impugnación clara a la política exterior española dirigida desde La Moncloa que salpica, a su vez, a la institución de la Corona. Pretende torpedear el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, incidiendo con su visita en la provocación continua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que lleva meses tildando de “dictadura de izquierdas” mientras califica a México de narcoestado. Puestos a opinar sobre el narco en México, Isabel Díaz Ayuso podría documentarse antes preguntando al expresidente Felipe Calderón, protegido del PP y residente en la Comunidad de Madrid, por su secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien lideró su famosa “guerra contra el narco” pero acabó condenado en EE. UU. a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.
Las reacciones en México: del colaboracionismo a la indignación
Por supuesto, la visita de Díaz Ayuso cuenta con la entusiasta colaboración de sectores de las élites económica, política e intelectual de México, hispanistas de pro. Son los colaboracionistas que, en su alianza global de clase, pusieron a México en bandeja de los intereses de las grandes empresas españolas, reforzando la idea de las “narrativas compartidas” sobre un pasado común armonioso que justificó la entrega de parte del mercado energético mexicano a Iberdrola, de infraestructuras a OHL, y bancario a BBVA y Santander.
Son estos sectores sociales los que en México se tildarían de malinchistas, entre otras cosas porque hubieran preferido nacer en Europa o EE. UU., aunque exalten lo mexicano. Detrás de estos perfiles encontramos la mezcla de un falso orgullo mexicano con clasismo y racismo mal disimulado, así como la reivindicación de los orígenes europeos, que les otorgan unas dosis de blanquitud que cotizan al alza en la jerarquía “pigmentocrática” de la sociedad mexicana.
Pero esta visión colonialista, que sustenta el racismo estructural de la sociedad mexicana, no es exclusiva de sus clases dominantes. Décadas de educación acrítica sobre el proceso de violencia, despojo y genocidio sobre los distintos pueblos originarios, a los que se ha invisibilizado y marginado en aras de la defensa del mestizaje y la “raza cósmica”, y de una política de Estado basada en estas premisas, hecha por criollos y mestizos -salvo excepciones como la de Benito Juárez o Lázaro Cárdenas– ha dado lugar a que en el México actual todavía haya quien defienda visiones edulcoradas sobre el proceso de Conquista y la posterior colonización.
Sin embargo, hay una mayoría del pueblo de México que se opone a esta lectura histórica desfasada. Es la ciudadanía anónima que estos días está reaccionando con indignación, reclamando respeto y mostrando su dignidad. En este equipo están la propia presidenta Sheinbaum, el partido gobernante Morena o diversos colectivos antirracistas. Pero, también hay quienes están devolviendo a la provocación, otra provocación, quizás conscientes de que responder seriamente a los despropósitos no tiene ningún efecto.
Así, el periodista Pedro Miguel ha lanzado una recogida de firmas para que Ayuso regrese a Madrid con los huesos de su idolatrado Hernán Cortés, de tal manera que la ultraderecha pueda realizar en España “los rituales que considere adecuados”. Esta petición simbólica, que propone entregar los despojos por la devolución del Códice Trocortesiano que está en España, concluye con una elocuente y seria reflexión: “La exaltación fascista de pasados imperiales violentos no debe tener cabida en la relación bilateral; ésta debe fundarse, por el contrario, en el diálogo, el respeto mutuo y la realización de gestos constructivos como la referida devolución de restos e, idealmente, el intercambio que proponemos”.
Mientras se escriben estas líneas, la gira de Díaz Ayuso prosigue por tierras mexicanas. Las autoridades de Aguascalientes tienen previsto darle la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y otros honores que, según informan, no le van a salir gratis a la Comunidad de Madrid pues se pueden interpretar como pago a acuerdos de promoción firmados con dicho estado mexicano. Desconocemos si Ayuso, antes de ir a remojarse al Caribe, visitará también Guanajuato. Si es así, nos permitimos sugerirle que vaya a visitar su famoso Museo de las Momias. Quizás sería un buen colofón para quien, como dirían los chilenos, es toda una momia, la mejor representante del espíritu del franquismo en pleno siglo XXI.
En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.
La
confusa estructura accionaria de Concesiones Integrales
La empresa concesionaria,
Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013,
apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan
acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30
años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en
el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público
de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de
Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un
laberinto financiero.
Originalmente (entre 2014 y 2023)
la estructura accionaria era la siguiente:
% capital social
Accionista corporativo
75 %
Monex, S.A.P.I. de
C.V.
24.7 %
EPCCOR Servicios,
S.A. de C.V.
0.224 %
Agua de México, S.A.
de C.V.
0.011 %
Tecnología
Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V.
Según el Registro Público de
Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a
partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo
Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón
Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:
% capital social
Accionista corporativo
≤ 75 %
Fideicomiso “Xinfra
Fibra E”
≥ 25 %
EPCCOR Servicios,
S.A. de C.V.
≥ 3%
Tecnología
Intercontinental (TICSA)
< 1 %
Agua de México, S.A.
de C.V.
Lo anterior significaría que
Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V,
administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario
pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo,
mientras que EPCCOR, de la familia
Gutiérrez Cortina,
mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así
como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y
contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el
entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una
comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local
presentó otra estructura accionaria:
% capital social
Accionista corporativo
56.55%
Hermes Infraestructura
25 %
Fideicomiso “Xinfra
Fibra E”
18 %
Agua de México, S.A.
de C.V.
Estas versiones aparentemente
contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de
la familia Hank) compró fuera de libros la participación que
originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo
intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido
protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil
aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo,
probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.
Xinfra controla acciones serie A,
que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a
Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la
misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de
ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán
no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o
diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta
registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero
podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no
liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.
Dentro de este laberinto
financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control
operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario
directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B);
según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la
mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por
Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes
Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se
protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de
tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión
oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el
ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad
crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.
¿Quiénes
son los personajes detrás de las corporaciones?
EPCCOR es del empresario Juan
Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente
Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora
Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y
Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco
transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José
Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y
director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes
de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS,
Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.
Xinfra Fibra -E es un instrumento
de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido
entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT
hipotecario de México (FHipo)
y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director
General de Banobras
administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN.
Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de
talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de
interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes
periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de
Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF
advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad
administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa
Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el
Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento
de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari
como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al
sexenio de Peña Nieto.
Carlos Hank Rhon es dueño de
Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo
integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación
y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero
Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y
tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo
Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte.
Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo
de las mayores redes de poder mafioso y político en México.
Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como
mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la
administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la
pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido
por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco
y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también
por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se
le acusó de mandar a asesinar al
fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente”
nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir
de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el
famoso centro de apuestas Grupo Caliente.
¿Entonces
quién dirige y administra la empresa?
Desde 2024 el director general es
Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de
Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos
costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la
reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de
$7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.
Actualmente el Concejo de
Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro
integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús
Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego
Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez
García).
Los cuatro integrantes del
Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una
probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que
gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y
financiera del servicio.
¿De dóndeextraen el
agua que venden?
Hasta 2023 Concesiones Integrales
tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116
estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras
y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin
embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas
a ellas operan de manera deficiente o simulada.
Cuatro baterías de pozos dentro
de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael)
siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del
acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m
anuales según CONAGUA. El
sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m;
manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y
el
sistema Xoxtla
donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como
“llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento
inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente).
Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en
Cuautlancingo
y
rehabilitar más pozos en Xoxtla.
Junto con los pozos operados
directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias
autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada
que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando
el balance real del acuífero.
En síntesis, el
agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del
acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos
periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos
en Cuautlancingo.
Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales
y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la
concesión.
Según lo declarado por el
ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el
Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa
extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80
millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos
en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.
Manejo
opaco de recursos y relaciones institucionales
Los estados financieros de la
empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente
apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de
pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un
riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión
o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros
indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de
aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta
tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales,
muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a
cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.
Desde su creación, la
concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato
menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana
para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero
nunca presentó ningún informe público, violando así los
requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en
contrataciones públicas.
Asimismo, la velocidad extrema
del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de
la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos
previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente
vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete.
La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca»
por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.
Además, EPCCOR, socio clave de
Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades
en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la
Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas
sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de
contratos públicos.
Por otro lado, el ex-director
Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento
inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así
como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.
Sobreexplotación
del agua y altas tarifas
La gestión privada intensificó
gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa
a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac,
Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de
agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales
constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente
pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron
una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales
para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos
evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de
extracción promovido por Concesiones Integrales.
Agreguemos la sobreextracción el
inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e
industriales que no solo resultan en un modelo insostenible
ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario
grave.
Además, en la ciudad de Puebla,
más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos
tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000
amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta
conflictividad constante revela una violación sistemática del
derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de
costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también
muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.
Negligencia
operativa y laboral
El historial operativo de la
empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes
evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba
labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado.
Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como
señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que
la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen
graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de
seguridad.
Asimismo, desde 2020, Concesiones
Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo
organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas
precarios de outsourcing,
generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que
pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una
plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y
complejo de gestionar adecuadamente.
Para
los pueblos no es sequía, es saqueo
La falta absoluta de consulta y
consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el
agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo
y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como
Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política
sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas
comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar
votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su
consentimiento y consenso.
Resulta, además, profundamente
contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con
discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado
continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando
todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el
saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos
importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental,
debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la
naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no
protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el
planeta.
El Estado puede decir lo que
quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y
el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como
habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no
aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o
“progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.
La vieja estrategia de
“consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha
cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha
sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta
Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el
nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se
convierte en una pieza central de esta política de despojo y
neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del
“Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el
gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las
preferencias estatales están con las compañías, no con los
pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de
“compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas
como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima
para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y
criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se
les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí
estorban los pueblos.
Maniobras como el Plan Nacional
Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica
de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o
“reapropiación” no son más que simulaciones para que el
extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede
en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población,
del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de
un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá
en aumento.
Algunas
cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año
en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la
producción de comida chatarra.
Coca-Cola,
por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal
extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con
concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan
a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras
alarmantes de extracción de agua al año en México:
Coca
Cola.
55 mil 812 millones de litros.
Pepsi.
32
mil 000 millones de litros.
Danone.
15 mil 437 millones de litros.
Nestlé.
9 mil 778 millones de litros.
La
inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la
concesión
En febrero de este año Alejandro
Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones
Integrales en 2013, pues: «Teníamos
gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo
Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a
arreglar su cochinero, esa es la verdad».
En esa misma declaración sostuvo
que «si de plano
no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar»
la empresa debe
retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas
«extractivas»
que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras
yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de
Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.
Poco tiempo después declaró que
su
administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla,
pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma
declaración afirmó que durante su gobierno no
habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.
Y unos días después mencionó
una propuesta: “Estamos
trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla
hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se
resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para
nosotros y lo vamos resolver”.
Volvió a afirmar que revertir
las concesiones de la privatización del agua a la empresa
Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil
millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la
remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma
en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo
como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones
Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal,
entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de
documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En
ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención
clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios
tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación
discursiva a la que hay que poner atención.
Crímenes
de negligencia corporativa
Ante la cadena de
irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones
Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que
generan
un riesgo previsible de daño
a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la
negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los
daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin
el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación
y Estado han entablado una relación de interés mutuo.
Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.
El diseño legal de la sociedad
anónima y la selectividad
del Estado en la aplicación de la ley
crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a
actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus
abusos. En la práctica, la
búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social,
reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a
gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción
civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias
obtenidas por el daño ocasionado.
Los crímenes
corporativos por negligencia
no son simples “accidentes”, cristalizan una forma
de poder estructural
donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la
salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este
funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de
capital, las reformas penales seguirán chocando con límites
políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy
caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación
con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro
del caso de Concesiones Integrales y su relación con las
administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle
hasta Alejandro Armenta.
No podía ser de otro modo, y se logró. Con el ejercicio electoral
realizado el 1 de junio el gobierno cuatroteísta ha logrado lo que
se proponía desde que la reforma al Poder Judicial se planteó en
febrero de 2024, incluso mucho antes. Una magra votación antecedida
de múltiples irregularidades y que muy pocos se atreverían a
presumir como dechado de pulcritud, ha permitido, no obstante,
aniquilar uno de los fundamentos constitucionales de la República:
la división de poderes.
Lo que proclama la presidenta Sheinbaum cuando afirma que su
elección judicial fue un éxito es eso: se consumó la apropiación
de los órganos federales de justicia por la fuerza política que ya
tenía en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que sus
turiferarios en los medios de difusión y arrebatados amlólatras
celebran es la inauguración de un aparato de administración de
justicia marcado indeleblemente por el color partidario guinda. El
golpe de Estado contra el Poder Judicial y el estado de derecho
finalmente se consumó, satisfaciendo el apetito de control de la
congregación de clanes que conforma el núcleo del Morena. Y sobre
todo, la Suprema Corte de Justicia quedará casi por completo
integrada por personajes directamente vinculados con el partido en el
poder y especialmente con López Obrador.
Complementariamente, los acordeones lograron que el grupo
actualmente en poder del Ejecutivo y el Legislativo se hiciera
también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y del novedoso e inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial. Todo
en familia. Ninguna impugnación electoral contra el Morena podrá
proceder, y serán jueces morenistas los que vigilen y sancionen el
desempeño de todos los juzgadores del país. Esta conformación se
ha reproducido en las instancias de los poderes judiciales de las
entidades federativas, de manera que la captura de la administración
del marco legal sea completa.
Para poner una cereza al pastel, quedó como presidente de la
Suprema Corte, como candidato más votado, un abogado oaxaqueño,
funcionario federal de segundo nivel en el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador del que hace una semana casi nadie había oído
hablar, pero estaba en los acordeones oficiales. El electo tiene
señalamientos, desde los propios pueblos indígenas por haber
amañado las consultas en sus territorios para facilitar la
construcción del Tren Maya en el sureste, y por encubrimiento de
actos de acoso sexual contra mujeres indígenas.
Pero no faltan los inconvenientes. El muy alabado pueblo, en cuyo
nombre dice gobernar el variopinto grupo que se ha instalado en el
poder desde 2018, vino a contradecir la cantaleta del triunfo de la
democracia y del éxito de la operación, dándole la espalda. Una
operación, debe repetirse, exhibida previamente por las consabidas
trampas que otrora esperábamos que fueran erradicadas desde que el
PRI fue expulsado del Ejecutivo y de la mayoría de las instancias de
gobierno. El voto corporativo del SNTE, de la central sindical que
posee el senador morenista Pedro Haces y de otras agrupaciones; el
acarreo, el uso político de los programas de asistencia social, la
promoción del voto por autoridades y legisladores, prohibida por la
ley pero “autorizada” por el siempre obsequioso Tribunal
Electoral; y el novedoso recurso de los acordeones distribuidos
masivamente por el oficialismo, no lograron conducir a los ciudadanos
a los centros de votación y sí deslegitimaron el proceso.
Quedará como marca a hierro candente la del acordeonazo guinda como
solución a esta muy cuestionable elección que siempre estuvo lejos
de tener un consenso social, lo cual se vio agravado por el descarado
trampeo. ¿Cómo, ahora, sostener que la reforma judicial de
septiembre pasado fue “pedida” por el pueblo, si éste no acudió
a respaldarla? ¿Cómo que por ella votaron en 2024, si no estaba
incluida en la plataforma electoral del Morena ni de ningún otro
partido? Una reforma ilegítima, que fue aprobada apresuradamente,
sin el amplio debate que hubiera merecido una modificación
constitucional de esa envergadura, por la mayoría artificialmente
abultada en el Congreso y que, como remate, sólo fue respaldada por
uno de cada diez posibles votantes. De éstos, más del 22% acudieron
a la casilla a anular las boletas, escribiendo consignas o
manifestando su desacuerdo con el proceso, o no supieron cómo
llenarlas.
Como partido gobernante, Morena no vive ya sus
mejores momentos. En las elecciones municipales realizadas
simultáneamente a las judiciales en Veracruz y Durango se frenó su
crecimiento y sufrió retrocesos importantes. En Durango frente al
PRI y PAN; y en Veracruz, donde fue el partido que menos
ayuntamientos ganó, a manos de Movimiento Ciudadano y el Partido del
Trabajo. Al interior del mismo Morena se mantiene soterrada pero
creciente la inconformidad por la incorporación en cargos públicos
o de elección popular de elementos priistas y panistas. Un
inconformismo que puede dar, o está dando ya, lugar a rupturas
locales de mayores dimensiones.
El contexto social en el que el proceso se realizó no es tampoco el
más favorable al gobierno y el oficialismo. Mientras
una minoría acudía a elegir juzgadores, el movimiento de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se
extiende en diversas regiones del país y mantiene desde el 15 de
mayo un gigantesco campamento en la plaza principal de la Ciudad de
México demandando no solamente un incremento sustancial de salarios
sino, sobre todo, la abrogación de la neoliberal ley del ISSSTE
impuesta en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa. Es una lucha
predominantemente laboral y progresista por romper el régimen de
retiro con fondos individuales de aportación y tasado en Unidades de
Medida y Actualización (UMA), no en unidades salariales. La
movilización de los maestros en los cuatro puntos cardinales del
país ataca directamente las entrañas de la alianza histórica de
los gobiernos nacionales con el caduco aunque actualizado charrismo
sindical, y pone al desnudo la protección del gobierno de la
autodesignada Cuarta Transformación al sector bancario nacional e
internacional que obtiene en México las utilidades más altas en
América Latina y superiores a las de sus matrices en otros países.
No es una demanda que concierne sólo del sector magisterial, sino a
todos los trabajadores del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
El otro momento estelar de la lucha de clases en
el país es el que se levanta desde el Frente Nacional por las 40
Horas. Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que la
reducción de la jornada laboral —invariada desde 1917, cuando se
estableció en el artículo 123 de la Constitución— es legítima,
ha diferido su aprobación legal hasta 2030, después de consultarla
con el sector patronal, y ha retrasado la instalación de las mesas
para discutir su reglamentación. Paulatinamente, el movimiento ha
ido cobrando importancia en regiones como el Valle de México, la
frontera norte y otros lugares, así como en las redes sociales.
Aunque aparentemente desconectados, estos hechos hablan del desgaste
del consenso que Morena y sus gobiernos han logrado y del agotamiento
de su falaz discurso sobre la lucha contra el neoliberalismo y la
corrupción. Si bien la presidenta mantiene un alto nivel de
aprobación, de 73 por ciento, según la encuesta más reciente de El
Universal —diez puntos menos que en febrero pasado—, la
imagen pública de su partido, cada vez más poblado por sujetos
indeseables provenientes de las derechas del país, el nepotismo
rampante que lo domina y sus pugnas interiores, muy adelantadas,
tanto por el control de la Cámara de Diputados y un gran número de
gobiernos locales en 2027 como por la candidatura presidencial en
2030, configuran un escenario que puede derivar en nuevas crisis del
bloque gobernante. Sigue siendo necesario construir desde las luchas
sociales un polo político independiente que enfrente la creciente
derechización del régimen y sus afanes de centralización
autoritaria del poder.
No hace mucho, el lenguaraz Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno del Senado, afirmó que el Morena va a seguir en el poder durante los próximos 40 años. Y la senadora también morenista Margarita Valdez Martínez, en una declaración que no puede sino recordarnos las pretensiones de trascendencia del Tercer Reich, afirmó que la “Cuarta Transformación” no saldrá del Palacio Nacional en un milenio. Ominosos y ridículos presagios de aniquilación del Estado moderno como lo ha conocido el mundo occidental, que no se cumplirán. La sociedad mexicana irá reaccionando, y comienza a hacerlo ya, para frenar el completo perjuicio político y social con que nos amenazan.
No tenemos que asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un pésimo diseño institucional en materia de administración de justicia.
La elección judicial se efectuó con una bajísima participación ciudadana, lo que debe entenderse como expresión inequívoca de que debe revisarse su diseño.
De acuerdo con las autoridades electorales, participó alrededor del 13 % del padrón electoral. Más que en la consulta sobre la investigación de expresidentes, menos que en la revocación de mandato del pasado sexenio y mucho menos que cualquier elección intermedia o sexenal.
Claramente, el tránsito a un modelo de jueces electivos no generó en la ciudadanía el entusiasmo democrático que sus impulsores anticipaban. Y así como en el pasado se insistió en que el mandato de las urnas en 2024 era de un incuestionable respaldo a la agenda del llamado “Plan C”, ojalá que ahora con algo de humildad se acepte que el desdén de los mexicanos y las mexicanas frente a la elección judicial es un mensaje de interpretación obligada.
El 87 % de los ciudadanos registrados en el padrón no acudieron a las urnas, dando la espalda a la jornada, que para mayor tristeza quedó marcada por la inexplicable presencia militar en el espacio emblemático del Instituto Nacional Electoral.
Y a ello habría que añadir, claro está, los enormes costos del proceso: el de dejar afuera recursos humanos valiosos y honestos que hacían parte de los poderes judiciales, y que no se ajustaban a las generalizaciones burdas que el Ejecutivo hizo; el de la imagen internacional del país, pues la cobertura mayoritaria de la prensa internacional no fue positiva, y el propio costo del proceso, en un contexto de estrechez presupuestal y múltiples necesidades.
Basta con considerar lo que habrían significado los 40 mil millones de pesos que se se calcula que costó esee proceso, en agendas tan urgentes como el rezago forense que afecta a las familias de personas desaparecidas.
La baja participación en la elección judicial, en suma, debería llevar a revisar el modelo de personas juzgadoras electivas, e impulsar reformas sobre los aprendizajes que deja este fracasado ejercicio. No tenemos porqué asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un mal diseño institucional en materia de administración de justicia.
También debería llevar a una reflexión más amplia sobre lo que sigue respecto de la culminación del llamado “Plan C”. Porque si en breve avanza una reforma electoral que se discuta y apruebe como la judicial, se profundizará la senda de la erosión constitucional en el país.
Por lo pronto, hoy, en el día después, la injusticia que más le duele al país, esa que genera la impunidad de los poderosos y que tanto enojo justificado causa, permanece igual: se gesta en miles de averiguaciones y carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en fiscalías que no fueron tocadas por las reformas atribuladas que nos llevaron a la fallida jornada del domingo pasado. Podrán cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de las entidades federativas, y posiblemente lo hagan peor con la elección del domingo, pero el nervio neurálgico de la procuración de justicia, las rebasadas fiscalías que prodigan la impunidad, hoy que despertamos como el dinosaurio de Monterroso, siguen allí.
Absurda interpretación del Instituto Nacional Electoral:
“No hay lugar a dudas”, la Constitución es clara en cuanto a que la persona que haya obtenido una cifra mayor en la contienda de ministros es quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
No puede remediar el INE lo irremediable. Tan baja participación no permite calificar a un grupo de mayoría, máxime que estaba tan seguro de la participación ciudadana que no previó el porcentaje triunfador. Esa ridícula elección no puede presentarse como triunfo democrático porque no hubo planillas contendientes y no sólo porque la cifra de participación fue de 13 por ciento.
En ningún documento el INE estableció que una cifra así alcanzada es suficiente para dar por triunfadores a unas pelagatos que aspiran a encabezar la Suprema corte de Justicia.
Si la presidente Sheinbaum logra que el INE imponga a unos candidatos triunfadores, estará cometiendo un error y su caída por marrullera será más rápida.
El debate en torno a la elección del poder judicial se ha envuelto general y mediáticamente en un dilema maniqueo: conservadores vs transformadores, cuya colérica argumentación dista mucho de esclarecer su significado. ¿Representa un avance democrático o se instaura una dictadura? Veamos
La elección de los jueces por el pueblo y su revocabilidad en cualquier momento por decisión de la mayoría de sus electores, es una reivindicación socialista y revolucionaria. Vladimir Ilich Lenin decía que la “elección de los jueces por el pueblo”, es una proclama y consigna de clase, siempre y cuando estos impartidores de justicia procedan de la clase trabajadora. Es evidente que el carácter popular del poder judicial supone el triunfo de la revolución socialista y por tanto, la anulación de las leyes de los gobiernos burgueses derrocados, solo así el Partido del “proletariado da a los jueces elegidos por los ciudadanos la consigna de cumplir la voluntad del proletariado.”i En otras palabras, la plena instauración de un poder judicial popular solo puede lograrse cuando el Estado burgués sea abolido, de lo contrario, cualquier reivindicación popular y proletaria sobre el poder judicial tendrá límites y estará acotado por los márgenes del Estado capitalista.
Bajo la existencia del capitalismo y el estado burgués, la elección de los jueces y ministros por voto popular abre la posibilidad para que se convierta en un espacio de disputa de los sectores populares. En este sentido, se abre una arena de lucha en cuanto a la reivindicación de los derechos democráticos del pueblo trabajador, a saber: el derecho del acceso a la justicia (limitada por los márgenes del Estado burgués). Desde una valoración histórica, que en el capitalismo el pueblo elija a los impartidores de justicia representa un avance, pero solo si el pueblo trabajador tiene la posibilidad real de postular a sus candidatos, esta es la principal contradicción.
En el caso concreto de la elección del poder judicial en México, la participación de sectores populares se encuentra restringida en dos momentos: Primero, porque existe una discriminación de los aspirantes previo a las elecciones, discriminación realizada por el sector del gobierno burgués anidado en las instancias judiciales, legislativas y el ejecutivo, los cuales procuran colocar a sus representantes en las boletas del poder judicial. Segundo, porque, dado el nivel de desarrollo de la conciencia de clase, para poder disputar o ganar la elección se requiere de una estructura corporativa, una maquinaria electoral de acarreo y cooptación de voto, con la cual no cuentan los sectores populares.
Es importante tener muy presente que la reforma al poder judicial no tuvo ni tiene por objetivo mejorar el sistema de impartición de justicia, fantasía de la cual se jactan los defensores del gobierno morenista. Ni la carrera judicial prevenía la ineptitud y la corrupción de jueces y magistrados, ni la elección por voto popular lo solucionará. En esencia la reforma tenía por objetivo: Primero, prevenir cualquier intento de golpe de estado blando (IMPEACHMENT) contra el gobierno de MORENA, tal como ha acontecido contra gobiernos progresistas y socialdemócratas en América Latina. Segundo, eliminar el principal obstáculo para la aprobación de las reformas obradoristas. Por esto, la reforma al poder judicial representa una disputa entre las fracciones políticas de la burguesía por el control de la administración del Estado burgués.
Es un acto de ingenuidad política, pensar que el poder una vez conquistado no se defiende. En este punto la crítica desde la izquierda no es porque exista elecciones o porque el gobierno de MORENA pretenda brindarse de un golpe blando, sino del programa político-judicial que defienden y los perfiles políticos de la mayoría de los candidatos, muchos de ellos impresentables, y otros tantos, que serán servidores del poder ejecutivo, pues ellos los impusieron.
Un punto que debe de quedar claro es que la elección de los impartidores de justicia por voto popular no garantiza la impartición de una justicia popular por los jueces y magistrados electos, de igual forma que la elección por voto popular de diputados y senadores no garantiza una legislatura de vocación popular. La negativa de la bancada de la 4T, ahora mayoritaria, a derogar la Ley del ISSSTE de 2007 que privatizó los ahorros de las y los trabajadores es una muestra de ello.
Las y los jueces que emanarán de la elección, al igual que lo hacen los senadores, diputados, gobernadores y alcaldes, serán presas de los poderes facticos: desde crimen organizado, intereses empresariales y oligárquicos, facciones y pandillas políticas, etc., porque la impartición de justicia no es un acto neutral, sino uno eminentemente político, que no se ejerce en el vacío, lo cual supone siempre que hay correlación de fuerzas y pugnas en cada caso de injusticia.
Más aun, la posibilidad de impartir una justicia popular de forma general se verá constreñida porque existe una institucionalidad burguesa, un Estado burgués y un gobierno burgués, lo cual es por lo general, el origen de las injusticias que padece el pueblo. V.I. Lenin decía que bajo el capitalismo el derecho del pueblo a elegir “sus propios” jueces populares y ejercer la soberanía del pueblo”, no importa que sea la República más democrática, está restringida y limitada por el soborno de los funcionarios por la burguesía.
Es evidente que existió poca participación, 13 por ciento del padrón, pero la elección se diseñó de esa forma. Para la 4T la legitimidad de su gobierno no estaba en juego, su hegemonía goza, por ahora, de buena salud. MORENA se consolidó como dirigente político de un nuevo bloque histórico y por tanto, como administrador general de las instancias del Estado.
Con la elección del nuevo Poder Judicial, los seguidores del gobierno morenista argumentan que se fortaleció la democracia, y que quienes se abstuvieron le hicieron el juego a la derecha. Curiosamente, esta acepción sobre la democracia es muy cercana a la de sus detractores liberales. Cuando escuchas a la insufrible Denise Dresser, en su argumentación siempre subyace una idea, un principio liberal por excelencia: la democracia es igual a elecciones y pluripartidismo. De aquí resulta su derechista aversión por Cuba, la URSS, China o Vietnam, dónde priva el modelo de partido único. Para los liberales o demócratas burgueses lo importante es la forma, las apariencias, de ahí su hipócrita defensa de las «democracias avanzadas», sistemas políticos que por cierto son oligárquicos, cómo en Estados Unidos, o abiertamente monárquicos como el español o británico. Hipócrita también porque, aunque no lo dicen, les gustan las elecciones y el pluripartidismo siempre y cuando gane el centro derecha o la derecha, y cuando no ganan, justifican golpes de Estado, duros o blandos. Los demócratas liberales o burgueses, omiten el carácter de clase de la democracia, los intereses de clase que defienden los partidos que participan en ella o el carácter burgués de los programas de los gobiernos “democráticos”. De ahí su fascinación por la democracia en general o la democracia en abstracto.
En concordancia con los intelectuales liberales y burgueses para los progres y socialdemócratas morenistas se fortaleció la democracia solo porque hubo elecciones del poder judicial, no les importa el contenido de clase de dicha democracia, ni los perfiles de la gente que ganaron estas elecciones o las convicciones que defienden, sino lo que importa es que ganaron. Quizás tengan razón, en este punto, se fortaleció la democracia, pero la democracia burguesa, y con ello, dada el actual momento de la lucha de clases, se reforzó la dictadura del capital sobre la clase trabajadora.
Nota:
i V.I. Lenin. La emancipación de la mujer, recopilación de artículos, Fondo Documental FHK. pág. 54
