Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Catalunya, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política –Junts per Catalunya– que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral.
La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
Junqueras, que sufrió la –injusta– prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender –esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»– y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
El 6 de junio, León XIV aterrizó en Madrid. Pasó tres días en la capital —la misa en Cibeles, el Bernabéu, los voluntarios en IFEMA, y un largo, unánime y cuestionable aplauso en el Congreso de los Diputados— antes de volar a Barcelona la tarde del 9. Lo recibieron los dos máximos representantes del poder catalán: el presidentSalvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull, dos hombres que se declaran públicamente creyentes practicantes en una ciudad donde, según los últimos datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, menos de uno de cada ocho vecinos pisaría de manera regular una iglesia. Casualidades de la representación democrática.
El bloque de ateos y agnósticos en el área metropolitana suma ya el 42,5% de la población adulta, cifra que triplica el porcentaje de católicos practicantes. Es decir: el Papa viajó a una ciudad que ya no es la suya. Aunque la ciudad lleve décadas sin decírselo a nadie en voz alta, y aunque el interés por la visita desbordara con mucho ese 13% que pisaría una iglesia por convicción durante el día del Señor.
Porque el Papa, desde Francisco y ahora con Robert Prevost —León XIV—, ha ido acumulando una base de simpatizantes que no figura en ninguna estadística de práctica religiosa: una izquierda laica, y en algunos casos explícitamente atea, que ve en los mensajes del pontificado un contrapunto útil a las figuras dominantes del momento, Trump y Netanyahu. Al contrario, curiosamente, de la derecha extrema española, que ve con recelo los mensajes humanistas de la Iglesia católica, incapaces de reflejar a pies juntillas los postulados ultraconservadores del Opus Dei, tan predominantes en los tiempos —no tan remotos— en que la doctrina cristiano-apostólico-romana era ley.
León XIV, en todo caso, llegó a Barcelona después de haberse dado un baño de multitudes en la capital. Lo hizo con una agenda que incluía una visita a Montserrat, lugar fetiche de la mística en toda su gama de colores: la cristiana, por supuesto —allí se halla La Moreneta—, pero también la de las comunidades que se reúnen para avistar ovnis, o la de las conspiraciones nazis que llevaron al mismísimo Himmler a adentrarse en la montaña en busca del Santo Grial. Pero esa es otra historia. El motivo principal de la visita a Barcelona era la consagración de la Sagrada Família, una vez alcanzada su altura máxima con la instalación de la Torre de Jesucrist, que la convierte en el templo católico más alto del mundo.
Cómo el Vaticano se convirtió en cuestión nacional
Durante días, los medios catalanes no hablaron de teología, ni de Gaudí, ni siquiera del papa como tal. Todo el debate giraba alrededor de qué lengua usaría el pontífice para bendecir la nueva Torre de Jesucrist. El problema comenzó cuando la Santa Sede publicó el misal oficial: el Papa diría algunas palabras en catalán, pero la bendición de la torre —el momento más mediático, el que todas las cámaras del mundo transmitirían— estaba prevista íntegramente en castellano. Un detalle litúrgico que acabaría generando unos días de revival procesista.
Junts envió una carta al president Illa exigiendo «todas las gestiones necesarias» ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella y el Vaticano. Junqueras escribió directamente a Omella, que había presidido la Conferencia Episcopal entre 2020 y 2024. Los obispos de Girona y Lleida se pronunciaron en favor del catalán, el Govern activó el Departament de Justícia, y Puigdemontllamó a recibir al Papa con esteladas y silbidos ante «el renacimiento del catolicismo franquista». Un renacimiento que, dicho sea de paso, parecía aparecer y desaparecer según la cuestión de que se tratara: por ejemplo, cuando tocaba votar en el Congreso junto a la extrema derecha católica y franquista para tumbar la ley de vivienda.
Esteladas para recibir al Papa en Barcelona. GUILLEM PUJOL
Y aunque la mayor parte de la instrumentalización de la cuestión catalana fue obra de esos actores, la cuestión de la lengua despertó un consenso más amplio —Vox aparte— en la sociedad catalana. Se recordaba, día sí y día también, que Antoni Gaudí, cuya obra magna sería bendecida por la máxima institución eclesiástica, fue detenido en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera por negarse a responder a los guardias en castellano, y pasó una noche en prisión antes de ser liberado.
El propio Papa, sobrevolando España camino de Madrid, había cerrado el asunto con algo de humor: «De momento solo sé decir bon dia». Que todo aquello movilizara en cascada obispos, diputados, consellers, entidades sociales y al mismísimo president en el plazo de 48 horas dice algo sobre la política catalana y su autoestima: que Catalunya es una nación orgullosa, y que a menudo se mueve frenéticamente por cosas que, en el fondo, no le interesan demasiado. Un fenómeno tan paranormal como la vida de los ángeles.
El templo de todos, el templo de nadie
La Sagrada Família es el monumento más visitado de España: tres millones y medio de personas pagan felizmente entrada cada año, una dicha que no comparte todo barcelonés, y menos aún los vecinos del barrio que lleva su nombre, que llevan décadas sin poder pasear por la zona con normalidad ni vivir sin el sonido de las grúas, que no han parado en ciento cuarenta años.
El templo se proyectó en 1881 sobre terrenos del entonces término de Sant Martí, cuando a su alrededor todo era campo. Era el momento en que el capitalismo industrial catalán necesitaba monumentos que consagraran su hegemonía tanto como sus fábricas: el modernisme como lenguaje estético de una clase que había hecho dinero y quería que se notara, que quería también ponerse bien con Dios antes de que el siglo cerrara las cuentas. Gaudí trabajó para Eusebio Güell, miembro de una de las familias más prominentes de la alta burguesía catalana. El Palau Güell, el Parque Güell, la Sagrada Família. Una cartografía del poder privado hecha piedra.
Barcelona, a finales del XIX, poco tenía que ver con la ciudad moderna y «abierta al mundo» —del turismo y del capital extranjero— que es hoy. La Iglesia controlaba cerca de un tercio de la riqueza del país y hacía funcionar sus negocios con mano de obra prácticamente esclava —huérfanos y monjas—, presionando a la baja los salarios de toda la clase trabajadora. En 1909, esa tensión estalló en la Semana Trágica, que convirtió Barcelona en una ciudad bajo las bombas y las barricadas: la Rosa de Foc. El detonante fue el embarque forzoso de tropas hacia Marruecos: los hijos de los ricos podían pagar para librarse, los de los obreros no. Ardieron 21 iglesias y 41 conventos. La Sagrada Família no ardió entonces, pero sí lo hizo en julio de 1936, cuando los milicianos anarquistas incendiaron la cripta y destruyeron las maquetas y los planos originales.
Todavía hoy, casi un siglo después, algo queda de ese arraigo popular contrario al templo –que une a quienes recuerdan esa historia y a quienes no–, una opinión común entre muchos barceloneses: pues a mí me parece muy fea.
Con todo eso de fondo, el Papa se dio su baño de multitudes en Barcelona, como había hecho días antes en Madrid. Su visita generó muchos debates, pero pocos sobre la figura del Papa en sí y menos sobre su incapacidad de denunciar abiertamente los abusos en la Iglesia. Se habló de identidades nacionales enfrentadas, de memorias históricas todavía activas, de agravios políticos acumulados y de la necesidad permanente de encontrar símbolos sobre los que proyectarlos. Nada de la Rosa de Foc: la pólvora lleva mojada mucho tiempo.
Y, por cierto, el Papa al final habló bastante en catalán. Tema zanjado. Ahora, por favor, a otras cosas.
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La salida de Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es solo una decisión procesal: es también un punto de inflexión en una causa que durante años ha funcionado como espejo de una etapa política entera. La Audiencia Nacional ha concluido que, a sus 95 años, el president no se encuentra en condiciones de declarar ni de asumir un proceso penal con garantías. El argumento es médico, humanista y estrictamente legal. El efecto, inevitablemente, es político.
El tribunal llega a esta conclusión después de meses de indefinición. Desde el inicio de la vista oral, los informes periciales coincidían en lo esencial: un deterioro cognitivo suficiente para impedir un interrogatorio en condiciones. Aun así, la sala optó por mantener abierta la posibilidad de su declaración. Solo tras una evaluación directa esta misma semana —con reconocimiento forense y entrevista personal— se ha cerrado definitivamente esa puerta.
El límite del proceso penal ante una figura central del poder
Lo que se cierra ahora no es solo una comparecencia, sino una expectativa. El juicio avanzaba con una anomalía de fondo: la figura que daba sentido al conjunto del caso permanecía fuera de escena, pero no fuera del proceso. Esa ambigüedad permitía sostener la idea de que, en algún momento, el relato judicial podría articularse en torno a su testimonio. Ese escenario ya no existe.
Como apunta Josep Carles Rius, el proceso no se reduce a la responsabilidad individual de un acusado, sino que remite a una época de Catalunya. El pujolismo no operó únicamente como una opción electoral prolongada en el tiempo, sino como una forma de organización del poder, con capacidad para estructurar relaciones institucionales, económicas y sociales durante décadas.
Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal plantea un problema difícil de encajar, no tanto en términos jurídicos como históricos, ya que la dilucidación de este entramado pierde ahora la figura simbólica que lo encarnaba.
Una memoria pendiente más allá del juicio
Durante años, Jordi Pujol ha sido una referencia central en la vida política catalana. No solo por su longevidad institucional, sino por la profundidad de su influencia. Como recordaba el periodista Txema Seglers, ha habido generaciones enteras para las que la política tenía un único nombre posible: “Si de pequeño te pedían el nombre de un político, solo sabías decir Jordi Pujol i Soley”.
Ese grado de centralidad explica que su salida del juicio no pueda interpretarse como un cierre. Cuando en 2014 reconoció la existencia de una fortuna no declarada, lo que se abrió fue una crisis de legitimidad que iba más allá de su figura. El caso dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema estructural. Afectaba a la credibilidad de un modelo político y a la forma en que ese modelo había gestionado sus propios límites.
El juicio ofrecía la posibilidad de ordenar ese debate en términos judiciales, pero la resolución de la Audiencia Nacional interrumpe ese recorrido. Lo hace, ciertamente, por razones que resultan difíciles de discutir desde una perspectiva humanista. Nadie puede ser juzgado sin capacidad de defensa, pero al mismo tiempo introduce una discontinuidad: el principal sujeto del caso deja de formar parte de la escena justo en el momento en que esta podía empezar a producir una explicación más articulada.
La salida de Pujol obliga a formular la pregunta en otros términos. No se trata de su capacidad para declarar, sino de la capacidad colectiva para interpretar una etapa y determinar hasta qué punto se han identificado sus mecanismos y de qué manera se integran en el relato político contemporáneo.
El juicio continúa. Pero la parte más incómoda del caso —la que tiene que ver con la memoria y con la estructura del poder— queda, de momento, fuera de la sala.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
