Israel ha puesto en marcha una operación para matar o capturar a todas las personas implicadas en la masacre del 7 de octubre de 2023, según un análisis legal difundido por un centro de estudios estadounidense. El informe examina los límites del derecho de los conflictos armados en este tipo de operaciones de ‘caza’, que combinan acciones militares, servicios de inteligencia y operaciones encubiertas.

El análisis, firmado por expertos en derecho internacional, subraya que, aunque la persecución de responsables de crímenes de guerra es legítima, la operación israelí debe ajustarse a principios fundamentales como la distinción, proporcionalidad y necesidad militar. Según los autores, el estatus jurídico de los objetivos varía: algunos serían combatientes de Hamás, mientras que otros podrían ser civiles que participaron directamente en las hostilidades, lo que afecta a las reglas de enfrentamiento.

La operación, que no tiene precedentes por su alcance y duración, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que advierten del riesgo de ejecuciones extrajudiciales o ataques indiscriminados. El informe señala que, en zonas como Gaza, donde la distinción entre combatientes y civiles es compleja, cualquier acción debe basarse en información de inteligencia verificable y minimizar daños colaterales.

El análisis también aborda la posibilidad de que Israel recurra a ataques con drones o fuerzas especiales en terceros países, lo que requeriría el consentimiento del Estado anfitrión o una justificación basada en la legítima defensa. La falta de un marco claro para estas operaciones extraterritoriales, según los autores, podría generar tensiones diplomáticas y poner en entredicho la legalidad de las mismas.

El informe concluye que, aunque la búsqueda de justicia para las víctimas del 7 de octubre es un objetivo legítimo, la operación israelí debe ser transparente en su marco legal y supervisada para evitar violaciones del derecho internacional. De lo contrario, advierte, podría socavar la credibilidad de Israel y alimentar un ciclo de violencia.

El 30 de mayo de 2026, fuerzas israelíes atacaron una flotilla humanitaria de 72 barcos con más de 600 civiles de más de 45 países, que buscaba romper el bloqueo de 19 años sobre la Franja de Gaza. La misión, iniciada como un acto humanitario, terminó con dos asaltos israelíes en aguas internacionales que incluyeron secuestros, palizas, tortura, abusos sexuales y violaciones del derecho internacional, según han denunciado los organizadores.

El ataque ha sido condenado por la comunidad internacional y ha tenido un efecto inverso al buscado por Israel: la delegitimación del propio Estado israelí. Medios y analistas señalan que la acción, lejos de disuadir futuras misiones, ha reforzado la solidaridad global con la causa palestina y ha puesto en evidencia la política de bloqueo.

Una flotilla para romper el asedio

La flotilla partió de varios puertos mediterráneos con la intención de entregar ayuda humanitaria directamente a Gaza, sorteando el bloqueo impuesto por Israel desde 2007. Los organizadores, que incluyen activistas y organizaciones de derechos humanos, habían anunciado previamente su ruta y su carácter pacífico. A pesar de ello, las autoridades israelíes advirtieron que interceptarían la embarcación.

Fue una operación militar desproporcionada contra civiles desarmados. La violencia empleada es inaceptable bajo cualquier norma del derecho internacional, y supone un paso más en la pérdida de legitimidad moral de Israel ante el mundo.

Entre los pasajeros se encontraban ciudadanos de países europeos, asiáticos, africanos y americanos, lo que ha elevado el incidente a un conflicto diplomático de primer orden. Varios gobiernos han convocado a los embajadores israelíes y exigen una investigación independiente.

El coste político del ataque

Analistas internacionales coinciden en que el ataque supone un grave golpe a la imagen de Israel en el escenario global, especialmente en un momento en que el país enfrenta críticas crecientes por su gestión del conflicto palestino. La acción ha reforzado los argumentos de quienes piden sanciones internacionales y un embargo de armas contra Israel.

El gobierno israelí, por su parte, ha justificado el operativo alegando que la flotilla suponía una amenaza para su seguridad y que pretendía violar el bloqueo legal. Sin embargo, las pruebas de violencia difundidas por los supervivientes y los vídeos grabados a bordo han provocado una oleada de condenas en redes sociales y en foros internacionales.

La crisis llega en un momento delicado para la coalición de gobierno israelí, que ya afrontaba divisiones internas sobre la política de seguridad. El incidente podría acelerar el desgaste del ejecutivo y aislar aún más a Israel en el tablero geopolítico, especialmente en Naciones Unidas, donde se prepara una resolución de condena.