La dependencia gasista del Estado español
España mantiene una dependencia energética exterior casi absoluta, dado que la extracción estatal apenas alcanzó el 0,26% del consumo total en 2025. Este año, los mayores proveedores fueron: Argelia (35,5%), Estados Unidos (30,8%), Rusia (11,8%) y Nigeria (7,5%) y Angola (5,7%). En 2025 se han consumido casi 20.000 gigavatios hora más de gas que en 2024, un 6,2% más.
Ver el mapa de porcentaje de importación de GN+GNL en pantalla completa.
Es especialmente alarmante el papel de Estados Unidos, cuyas exportaciones a España crecieron un 13,3% en el último año, superando incluso los niveles de 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania. Este gas proviene es extraído mayoritariamente mediante fracking, técnica prohibida en territorio español por sus impactos ambientales y sociales. El informe denuncia que el 100% de este gas se extrae en la costa del Golfo de México, afectando a comunidades racializadas en lo que se define como “racismo medioambiental”.
Además, el volumen de importaciones desde Angola se ha multiplicado por 10 frente a 2024. Como contrapartida, el gas fósil proveniente de Rusia ha disminuido un 9.9% .
Por último, parte del gas fósil se reexporta principalmente a Francia, Marruecos, Portugal e Italia.
Un sistema gasista sobredimensionado
El sistema cuenta con 7 plantas de regasificación y durante el primer semestre de 2025, cinco de las siete plantas tuvieron ratios de utilización inferiores al 35%, dejando claro que la infraestructura construida no era necesaria.
El caso de El Musel destaca como un fracaso de planificación: aunque se reactivó en 2023 como un supuesto hub de solidaridad europea, más del 80% del gas recibido terminó inyectándose en la red nacional. Además, esta planta, declarada ilegal en 2013 por su proximidad a núcleos urbanos, podría suponer un coste de hasta 670 millones de euros para los consumidores.
¿Para qué usamos el gas?
En 2024, los datos más actualizados publicados para esta sección del informe, hay que destacar que uno de los mayores consumos de gas fósil es para generar electricidad y calor (mayor al 30%).
Por otra parte, dentro del consumo final de gas fósil (casi el 60%), el 41,6% fue para el sector industrial. En relación con este último sector, la industria química y petroquímica fue la que más gas utilizó. Le siguieron otros sectores como el sector doméstico (21,7%) y el comercio y los servicios públicos (15,9%).
Ver a pantalla completa: Diagrama Sankey de la energía proveniente del gas fósil en el Estado español en 2024 (KTEP).
Suministro total de energía gas fósil en el Estado español en 2024 (KTEP).
Consumo de energía de gas fósil por sector en 2024 (KTEP).
Cabe destacar que ya existen alternativas al gas que emiten menos gases de efecto invernadero en muchos de estos usos. Sin embargo, su implementación depende de la voluntad política para afrontar la crisis climática.
El gas en el sistema eléctrico: Este año más emisiones
Uno de los mayores consumidores de gas es el sistema eléctrico, aproximadamente el 30% del gas fósil se dedica a producir electricidad. Aunque el gas (vía ciclos combinados, cogeneración y turbinas) aportó el 20% de la generación eléctrica en 2025, fue el responsable de aproximadamente el 80% de las emisiones del sector (24 millones de toneladas de CO2 eq.), un 16% más que el año anterior.
Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica de España (REE) activó la denominada “Operación Reforzada”, que consistió en aumentar la disponibilidad de centrales de gas para estabilizar el sistema. Esto provocó:
- Un aumento del 39% en la energía producida con gas respecto al año anterior.
- Sobrecostes masivos estimados entre 422 y 1.500 millones de euros.
El mercado en pocas manos
El sistema gasista español está dominado por un grupo reducido de empresas que controlan las distintas etapas de la cadena de valor:
- Comercialización y Ventas: El mercado minorista presenta una alta concentración, liderado por Naturgy, que ostenta una cuota del 27% y ha sido la empresa que más ha crecido en el último año. Le siguen Endesa-Enel (14,9%), Repsol (11,9%), Iberdrola (7,2%), AXPO (5,5%) y Cepsa (5,3%).
- Infraestructura y Gestión: Enagás desempeña un papel central como transportista y Gestor Técnico del Sistema, poseyendo varias plantas de regasificación y el 13,3% de las acciones de MibGas (el operador del mercado). Otras empresas clave en transporte y distribución incluyen a Endesa, Nedgia (Grupo Naturgy), Nortegas, Redexis, Reganosa Madrileña de Gas, Gas Extremadura y Domus Mil Natural.
- Producción y Almacenamiento: Aunque la extracción nacional es mínima, destaca la actividad de la empresa inglesa Prospex Energy en el yacimiento de El Romeral y de HEYCO Energy Iberia (de la que Prospex Energy posee parte) en Viura. Por otro lado, la compañía Trinity Energy Storage es la beneficiaria del polémico proyecto de inyección de gas Marismas-3NE en el entorno de Doñana.
El metano
El metano es un acelerador climático con un potencial de calentamiento hasta 82,5 veces superior al CO2 en un horizonte de 20 años. Los países proveedores del Estado español han aumentado sus fugas notablemente. Argelia incrementó sus fugas un 240%, mientras que EE. UU. casi las duplicó, sumando 774 fugas detectadas.
El informe urge a la creación de un registro público que documente el origen preciso de cada cargamento de GNL, la intensidad de metano verificada de cada proveedor, los mecanismos de certificación utilizados y las auditorías y verificaciones independientes realizadas.
Doñana y Canarias amenazadas
- Doñana: Se denuncia el proyecto del sondeo de inyección Marismas-3NE, vinculado a un almacenamiento subterráneo. El informe considera esta actividad incompatible con la protección del acuífero y advierte de los riesgos sísmicos en la zona.
- Canarias: El modelo gasista se califica de “falsa expectativa”, advirtiendo que la introducción de gas en las islas generará activos varados y retrasará la transición hacia renovables con almacenamiento.
Biometano y lavado verde
Es fundamental que el biogás no se utilice para legitimar el statu quo gasista. En particular, sobre la iniciativa del “Sello de Excelencia Social, Territorial y Ambiental del biometano”, se teme que:
- Incentive las macrogranjas, los cultivos energéticos e intermedios.
- Se utilice como excusa para mantener una red de distribución condenada a desaparecer por la normativa europea (que exige el fin de combustibles fósiles en edificios para 2040).
Para evitar esto, se propone tener un sello con valor regulatorio y, que sea un requisito obligatorio para acceder a financiación pública que excluya macrogranjas, cultivos energéticos e intermedios, restrinja el uso del biometano a sectores difíciles de electrificar, asegure una gobernanza social con auditorías independientes ajenas al sector gasista y diferencie el biometano importado del nacional.
Hoja de Ruta para la Desgasificación
El informe concluye con propuestas para una transición justa, algunas de ellas son:
- Abandono total del gas fósil para 2035 y cierre de ciclos combinados para 2030.
- Establecer un plan de cierre progresivo de la infraestructura de distribución de gas para el sector residencial en 2030, elaborando planes municipales de calefacción y refrigeración y prohibiendo la instalación de nuevas calderas de gas.
- Partiendo de un debate social amplio e inclusivo, desarrollar una hoja de ruta de transformación del sector industrial para desgasificarlo antes de 2035.
- Prohibición inmediata de importaciones de gas de fracking.
- Reorientación de subsidios desde calderas de gas hacia bombas de calor y aerotermia, priorizando a hogares vulnerables.
- Reducción de las importaciones de Estados Unidos y Rusia de forma prioritaria, de Argelia, Nigeria y Qatar, teniendo en cuenta criterios de derechos humanos.
- Impulsar el fin del MoU de entendimiento tripartito entre Israel-Egipto-UE, firmado en 2022.
- Para ser coherente con la legislación que aplica dentro de sus fronteras, en concreto la Ley 7/2021, art. 9, debería incluirse la prohibición de las importaciones de gas procedente de fractura hidráulica.
- Impedir el impulso del gas en el sector del transporte terrestre y marítimo.
- Creación de una tarifa social para la energía y los suministros básicos.
- Promover, como principio prioritario en la transición energética, medidas estructurales para impulsar cambios en la sociedad que redunden en una reducción de la demanda, la suficiencia y el incremento de la eficiencia energética.
- Creación de mesas ciudadanas que tengan en especial consideración la opinión de la población directamente afectada por las infraestructuras gasistas o relacionadas, y que incluyan una perspectiva de género.
- Fin de la influencia del lobby gasista en la toma de decisiones, aplicando protecciones similares a las de la industria del tabaco.
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