Un informe demoledor elaborado por Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga desvela que el gasto militar real del Estado español alcanzará los 80.000 millones de euros en 2026. Bajo el título “La política del miedo”, el documento expone con detalle cómo este gasto se esconde tras una compleja arquitectura presupuestaria y recae desproporcionadamente sobre las clases populares, mientras se sacrifica la inversión en sanidad, educación y servicios sociales.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Descarga del informe: https://www.grupotortuga.com/La-pol...
España enfrenta un ciclo de rearme que ha transformado profundamente sus prioridades presupuestarias. Según el informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga, la política del miedo: 80.000 millones de gasto militar para 2026” el gasto militar real crecerá hasta 80.000 millones de euros para 2026, si se suman partidas oficiales, ocultas y deuda asociada, lo que convertiría el esfuerzo militar en uno de los pilares económicos del Estado. Esta cifra —muy superior a los presupuestos reconocidos oficialmente— sitúa el gasto en un nivel comparable a casi el 4,5 % del PIB o más según diversos escenarios de estimación.
Este crecimiento no es una anomalía: el informe señala que, desde 2018, el presupuesto militar se ha incrementado de manera sostenida y acelerada, sin importar la orientación política del gobierno —sea de izquierda o derecha— y con un déficit de debate social proporcional al crecimiento del gasto. El gasto militar real superó en 2025 los 66.000 millones de euros, de los cuales más de 33.000 millones son ocultos fuera del Ministerio de Defensa en partidas no transparentadas. El uso de deuda pública, créditos extraordinarios y pagos plurianuales hace que la cifra real, en efecto, se asemeje más a esos 80.000 millones proyectados para 2026 que a los presupuestos oficiales anunciados.
Más allá de las cifras oficiales: gasto oculto, deuda y “matrioshka” presupuestaria
Una de las principales tesis del informe es que las cifras oficiales ofrecidas por el Estado sobre gasto militar —habitualmente alrededor de 2 % del PIB, en línea con compromisos de la OTAN— son profundamente insuficientes para comprender la dimensión real del rearme. Según datos de la propia OTAN y del gobierno español, España busca alcanzar el 2 % del PIB en gasto militar en 2025 tras aprobar un incremento extraordinario de más 10.000 millones de euros para este objetivo.
Sin embargo, el informe de Rois y el Grup Tortuga demuestra que estas cifras oficiales no contabilizan una parte considerable del gasto militar real. Más allá de los presupuestos reconocidos por el Ministerio de Defensa, existen partidas dispersas en otros ministerios, créditos extra presupuestarios, fondos de contingencia y, sobre todo, compromisos plurianuales que obligarán a pagar más deuda en el futuro. Esta estructura de presupuesto es descrita por los autores como una “matrioshka presupuestaria”: capas de gastos que se esconden unas dentro de otras hasta elevar sustancialmente la verdadera factura militar.
En 2025, por ejemplo, el gasto reconocido oficialmente fue de 33.123 millones de euros, pero sólo con partidas ocultas, fondos extraordinarios y deuda imputable a Defensa, se alcanza la cifra de 66.078 millones. Y para 2026 el informe estima que, incluso en el escenario “bajo”, el gasto militar superará los 71.000 millones de euros, llegando a más de 90.000 millones en el escenario alto.
¿Quién paga el rearme? La carga recae sobre los de siempre
No es solo la dimensión del gasto lo que preocupa a los autores del informe, sino cómo se financia y quién lo soporta. Rois y el Grup Tortuga señalan que el sistema fiscal español tiene una baja progresividad, de forma que el esfuerzo fiscal necesario para sostener un gasto militar creciente recae desproporcionadamente sobre los hogares de menor renta.
El análisis detallado por deciles de ingreso muestra que el 30 % más pobre de la población realiza un esfuerzo mayor que el 1 % más rico para sostener el gasto militar y las rentas de capital. Según el informe, los aumentos de 0,1 % del PIB dedicados a gasto militar implican una carga fiscal hasta cinco veces mayor para los estratos de menor renta que para los más ricos. Es decir, los sectores que menos tienen pagan más en proporción a sus ingresos para financiar un aparato militar que, paradójicamente, les ofrece pocos beneficios sociales directos.
Por ejemplo, el gasto militar per cápita oficial en 2018 equivalía a 10,05 % de la renta promedio del primer decil, frente al 0,91 % para los más ricos. En 2023 esta brecha se mantuvo, y con las cifras reales ampliadas hasta 2025, el 30 % más pobre soporta una carga media cinco veces superior a la del 10 % más rico en términos absolutos, y entre 70 y 170 veces más en términos del esfuerzo sobre la renta.
Este tipo de regresividad fiscal pone en evidencia lo que el informe llama un alto coste de oportunidad: cada euro dedicado al gasto militar es un euro que no se invierte en servicios sociales, sanidad pública, educación, vivienda o políticas ecológicas. Para las capas populares, este coste es ofensivo porque profundiza desigualdades preexistentes.
Gasto militar y control social: una alianza peligrosa
El análisis de Rois y el Grup Tortuga no se queda en las cifras económicas; también subraya cómo el aumento del gasto militar va acompañado de un crecimiento paralelo del gasto en control social, entendido como las partidas destinadas a interior, policía, orden público y seguridad autonómica. En 2025, este gasto extra militar cuantificable superó los 12.100 millones de euros, elevando el gasto en seguridad y defensa casi al 5 % del PIB.
Este auge del gasto securitario acompaña una lógica de militarización de la vida civil: tecnologías de vigilancia, doctrinas de control social y presencia de fuerzas armadas en funciones que van más allá de la defensa tradicional. El informe sostiene que esta lógica no produce una mayor seguridad humana, sino mayor inseguridad al priorizar la militarización sobre soluciones sociales y comunitarias.
Despejando mentiras: propaganda, miedo y legitimación del gasto
La narrativa dominante en la política oficial sostiene que España necesita incrementar su gasto militar por motivos de seguridad ante amenazas internacionales. Según el reporte, esta narrativa forma parte de una “política del miedo” que justifica el rearme como respuesta necesaria a peligros hipotéticos. Sin embargo, el informe cuestiona esta narrativa, señalando que España ya ocupa puestos relevantes en rankings de potencia militar (17º a nivel mundial en gasto militar si se consideran rankings oficiales), y que no existe una correlación clara entre mayor gasto y mayor seguridad real de la población.
Además, los autores ponen en contexto las operaciones militares en el exterior: con más de 100 operaciones desde los años 90, España destina alrededor de 1.800 millones de euros al año a este tipo de despliegues, y mantiene una presencia estratégica en regiones como el Sahel, en coordinación con políticas militares de la OTAN y los Estados Unidos. Este activismo militar internacional contrasta con las necesidades sociales internas no cubiertas, y forma parte de una lógica geoestratégica que favorece al complejo militar-industrial.
El mito del rearme económico: ¿estimula o drena la economía?
En el debate público es común escuchar que el gasto en defensa puede estimular la economía —una idea a veces llamada “keynesianismo militar”. El informe desmantela esta idea, señalando que el aumento del gasto militar no necesariamente produce un crecimiento económico equilibrado ni empleo sustentable. El dinero invertido en armamento y tecnologías militares se concentra en sectores específicos con retornos limitados para la economía general, mientras que agrava el endeudamiento público y estrecha el margen fiscal para medidas sociales y climáticas.
Además, la relación entre gasto militar y empleo es menos vigorosa de lo que a menudo se presenta: muchas inversiones militares se destinan a compra de material en el extranjero o a empresas tecnológicas que exportan armamento, reduciendo el impacto positivo en el empleo nacional.
¿Qué se podría hacer con 80.000 millones? El coste de oportunidad del militarismo
Uno de los aspectos más contundentes del informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga es el que se refiere al coste de oportunidad de destinar 80.000 millones de euros al gasto militar. No se trata solo de cifras abstractas: ese dinero, si se orientara hacia necesidades sociales, podría transformar radicalmente la realidad del país.
Para ponerlo en perspectiva, esa suma equivale a casi todo el presupuesto público anual de la Sanidad española, que ronda los 99.000 millones de euros. Es decir, un solo año de gasto militar real podría financiar casi por completo el funcionamiento del sistema sanitario durante doce meses, incluyendo atención primaria, especializada, hospitalaria y urgencias.
Las cifras también permiten imaginar el impacto en infraestructura sanitaria: con ese dinero, según estimaciones recogidas en medios especializados, se podrían construir alrededor de 80 hospitales de tamaño medio, con unas 200 camas cada uno. Esto implicaría duplicar o triplicar la capacidad hospitalaria en muchas comunidades autónomas, especialmente en áreas rurales o desatendidas.
Además, si se distribuyera ese gasto en otros sectores, los efectos serían igualmente transformadores: reforzar plantillas educativas, multiplicar los servicios sociales, o financiar a gran escala políticas públicas para enfrentar la emergencia climática. Frente a ello, el uso de estos recursos en armamento, tecnologías de control o despliegue militar no solo restringe el margen de inversión en justicia social, sino que prioriza la lógica del miedo sobre la de los cuidados.
Militarismo, desigualdad y el futuro de la seguridad
El informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga presenta un diagnóstico claro: el rearme español no solo ha elevado el gasto militar a niveles sin precedentes, sino que ha ocultado gran parte de su coste real detrás de estructuras presupuestarias opacas. La carga de este gasto recae desproporcionadamente sobre las clases populares, mientras que restringe severamente la capacidad del Estado para invertir en bienestar social y ecológico.
Frente a la narrativa oficial que justifica el gasto militar como respuesta necesaria a un mundo inseguro, el informe propone una reorientación hacia una seguridad humana que coloque a las personas y sus necesidades en el centro de las prioridades políticas y económicas. En última instancia, la pregunta que plantea no es solo cuánto gastamos en armas, sino quién paga, quién se beneficia y qué tipo de sociedad queremos construir.
