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AnteayerKolectivas

Alto TLC UE-México

21 Mayo 2026 at 09:00
Por: Arturo

No mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-MNo mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-M

Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

  1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

  1. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

  1. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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El ISDS es una amenaza para nuestro futuro

27 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

Fotografía: Reproducción de grafiti de banksy

Manifiesto de la Sociedad civil en contra del Sistema de disputa entre inversor y estado.

El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles. 

Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS. 

El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio  e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones. 

Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación. 

Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.

Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas. 

Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.  

Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo. 

Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales.  La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes.  La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.

Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:

  • Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
  • Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
  • Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
  • Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
  • Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Organizaciones firmantes

Global and regional

  1. 350.org
  2. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
  3. Amnesty International
  4. bilaterals.org
  5. CAN Europe
  6. CANLA (Climate Action Network Latin America)
  7. Caritas Europa
  8. Center for International Environmental Law (CIEL)
  9. Centroamérica Hub de Finanzas Sostenibles
  10. CIDSE
  11. Corporate Europe Observatory (CEO)
  12. E3G
  13. European Environmental Bureau
  14. European Trade Justice Coalition
  15. Financial Transparency Coalition
  16. Focus on the Global South
  17. Friends of the Earth Europe
  18. Friends of the Earth International
  19. Global Forest Coalition
  20. GRAIN
  21. Greenpeace
  22. IBON International
  23. JASS – Just Associates
  24. JESC-Jesuit European Social Centre
  25. Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment
  26. Nordic Climate Justice Coalition
  27. Oxfam International
  28. Pacific Network on Globalisation
  29. Peace Brigades International (PBI)
  30. Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC
  31. Protección Internacional Mesoamérica
  32. Red Europea Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
  33. Resource Justice Network
  34. Society for International Development (SID)
  35. Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
  36. Third World Network
  37. Transnational Institute
  38. We Don’t Have Time
  39. Yes to Life No to Mining

National

  1. 350 Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  2. Campaign Againbst Foreign Control of Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  3. Coal Action Murihiku, Aotearoa New Zealand
  4. Coal Action Network Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  5. Greenpeace Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  6. Lifestock inc Ltd, Aotearoa New Zealand
  7. Ngā Toki Whakarururanga, Aotearoa New Zealand
  8. Sustainable North Trust, Aotearoa New Zealand
  9. Zero Waste Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  10. Armenian Environmental Front volunteer initiative, Armenia
  11. AidWatch, Australia
  12. Australian Conservation Foundation, Australia
  13. Australian Fair Trade and Investment Network, Australia
  14. Australian Forests & Climate Alliance (AFCA), Australia
  15. Australian Manufacturing Workers Union, Australia
  16. Australian Religious Response to Climate Change, Australia
  17. Bushfire Survivors for Climate Action, Australia
  18. Climate Action Burwood/Canada Bay, Australia
  19. Climate Action Monaro, Australia
  20. Climate Action Network Australia, Australia
  21. Climate Emergency Australia, Australia
  22. Climate Reality Project Australia & Pacific, Australia
  23. Combined Retired Union Members Association (CRUMA), Australia
  24. Currie Country Social Change Aboriginal Corporation, Australia
  25. Darebin Climate Action Now, Australia
  26. Friends of the Earth Australia, Australia
  27. GeneEthics, Australia
  28. Jubilee Australia, Australia
  29. Lighter Footprints, Australia
  30. Migrante Australia of New South Wales, Australia
  31. Nature Conservation Council of NSW, Australia
  32. New South Wales Nurses & Midwives’ Association, Australia
  33. NSW Retired Teachers’ Association, Australia
  34. Parramatta Climate Action Network, Australia
  35. Peoples Climate Assembly, Australia
  36. SEARCH Foundation, Australia
  37. Social Responsibilities Committee Anglican Church Southern Queensland, Australia
  38. South Coast Labour Council, Australia
  39. Sutherland Shire Environment Centre, Australia
  40. Tax Justice Network Australia, Australia
  41. Union Aid Abroad – APHEDA, Australia
  42. Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, Australia
  43. Victorian Trades Hall Council, Australia
  44. Vote Earth Now, Australia
  45. AK Europa, Austria
  46. Anders Handeln Austria, Austria
  47. Attac Austria, Austria
  48. GLOBAL 2000, Austria
  49. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
  50. Transform! at, Austria
  51. 11.11.11, Belgium
  52. achACT, Belgium
  53. ACV-CSC, Belgium
  54. ATTAC Belgium, Belgium
  55. Broederlijk Delen, Belgium
  56. Centre Tricontinental (CETRI), Belgium
  57. CNCD-11.11.11, Belgium
  58. Entraide & Fraternité, Belgium
  59. Fédération des services sociaux, Belgium
  60. Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium
  61. Solsoc, Belgium
  62. vzw Climaxi, Belgium
  63. Fundación Internet Bolivia, Bolivia
  64. Fundación Solón, Bolivia
  65. Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino PAAC, Bolivia
  66. SOMOS SUR, Bolivia
  67. TerraJusta, Bolivia
  68. Instituto EQUIT – Gender, Economy and Global Citizenchip, Brazil
  69. REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brazil
  70. Dukingire Isi Yacu (DIY), Burundi
  71. Association for Solidarity through Humanitarian Imperative Action International, Cameroon
  72. Green Development Advocates (GDA), Cameroon
  73. Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Canada
  74. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
  75. Attac Québec, Canada
  76. BC Casa Vancouver Island, Canada
  77. Black Environmental Initiative, Canada
  78. Canadian Association of the Club of Rome (CACOR), Canada
  79. Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada
  80. Canadian Interfaith Fast For the Climate, Canada
  81. Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Canada
  82. Citizens Climate Lobby Canada, Canada
  83. Climate Action Network Canada (CAN-Rac), Canada
  84. Common Frontiers, Canada
  85. Grandmothers Act to Save the Planet (GASP), Canada
  86. Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
  87. Legal Advocates for Nature’s Defence, Canada
  88. Maquila Solidarity Network, Canada
  89. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
  90. Mining Injustice Solidarity Network, Canada
  91. MiningWatch Canada, Canada
  92. National Union of Public and General Employees (Canada), Canada
  93. Trade Justice Network, Canada
  94. Chile Mejor sin TLC, Chile
  95. Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Colombia
  96. Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
  97. Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia
  98. LazosTech, Colombia
  99. Magazín de la Amazonía y Moviccapp, Colombia
  100. Observatorio Ambiental Ciudadano – Veeduría Ciudadana, Colombia
  101. Shambala, Colombia
  102. Youth Council – La Primavera – Vichada, Colombia
  103. Shujaa-Initiative, Congo DRC
  104. Colombia Solidarity, Denmark
  105. CRAC, Denmark
  106. Den Grønne Ungdomsbevægelse, Denmark
  107. Fossilfri Fremtid, Denmark
  108. Frie Bønder Levende Land (Danish La Via Campesina), Denmark
  109. NOAH – Friends of the Earth Denmark, Denmark
  110. Amigas de la Tierra, España
  111. ATTAC España, España
  112. Colectivo Sur Cacarica, España
  113. Confederación General del Trabajo, España
  114. Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española, España
  115. Ecologistas en Acción, España
  116. Enginyeria sense Fronteres, España
  117. Enginyeria sense fronteres de les Illes Balears, España
  118. Fundación Vida Sostenible, España
  119. Intersindical Solidària, España
  120. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España
  121. Medicusmundi Spain, España
  122. Observatori del Deute en la Globalització (ODG), España
  123. Recortes Cero, España
  124. REVO Prosperidad Sostenible, España
  125. Salva la Selva, España
  126. Unión Universal Desarrollo Solidario, España
  127. Austrian Trade Union Federation, Europe
  128. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Fiji
  129. Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France
  130. Attac France, France
  131. BLOOM, France
  132. CliMates, France
  133. Confédération paysanne, France
  134. France Amérique Latine, France
  135. France Nature Environnement, France
  136. GAFE-France, France
  137. MABD, France
  138. Notre Affaire A Tous, France
  139. Reclaim Finance, France
  140. Veblen Institute, France
  141. Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia
  142. Andy Gheorghiu Consulting, Germany
  143. Attac Berlin, Germany
  144. Attac Germany, Germany
  145. BUND Regionalverband Nordschwarzwald/ D, Germany
  146. CADEHO Menschenrechtskollektiv, Germany
  147. FDCL – Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany
  148. German NGO Forum on Environment and Development, Germany
  149. Hamburger Energietisch e. V., Germany
  150. Hondurasdelegation, Germany
  151. Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Germany
  152. Misereor, Germany
  153. Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
  154. PowerShift e.V., Germany
  155. Stiftung Asienhaus, Germany
  156. Umweltinstitut München e.V., Germany
  157. Weltladen Hailer, Germany
  158. Zukunftsrat Hamburg, Germany
  159. NatureFriends Greece, Greece
  160. Residencia Pacífica La Puya, Guatemala
  161. Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras
  162. Red de abogadas defensoras de derechos humanos, Honduras
  163. National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary
  164. Association for Promotion Sustainable Development, India
  165. Samata, India
  166. The Future We Need, India
  167. Aceh Wetland Forum, Indonesia
  168. Coalition Against Mining in Aceh, Indonesia
  169. Ekologi Maritim Indonesia, Indonesia
  170. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
  171. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia
  172. KRuHA – people’s coalition for the right to water, Indonesia
  173. Puanifesto, Indonesia
  174. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
  175. Think Inc Indonesia Legal Office, Indonesia
  176. Afri (Action from Ireland), Ireland
  177. Christian Aid Ireland, Ireland
  178. Comhlámh, Ireland
  179. Communities Against the Injustice of Mining (CAIM network), Ireland
  180. Earth Restore, Ireland
  181. Financial Justice Ireland, Ireland
  182. Friends of the Earth Ireland, Ireland
  183. Green Greystones, Ireland
  184. National Council for People with Disabilities (NCPD), Ireland
  185. Trócaire, Ireland
  186. ATTAC Italia, Italy
  187. Fairwatch, Italy
  188. Rinascimento Green, Italy
  189. Community Action For Health And Development (CAHED), Kenya
  190. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Luxembourg
  191. Mouvement Ecologique, Luxembourg
  192. Seniors for Climate Luxembourg, Luxembourg
  193. Consumers’ Association of Penang, Malaysia
  194. Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), Malaysia
  195. Friends of the Earth Malta, Malta
  196. GeoComunes, México
  197. MIRA Feminismos y Democracias, México
  198. Otros Mundos Chiapas, México
  199. Procesos Integrales para la Autogestion de los pueblos, México
  200. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
  201. Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
  202. Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), México
  203. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, México
  204. Justiça Ambiental JA!, Mozambique
  205. Both ENDS, Netherlands
  206. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
  207. Handel Anders! (Dutch Trade Justice Coalition), Netherlands
  208. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands, Netherlands
  209. OECD Watch, Netherlands
  210. Platform Duurzame en Solidaire Economie, Netherlands
  211. Working group Food Justice, Netherlands
  212. Nigerian Women Agro Allied Farmers Association, Nigeria
  213. Policy Alert, Nigeria
  214. Renevlyn Development Initiative, Nigeria
  215. Handelskampanjen, Norway
  216. Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá
  217. Ecological Society of the Philippines, Philippines
  218. Legal Rights and Natural Resources Center – Friends of the Earth Philippines, Philippines
  219. Sibuyanon Against Mining, Philippines
  220. Polish Zero Waste Associaion, Poland
  221. Campo Aberto, Portugal
  222. CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, Portugal
  223. Ecomood Portugal, Portugal
  224. Extinction Rebellion Minho, Portugal
  225. GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, Portugal
  226. Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, Portugal
  227. TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal
  228. ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Portugal
  229. ActionAid International Senegal, Sénégal
  230. ONG Solidarité Ci Sutura, Sénégal
  231. Umanotera, Slovenia
  232. Alternative Information & Development Centre (AIDC), South Africa
  233. Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Sweden
  234. Alliance Sud, Switzerland
  235. Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, Switzerland
  236. Public Eye, Switzerland
  237. Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE Foundation), Tanzania
  238. TATIC, Tanzania
  239. Baloos Foundation, Timor Leste
  240. Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago
  241. Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC), Uganda
  242. ABColombia, United Kingdom
  243. Action for Southern Africa (ACTSA), United Kingdom
  244. Balanced Economy Project, United Kingdom
  245. CAFOD, United Kingdom
  246. Campaign against Climate Change, United Kingdom
  247. Compassion in World Farming, United Kingdom
  248. Corporate Justice Coalition, United Kingdom
  249. Debt Justice UK, United Kingdom
  250. Earth Thrive, United Kingdom
  251. EcoNexus, United Kingdom
  252. Encountering Existence Ltd, United Kingdom
  253. Environmental Justice Foundation (EJF), United Kingdom
  254. Environmental Network for Central America (ENCA), United Kingdom
  255. Faith for the Climate, United Kingdom
  256. Fire Brigades Union, United Kingdom
  257. Fresh Eyes, United Kingdom
  258. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
  259. Friends of the Earth Scotland, United Kingdom
  260. Fuel Poverty Action, United Kingdom
  261. Gaia Foundation, United Kingdom
  262. Global Justice Now, United Kingdom
  263. Global Witness, United Kingdom
  264. Green New Deal Rising, United Kingdom
  265. Greenpeace UK, United Kingdom
  266. Labour Behind the Label, United Kingdom
  267. London Mining Network, United Kingdom
  268. Mothers Rise Up, United Kingdom
  269. Oxfam GB, United Kingdom
  270. PCS Union, United Kingdom
  271. Positive Money, United Kingdom
  272. Stamp Out Poverty, United Kingdom
  273. Tipping Point UK, United Kingdom
  274. Trade Justice Movement, United Kingdom
  275. War on Want, United Kingdom
  276. Weald Action Group, United Kingdom
  277. 350 Bay Area Action, United States
  278. 350 Wisconsin, United States
  279. Alliance for Global Justice, United States
  280. Center for Economic and Policy Research (CEPR), United States
  281. Cross Border Network for Justice & Solidarity, United States
  282. Denver Justice and Peace Committee, United States
  283. Earth Ethics, Inc., United States
  284. Earthworks, United States
  285. Global Justice Ecology Project, United States
  286. Indigenous Research Center of the Americas, United States
  287. Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
  288. Institute for Policy Studies – Global Economy Project, United States
  289. Latin America Solidarity Coalition, United States
  290. Local Futures, United States
  291. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), United States
  292. NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, United States
  293. Nicaragua Solidarity Coalition, United States
  294. Portland Central America Solidarity Committee (PCASC), United States
  295. Public Citizen, United States
  296. Rethink Trade, United States
  297. Rochester Committee on Latin America, United States
  298. SAFES, United States
  299. Sierra Club, United States
  300. Sisters of Mercy of the Americas – Washington DC Justice Team, United States
  301. Trade Justice Education Fund, United States
  302. United Church of Christ, United States
  303. Cross border organizing working group / line 5 coalition, United States and Canada
  304. REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Uruguay
  305. NatureWize Vietnam, Vietnam
  306. Yemeni Observatory for Human Rights, Yemen
  307. Climate Action Network Zimbabwe, Zimbabwe

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170 organizaciones denuncian la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur al vulnerar principios democráticos fundamentales

27 Febrero 2026 at 17:07

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.

· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».

· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

“Un desprecio a la democracia”

Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.

Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud. 

“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.

Impactos sociales y climáticos ignorados

Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.

En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.

Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

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Coincidea: “Primera Compra Colectiva Nacional de Productos Ecológicos”

Coincidea, red social de consumo colaborativo y ecológico

A la voz de “quiero productos ecológicos asequibles” da comienzo esta campaña en la Red Social del Consumo Colaborativo: coincidea.com. Aquí ha nacido un Grupo donde nos congregamos los consumidores de toda España de productos ecológicos, vegetarianos, “bio”… junto a sus comerciantes.

Con la unión en masa de los consumidores es posible crear un mercado más justo. ¿Cómo? Apoyando al comerciante ecológico y agrupándonos para generar una gran demanda que permita precios asequibles.

Coincidea es la red social de los Grupos de Consumo Colaborativo (libre y gratuita). El encuentro entre consumidores y comerciantes, donde cualquier usuario puede crear un Grupo de Consumo para convocar a los que estén interesados y hacerse fuertes. Ahora nos estamos uniendo aquellas personas que tenemos una firme conciencia ecológica. Aquellos que creemos que no hay evolución posible sin un desarrollo ecológico de la sociedad. Unidos por una idea: en la unión de los consumidores reside una fuerza soberana capaz de cambiarlo todo, en conjunción con los comerciantes y hacia una conciencia colectiva.

El sistema es muy simple: reunir online a consumidores interesados en adquirir productos ecológicos, junto a comerciantes, distribuidores o productores, impulsando así una gran alianza por el consumo ecológico. De esta forma, los comerciantes harán sus ofertas con el precio y la cantidad mínima a vender para que se mantenga ese precio. De todas estas ofertas, cada consumidor se apunta a la que más le guste (o a ninguna si nada le interesa). Una vez apuntado a una oferta puede abandonarla sin penalización siempre que ésta no se haya activado todavía. La oferta se activa cuando alcanza su cantidad mínima, la que haya estipulado el comerciante. Una vez  se activa la oferta el consumidor debe hacer el pedido. Si no lo hace, recibirá una penalización que quedará visible en su perfil, indicando así que no es una persona comprometida con el sistema. La relación es directa entre consumidor y ofertante, y es este último quien establece el procedimiento de compra.

Coincidea es una red social en la que no hay intermediarios y no nos llevamos ningún porcentaje por las compras. No es una web de compras.

Porque sumar es poder: Súmate a la unión en masa para adquirir productos ecológicos. Accede directamente al grupo (registrándote o haciendo login si ya eres usuario/a). Entra, mira, y si te gusta, participa.

Y de paso… imagina todo lo que puedes hacer.

Javier Cózar Zabaleta.
Presidente de Coincidea, en Twitter @Coincidea

Para saber más:

Carta abierta al Consejo y a la Comisión contra la aplicación provisional de UE-Mercosur

24 Febrero 2026 at 20:12
Por: Arturo

Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,

Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.

El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.

La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.

La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.

Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo. 

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El gobierno británico suspende el pedido a la armamentística israelí Elbit Systems tras la huelga de hambre de los activistas de Palestine Action

16 Enero 2026 at 00:00
Por: (tortuga)

Redacción El Salto

A la espera del juicio y encarcelados preventivamente por delitos relacionados por su participación en las acciones de Palestine Action, tres de los activistas presos han decidido abandonar la huelga de hambre. Una de ellas. Heba Muraisi, de 31 años, llevaba más de 70 días en huelga. Muraisi ha sido trasladada de prisión a una más cercana a su entorno familiar. Esta ha sido la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Otros de los cuatro activistas que también estaban en huelga de hambre, habían decidido pausar la protesta por motivos de salud. Ahora, no la reanudarán. Desde hace días se temía por la vida de estas personas, que han llevado su reivindicaciones al límite. Algunos de ellos habían tenido que ser hospitalizados por estar en riesgo de muerte. Solo una persona, Umer Khalid, que lleva en huelga un mes, es la única persona que mantiene la protesta. “Solo pudimos hablar pocos minutos cuando entró alguien a sacarle el teléfono. No tenemos contacto desde entonces, no sabemos nada de él”, afirma a El Salto Francesca Nadin, portavoz de Prisioners 4 Palestine, desde Londres.

Desde esta organización aseguran que los y las huelguistas han permanecido firmes en sus demandas y sabían que el sacrificio era muy grande. “Y no lo hicieron preocupadas por su propia salud, todo lo contrario. Estaban muy, muy claras con todo esto, siempre lo decían y lo repitieron hasta el final: que iban a seguir hasta ganar las demandas”, explica Nadin.

“Una victoria rotunda”

El motivo para abandonar la protesta ha sido el paso dado por el gobierno británico, que da respuesta a una de las demandas del grupo: no adjudicar un nuevo contrato —por valor de 2.000 millones de libras— que estaba previsto a Elbit Systems UK, una filial de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelíes.

Prisoners 4 Palestine asegura que se trata de “una victoria rotunda para lxs huelguistas de hambre, que resistieron con sus cuerpos, tras los muros y los barrotes de las prisiones, para sacar a la luz el papel de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas israelí, en la colonización y ocupación de Palestina”. Puntualizan que la pérdida de este contrato de 2000 millones de libras esterlinas marca “un punto de inflexión significativo” en esta “sórdida alianza estratégica” y auguran que “los días de Elbit en Gran Bretaña están contados”.

En palabras de Francesca Nadin, “Está claro que esta huelga, además de otras campañas, ha aumentado la presión sobre el Gobierno británico con todo lo que está haciendo con respecto a la represión de activistas y lo que éste sigue haciendo en Palestina. Esto se suma al contexto más grande de la huelga, el poner el foco en eso, y tener a toda la gente de este país hablando de lo mismo”.
Vulneración de derechos básicos

Desde que entraron en prisión, los activistas vienen denunciando una serie de vulneraciones básicas. En primer lugar, no hay que olvidar que el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, pero si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, estos habrán pasado más de un año en prisión preventiva. En segundo lugar, Palestine Action ha asegurado que hasta ahora, los detenidos han vivido sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias.

También esta situación parece que va a empezar a cambiar. Según Prisioners 4 Palestine, “a pesar de la cruel y constante negligencia médica que sufrieron lxs huelguistas de hambre, como la denegación de ambulancias en casos de emergencia vital y los tratos degradantes en el hospital”, los y las responsables de la atención sanitaria en prisiones se habrían reunido con la organización, “a petición del Ministerio de Justicia”, detallan. Los y las activistas presas también han podido empezar a recibir paquetes y correo que antes se les había retenido.

Palestine Action pedía también la documentación que acredite las relaciones entre los funcionarios del Estado británico con Israel —algo que habría podido suceder—, se exige que se publiquen los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años y que se rescindan todos los contratos pendientes con la filial. Por último, también se pide la retirada de cargos de los activistas presos y que se elimine a Palestine Action de la lista de “organizaciones terroristas”.

Una clasificación “desproporcionada”

Palestine Action es una organización que fue clasificada como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de sus activistas allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems. Esta clasificación ocasionó gran malestar entre las organizaciones internacionales de derechos humanos por considerarla “desproporcionada”. Incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades del país a revocar la decisión y consideró que gobierno británico estaba confundiendo “la libertad de expresión con actos de terrorismo”. Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

Además de encarcelar a estos activistas de manera preventiva por “daños criminales, robo y disturbios violentos”, el gobierno británico ha arrestado a unas 1.600 personas relacionadas con la organización. El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años.

A pesar de este panorama, Nadin defiende que la situación de los presos ha animado a la gente en muchos lugares a tomar acciones muy parecidos a las de Palestine Action, y que ha habido decenas durante el tiempo que ha durado la huelga. “Sabemos que han empezado grupos como Palestine Action en cerca de 24 países, porque claro, en otros países no es ilegal”, indica. Admite con orgullo que este miércoles la noticia del fin de la huelga salió en todos los medios masivos de Reino Unido, “de manera que reconocieron esta victoria. Entonces, algo ha cambiado desde el principio al final de esta huelga porque al principio, durante semanas, nos ignoraron por completo”, concluye la activista.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/reino...

El gobierno español activa la cláusula para sortear el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena

27 Diciembre 2025 at 00:00
Por: (tortuga)

Alejandro López de Miguel - Itziar Elizalde

El Gobierno estrena el botón del pánico para esquivar el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena, en pleno parón navideño. El Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el último del año, ha acordado recurrir por primera vez a la cláusula de escape que introdujeron en el real decreto-ley de embargo, aprobado en septiembre.

En la misma jornada, el Ejecutivo también ha acordado destinar algo más de 2.000 millones de euros a partidas relacionadas con la Defensa, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos con la OTAN.

Fuentes de Moncloa reconocen a Artículo14 que esta “excepción” en el embargo se ha utilizado “para que Airbus pueda seguir fabricando en España, tal y como marca el decreto”. Este mecanismo para soslayar los controles fue duramente criticado por los aliados parlamentarios de izquierdas de la coalición, así como por el socio minoritario del Gobierno, Sumar.

Temían que sirviera para seguir comprando y vendiendo armas al régimen de Benjamín Netanyahu, a sus empresas o a las que operan en los territorios ocupados por Israel. Desde el Gobierno confirman que esta “excepción”, que se activa por acuerdo del Consejo de Ministros, se utiliza ahora por primera ocasión: “Está pensada para cuestiones así”. Y rechazan que vaya a servir para comprar o vender armas a Israel.
Salvar las piezas del A400M

En este sentido, distintos medios se han hecho eco este martes de la petición del gigante aeronáutico europeo al Gobierno para que activase esta cláusula, recogida en la disposición adicional primera del decreto ley “de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”.

Airbus trasladó las dificultades que venía arrastrando con el desarrollo del avión de transporte A400M, según informa El Español. En concreto, con los impedimentos para importar la tecnología israelí que puedan requerir los clientes que adquieran estas aeronaves, y no con los componentes específicos que incorpora.

El texto del acuerdo aprobado por el Ejecutivo no detalla los componentes concretos a adquirir, ni ningún dato específico; tampoco alude a ningún importe o impacto económico.

Airbus, junto a Indra y Escribano Mechanical & Engineering, es uno de los grandes ganadores de los Programas Especiales de Modernización (PEMs), dispuestos por el Gobierno para lograr cumplir con el compromiso de gasto del 2,1% del PIB en Defensa.

Es, además, un jugador relevante en el ámbito industrial español. Con ocho centros en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, la compañía genera más de 14.000 puestos de trabajo y aporta cerca de 2.800 millones de euros al Producto Interior Bruto.
Sin detalles

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no aludió a esta cuestión en su primera rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo. A menudo, además, la referencia del Consejo de Ministros es parca en detalles.

En este caso, el acuerdo básicamente alude en genérico a “la transferencia de determinado material de defensa y doble uso, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre”.

La disposición adicional a la que se refiere el acuerdo puede activarse cuando el Gobierno considere que la aplicación del embargo “suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)”.

La presidencia de este organismo, la JIMDDU, que debe estudiar e informar antes de que se aplique una excepción al embargo, corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Economía. Fuentes del departamento que lidera Carlos Cuerpo aseguraron no tener más información sobre este acuerdo.

Una cláusula que planeaban “evitar”

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha situado la denuncia del “genocidio” en Palestina en el centro de su política internacional -y doméstica-, ha mantenido estos dos años que España dejó de comprar y vender armas a Israel en octubre de 2023. Sin embargo, el ejemplo de contratos como el conocido en Semana Santa para adquirir 17 millones de balas a una empresa de este país, que no se rescindió oficialmente hasta septiembre de 2025, evidencian que estas relaciones comerciales seguían existiendo.

Teóricamente, el decreto de embargo debía servir para “blindar” legalmente la prohibición de mantener relaciones comerciales con el Estado hebreo. El Gobierno logró su convalidación en el Congreso de los Diputados en octubre, con el apoyo de Podemos, que durante semanas advirtió de que se trataba de un “decreto fake“.

El 8 de septiembre, Sánchez compareció sin previo aviso en Moncloa para anunciar este real decreto. Se aprobó en Consejo de Ministros dos semanas después, tras las multitudinarias protestas en Madrid contra la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España (14 de septiembre). La cláusula de escape no trascendió hasta la rueda de prensa de Cuerpo después del Consejo de Ministros.

En su día, el Ejecutivo argumentó que este botón del pánico permitiría “una excepción puntual de manera excepcional”. También aseguró que aspiraba a “minimizar, y si es posible evitar” su uso. La ha utilizado exactamente tres meses después de estas palabras.

Inversión en Defensa

La última cita del año sirvió también para dar el último empujón presupuestario a la inversión en Defensa, con el objetivo de cumplir con las exigencias de la Alianza Atlántica. En total, se dio luz verde a un gasto de más de 2.001,22 millones de euros. Casi la mitad del importe corresponde a la adquisición de camiones tácticos para las Fuerzas Armadas. Otro 21,5% del gasto (430 millones de euros) se destinará a la construcción de cuatro submarinos S-80, y un 17,66% a infraestructura global y ciberseguridad.

Así, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa a suscribir un acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico de las unidades, con una duración de cuatro años desde su formalización, con posibilidad de dos años de prórroga.

El Ejército de Tierra ha definido cuatro tipos de camión, desde modelos medios todoterreno 4×4 hasta uno pesado 8×8, con capacidad de carga de, al menos, 15.000 kilogramos. Su finalidad es “completar y mejorar la cobertura” de estos vehículos, así como “afrontar la renovación de la flota en aquellos casos en los que hayan finalizado o estén próximos al final de su ciclo de vida”.

Submarinos

El segundo acuerdo, por valor de 432,04 millones, autoriza la modificación de la Orden de Ejecución Complementaria para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. Estos buques son el proyecto insignia de la defensa naval, liderado por Navantia, la constructora naval pública.

Con esta nueva ampliación, el coste total del programa rozará los 4.500 millones de euros. “Esta modificación es necesaria para poder alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques”, ha argumentado Defensa.

Por otra parte, el Ejecutivo invertirá 353,54 millones en el equipamiento y los servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, junto con herramientas de ciberseguridad de uso transversal del Ministerio de Defensa. El acuerdo tendrá una duración de tres años, desde el 1 de junio de 2026 o desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de mayo de 2029, con posibilidad de una prórroga adicional de un año.

Asimismo, el Consejo ha autorizado otra partidas de menor importe. Entre ellas, la contribución voluntaria de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en 2025, por importe de 100 millones.

En total, una inyección extraordinaria de 2.000 millones de euros. Más la activación de la cláusula de escape. Todo, en mitad de las vacaciones de Navidad, cuando buena parte de los ciudadanos acostumbran a desconectar de la actualidad.

Fuente: https://www.articulo14.es/politica/...

Otra Feria más de FEINDEF, otro año más de lucha antimilitarista

21 Mayo 2023 at 20:37
Por: Eva
Ante la celebración de FEINDEF 2023, la Plataforma Desarma Madrid ha vuelto a salir a la calle para denunciar la inmoralidad, inhumanidad e injusticia que supone el comercio de armas. El día 17, las vecinas de Chamartín se concentraron junto al nosolito de Prosperidad para decir alto y claro No a la Guerra ¡, No Leer más ...
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