El Gobierno de Estados Unidos ha publicado este martes una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que, aunque más limitada que los borradores previos, establece condiciones de ciberseguridad, confidencialidad y riesgo de insider para el acceso federal a los modelos de IA. La medida, firmada por el presidente Donald Trump, busca reforzar la protección de las infraestructuras críticas frente a posibles amenazas vinculadas al uso de estas tecnologías.
Condiciones para el acceso federal
La orden señala que el acceso de las agencias federales a los modelos de IA debe estar sujeto a “apropiada confidencialidad, ciberseguridad, riesgo de insider y protección de la propiedad intelectual”, según el texto difundido por la Casa Blanca. Aunque la orden no especifica sanciones ni plazos concretos, establece un marco regulatorio que afecta a todos los departamentos y agencias que contraten o utilicen sistemas de inteligencia artificial.
El acceso federal a los modelos debe estar sujeto a “apropiada confidencialidad, ciberseguridad, riesgo de insider y propiedad intelectual”.
La medida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo estadounidense por equilibrar el impulso a la innovación en inteligencia artificial con la salvaguarda de la seguridad nacional. A diferencia de órdenes anteriores, esta versión ha sido descrita por fuentes oficiales como “más acotada”, centrada exclusivamente en los riesgos asociados al uso gubernamental de estas herramientas, sin abordar aspectos más amplios como la regulación del sector privado.
Reacciones y contexto
La orden ejecutiva llega en un momento de creciente debate en Washington sobre los riesgos de la inteligencia artificial, especialmente tras incidentes de filtración de datos y uso indebido de modelos generativos. El Gobierno ha insistido en que la iniciativa busca “proteger la información sensible” sin frenar el desarrollo tecnológico. Organizaciones de ciberseguridad han valorado positivamente el enfoque en el riesgo de insider, aunque advierten que la aplicación efectiva dependerá de los recursos asignados a las agencias para implementar los controles.
