El Gobierno de Estados Unidos ha firmado el 20 de julio una nueva orden ejecutiva que endurece las condiciones para conceder exenciones en la compra de materiales críticos y otros suministros a proveedores extranjeros considerados adversarios, según ha confirmado el Departamento de Defensa. La medida busca reducir la dependencia de cadenas de suministro vinculadas a China, Rusia y otros países que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional.
La orden ejecutiva eleva el listón para que los contratistas de defensa estadounidenses puedan obtener exenciones. Hasta ahora, era posible solicitar exenciones caso por caso; con las nuevas reglas, el proceso se volverá significativamente más restrictivo, según el Departamento de Defensa. La decisión impacta directamente en adquisiciones de minerales como el litio, el cobalto y las tierras raras, esenciales para la fabricación de sistemas de armas avanzados.
Aunque la orden tiene un alcance global, afecta de lleno a empresas españolas como Indra, Navantia y otras firmas del sector de defensa que participan en programas conjuntos con EE.UU. o suministran componentes que contienen materiales críticos. Navantia, por ejemplo, colabora en la construcción de fragatas y otros buques militares con sistemas electrónicos y sensores que requieren tierras raras y semiconductores. Indra, por su parte, trabaja en radares, sistemas de mando y control y ciberseguridad para plataformas estadounidenses.
La orden ejecutiva forma parte de una estrategia más amplia de la Administración estadounidense para blindar sus cadenas de suministro frente a riesgos geopolíticos. En los últimos años, Washington ha impulsado leyes para fomentar la producción nacional de semiconductores y minerales estratégicos. Sin embargo, la dependencia de fuentes extranjeras sigue siendo elevada, y la nueva orden aprieta las tuercas a los contratistas que no hayan diversificado sus proveedores.
New executive order tightens defense supply chain waiver rules
Según fuentes oficiales, la medida se enmarca en la creciente presión del Congreso para que el Pentágono reduzca la exposición a adversarios. Algunos legisladores han criticado que las exenciones se concedían con demasiada frecuencia, lo que permitía que materiales chinos o rusos llegaran a programas sensibles. La nueva normativa pretende cerrar esas grietas, aunque sin ofrecer aún cifras concretas sobre el alcance económico de la restricción.
Para las empresas españolas, el desafío es doble: por un lado, garantizar la trazabilidad de sus componentes para demostrar que no incorporan materiales prohibidos; por otro, buscar fuentes alternativas de suministro en países aliados como Australia, Canadá o Chile. La escasez de minerales críticos y los plazos de certificación podrían encarecer los proyectos y retrasar entregas.
