Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
La salida de Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es solo una decisión procesal: es también un punto de inflexión en una causa que durante años ha funcionado como espejo de una etapa política entera. La Audiencia Nacional ha concluido que, a sus 95 años, el president no se encuentra en condiciones de declarar ni de asumir un proceso penal con garantías. El argumento es médico, humanista y estrictamente legal. El efecto, inevitablemente, es político.
El tribunal llega a esta conclusión después de meses de indefinición. Desde el inicio de la vista oral, los informes periciales coincidían en lo esencial: un deterioro cognitivo suficiente para impedir un interrogatorio en condiciones. Aun así, la sala optó por mantener abierta la posibilidad de su declaración. Solo tras una evaluación directa esta misma semana —con reconocimiento forense y entrevista personal— se ha cerrado definitivamente esa puerta.
El límite del proceso penal ante una figura central del poder
Lo que se cierra ahora no es solo una comparecencia, sino una expectativa. El juicio avanzaba con una anomalía de fondo: la figura que daba sentido al conjunto del caso permanecía fuera de escena, pero no fuera del proceso. Esa ambigüedad permitía sostener la idea de que, en algún momento, el relato judicial podría articularse en torno a su testimonio. Ese escenario ya no existe.
Como apunta Josep Carles Rius, el proceso no se reduce a la responsabilidad individual de un acusado, sino que remite a una época de Catalunya. El pujolismo no operó únicamente como una opción electoral prolongada en el tiempo, sino como una forma de organización del poder, con capacidad para estructurar relaciones institucionales, económicas y sociales durante décadas.
Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal plantea un problema difícil de encajar, no tanto en términos jurídicos como históricos, ya que la dilucidación de este entramado pierde ahora la figura simbólica que lo encarnaba.
Una memoria pendiente más allá del juicio
Durante años, Jordi Pujol ha sido una referencia central en la vida política catalana. No solo por su longevidad institucional, sino por la profundidad de su influencia. Como recordaba el periodista Txema Seglers, ha habido generaciones enteras para las que la política tenía un único nombre posible: “Si de pequeño te pedían el nombre de un político, solo sabías decir Jordi Pujol i Soley”.
Ese grado de centralidad explica que su salida del juicio no pueda interpretarse como un cierre. Cuando en 2014 reconoció la existencia de una fortuna no declarada, lo que se abrió fue una crisis de legitimidad que iba más allá de su figura. El caso dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema estructural. Afectaba a la credibilidad de un modelo político y a la forma en que ese modelo había gestionado sus propios límites.
El juicio ofrecía la posibilidad de ordenar ese debate en términos judiciales, pero la resolución de la Audiencia Nacional interrumpe ese recorrido. Lo hace, ciertamente, por razones que resultan difíciles de discutir desde una perspectiva humanista. Nadie puede ser juzgado sin capacidad de defensa, pero al mismo tiempo introduce una discontinuidad: el principal sujeto del caso deja de formar parte de la escena justo en el momento en que esta podía empezar a producir una explicación más articulada.
La salida de Pujol obliga a formular la pregunta en otros términos. No se trata de su capacidad para declarar, sino de la capacidad colectiva para interpretar una etapa y determinar hasta qué punto se han identificado sus mecanismos y de qué manera se integran en el relato político contemporáneo.
El juicio continúa. Pero la parte más incómoda del caso —la que tiene que ver con la memoria y con la estructura del poder— queda, de momento, fuera de la sala.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural por Siscu Baiges. Puedes leerlo en catalán aquí.
¿Qué pretendía el Plan Piloto de Renta Básica que puso en marcha el Gobierno de la Generalitat y por qué está detenido ahora?
La Oficina se creó con la intención de desarrollar un Plan Piloto sobre la Renta Básica Universal en Cataluña, con el objetivo de medir sus efectos sobre la población catalana y obtener evidencias de su impacto para poder ajustar la política y conseguir los resultados deseados. Trabajamos en él durante unos tres años. El primero sirvió para diseñar la propuesta del Plan Piloto. Pero no pudo implementarse porque no obtuvo el apoyo parlamentario necesario. El PSC encabezó la moción contra el Pla, con el apoyo de Junts, PP y Vox. Había que aprobar la partida presupuestaria para poder ejecutarlo, y no se hizo.
¿Cómo ha quedado el Plan? La Oficina todavía existe.
Después de que no se pudiera llevar a cabo, dedicamos la última etapa de la Oficina a acabar de trabajar la propuesta de procedimiento de implementación del piloto junto con otros departamentos de la Generalitat con competencias como Derechos Sociales y Economía, y a realizar tareas de difusión y a explicar cuál era el diseño del Plan Piloto y qué objetivos perseguía, tanto en Cataluña y otras comunidades autónomas como a nivel internacional. En el acuerdo de investidura del presidente Illa, Esquerra incluyó el mantenimiento de la Oficina y el compromiso de que el Plan Piloto se ejecutara durante la legislatura. Nosotros dejamos el programa porque había que crear uno nuevo; cambiaron el responsable y todo el equipo técnico. La Oficina todavía existe, pero no se conocen detalles sobre el diseño actual del Piloto. Lo que sabemos es que, al inicio de la presidencia del PSC, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, manifestó públicamente que querían revisar el diseño porque había aspectos que no les encajaban. Les preocupaba especialmente el impacto que podría tener sobre las personas perceptoras de prestaciones asistenciales como la Renta Garantizada, el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por desempleo, pero también, el coste del proyecto.
La Renta Básica sería universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres hasta los más ricos«
¿Cómo se desarrolló ese debate?
Por lo que respecta al impacto sobre las personas receptoras de prestaciones asistenciales, cabe destacar que ya había sido una de las principales preocupaciones del equipo durante la fase de diseño del Piloto. Por ello, se trabajó de forma intensa y coordinada con la Dirección de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales para facilitar la participación de personas perceptoras de prestaciones, asegurando que esta participación no afectara a sus derechos ni a su situación económica. En el marco del Piloto, este colectivo representaba una muestra de entre 150 y 200 personas, un volumen de expedientes asumible que podía gestionarse sin generar ningún perjuicio para las personas implicadas. Por otro lado, desde el PSC siempre se había criticado el coste del Plan, argumentando que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades, como residencias para personas mayores u otros servicios, cuando en realidad el piloto representaba el 0,1% del presupuesto de la Generalitat. En el fondo, es cuestión de interés político. Nos sorprende que ni siquiera quiera probarse, porque es legítimo tener diferencias ideológicas, pero testarla permitiría tener datos reales y no basar el debate en opiniones o percepciones.
¿Qué características tiene su modelo de Renta Básica?
Es individual, suficiente, incondicional y universal. Es individual porque llegaría a todas las personas a título personal. Es suficiente porque debería tener una cuantía cercana al umbral de la pobreza y así permitir a todo el mundo salir de ella, dar autonomía y capacidad para decidir sobre la propia vida. Es incondicional porque no estaría sujeta a contraprestación alguna: no habría que firmar itinerarios de inserción sociolaboral ni cumplir requisitos económicos, de edad o de composición familiar. Y es universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres a los más ricos. Ahora bien, esta universalidad debe entenderse en el marco de una reforma fiscal realmente progresiva: las rentas más altas contribuirían más de lo que recibirían a través de la renta básica. Asimismo, el modelo de renta básica que defendemos debe ir acompañado del mantenimiento y refuerzo de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y los servicios sociales, como pilares fundamentales del estado del bienestar.
Una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, la apoyaban«
En la introducción, que firmas con Sergi Raventós, explicáis que un 65% de la población catalana es partidaria de la Renta Básica. ¿Eso no debería animar a los partidos políticos a aprobarla?
Durante el trabajo en la Oficina, a través de encuestas de opinión, comprobamos que existía un apoyo muy amplio y transversal: por edad, situación económica, género, nivel educativo, simpatía política, entre otras variables. Un dato muy revelador es que una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, lo apoyaban. Hay un gran gap, una distancia importante, entre lo que la ciudadanía considera positivo para el país y lo que después los partidos defienden en el Parlamento o en el Gobierno.
“Hay un gran gap entre lo que la ciudadanía considera positivo para el país y lo que después los partidos defienden en el Parlamento o en el Gobierno” | Pol Rius
Decís que la Renta Básica no es tanto una medida de protección social como una forma de reconfigurar la sociedad
Exacto. La Renta Básica es una medida redistributiva que impacta directamente en la desigualdad. Es necesario redistribuir los recursos de otra manera para que lleguen a las personas que tienen más dificultades para cubrir sus necesidades y vivir dignamente. Cada vez existen más sectores y estratos sociales afectados por la precariedad laboral y social. La Renta Básica haría que quien más tiene aporte más; redistribuye no sólo riqueza, sino también tiempo y poder de decisión sobre la propia vida. Facilitaría, por ejemplo, que las personas puedan decidir si quieren ampliar o reducir la jornada laboral para dedicarse a otros proyectos vitales, como estudiar, cuidar a hijos o familiares, o implicarse en actividades comunitarias. Esto también abriría la puerta a una redistribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados. Esta autonomía económica tendría un impacto especialmente relevante en el ámbito del hogar, puesto que contribuiría a reducir relaciones de dependencia y podría favorecer el empoderamiento de las mujeres. Precisamente, éste era uno de los aspectos que se querían analizar en el proyecto piloto: no sólo el impacto a nivel individual, sino también dentro de los hogares.
Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica»
La Renda Básica sería unipersonal
A diferencia de las prestaciones condicionadas, que habitualmente recibe una sola persona en función de la composición familiar, la Renta Básica se otorga de forma individual a todos los miembros del hogar, tanto adultos como menores, lo que puede transformar las dinámicas intrafamiliares. También a nivel comunitario transformaría las relaciones sociales y comunitarias, el Piloto preveía implementarse en dos municipios pequeños, de unos 1.200 habitantes, para analizar sus efectos en las relaciones sociales, la participación comunitaria y política, o el consumo de proximidad. Además, el diseño del Piloto era casi universal, lo que habría permitido entender no sólo qué harían las personas con menos recursos, sino también cómo la utilizarían las clases medias. Hay que tener en cuenta que existe una amplia base de estudios e investigaciones sobre la Renta Básica. Varias simulaciones indican que alrededor del 70%-80% de la población saldría ganando. En este sentido, se trata de una medida con un potencial transformador amplio. Al mismo tiempo, cuestiona también cómo entendemos el trabajo. Se tiende a considerar como trabajo sólo la actividad asalariada, pero el trabajo reproductivo —como los cuidados— es también esencial y tiene una función y un valor económico dentro de la sociedad. Por último, la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades voluntarias o comunitarias también podría transformar las relaciones sociales, favoreciendo una sociedad más cohesionada, en la que las personas se relacionen desde condiciones más igualitarias.
Se ha demostrado que las prestaciones actuales no son una medida real de salida de la pobreza»
En el libro hay capítulos sectoriales que explican cómo afectaría la Renta Básica a muchos ámbitos sociales diferentes
Sí. Es uno de los puntos fuertes del libro. Cada capítulo está escrito por dos autores o autoras y puede leerse de forma independiente. Puedes elegir lo que te interese: desde la filosofía política hasta el feminismo pasando por la financiación, infancia y juventud, derechos humanos y el sistema de protección social, mercado de trabajo, cultura, mundo rural, ecologismo, inmigración y antirracismo, renta máxima, salud mental, comunicación de la renta básica y los planes piloto de renta básica. La obra ofrece una visión muy completa sobre cómo la Renta Básica impactaría en muchos ámbitos de la vida.
El libro se titula ‘Quan convé seguem cadenes’. ¿Qué cadenas segaría la Renta Básica?
Las cadenas que nos impiden decidir sobre nuestras vidas y hacerlo en condiciones de dignidad: como la inseguridad económica y todas aquellas relaciones de dependencia y dominación. La Renta Básica, rompería con las limitaciones derivadas de unas condiciones materiales de vida insuficientes y precarias, recuperando la libertad de elegir.
¿La Renta Básica reduciría la pobreza infantil?
Efectivamente. Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica —gestionada por los tutores hasta la mayoría de edad, por supuesto—, y formarían parte de unidades familiares donde los padres también serían perceptores. Con una cuantía cercana al umbral de la pobreza, saldrían estadísticamente de esta situación. El problema de las prestaciones asistenciales actuales es que están pensadas para personas muy pobres, sin embargo, aproximadamente, el 60% de las personas en pobreza severa, no las perciben. Además, las cuantías son muy bajas: el Indicador de Renta de Suficiencia, durante casi veinte años, rondó los 400€ por una persona sola, y aunque ahora es de 700€, es claramente insuficiente. ¿Quién puede vivir con 700 € al mes? En este contexto, propuestas como la prestación universal por hijo a cargo de 200€ mensuales también representan un avance, pero resultan insuficientes para abordar de forma efectiva la pobreza infantil. Aunque pueden aliviar parcialmente la situación de muchas familias, estas cuantías no permiten garantizar unas condiciones materiales de vida dignas ni situar a los niños por encima del umbral de la pobreza. La Renta Básica, sin embargo, plantea un enfoque estructural: asegura ingresos suficientes para todos los miembros del hogar y evita los vacíos de cobertura propios de las prestaciones condicionadas. Esto la convierte en una herramienta mucho más efectiva para reducir –y potencialmente erradicar– la pobreza infantil.
La socióloga Dolo Medina ha coordinado, junto con el también sociólogo Sergi Raventós, el libro “Quan convé seguem cadenes” (Manifest Llibres) | Pol Rius
En el capítulo que escribes con Judit Font decís que las prestaciones sociales, más que revertir la pobreza, la cronifican
Sí, por la conocida «trampa de la pobreza». Las prestaciones asistenciales actuales están condicionadas a no superar cierto nivel de ingresos y son incompatibles con el trabajo. Esto genera un efecto perverso: muchas personas prefieren mantener la prestación antes que aceptar un trabajo precario. No se trata de una falta de voluntad de trabajar, sino de una decisión racional frente a un sistema que penaliza cualquier mejora parcial de ingresos. Si un trabajo es inestable, mal remunerado o de corta duración, el riesgo de perder la prestación y quedarse sin ningún ingreso es demasiado elevado. Este comportamiento se ve reforzado por otro factor clave: la complejidad y dificultad de acceso a estas prestaciones. Los procesos de solicitud son a menudo largos e inciertos. Para muchas personas conseguir que se les reconozca el derecho a la prestación ha supuesto un esfuerzo considerable, con meses de espera y múltiples trabas administrativas. Una vez se ha conseguido, es comprensible que no se quiera renunciar fácilmente a ella por una oportunidad laboral precaria, con riesgo de tener que volver a iniciar todo el proceso en caso de perder el trabajo. En este contexto, se consolida una situación en la que se prefiere mantener un ingreso insuficiente pero seguro, antes que afrontar la incertidumbre del mercado laboral y las dificultades del sistema de prestaciones para volver a acceder a ellas o reactivarlas. Esto contribuye a cronificar la pobreza en lugar de facilitar la salida de ella.
Vais un paso más allá y decís que la existencia de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía demuestran el fracaso de la lucha contra la pobreza
En el contexto en el que se diseñaron las rentas mínimas de inserción (la antigua PIRMI), actualmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, su lógica podía tener cierto sentido: se trataba de un modelo pensado para intervenir sobre situaciones de pobreza severa y cronificada, a menudo vinculadas a colectivos con dificultades de inserción muy específicas (problemas de salud mental, drogodependencias, exclusión social profunda). En aquel escenario, una política focalizada y condicionada podía parecer adecuada. Ese contexto ha cambiado. Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural, que afecta a amplios segmentos de la población, incluyendo a personas con trayectorias laborales aparentemente “normalizadas”. En este contexto, este modelo de políticas de lucha contra la pobreza presenta importantes limitaciones: el riesgo de pobreza se mantiene desde hace veinte años alrededor del 20%. Sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre. Se ha demostrado que no es una medida de salida real de la pobreza. La Renta Básica, en cambio, va más allá: dotaría de mayor seguridad, tranquilidad emocional para tomar decisiones así como de la posibilidad de complementar el ingreso con trabajos más o menos estables o incluso emprender, cosa que ahora mucha gente ni se plantea hacer por falta de seguridad económica.
Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural«
Por motivos contrarios a los suyos, la extrema derecha critica las prestaciones sociales. Las llama “paguitas”
Detrás de este discurso está la idea de que sólo merece ayuda quien trabaja y es productivo. Es una visión muy centrada en que debes ganarte la vida trabajando, y que el Estado no debería garantizar necesidades básicas. Entienden el trabajo como la única vía legítima para acceder a derechos, por lo que rechazan este tipo de prestaciones. Ante esta visión, la Renta Básica parte de un principio distinto: los derechos materiales para una vida digna no pueden depender exclusivamente del mercado de trabajo. Garantizar una base económica incondicional a toda la población implica reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, trabajen o no, y en qué condiciones lo hagan. En este sentido, la Renta Básica no sólo protege frente a la pobreza, sino que refuerza la libertad real de las personas para decidir sobre su vida y sus formas de participación social.
Las políticas actuales sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre»
En cambio, decís que la Renta Básica contribuiría a combatir a la extrema derecha
Exactamente. Las prestaciones condicionadas, tal y como están diseñadas, tienden a crear divisiones sociales. Cuando estableces requisitos estrictos de ingresos, acabas dibujando una frontera artificial entre quien “merece” la ayuda y quien no. Esto hace que situaciones muy parecidas reciban tratos diferentes: dos familias con ingresos casi iguales pueden encontrarse con que una accede a la prestación y la otra queda fuera por una diferencia mínima. Esta percepción de injusticia genera frustración y resentimiento, y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen. Además, este modelo facilita la construcción de relatos falsos. A menudo se dice que la mayoría de las personas que reciben ayudas son inmigrantes, cuando en realidad la mayor parte son ciudadanos del país. Pero dado que las prestaciones son selectivas, es más fácil alimentar este tipo de narrativas. La Renta Básica rompe con esa lógica. Al ser universal, desaparece la distinción entre “beneficiarios” y “no beneficiarios”, “merecedores” y “no merecedores” y con ella buena parte de los agravios comparativos. Todo el mundo tiene derecho a ella, y esto reduce el margen para generar conflicto social y para instrumentalizar la pobreza con fines políticos. En este sentido, es también una herramienta para reforzar la cohesión social y desactivar discursos que dividen a la sociedad.
La percepción de injusticia genera frustración y resentimiento y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen»
Ahora se está debatiendo una mejora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tiene sentido desde su perspectiva?
La Renta Garantizada de Ciudadanía, tal y como está planteada actualmente no está resolviendo el problema de la pobreza, aunque cualquier mejora técnica que suponga un alivio para las personas que la reciben es positiva. Sin embargo, también hay que ser claros: estas reformas tienen un recorrido limitado. A pesar de introducir mejoras, seguimos hablando de una prestación condicionada, con cuantías insuficientes y problemas de acceso y cobertura. Esto hace que, en la práctica, no sea una herramienta capaz de reducir significativamente la pobreza estructural. De hecho, con el planteamiento actual, es muy difícil que esta reforma pueda sacar de la pobreza a la población que se encuentra en esta situación de forma persistente desde hace años. Por tanto, puede ayudar a mitigar algunos efectos, pero no aborda la raíz del problema.
«La Renta Básica redistribuye no sólo la riqueza, sino también el tiempo y el poder de decisión sobre la propia vida» | Pol Rius
Acabáis la introducción diciendo que esperáis que el libro sea una herramienta útil para avanzar hacia un mundo más justo y libre de opresiones. ¿Lo veremos?
Espero que sí. Personalmente, tengo esa esperanza, y es precisamente por eso que trabajamos defendiendo y promoviendo la Renta Básica. Llegará un momento en que la clase política entenderá que no es tanto una cuestión de estar o no de acuerdo, sino que es una necesidad. La situación actual, especialmente en ámbitos como la vivienda, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular, hace difícil seguir mirando hacia otro lado. Las políticas que hemos aplicado hasta ahora han demostrado que no son suficientes para resolver estos problemas de fondo. Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas. La forma concreta de implementarla es un segundo paso, y justamente el Plan Piloto pretendía aportar evidencia sobre cómo hacerlo de manera efectiva. También es importante entender que la Renta Básica no puede ir sola. Debe ir acompañada de una transformación más amplia de las políticas públicas como, por ejemplo, una política de vivienda más garantista, una reforma fiscal profundamente progresiva, políticas feministas que favorezcan una distribución más justa de los cuidados, políticas educativas que consolide la idea de que éste es un derecho de toda la ciudadanía, una reforma del mercado de trabajo, entre otros. Y, sobre todo, debe ser una apuesta sostenida en el tiempo. No tiene sentido como medida puntual o limitada a una legislatura. Debe entenderse como un mecanismo a través del cual se garantiza, efectivamente, el derecho a la protección social conjunto de la ciudadanía y de las generaciones futuras.
La reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede ayudar a mitigar algunos efectos pero no aborda la raíz del problema»
En el epílogo, Sarah Babiker hace un llamamiento a la resistencia realista en un mundo que ha vivido grandes transformaciones. Dice que «la última palabra todavía no está dicha». ¿Quién la dirá?
Espero que la diga la sociedad, la ciudadanía. Sabemos que existe un amplio apoyo a la Renta Básica. Por otra parte, en el contexto actual vemos movilizaciones de los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales que denuncian las tensiones del estado de bienestar. Las bases del actual estado del bienestar están mostrando claros signos de desgaste. En este contexto, la Renta Básica tiene mucho que aportar. No es una solución mágica ni lo va a resolver todo, pero sí puede ser una herramienta clave para aliviar muchas de las tensiones sociales y económicas que estamos viviendo. Cuando Sarah dice que “la última palabra todavía no está dicha”, se refiere a la ciudadanía reclamando de forma más contundente un cambio de rumbo en las políticas. En definitiva, tal y como ella escribe, esta palabra todavía no dicha, la dirá la inteligencia y resistencia colectiva.
Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas»
Supongo que está acostumbrada a que le digan a menudo que hable de una utopía, que pida cosas imposibles en un mundo que parece que cada día premia más el egoísmo, la insolidaridad y la meritocracia
Es cierto que existe una tendencia fuerte al individualismo, a pensar cada uno en lo suyo, pero también existe toda una corriente de gente que no pensamos así, aunque nuestra voz cuesta más de oír. Si miramos la historia de las luchas sociales, vemos cómo muchas cosas que parecían imposibles se han hecho realidad: hace un tiempo parecía impensable que las mujeres pudiéramos votar, la jornada laboral de 40 horas, los derechos laborales, la educación y la salud pública universal. Hoy, estos derechos están reconocidos, aunque en su día eran vistos como utopías. Esto nos muestra que lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad si existe movilización social y voluntad política. En la medida en que la Renta Básica se convierta en una reivindicación política y ciudadana, también puede conseguirse. La Oficina del Plan Piloto fue posible gracias a partidos que recogieron esta demanda social, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se preguntaban «¿y ahora qué?» y la Renta Básica actuó como revulsivo. Hubo manifiestos, debates públicos y partidos que, en las elecciones, asumieron esa demanda como compromiso. Es cierto que movilizarse es difícil, sobre todo por las personas que más se beneficiarían de la Renta Básica. Vivimos atrapados en la rueda del trabajo y las responsabilidades familiares, de la supervivencia, del día a día y esto limita mucho la participación política. Aquellos que están en peores condiciones económicas y sociales son precisamente quienes tienen menos capacidad de manifestarse o reclamar derechos, porque están más atados de pies y manos, precisamente, atados por las cadenas que comentaba antes, las que segaría una Renta Básica.
¿Imagina el día que pueda decir que la Renta Básica ha sido posible a las personas que siempre lo han negado?
Estaría bien, pero me gusta más imaginar su implementación. En Cataluña, hace 25 años la Renta Básica se conocía y defendía en círculos universitarios, profesores y estudiantes de economía, sociología, filosofía o políticas por decir algunas carreras, y dentro de algunas organizaciones sociales y sindicales. Hoy, en cambio, existe una amplia red de profesionales, movimientos sociales y actores políticos que la reclaman y debaten su aplicación. De hecho, este libro es un reflejo de ese apoyo creciente: la idea se ha ido permeabilizando en la sociedad y cada vez más personas dejan de verla como un concepto abstracto o utópico para empezar a considerarla una medida factible y real.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Las fake news se han convertido en una realidad cotidiana: mentiras que circulan como la pólvora a través de redes sociales y medios poco fiables. Aquí podéis leer una selección de las noticias falsas o interesadamente parciales que Verificat ha ido desmintiendo a lo largo del mes de febrero.
La aparición de Pedro Sánchez, Aznar y el rey en los archivos de Epstein, que no está vivo ni en Tel Aviv ni en su isla del Caribe
El caso de Jeffrey Epstein ha generado 3,5 millones de documentos desclasificados, pero gran parte del debate público ha estado dominado más por el ruido que por los datos verificados. El nombre de Pedro Sánchez y del rey emérito Juan Carlos I aparece en los archivos en menciones indirectas o en recopilaciones de información. Algunos contenidos virales, como supuestas predicciones o conexiones, son en realidad lecturas incorrectas o descontextualizadas de documentos reales. En el caso del expresidente José María Aznar, consta como destinatario de dos paquetes enviados por Ghislaine Maxwell y Epstein a La Moncloa y a FAES, respectivamente.
También se han difundido teorías que cuestionan la muerte de Epstein, pero no tienen base. Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York, y las investigaciones oficiales concluyeron que se suicidó.
Cuidado con los titulares que aseguran que se ha encontrado “la cura del cáncer”
Varios titulares han afirmado que se ha encontrado “la cura del cáncer” a raíz de un estudio liderado por Mariano Barbacid en el CNIO, pero se trata de una afirmación exagerada. La investigación muestra regresión tumoral en ratones con cáncer de páncreas, no una cura probada en humanos. El cáncer engloba más de 200 enfermedades distintas, lo que impide hablar de una única solución universal.
Los expertos recuerdan que se trata de un paso preliminar dentro de un proceso largo y complejo. Presentarlo como una “cura” genera falsas expectativas y no refleja el funcionamiento real de la investigación científica.
¿Qué cobran los consejeros catalanes en las empresas públicas del Estado?
A raíz de la afirmación de que hay cargos de Junts en Renfe, Aena y RTVE que cobran entre 100.000 y 150.000 euros, Verificat ha investigado la presencia de catalanes en los consejos de administración.
Hay cuatro consejeros catalanes en RTVE —vinculados respectivamente a Junts per Catalunya, ERC, ICV y el PP— y su retribución anual es de 126.000 euros brutos. También hay cuatro catalanes entre los consejeros de Aena, uno de ellos vinculado a Junts y otro al PSC, con una retribución de 1.090,36 euros por reunión, con un total anual que no puede superar los 11.994 euros. Por último, en Renfe hay un consejero catalán vinculado a la ANC y otros en los consejos de administración sectoriales de la empresa pública, con un máximo de 11.994 euros anuales por consejero.
Los catalanes y los menores no acompañados no son los colectivos más odiados
No es cierto que los catalanes y los menores extranjeros no acompañados sean, en términos absolutos, los colectivos más odiados por la población española: estas afirmaciones exageran los datos de un estudio denominado Mapa de odios.
La encuesta muestra que, dentro de la categoría de colectivos por origen, etnia o nacionalidad, un 3 % de los encuestados dice sentir odio hacia los menores extranjeros no acompañados y un 1,9 % hacia los catalanes. Además, si se comparan con todos los colectivos, personas e instituciones incluidos en el estudio, catalanes y menores no acompañados quedan en la mitad del ranking, muy por debajo de figuras como Vladímir Putin o los machistas.
También se observa que los votantes de derechas tienden a expresar más rechazo o baja simpatía hacia los catalanes y los menores no acompañados, mientras que entre los progresistas estas actitudes son considerablemente más bajas.
Catalunya no lidera todos los ‘rankings’ de delincuencia
Los datos oficiales indican que Catalunya tiene una tasa global de delitos relativamente alta, con unos 63 delitos por cada 1.000 habitantes, pero eso no significa que encabece todos los tipos de delito.
Solo se sitúa en cabeza en algunas categorías concretas, como los intentos de homicidio, las agresiones sexuales con penetración, los hurtos, los robos con fuerza o con violencia y las estafas. En el resto de tipologías, se encuentra en la mitad de la tabla o por debajo de otras comunidades autónomas.
A escala europea, los datos de Eurostat muestran que Catalunya solo lidera uno de los siete tipos de delitos medidos —los robos violentos—, mientras que en el resto está lejos del primer puesto. Presentar a Catalunya como líder general de la delincuencia simplifica y distorsiona la realidad, que es mucho más matizada y depende del tipo de delito analizado.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
