La Universidad de Valladolid ha acogido este certamen de microensayo, dirigido a estudiantes de ingenierías e informática para reflexionar sobre su futuro campo laboral en la industria. El objetivo era fomentar una mirada crítica en el estudiantado sobre este sector para imaginar su futuro desde una óptica sostenible y socialmente justa.

El relato ganador, de Iratxe Braceras Murga, presenta una entrevista de trabajo en la que se reflexiona sobre distintos enfoques de la ingeniería. Mediante la conversación de la entrevistada y el entrevistador, plantea una industria enfocada a reparar, redistribuir y sostener la vida frente al sistema actual de crecimiento ilimitado y “neutralidad” tecnológica. Puedes leer el relato más abajo, y las premisas en las que se basa para imaginar la industria del futuro en nuestro posicionamiento.

Con este concurso Ecologistas en Acción busca seguir estimulando la proyección de futuros deseables que construir colectivamente, siguiendo el camino del certamen anual de relatos e ilustraciones ecotópicas, en el que puedes participar hasta el 30 de junio.

 

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• La red rechaza el proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que establece objetivos obligatorios de inyección de biometano en la red gasista.
• Gas No es Solución considera que consolida la dependencia del sistema del gas y desvía recursos públicos que deberían destinarse a la reducción del consumo, la electrificación y el abandono definitivo de los combustibles fósiles.

La red Gas No es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, muestra su profunda preocupación por el proyecto de Real Decreto de impulso del biometano, abierto a consulta pública hasta el 11 de junio. El articulado prioriza explícitamente la inyección de biometano en la red gasista y facilita su conexión, lo que supone una señal regulatoria errónea: según el paquete europeo de gas e hidrógeno, debería haberse iniciado ya la planificación del desmantelamiento progresivo de esta infraestructura (ya de por sí sobredimensionada) a la vez que se impulsaban planes de electrificación y descarbonización local del frío y el calor.

El problema no es el biometano en sí mismo, sino la obligación de inyección de un volumen mínimo en la red que incentiva mantener y ampliar una infraestructura cuyo desmantelamiento debería estar ya planificado, tal y como recoge la Directiva y el Reglamento del “paquete de gas”, normas que el Gobierno español aún no ha transpuesto al ordenamiento jurídico estatal. Mantener esta infraestructura implica seguir repercutiendo sus costes fijos a los consumidores, en especial a los más vulnerables, bloquear inversiones en alternativas más eficientes y retrasar la reducción estructural del consumo de gas.

El biometano no es energía renovable: es gestión de residuos

La red advierte de que el objetivo principal de producir biogás y biometano no es satisfacer una necesidad energética, para la que existen tecnologías más rentables, seguras y sostenibles, sino reducir los problemas de contaminación de suelos y aguas derivados de la no gestión y acumulación de residuos orgánicos. El elevado coste inicial de inversión, el riesgo de fugas de metano durante su producción y almacenamiento, y los impactos sobre el entorno son razones de peso para cuestionar su categorización como tecnología renovable de producción energética. Además, el coste final del biometano es mucho más elevado que el gas fósil y la electricidad, lo que repercutirá negativamente en los consumidores.

La promoción de la inyección de biometano en la red gasista sin sectorización es incompatible con el requisito de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), que establece 2040 como fecha límite para la eliminación de las calderas de combustibles fósiles: una caldera que funciona con un 6 % de biometano y un 94 % de gas fósil sigue siendo una caldera de combustible fósil. La transición energética no puede consistir simplemente en cambiar el origen de la misma molécula manteniendo intacto el modelo energético del pasado.

La demanda doméstica de gas cae: la electrificación es la alternativa

Los datos confirman una tendencia clara: entre 2021 y 2024, el consumo doméstico de gas ha descendido un 17,3 %, pasando de 66,5 TWh a 55,0 TWh, mientras el número de clientes se mantiene estable en torno a los 7,6 millones de puntos de suministro, frente a los 28,6 millones de suministros eléctricos domésticos. El 69 % de los clientes domésticos de gas consume menos de 5.000 kWh/año, lo que indica que lo utiliza exclusivamente para agua caliente y/o cocina. Solo el 26 % lo emplea también para calefacción.

Resulta más eficiente, tanto medioambiental como económicamente, destinar el biogás a grandes consumidores industriales (que representan el 2 % de los clientes pero el 94 % del consumo) y sustituir ese 6 % de gas fósil del sector doméstico por electrificación, una opción tecnológicamente viable y más rentable a medio y largo plazo.

Lo que la red exige al Gobierno

La red Gas No es Solución exige al Gobierno de España la planificación de un abandono rápido, justo y definitivo del gas fósil antes de 2035, en cumplimiento de los compromisos internacionales de España y en respuesta a la actual crisis de suministro derivada de la situación en el Estrecho de Ormuz. “La verdadera seguridad energética nos la da la eliminación de los combustibles fósiles de nuestro mix energético: el abandono del carbón, el gas y el petróleo con urgencia”, señala la red.

En este marco, la red considera que el Sello de Excelencia de Biometano contemplado en el RDL 7/2026 solo puede ser útil si se reserva para proyectos orientados prioritariamente al autoconsumo de industrias locales que carecen de otras vías de descarbonización. Asimismo, reclama una legislación que priorice el consumo local y cercano de la energía producida con residuos, abordando el biometano como herramienta eficaz de gestión de residuos y no como una tecnología de producción de energía renovable.

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• Un centenar de organizaciones ecologistas y sociales de toda la Península Ibérica se concentran frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) bajo el lema “¿Alargar las nucleares? No, gracias”.
• Exigen el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I en noviembre de 2027 y el fin definitivo de esta energía en España para 2035. 

El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción junto a decenas de organizaciones ecologistas y sociales, ha celebrado una acción reivindicativa en Madrid para exigir el fin de la energía nuclear. Tras una marcha que ha comenzado en la Plaza de Juan Zorrilla, más de medio millar de personas se han concentrado a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir la jubilación definitiva de las centrales nucleares y el cumplimiento del calendario de cierre pactado.

El acto ha contado con una destacada representación de personas llegadas de múltiples territorios de la Península Ibérica, visibilizando el rechazo social desde Extremadura, Euskal Herria, Aragón, Catalunya, País Valencià, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Frente al MITECO se ha desarrollado una jornada que ha alternado la reivindicación política con la expresión cultural. Mediante diversas intervenciones y acciones simbólicas, entre las que ha destacado la recreación de una gran tarta de celebración de la jubilación nuclear, las organizaciones han señalado de forma lúdica pero contundente que el tiempo de esta energía ha caducado y que es imperativo cumplir con lo pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La protesta ha estado amenizada por el ritmo de la batucada EcoloBloco y una flashmob con música antinuclear. Asimismo, se han intercalado los discursos y manifiestos de activistas de Extremadura, Catalunya y Trillo con las actuaciones musicales de Gente del Pueblo y Grandilocuentes Monocotiledóneas.

Las organizaciones convocantes recuerdan que la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria: encarece el precio de la luz, entorpece una gestión eficiente de la red eléctrica basada en renovables y pone en riesgo inversiones necesarias. Denuncian, además, que alargar su vida útil forzando al sistema a incluirla –lo que supondría una estafa millonaria financiada indirectamente por la ciudadanía– solo busca proteger los beneficios de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha reafirmado que continuará movilizándose en todos los territorios para evitar cualquier intento de prolongar el funcionamiento de unas centrales envejecidas, subrayando la acción de hoy como un reflejo del clamor social que exige, de una vez por todas, la jubilación nuclear.

Declaraciones de algunas organizaciones participantes:

Cristina Rois (portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear): “El mensaje enviado hoy al gobierno y al MITECO es claro y rotundo: el calendario de cierre es innegociable. El gobierno no tiene que esperar al informe del CSN, aunque sea favorable tiene la potestad para negar ya la solicitud de prórroga de Almaraz.  No queremos subvencionar la energía nuclear bajándole los impuestos ni que se nos fuerce a depender de una energía sucia e insegura. Cumplir el fin definitivo de la energía nuclear para 2035 es una cuestión de salud pública, seguridad y soberanía energética”.

Paca Blanco (activista antinuclear y portavoz de Colectivos en Lucha de Extremadura: “Exigimos el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I porque no podemos seguir hipotecando el futuro de territorios como Extremadura ni acumulando unos residuos radiactivos cuya factura y gestión acabaremos pagando de nuestro bolsillo durante generaciones. Alargar las nucleares es una irresponsabilidad”.

Carolina Pérez (portavoz de las luchas antinucleares de Ascó y Vandellós): “La prórroga de las nucleares es totalmente incompatible con una transición energética justa y un modelo basado al 100 % en renovables eficientes. Mantener activas estas centrales obsoletas frena la inversión limpia y solo sirve para blindar los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”.

Manuel Raya (presidente de Hornasol, Hornachuelos, Córdoba): “El cementerio nuclear del Cabril de ser cerrado ya y, por supuesto, no ampliarlo nunca más: ni para residuos de baja, media y por supuesto nunca de alta actividad y larga vida pues está hipotecando a la generaciones futuras. Nunca ha sido el lugar idóneo: aguas subterráneas, zona sísmica, pegado a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena y con filtraciones e infiltraciones de agua, según actas de inspección del Consejo de Seguridad Nuclear. Vierte la instalación del Cabril a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir regando miles de hectáreas de naranjos, olivar y cereales de la vega de Córdoba y Sevilla e incinera residuos que acaban en las comarcas de Guadiato, Pedroches, Sierra Norte y Azuaga”.

Javier Andaluz (responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción): “El motivo real de las pretensiones de las grandes eléctricas nucleares es proteger sus beneficios a costa del bolsillo de la ciudadanía. Su negocio nos ha costado históricamente miles de millones de euros. Lejos de asumir su responsabilidad en la gestión de los residuos nucleares, pretenden que de nuevo lo paguemos todo. La continuidad del parque nuclear agrava aún más esa deuda con el erario público. Ha llegado el momento de decir basta a su negocio radiactivo”.

Francisco del Pozo (portavoz de Greenpeace): “Las centrales nucleares son actores involuntarios en el actual clima bélico, su mera existencia agravan los riesgos inherentes. Por ejemplo, Rusia, por primera vez en la historia, ha atacado y ocupado plantas nucleares como Chernóbil y Zaporilla utilizandolas como arma de guerra. En un mundo en conflicto como el que estamos viviendo también en Irán, las tensiones geopolíticas se suman a los fenómenos climáticos extremos hacen prever un aumento de los riesgos nucleares”.

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• Enresa, la empresa pública responsable de gestionar los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares en España, asegura estar preparada para terminar el desmantelamiento de Garoña y el resto del parque nuclear español según el 7º Plan General de Residuos radiactivos.
• Para garantizar el desmantelamiento seguro de estas centrales se necesita claridad y antelación. Las organizaciones ecologistas exigen que se cumpla el calendario de cierre nuclear, donde la siguiente clausura corresponde a la central extremeña de Almaraz I, en noviembre de 2027.
• El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña emplea en torno a 300 personas y tiene un coste de 475 millones de euros.
• El caso de Santa María de Garoña demuestra que el cierre ordenado y seguro de las centrales nucleares en España es posible mientras se cumpla el plan acordado entre el Gobierno y las empresas para cada una de las plantas. Así lo han señalado hoy desde Greenpeace, Ekologistak Martxan, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear durante su visita para conocer las obras de desmantelamiento de la planta burgalesa junto a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de llevarlas a cabo.

De la mano de la presidenta de Enresa, Olga García, las organizaciones han podido constatar los avances de la primera fase del cierre de Garoña con la retirada del combustible gastado y el desmontaje de la turbina como actividades principales. También han conocido los trabajos previstos para la segunda fase, la más compleja, que implica el desmantelamiento final de los edificios incluida la descontaminación, desclasificaciones y demoliciones de todas las estructuras para, finalmente, llegar a la restauración del emplazamiento.

Durante la visita, se ha puesto de manifiesto que la seguridad constituye la principal prioridad de Enresa, empresa pública responsable tanto de la gestión de los residuos radiactivos -incluido el combustible nuclear gastado- como del desmantelamiento de las centrales nucleares. Las organizaciones destacan la rigurosidad con que se realizan los trabajos de análisis, clasificación, desmontaje y gestión de los residuos en función de su nivel de irradiación. Igualmente, alertan sobre la importancia de que se respete un cierre claro y planificado del resto de centrales nucleares como única vía para garantizar la transición hacia un sistema energético suficiente, eficiente y 100% renovable, libre de residuos radiactivos e independiente de la importación de combustibles fósiles y nucleares desde terceros países.

“Tras la visita de Garoña queda patente la complejidad y profesionalidad que requiere el cierre del ciclo nuclear. Es hora de que la industria nuclear muestre la madurez y visión de Estado necesarias para garantizar estos procesos en tiempo y forma, con seguridad y eficacia según lo planeado y lo firmado por ellos mismos. La absurda propuesta de extender tres años la vida de la central extremeña de Almaraz pone de manifiesto cómo los intereses económicos cortoplacistas de estas empresas son incompatibles con la seriedad necesaria para cerrar y desmantelar las centrales según lo planeado, así como iniciar la debida transición justa”, ha señalado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal.

«El desmantelamiento de centrales nucleares es un proceso imprescindible para que las poblaciones de estos emplazamientos puedan tener un futuro alternativo para su territorio. También para la seguridad radiactiva, pues durante el funcionamiento de una central se contaminan varias áreas y conductos de la planta, que deben retirarse y aislarse debidamente. Estamos ante un proceso largo, difícil y caro del que debe informarse con toda transparencia a la ciudadanía. En el mundo hay ya 218 reactores nucleares cerrados, pero sólo 23 han sido completamente desmantelados. Confiamos en que en España se siga el calendario de cierre y puedan abordarse los desmantelamientos tal como se habían planeado», ha destacado Erika González Briz, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción.

Las organizaciones inciden en las consecuencias económicas de no respetar los plazos acordados para el cierre nuclear en España. Con respecto a la central de Almaraz, cuyo cierre está previsto para noviembre de 2027 en el caso del reactor Almaraz I y octubre de 2028 para el reactor II, recuerdan que extender la vida útil de la central durante tres años más costaría 3.831 millones de euros al bolsillo del consumidor y supondría pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta 2033.

Igualmente, destacan la creación de empleo como uno de los principales beneficios económicos de apostar por el adiós nuclear definitivo. Un ejemplo es el cierre de Garoña, que empleará a unas 300 personas (según la fase) hasta la finalización de las obras, prevista para 2033 con un coste total aproximado de 475 millones de euros.

Por su parte, la presidenta de Enresa ha destacado que la planificación del desmantelamiento de las centrales nucleares ya ha comenzado, y que su actividad se rige estrictamente por el 7º Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR), que establece el calendario de ceses de operación y la planificación de los desmantelamientos a medida que cierren los reactores.

En el caso de la planta extremeña de Almaraz, Enresa ha informado a las organizaciones ecologistas de que está trabajando en las tareas previas al desmantelamiento. El primer hito ha consistido en la adjudicación del contrato de ingeniería el pasado marzo. Después, tras el apagado, se realizará el vaciado del combustible. En 2030, tres años después del cese de explotación, se producirá la transferencia de titularidad de la central a Enresa. Por último, se llevará a cabo el desmantelamiento.

Greenpeace y Ecologistas en Acción coinciden en que la estabilidad de la planificación es vital para gestionar las infraestructuras públicas. Cuando se apagan, las centrales nucleares transfieren su titularidad a Enresa hasta que se completa el desmantelamiento y, una vez terminado el mismo, vuelven a manos de su propietario. Por ello, aseguran las organizaciones ecologistas, cualquier retraso en el cronograma actual afectaría no solo a la programación de Enresa, sino al propio plan estratégico del Gobierno a largo plazo en materia de energía y clima, el llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

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• Gas No Es Solución, red de la que forma parte Ecologistas en Acción, publica su ‘Anuario crítico del gas fósil en el Estado español’.
• El informe recoge que en 2025 aumentó el consumo de gas en un 6,2% respecto a 2024, debido especialmente al gas consumido por el sistema eléctrico, cuyas emisiones aumentaron un 16% con respecto al año anterior.
• Se ha incrementado la dependencia energética de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor de gas fósil detrás de Argelia.

A más gas consumido, más emisiones, más dependencia del fracking de Estados Unidos y hasta 1.500 millones de euros en sobrecostes tras el apagón del 28 de abril de 2025. El ‘Anuario crítico del gas fósil en el Estado español’, que publica la red Gas No Es Solución, retrata un sistema energético que en lugar de reducir su dependencia fósil la ha profundizado, cambiando a Rusia por EE UU sin cuestionar el modelo.

Uno de los principales hallazgos es el aumento de emisiones del sistema eléctrico tras el llamado “mercado reforzado” u Operación Reforzada, activada después del apagón del 28 de abril de 2025. Esta medida incrementó el uso de ciclos combinados, provocando un aumento del 39% en la generación de electricidad con gas frente al año anterior y unos sobrecostes para los consumidores estimados entre 422 y 1.500 millones de euros. Por ello, la red considera que el gas se debe eliminar gradualmente del sistema eléctrico cuanto antes.

Al mismo tiempo, crece la dependencia del gas importado de Estados Unidos, que se convierte en el segundo mayor proveedor del Estado español, detrás de Argelia. El informe advierte que este giro no responde a una estrategia de transición, sino a una sustitución de dependencias que refuerza un modelo fósil impulsado por intereses geopolíticos y corporativos. El 100% del gas importado desde EE UU en 2025 procedió de terminales en el Golfo de México vinculadas a gas de fracking, una técnica que causa graves impactos ambientales y sociales sobre comunidades locales y que está prohibida en el territorio español. Empresas como Naturgy, Endesa, Repsol o bancos como Santander, BBVA y La Caixa son señaladas en el informe como cómplices de este modelo.

El informe también alerta de los riesgos en la transposición del Reglamento Europeo del Metano (EUMR). Las fugas asociadas a proveedores como EE UU y Argelia aumentaron entre 2024 y 2025, reforzando la urgencia de aplicar plenamente la regulación y garantizar trazabilidad en las importaciones a través de un registro público. Dicho registro debe documentar el origen de cada cargamento, la intensidad de metano de cada proveedor, la certificación utilizada y las auditorías independientes realizadas.

Como caso emblemático de mala planificación, el informe señala la regasificadora de El Musel (en Xixón), presentada como infraestructura estratégica para la seguridad europea, pero que ha operado mayoritariamente inyectando gas en la red estatal y no como ‘hub’ logístico internacional. Más del 80% del gas descargado ha terminado en el mercado interno. Además, 35 de los 36 metaneros recibidos procedían de Estados Unidos. La planta, cuyo coste podría alcanzar los 670 millones de euros para los consumidores, ejemplifica el sobredimensionamiento del sistema gasista: en el primer semestre de 2025, cinco de las siete regasificadoras operaron con niveles de utilización inferiores al 35%.

El análisis también examina el papel de nuevas infraestructuras y falsas soluciones promovidas como salida al gas fósil, incluyendo en algunos casos el biogás y el biometano. El informe advierte que, sin criterios estrictos, estas alternativas pueden convertirse en mecanismos de lavado verde que prolonguen la vida útil de la red gasista en lugar de contribuir a una desgasificación real. Una de las vías para que esto no ocurra sería que el Sello de Excelencia de Biometano planteado por el Gobierno en el RDL 7/2026 cuente con valor regulatorio, que sea requisito obligatorio para acceder a financiación pública, que excluya macrogranjas, cultivos energéticos e intermedios como fuentes orgánicas, restrinja el uso del biometano a sectores difíciles de electrificar, asegure auditorías independientes ajenas al sector gasista y diferencie el biometano importado del producido a nivel estatal.

Ante este escenario, las organizaciones pertenecientes a la red Gas No Es Solución reclaman prohibir las importaciones de gas de fracking, frenar nuevas inversiones en infraestructuras gasistas, blindar la regulación del metano y acelerar una hoja de ruta para eliminar progresivamente el gas fósil en 2035.

 

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La dependencia gasista del Estado español

España mantiene una dependencia energética exterior casi absoluta, dado que la extracción estatal apenas alcanzó el 0,26% del consumo total en 2025. Este año, los mayores proveedores fueron: Argelia (35,5%), Estados Unidos (30,8%), Rusia (11,8%) y Nigeria (7,5%) y Angola (5,7%). En 2025 se han consumido casi 20.000 gigavatios hora más de gas que en 2024, un 6,2% más.

Ver el mapa de porcentaje de importación de GN+GNL en pantalla completa.

Es especialmente alarmante el papel de Estados Unidos, cuyas exportaciones a España crecieron un 13,3% en el último año, superando incluso los niveles de 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania. Este gas proviene es extraído mayoritariamente mediante fracking, técnica prohibida en territorio español por sus impactos ambientales y sociales. El informe denuncia que el 100% de este gas se extrae en la costa del Golfo de México, afectando a comunidades racializadas en lo que se define como “racismo medioambiental”.

 

Además, el volumen de importaciones desde Angola se ha multiplicado por 10 frente a 2024. Como contrapartida, el gas fósil proveniente de Rusia ha disminuido un 9.9% .

Por último, parte del gas fósil se reexporta principalmente a Francia, Marruecos, Portugal e Italia.

Un sistema gasista sobredimensionado

El sistema cuenta con 7 plantas de regasificación y durante el primer semestre de 2025, cinco de las siete plantas tuvieron ratios de utilización inferiores al 35%, dejando claro que la infraestructura construida no era necesaria.

El caso de El Musel destaca como un fracaso de planificación: aunque se reactivó en 2023 como un supuesto hub de solidaridad europea, más del 80% del gas recibido terminó inyectándose en la red nacional. Además, esta planta, declarada ilegal en 2013 por su proximidad a núcleos urbanos, podría suponer un coste de hasta 670 millones de euros para los consumidores.

 

¿Para qué usamos el gas?

En 2024, los datos más actualizados publicados para esta sección del informe, hay que destacar que uno de los mayores consumos de gas fósil es para generar electricidad y calor (mayor al 30%).

Por otra parte, dentro del consumo final de gas fósil (casi el 60%), el 41,6% fue para el sector industrial. En relación con este último sector, la industria química y petroquímica fue la que más gas utilizó. Le siguieron otros sectores como el sector doméstico (21,7%) y el comercio y los servicios públicos (15,9%).

Ver a pantalla completa: Diagrama Sankey de la energía proveniente del gas fósil en el Estado español en 2024 (KTEP).

 

 

Cabe destacar que ya existen alternativas al gas que emiten menos gases de efecto invernadero en muchos de estos usos. Sin embargo, su implementación depende de la voluntad política para afrontar la crisis climática.

El gas en el sistema eléctrico: Este año más emisiones

Uno de los mayores consumidores de gas es el sistema eléctrico, aproximadamente el 30% del gas fósil se dedica a producir electricidad. Aunque el gas (vía ciclos combinados, cogeneración y turbinas) aportó el 20% de la generación eléctrica en 2025, fue el responsable de aproximadamente el 80% de las emisiones del sector (24 millones de toneladas de CO2 eq.), un 16% más que el año anterior.

Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica de España (REE) activó la denominada “Operación Reforzada”, que consistió en aumentar la disponibilidad de centrales de gas para estabilizar el sistema. Esto provocó:

• Un aumento del 39% en la energía producida con gas respecto al año anterior.
• Sobrecostes masivos estimados entre 422 y 1.500 millones de euros.

 

El mercado en pocas manos

El sistema gasista español está dominado por un grupo reducido de empresas que controlan las distintas etapas de la cadena de valor:

• Comercialización y Ventas: El mercado minorista presenta una alta concentración, liderado por Naturgy, que ostenta una cuota del 27% y ha sido la empresa que más ha crecido en el último año. Le siguen Endesa-Enel (14,9%), Repsol (11,9%), Iberdrola (7,2%), AXPO (5,5%) y Cepsa (5,3%).

 

• Infraestructura y Gestión: Enagás desempeña un papel central como transportista y Gestor Técnico del Sistema, poseyendo varias plantas de regasificación y el 13,3% de las acciones de MibGas (el operador del mercado). Otras empresas clave en transporte y distribución incluyen a Endesa, Nedgia (Grupo Naturgy), Nortegas, Redexis, Reganosa Madrileña de Gas, Gas Extremadura y Domus Mil Natural.
• Producción y Almacenamiento: Aunque la extracción nacional es mínima, destaca la actividad de la empresa inglesa Prospex Energy en el yacimiento de El Romeral y de HEYCO Energy Iberia (de la que Prospex Energy posee parte) en Viura. Por otro lado, la compañía Trinity Energy Storage es la beneficiaria del polémico proyecto de inyección de gas Marismas-3NE en el entorno de Doñana.

El metano

El metano es un acelerador climático con un potencial de calentamiento hasta 82,5 veces superior al CO₂ en un horizonte de 20 años. Los países proveedores del Estado español han aumentado sus fugas notablemente. Argelia incrementó sus fugas un 240%, mientras que EE. UU. casi las duplicó, sumando 774 fugas detectadas.

El informe urge a la creación de un registro público que documente el origen preciso de cada cargamento de GNL, la intensidad de metano verificada de cada proveedor, los mecanismos de certificación utilizados y las auditorías y verificaciones independientes realizadas.

Doñana y Canarias amenazadas

• Doñana: Se denuncia el proyecto del sondeo de inyección Marismas-3NE, vinculado a un almacenamiento subterráneo. El informe considera esta actividad incompatible con la protección del acuífero y advierte de los riesgos sísmicos en la zona.
• Canarias: El modelo gasista se califica de “falsa expectativa”, advirtiendo que la introducción de gas en las islas generará activos varados y retrasará la transición hacia renovables con almacenamiento.

Biometano y lavado verde

Es fundamental que el biogás no se utilice para legitimar el statu quo gasista. En particular, sobre la iniciativa del “Sello de Excelencia Social, Territorial y Ambiental del biometano”, se teme que:

1. Incentive las macrogranjas, los cultivos energéticos e intermedios.
2. Se utilice como excusa para mantener una red de distribución condenada a desaparecer por la normativa europea (que exige el fin de combustibles fósiles en edificios para 2040).

Para evitar esto, se propone tener un sello con valor regulatorio y, que sea un requisito obligatorio para acceder a financiación pública que excluya macrogranjas, cultivos energéticos e intermedios, restrinja el uso del biometano a sectores difíciles de electrificar, asegure una gobernanza social con auditorías independientes ajenas al sector gasista y diferencie el biometano importado del nacional.

Hoja de Ruta para la Desgasificación

El informe concluye con propuestas para una transición justa, algunas de ellas son:

• Abandono total del gas fósil para 2035 y cierre de ciclos combinados para 2030.
• Establecer un plan de cierre progresivo de la infraestructura de distribución de gas para el sector residencial en 2030, elaborando planes municipales de calefacción y refrigeración y prohibiendo la instalación de nuevas calderas de gas.
• Partiendo de un debate social amplio e inclusivo, desarrollar una hoja de ruta de transformación del sector industrial para desgasificarlo antes de 2035.
• Prohibición inmediata de importaciones de gas de fracking.
• Reorientación de subsidios desde calderas de gas hacia bombas de calor y aerotermia, priorizando a hogares vulnerables.
• Reducción de las importaciones de Estados Unidos y Rusia de forma prioritaria, de Argelia, Nigeria y Qatar, teniendo en cuenta criterios de derechos humanos.
• Impulsar el fin del MoU de entendimiento tripartito entre Israel-Egipto-UE, firmado en 2022.
• Para ser coherente con la legislación que aplica dentro de sus fronteras, en concreto la Ley 7/2021, art. 9, debería incluirse la prohibición de las importaciones de gas procedente de fractura hidráulica.
• Impedir el impulso del gas en el sector del transporte terrestre y marítimo.
• Creación de una tarifa social para la energía y los suministros básicos.
• Promover, como principio prioritario en la transición energética, medidas estructurales para impulsar cambios en la sociedad que redunden en una reducción de la demanda, la suficiencia y el incremento de la eficiencia energética.
• Creación de mesas ciudadanas que tengan en especial consideración la opinión de la población directamente afectada por las infraestructuras gasistas o relacionadas, y que incluyan una perspectiva de género.
• Fin de la influencia del lobby gasista en la toma de decisiones, aplicando protecciones similares a las de la industria del tabaco.

 

 

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La entrada [Informe] Anuario crítico del gas fósil en el Estado español 2025 aparece primero en Ecologistas en Acción.

• La organización ecologista envía sus preguntas a la Junta de Accionistas de la multinacional de este 5 de mayo cuestionando la coherencia del informe de sostenibilidad de la empresa.
• Ecologistas en Acción denuncia que ArcelorMittal, la empresa siderúrgica con la fábrica más contaminante de España, sigue sin tomar las medidas necesarias para una transición justa.

ArcelorMittal es la mayor empresa fabricante de acero en Europa, y cuenta con 11 plantas en España. Es la 4º empresa más contaminante del Estado y propietaria de la fábrica española con mayores emisiones, situada en Avilés, Asturias. Este 5 de mayo la empresa celebra su Junta General de Accionistas, y Ecologistas en Acción ha remitido una batería de preguntas para que ArcelorMittal dé explicaciones públicas ante sus accionistas sobre lo que considera “graves incoherencias entre el discurso de sostenibilidad y la realidad de su modelo industrial”.

Ecologistas en Acción ha analizado el recién publicado informe de sostenibilidad 2025 de la compañía y denuncia que sus planteamientos son insuficientes para afrontar la crisis climática y ecológica. Aunque ArcelorMittal destaca reducciones de emisiones en los últimos años y mantiene su objetivo de neutralidad climática en 2050, lleva años postergando medidas de descarbonización para las que ha obtenido millones de euros de dinero público (el gobierno español aprobó una ayuda de 450 mill en 2023) y beneficiándose del mercado de emisiones con la entrega de permisos gratuitos, siempre superiores a las emisiones reales, y ayudas por emisiones indirectas. Ante el avance y los cambios del mercado de emisiones, Ecologistas en Acción denuncia que la empresa está presionando para ralentizar mecanismos que pueden apoyar la descarbonización como el ETS con la excusa de la competitividad, mientras sigue incrementando unos beneficios que en 2025 se duplicaron respecto al año anterior.

Además, cuestiona que los compromisos de la empresa sean realistas y vayan acorde a las medidas tomadas. El informe condiciona buena parte de las inversiones en descarbonización a factores como el precio de la energía o el marco regulatorio. Para Ecologistas en Acción, este enfoque evidencia una falta de compromiso real, y señalan que  “la emergencia climática exige reducciones drásticas en esta década, no promesas a largo plazo condicionadas a la rentabilidad”. Por ello, demandan saber cuáles son los planes y plazos de la empresa para el cierre de los hornos altos, que la empresa quiere postergar, y cuáles son los planes para las baterías de coque. Así mismo, también requieren información sobre cuándo se prevé la puesta en marcha del horno eléctrico de Xixón y si se va a construir el horno eléctrico de Avilés, que ya ha pasado las evaluaciones ambientales pertinentes, y el DRI de Xixón, que sigue en modo de espera desde 2021.

La organización ecologista también critica que el informe minimiza los impactos reales sobre la salud y el medio ambiente en los territorios donde opera la empresa. Recuerdan que en varias zonas industriales, como el caso de Xixón y Avilés, persisten problemas de contaminación atmosférica que afectan a la salud de la población local, y que no se están tomando medidas suficientes para la detoxificación de la producción. Mientras tanto, el informe de sostenibilidad hace énfasis en el papel del acero en la transición energética, vinculándolo a sectores como las energías renovables, la construcción sostenible o la movilidad eléctrica, lo que Ecologistas en Acción considera una acción de greenwashing al intentar vender productos “verdes” sin cambiar el modelo de producción.

La pérdida de empleos es otra de las preocupaciones de la organización, que sostiene que la transformación del sector no puede pasar por la deslocalización y que debe impulsarse una transición justa que tenga en cuenta a las y los trabajadores. El actual plan de traslado de servicios de ArcelorMittal a la India afectará a al menos 50 puestos de trabajo en Asturies, un plan que puede llegar a afectar a 400-500 empleos, y fuentes sindicales denuncian falta de concreción y una alta afectación al empleo en la zona que no tiene justificación operativa o económica, más allá del ahorro de la empresa al deslocalizar estos puestos a una zona con peores condiciones salariales y laborales.

Ecologistas en Acción advierte de que seguirá vigilando la actuación de la compañía y reclama que tanto las instituciones públicas como los inversores exijan compromisos climáticos y sociales. Exige transparencia a la empresa sobre su estrategia climática, sus inversiones reales en descarbonización y sus impactos territoriales, así como un compromiso real con una transición justa que acabe con las emisiones y la contaminación y garantice el empleo digno.

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Estamos preparando la logística de los autobuses y en pocos días subiremos la información.

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• Una acción reivindicativa reclamará el 23 de mayo el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz en noviembre de 2027 y el fin definitivo de la energía nuclear en España para 2035.
• La convocatoria coincide con el aniversario del accidente de Chernóbil, lo que las organizaciones consideran un recordatorio oportuno sobre los riesgos de largo plazo asociados a la energía nuclear.

El sábado 23 de mayo, a las 18:00 en la Plaza San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios, Madrid), el Movimiento Ibérico Antinuclear, Ecologistas en Acción y otras organizaciones ecologistas y sociales convocan a la ciudadanía a una acción reivindicativa a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir la jubilación nuclear. La convocatoria exige el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz en noviembre de 2027 y el fin definitivo de la energía nuclear en España para 2035.

 

Las organizaciones convocantes señalan que la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria. Encarece el precio de la luz, es incompatible con una gestión eficiente de una red eléctrica basada en renovables, y desvía fondos que deberían ir a la transición energética. Denuncian además como la única razón de su continuidad es que son fundamentales para que las empresas propietarias Iberdrola, Endesa y Naturgy mantengan el control sobre el mercado eléctrico y sobre la política energética del estado.

En los últimos meses el sector nuclear ha pasado a la ofensiva con propaganda engañosa. Las eléctricas han desplegado una campaña publicitaria sin precedentes para forzar la prórroga de sus plantas y presionar al ministerio. El movimiento antinuclear advierte de lo que viene: cruces de informes, anuncios de políticos reduciendo tasas u ofreciendo dinero público, peticiones de las empresas de beneficios adicionales, modificaciones postergadas y nuevas ventanas de oportunidad fabricadas para seguir reclamando subvenciones públicas. Las organizaciones señalan que no es la primera vez y recuerdan que el cierre de Garoña se convirtió en una agonía durante meses, hasta que finalmente el gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Álvaro Nadal la cerraron por cara e innecesaria.

Las organizaciones recuerdan que la evaluación estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España reconoce que prolongar las nucleares retrasaría el desarrollo de las renovables y encarecería la transición a medio y largo plazo. Todo ello sin contar con que el sector nuclear español sigue dependiendo del uranio ruso para funcionar o que no existe una respuesta satisfactoria a los residuos nucleares, mientras persisten cementerios nucleares como El Cabril o residuos de alta actividad como los resultantes del accidente nuclear de Vandellós I.

Por todas estas razones, el movimiento antinuclear sale a la calle. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe cumplir con sus propios compromisos y no ceder ante la propaganda de las eléctricas. El calendario de cierre existe. Fue pactado y debe cumplirse.

El 23 de mayo, a las puertas del ministerio, la ciudadanía celebrará que un futuro sin riesgo nuclear es posible. Sin dependencia de las grandes corporaciones. Sin encarecimientos innecesarios de la factura de la luz. Con una transición energética real.

 

Chernóbil, cuarenta años después

La convocatoria coincide con el aniversario del accidente de Chernóbil, lo que las organizaciones consideran un recordatorio oportuno sobre los riesgos de largo plazo asociados a la energía nuclear.

Cuarenta años después de la catástrofe, la zona de exclusión de 2.600 km² sigue siendo radiactivamente activa. En las ruinas del reactor 4 se conservan, según los datos disponibles, 400 kilogramos de plutonio, más de cien toneladas de combustible nuclear fundido y treinta y cinco de polvo radiactivo. Solo una parte del combustible gastado ha podido trasladarse a contenedores de refrigeración pasiva; el resto sigue en piscinas que requieren enfriamiento continuo. Las aguas subterráneas de la zona presentan también niveles detectables de radiactividad, y la vigilancia del territorio se considera una necesidad permanente para la seguridad del resto de Ucrania.

En 2022, durante cinco semanas, tropas rusas ocuparon las instalaciones, generando preocupación internacional por la refrigeración de las piscinas de combustible. El 14 de febrero de 2025, un impacto de dron abrió un agujero de 15 metros cuadrados en la cubierta exterior del nuevo sarcófago –el denominado Arco de Chernóbil–, provocando un incendio que se prolongó durante casi tres semanas. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) determinó que la estructura había perdido sus funciones principales de seguridad y confinamiento. La restauración completa se prevé para 2030.

Las organizaciones convocantes señalan que estos hechos ilustran la vulnerabilidad estructural de las instalaciones nucleares ante situaciones de conflicto armado o accidentes graves, y los consideran un argumento adicional para avanzar en el cierre ordenado y planificado de las centrales españolas.

 

Actividades previstas

• Barcelona, 24 de abril de 17:00 a 21:00, Casal de Barri Transformadors (Carrer Ausiàs Marc, 60) Sant Jordi Social, firma de libro autobiográfico de Paca Blanco y charla antinuclear.
• Madrid, 26 de abril a las 12:00, Plaza de las Peñuelas Asamblea abierta antinuclear.
• Salamanca, 26 de abril a las 13:00, Plaza Mayor, concentración antinuclear.
• Zaragoza, 28 de abril a las 19:00, Centro Social Librería “La Pantera Rossa” (Calle San Vicente de Paul n° 28), firma de libro autobiográfico de Paca Blanco y charla antinuclear.
• Huesca, 30 de abril, AAVV del Barrio de Santiago (Av. de la Paz, 8), firma de libro autobiográfico de Paca Blanco y charla antinuclear.

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