El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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En abril de 2020, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un delito de corrupción en el conocido como Caso Sobornos 2012-2016. Para justificar la participación de Correa en la trama de corrupción, la sentencia condenatoria afirmaba que “el procesado Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza –mediante un influjo psíquico–, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado”.  

Este curioso concepto, influjo psíquico, da título a un documental realizado por la directora colombiana Alejandra Cardona, con guion y producción de las españolas Ana María Pinar e Idoya Barrabés. En él se nos relata el proceso contra Rafael Correa y distintos funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidente Jorge Glas, enmarcándolo en una persecución política por la vía judicial que constituye uno de los casos paradigmáticos de lawfare que se han vivido en América Latina en las últimas décadas. 

No adelantaré el contenido del documental porque espero que pronto se pueda ver en los cines, las grandes plataformas o la televisión. Tan sólo añadiré que Rafael Correa tiene 57 procesos judiciales pendientes y que reside en Bélgica como asilado político. Jorge Glas, por su parte, fue secuestrado en abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, por las fuerzas especiales del gobierno de Daniel Noboa. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad y se teme por su vida.

Como hemos podido constatar en los últimos años, el lawfare, es decir, la guerra judicial que hace uso de la ley y los tribunales para neutralizar a un adversario político abriéndole causas con poco sustento mientras, en paralelo, se decreta su presunta culpabilidad a través del linchamiento mediático, llegó también a España. A los casos contra los líderes de Podemos, y la persecución político-judicial contra el independentismo catalán, se sumó recientemente la investigación contra Begoña Gómez y la inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. 

Dados estos antecedentes, la posibilidad de que estemos ante un nuevo caso de lawfare vuelve a planear en la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El auto sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. Sin embargo, hacer afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad o la inocencia de alguien ante una investigación que está en una fase embrionaria, sería poco prudente. En todo caso, lo que sí es notorio es la animadversión que la derecha, política y mediática, tiene ante la figura del expresidente, al que nunca han perdonado su papel mediador en Venezuela y sus vínculos con la dirigencia chavista. 

Aunque esta derecha mediática y política ya haya dictado su sentencia condenatoria contra Zapatero, será la justicia, ojalá imparcial e independiente como se autoproclama, quien deberá hacer su labor para demostrar, si corresponde, la culpabilidad del expresidente. De cómo lo haga, de las pruebas y de la solidez de sus argumentos jurídicos, dependerá la credibilidad del tribunal para poder afirmar, finalmente, que estamos ante una infundada persecución político-judicial, o bien para concluir que a Zapatero se le condena por su responsabilidad demostrada en delitos económicos. 

Por el momento, los juicios paralelos a los que ya estamos asistiendo dan peso a los argumentos de quienes defienden que Zapatero sería otra víctima del fenómeno del lawfare. También el doble rasero que se observa al comparar la impermeabilidad al peso de la ley de la que gozan otros expresidentes españoles como M. Rajoy o José María Aznar. Es evidente que, si la lupa se pusiera por igual a todos los expresidentes, quizás el primer presidente imputado de la democracia no habría sido Zapatero. Sin embargo, hace falta mayor perspectiva todavía, ir teniendo acceso a más detalles de la instrucción y ver cómo se van moviendo los distintos actores políticos y mediáticos, para poder decretar que estamos ante un nuevo caso de lawfare. Conviene recordar, aunque sea obvio, que no toda causa abierta por corrupción a un cargo político constituye un caso de lawfare. 

Con independencia de cómo se acaben desarrollando los hechos en el caso de Zapatero, su imputación debería poner el foco en un debate más amplio sobre las actividades privadas de quienes han tenido cargos públicos. Una reflexión que excede el papel de los expresidentes y que implica cuestionar, asimismo, la figura de comisionistas, lobistas y demás parásitos que proliferan gracias a marcos legales permisivos y a un modus operandi, intrínseco al funcionamiento del capitalismo, que puede ser legal pero que es corrupto desde un punto de vista moral. 

Que un expresidente, exministro o cualquier exfuncionario público pueda facilitar, desde su posición de poder o gracias a sus relaciones, el acceso a negocios de particulares, obteniendo además compensación por ello, no debería estar permitido, aunque no reciba comisiones ilegales en forma de soborno y cohecho. Puede que el uso de la cartera de contactos, derivada del ejercicio de un alto cargo público, para un desarrollo profesional que se traduce en lucro personal y familiar sea legal pero, desde luego, no es ético. Da igual que lo haga José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. La actividad de todos ellos debería ser escrutada bajo los mismos criterios legales y con iguales niveles de exigencia moral.

Sin embargo, romper con estas lógicas de funcionamiento, que se asumen como normales y hasta son legales, quizás sea lo más complicado porque se entreveran con unas redes de poder que se van tejiendo entre el poder económico, el poder político y el poder funcionarial, como desnuda Andrés Villena en su último libro, mientras están en el ejercicio de sus cargos. Redes de contactos que operan como una camarilla conformada por una élite que hace y deshace, sirviéndose de lo público, hasta que otros de esa misma élite deciden que pueden buscar las cosquillas a un adversario político mientras ellos siguen haciendo lo mismo. Hacia esas redes deberíamos mirar, no para perseguir con discrecionalidad sino para cambiar las estructuras que facilitan la reproducción del sistema.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido una vez más –y este artículo es ejemplo de ello– que volvamos a hablar de sus disparates. En este caso, la provocación no se ha producido sólo en el debate público español, sino que ha saltado, literalmente, al otro lado del océano Atlántico. 

Díaz Ayuso ha decidido viajar a México para realizar una gira de diez días que ha iniciado con un acto diseñado para herir todas las sensibilidades: honrar la figura del conquistador Hernán Cortés, cuyos huesos reposan, de manera discreta y bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México. No lo ha hecho sola, en su corte van empresarios de distintas áreas, también de la musical, como su amigo Nacho Cano, transmutado a director teatral con vocación evangelizadora en la cruzada por la Hispanidad y el “encuentro entre dos mundos”, seguramente convencido de que México sigue siendo la Nueva España. Aunque el pretendido homenaje inicial a Cortés, en forma de misa musical en la Catedral del zócalo, ha sido anulado por la Arquidiócesis Primada de México, el proselitismo pro hispánico y pseudo libertario de Ayuso continúa. 

De hecho, toda la tournée de Ayuso es una oda a la evangelización: la de los españoles antiguos y la suya propia. En su voluntad de convertirse en referente de la ultraderecha MAGA en España, disputándole a Santiago Abascal y a Vox el liderazgo de la “Iberosfera” así como el título de achichincle de Donald Trump, Ayuso igual homenajea a María Corina Machado, que invita a Gloria Estefan o trata de sumarse a la ola del poder evangélico que mueve los hilos de la política americana. Ayuso quiere atraer el voto latino en Madrid, transformando la ciudad en un Miami 2.0 donde recalan ya prácticamente todos los opositores a los gobiernos progresistas y de izquierdas latinoamericanos. 

No contenta con seguir esta agenda de política global desde casa, ahora va a México en un acto que ha sido interpretado como lo que es, una gran provocación. En sus primeras intervenciones públicas Ayuso ya ha demostrado el carácter ideológico de su visita. Su presencia en México, país altamente sensible a la participación de extranjeros en la política mexicana al punto de tener un artículo constitucional, el 33, que lo prohíbe y cuya aplicación supone la expulsión del país de quien lo infrinja, ha generado amplio resquemor, como era de esperar. De hecho, me atrevería a decir que generar discordia era su propósito al decidir desenterrar, en territorio mexicano, lecturas discriminatorias basadas en una concepción colonialista de la Historia que el proceso de la 4T trata de ir superando. 

Su visita, una afrenta tanto para el Gobierno de México como para la mayoría del pueblo, no aporta nada a la relación entre México y España, todo lo contrario. Cuando un representante político de otro país escribe Méjico en lugar del nombre oficial del país, México, en sus redes sociales, o banaliza con el personaje de la Malinche, llamando así a las mujeres latinoamericanas que habitan España sabiendo que malinchismo es sinónimo de traición en México, está teniendo un comportamiento muy poco diplomático. Pero Díaz Ayuso, como buena aprendiz del trumpismo, no tiene límites en su mala educación. De hecho, es su seña de identidad, junto con la demagogia. 

Sin embargo, lo grave no son las formas sino el contenido: su voluntad de reescribir la Historia montándose en la ola de un rancio revisionismo histórico, carente de todo rigor científico. Una lectura del pasado que entronca con la historiografía franquista, que pretende legitimarse por el respaldo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales vernáculos, aplaudidos por la claque de sus equivalentes en la exmetrópoli que les hacen de cámara de eco, para premiarlos por haberse convertido en los buenos aborígenes, amaestrados para defender los intereses imperiales. 

Quizás lo más gracioso de la estrategia de Ayuso sean sus loas a la Hispanidad en México, reivindicar con grandilocuencia el papel de esa España imperial donde nunca se ponía el sol, mientras se mantiene una posición política subordinada, seguidista de la agenda geopolítica del imperialismo estadounidense y del sionismo genocida. Tal vez los empresarios que acompañan a Ayuso en su viaje no se hayan enterado todavía, pero el propósito de Donald Trump, en América Latina y el Caribe, México incluido, pasa por expulsar a las empresas competidoras de un espacio que EE. UU. considera como propio, como se ha encargado de recordar el ídolo de Díaz Ayuso en su última Estrategia de Seguridad Nacional rescatando la Doctrina Monroe y añadiendo un nuevo corolario Trump. 

Detrás de la provocación, los intereses económicos y el cálculo político

Detrás del olor a rancio, del colonialismo desacomplejado y del folklore imperial que promociona Ayuso hay cuestiones mucho más prosaicas que sólo pueden entenderse analizando la política interna española. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el actual Gobierno de España y, en concreto, con Pedro Sánchez. Su decisión de hacer política haciendo oposición a las decisiones del Ejecutivo central, en lugar de enfocarse en los problemas de su comunidad autónoma, vanguardia de la privatización sanitaria y el deterioro de todos los servicios públicos en nombre de la “libertad de elección”, lo demuestra a cada rato. 

Junto con su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso ha desplegado una agresiva estrategia comunicativa, con grandes tentáculos en el poder mediático, para tapar los presuntos casos de corrupción de su círculo más cercano, como su novio, presunto defraudador fiscal confeso. En realidad, los Ayuso sólo recibirían –presuntamente– las migajas de los grandes beneficiados, empresas sanitarias como Quirón y sectores del poder económico que apuestan por la victoria electoral, en unas generales, de una Javier Milei a la española que les facilite todavía más sus negocios. En su voluntad de arrasar contra cualquier contrincante político, medio o funcionario que devele las tramas de poder y corrupción que hay detrás del construido liderazgo de la presidenta madrileña, su equipo se ha llevado por delante al ex secretario general del PP, Pablo Casado, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la lista de los que pueden ir “pa’lante”, en palabras de su jefe de Gabinete, quizás siga creciendo.

El viaje de Ayuso tiene, por tanto, múltiples propósitos. Por un lado, antagoniza directamente con el presidente Pedro Sánchez que, en semanas recientes, organizó en Barcelona una cumbre progresista en la que reforzó su perfil como líder de la socialdemocracia mundial. Ayuso, con su participación en la reunión de Mar-a-Lago de febrero, y esta visita a México plagada de encuentros con la ultraderecha local, trata de consolidar un liderazgo antagónico de perfil ultraderechista, que le coma espacio electoral a Vox y a cualquier experimento a su derecha que pueda surgir. 

En paralelo a la cumbre progresista, también se celebró a mediados de abril en Barcelona la IV Reunión ‘En Defensa de la Democracia’, a la que acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Fue un momento para escenificar la distensión en las relaciones entre México y España, que habían padecido un dilatado desencuentro diplomático desde que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Corona española un gesto simbólico de perdón por los crímenes de la Conquista. La misiva que envió López Obrador fue ignorada e, incluso, ridiculizada en España. El choque creció por las decisiones soberanas del Gobierno de México tratando de limitar el poder y presencia de las multinacionales españolas en su mercado. 

Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024, como respuesta al silencio con que la Corona, y el Gobierno de España, habían despachado la solicitud del anterior Gobierno de México. Sin embargo, en los últimos meses, ambos gobiernos han limado asperezas, con sutiles gestos de acercamiento públicos por parte de España, que han incluido al rey hablando off the record sobre el “mucho abuso” de la Conquista que “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” (sic). 

La visita de Díaz Ayuso es una impugnación clara a la política exterior española dirigida desde La Moncloa que salpica, a su vez, a la institución de la Corona. Pretende torpedear el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, incidiendo con su visita en la provocación continua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que lleva meses tildando de “dictadura de izquierdas” mientras califica a México de narcoestado. Puestos a opinar sobre el narco en México, Isabel Díaz Ayuso podría documentarse antes preguntando al expresidente Felipe Calderón, protegido del PP y residente en la Comunidad de Madrid, por su secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien lideró su famosa “guerra contra el narco” pero acabó condenado en EE. UU. a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.

Las reacciones en México: del colaboracionismo a la indignación

Por supuesto, la visita de Díaz Ayuso cuenta con la entusiasta colaboración de sectores de las élites económica, política e intelectual de México, hispanistas de pro. Son los colaboracionistas que, en su alianza global de clase, pusieron a México en bandeja de los intereses de las grandes empresas españolas, reforzando la idea de las “narrativas compartidas” sobre un pasado común armonioso que justificó la entrega de parte del mercado energético mexicano a Iberdrola, de infraestructuras a OHL, y bancario a BBVA y Santander. 

Son estos sectores sociales los que en México se tildarían de malinchistas, entre otras cosas porque hubieran preferido nacer en Europa o EE. UU., aunque exalten lo mexicano. Detrás de estos perfiles encontramos la mezcla de un falso orgullo mexicano con clasismo y racismo mal disimulado, así como la reivindicación de los orígenes europeos, que les otorgan unas dosis de blanquitud que cotizan al alza en la jerarquía “pigmentocrática” de la sociedad mexicana. 

Pero esta visión colonialista, que sustenta el racismo estructural de la sociedad mexicana, no es exclusiva de sus clases dominantes. Décadas de educación acrítica sobre el proceso de violencia, despojo y genocidio sobre los distintos pueblos originarios, a los que se ha invisibilizado y marginado en aras de la defensa del mestizaje y la “raza cósmica”, y de una política de Estado basada en estas premisas, hecha por criollos y mestizos -salvo excepciones como la de Benito Juárez o Lázaro Cárdenas– ha dado lugar a que en el México actual todavía haya quien defienda visiones edulcoradas sobre el proceso de Conquista y la posterior colonización.   

Sin embargo, hay una mayoría del pueblo de México que se opone a esta lectura histórica desfasada. Es la ciudadanía anónima que estos días está reaccionando con indignación, reclamando respeto y mostrando su dignidad. En este equipo están la propia presidenta Sheinbaum, el partido gobernante Morena o diversos colectivos antirracistas. Pero, también hay quienes están devolviendo a la provocación, otra provocación, quizás conscientes de que responder seriamente a los despropósitos no tiene ningún efecto.

Así, el periodista Pedro Miguel ha lanzado una recogida de firmas para que Ayuso regrese a Madrid con los huesos de su idolatrado Hernán Cortés, de tal manera que la ultraderecha pueda realizar en España “los rituales que considere adecuados”. Esta petición simbólica, que propone entregar los despojos por la devolución del Códice Trocortesiano que está en España, concluye con una elocuente y seria reflexión: “La exaltación fascista de pasados imperiales violentos no debe tener cabida en la relación bilateral; ésta debe fundarse, por el contrario, en el diálogo, el respeto mutuo y la realización de gestos constructivos como la referida devolución de restos e, idealmente, el intercambio que proponemos”.

Mientras se escriben estas líneas, la gira de Díaz Ayuso prosigue por tierras mexicanas. Las autoridades de Aguascalientes tienen previsto darle la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y otros honores que, según informan, no le van a salir gratis a la Comunidad de Madrid pues se pueden interpretar como pago a acuerdos de promoción firmados con dicho estado mexicano. Desconocemos si Ayuso, antes de ir a remojarse al Caribe, visitará también Guanajuato. Si es así, nos permitimos sugerirle que vaya a visitar su famoso Museo de las Momias. Quizás sería un buen colofón para quien, como dirían los chilenos, es toda una momia, la mejor representante del espíritu del franquismo en pleno siglo XXI.

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Este 23 de abril se celebra, un año más, el día de Sant Jordi en Catalunya y el día del libro en el resto del mundo. Se trata de una festividad que tiene una connotación especial en territorio catalán pues se vincula a una leyenda de origen medieval según la cual Sant Jordi mató al dragón para salvar a una princesa –cuyo nombre desconocemos– y de la herida de este ser mitológico brotó la sangre que tomó forma de rosa que el gentilhombre regaló a la dama, como no podía ser menos para los usos de la época.

Para rememorar la hazaña, el 23 de abril se regalan rosas y libros en un día que, para los amantes de las efemérides es, en esencia, el día de los enamorados en Catalunya. La tradición no escrita establecía que las rosas fueran para ellas y los libros, principalmente, para ellos. O así lo aprendimos las niñas que nos criamos en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. Por suerte, los roles han sido superados y, en la actualidad, poco queda de aquel anacronismo.

La tradición de Sant Jordi se ha modernizado y, desde hace ya unos cuantos lustros, la celebración del 23 de abril en Barcelona se ha vuelto además una referencia global a la que acuden los sempiternos turistas que visitan la ciudad los 365 días del año, junto con una pléyade de personajes de todo tipo. Así, escritores de libros se mezclan con famosos que también escriben libros y, en los últimos tiempos, una nueva categoría de influencers que han incursionado en la escritura y ahora también forman parte importante de un sector que mueve más de 4.000 millones de euros al año.

De hecho, youtubers e influencers son piezas codiciadas en este mercado en el que un determinado perfil de seguidores, sobre todo jóvenes, consumen todo lo que sugiera el ídolo de turno. Consumo son ventas y ventas es, en el caso de las empresas o cooperativas pequeñas, supervivencia necesaria. Pero, en el caso de las grandes editoriales que concentran el mercado, ventas exponenciales se convierten en más influencia, eliminación de la competencia y posición de dominio.

Pero, no nos engañemos. Que presentadores y otros famosos que aparecen en la televisión publiquen libros con las grandes editoriales no se debe a que entre este colectivo abunde el talento literario. Se debe, simple y llanamente, a la lógica del mercado. La misma lógica que lleva a las editoriales a invitar a perfiles conocidos a publicar libros, hacer prólogos o anunciarlos por su número de seguidores en redes sociales, como si la cantidad en algo fuera garantía de un contenido de calidad.

El choque entre el mundo literario tradicional y el emergente, plagado de “autores mediáticos” e influencers de distinto tipo, no es nuevo. Ya en 2004 un grupo de escritores catalanes, liderados por Baltasar Porcel, promovieron el manifiesto “El drac es menja Sant Jordi” (‘El dragón se come a Sant Jordi’) para denunciar cómo la fiesta se había convertido en un espectáculo mediático. La pregunta pertinente sería, ¿qué no es espectáculo en una sociedad en la que se vive en la exposición constante, en medios convencionales o en redes?

Si una influencer tiene la capacidad de establecer un debate público al afirmar que “leer no te hace mejor” (frase que tiene su parte de razón, sin duda, igual que no es lo mismo comer que alimentarse, aunque lo segundo parta de lo primero), quizás no queda más que conformarse con usar a los influencers en sentido contrario, para promover la lectura. Una lectura que, a pesar de todo, goza de buena salud, pues va aumentando la cantidad de lectores en el Estado español, con un 65% de personas que lee como parte de su ocio y un 75,3% de jóvenes, entre los 14 y 24 años, que lee en su tiempo libre. Sin olvidar que los hábitos de lectura también dependen del capital cultural y de las condiciones materiales de vida, así como el tiempo para el ocio, más allá de la reproducción de la vida, que tenga la clase trabajadora.

Luchar por un Sant Jordi popular

A pesar de ser uno de los días más emblemáticos en Catalunya, la fiesta de Sant Jordi se ha acabado convirtiendo, como la ciudad de Barcelona, en un escaparate de los estragos que hace el mercado cuando entra en contacto con cualquier expresión de cultura popular. O, incluso, de las perversiones que se producen cuando lo que mueve la cultura, en general, es la lógica del capital. A modo de ejemplo, el hecho de que todo acabe siendo medido por el número de ventas, en unos ránquines que aparecen el día después y que, aunque sólo representan el 5% de las ventas, se presentan como medida del supuesto éxito literario. En realidad, sirven más bien para recordarnos la distancia que a veces existe entre la literatura y la industria del libro.

Pero las quejas parten también de colectivos sociales, autoras, editores y librerías alternativas, que impulsaron hace unos años la campaña “Per un Sant Jordi popular” para denunciar la privatización del espacio público, que se venía produciendo desde 2022, en una fiesta que se ha convertido en un gran recinto ferial de ventas al aire libre. Los firmantes del manifiesto denunciaban que el Ajuntament de Barcelona y la Cámara del Libro aprovecharon la situación pos-COVID para cerrar un espacio céntrico, la superilla, donde sólo podían exponer los agremiados, dejando al margen a pequeñas editoriales y librerías que no disponían del dinero exigido para poder estar en una calle, de facto, estratificada en función de la capacidad adquisitiva de las editoriales.

Los problemas de Sant Jordi o del mundo editorial, al final, tienen mucho que ver con el sistema económico en que se desenvuelven. Un capitalismo en que el pez grande devora al pequeño, en que las cooperativas que surgen como espacios de cultura en los barrios tienen que cerrar por insostenibilidad económica de su proyecto, en que las librerías no pueden asumir los alquileres en las grandes ciudades, en que el debate se pone en la sostenibilidad de publicar 239 títulos nuevos cada día y no en si existe la suficiente bibliodiversidad para representar a todas las voces que tienen algo que decir aunque no salgan en la televisión, en que las plumas que cuestionan el capitalismo suelen ser arrinconadas en la marginalidad, si es que logran ser publicadas.

Pero, en definitiva, hay que reivindicar siempre la lectura y los libros como parte de un acervo colectivo que nos conecta con nuestra capacidad de transformación. En tiempos en que la inteligencia artificial te ofrece resúmenes sobre cualquier texto a golpe de clic, deteriorando paulatinamente nuestra capacidad cognitiva de enfrentarnos a ideas complejas, reivindicar la lectura pausada, los libros y el hábito de leer se vuelve revolucionario. Si, además, leemos obras que nos hacen pensar el mundo de manera crítica, estamos en un espacio todavía más revolucionario y a contracorriente.

Aunque es algo que nos suena lejano, en EE. UU. ya se está produciendo un movimiento de censura de libros en las bibliotecas públicas por parte de sectores religiosos de ultraderecha. Lejos todavía de ese escenario en el Estado español, el que tenemos es el del rechazo del conocimiento, la búsqueda de la simplificación, la venta de homogeneidad de pensamiento disfrazada de individualidad distintiva, la falta de tiempo, de dinero o de espacio para la cultura alternativa. Como dijo Antoni Guadí, otro símbolo barcelonés pasado por la trituradora del mercado, original es ir al origen. Volvamos a la raíz y volvamos a un Sant Jordi popular.

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La última amenaza de Donald Trump a Irán el martes 7 de abril afirmando que “toda una civilización morirá esta noche” si las autoridades de la República Islámica no hacían caso a su ultimátum de rendición insinuaba, claramente, que EE. UU. e Israel podían hacer uso de armamento nuclear para poner fin a una guerra en la que EE. UU. está actuando de manera errática, sin una clara estrategia de salida. 

Esta posibilidad, no obstante, ha estado presente desde que los ataques del 28 de febrero pasado de Israel y EE. UU. contra Irán se han convertido en una prolongada guerra asimétrica que ha provocado un escenario donde la alternativa a una retirada humillante sería la escalada en forma de envío de tropas sobre el terreno, con el consiguiente riesgo de empantanamiento y el resurgimiento de traumas como el síndrome de Vietnam.

Los cálculos estadounidenses parecen no haber contemplado que Irán iba a desplegar su potente arsenal de misiles balísticos causando bajas considerables a sus atacantes y a la infraestructura de sus bases de apoyo en los Estados del Golfo aliados. Pero, más importante aún, la respuesta de Irán ha logrado poner en jaque la economía mundial controlando el paso por el Estrecho de Ormuz, lugar por el que circula más del 20% del petróleo y el gas licuado que se consume globalmente, y buena parte de los fertilizantes imprescindibles para las cosechas de EE. UU. o de Europa, es decir, para la soberanía alimentaria.  

A pesar del asesinato del líder supremo, Alí Jamenei; del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lajrani; y de tantos otros altos mandos militares y civiles, el régimen iraní, y su defensa militar, siguen en pie. Irán ha demostrado que su sistema político se basa en instituciones que van más allá de los liderazgos personales, además de dejar claro, con su adaptación táctica, que estaba preparado para esta guerra. Los estrategas estadounidenses que decidieron armar a los kurdos, y a otros sectores de la población iraní para provocar ese alzamiento contra la teocracia que pedía Trump los primeros días de los ataques, tampoco previeron que la mayoría de los iraníes iban a cerrar filas con sus dirigentes o a utilizar las armas para disparar a los helicópteros estadounidenses que sobrevolaran el país para rescatar a sus pilotos caídos en combate. 

Conforme avanza la imposibilidad de EE. UU. e Israel de frenar la respuesta iraní, y se frustran sus planes para el cambio de régimen, la derrota de facto de EE. UU. y, en menor medida, de Israel, pues este país sí está llevando a cabo su agenda expansionista con ataques e incursiones en el Líbano, se hace evidente. De ahí la necesidad de EE. UU. de aumentar la presión amenazando con la destrucción de toda la infraestructura energética y la civilización iraní misma.

La guerra está debilitando internamente a Trump

La guerra contra Irán ha desatado una desestabilización regional de alcance económico y geopolítico global. Pero también está generando un creciente cuestionamiento dentro de EE. UU., con un sector de los congresistas demócratas pidiendo que se aplique la sección 4 de la 25ª enmienda al presidente Trump, por estar incapacitado para ejercer las facultades y deberes de su cargo, al iniciar una guerra sin la autorización del Congreso y amenazar abiertamente con cometer más crímenes de guerra y genocidio contra Irán. Tampoco se descarta que Trump acabe padeciendo un tercer impeachment en este segundo mandato, superando el récord que ya tenía de ser el único presidente estadounidense en haber sido sometido dos veces al juicio político del Congreso en su primera presidencia.

También se está planteando un impeachment para Pete Hegseth, actual secretario de Defensa. En este contexto, doce altos mandos militares, algunos pertenecientes al Estado Mayor de Defensa, han sido cesados. Los cambios en el Pentágono no son menores y se vienen produciendo desde la llegada de Hegseth, con el despido masivo de abogados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como la sustitución de otros funcionarios. Además, Hegseth se está deshaciendo de los asesores jurídicos militares encargados de establecer la legalidad de las operaciones y seleccionar objetivos militares para evitar crímenes de guerra contra civiles.

Por su parte, la población estadounidense desaprueba en un 60% una guerra cuyos beneficios para la seguridad de EE. UU. o del mundo no se perciben. Se trata de una guerra que aparece como parte de los intereses de Israel más que de los estadounidenses, que además está generando un gasto diario de mil millones de dólares a los contribuyentes, y cuyo impacto económico se puede sentir directamente en los bolsillos de los ciudadanos que han de llenar su tanque pagando mucho más cara la gasolina en un país donde tener un coche es prácticamente imprescindible para la supervivencia.  

EE.UU. cuando negociar puede no acabar la guerra  

A pesar de las numerosas –y contradictorias- declaraciones de Donald Trump y su secretario de Defensa sobre la victoria en la guerra, lo cierto es que tener que recular después de haber amenazado a Irán prácticamente con el exterminio nuclear, aceptando el alto al fuego de dos semanas propuesto por el presidente paquistaní, e iniciar negociaciones basadas en los diez puntos del plan de acuerdo de Irán, se puede considerar asimismo una victoria para el país asiático. Todavía más porque el acuerdo supone que se abra el Estrecho de Ormuz bajo control exclusivo de Irán, que podrá cobrar peaje por ello, algo que no sucedía antes de la guerra.

Esta respuesta de EE. UU., aceptando negociar tras haber amenazado de manera drástica a Irán, se ha definido con el acrónimo TACO (“Trump Always Chickens Out”, Trump siempre se acobarda). Más que acobardarse, Trump lleva tiempo usando las amenazas y el chantaje como arma de extorsión política previa a la negociación, sea de aranceles, de un acuerdo de paz en Ucrania o para evitar una invasión a Groenlandia. Pero esta estrategia de negociación no ha sido incompatible con acciones claramente ofensivas que demuestran el poderío estadounidense, como la Operación Lanza del Sur en el Caribe y el Pacífico, que acabó con el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores, iniciando un nuevo momento en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, con EE. UU. controlando de facto el negocio petrolero venezolano.

La política exterior de EE. UU. puede parecer impredecible en una administración Trump que ha demostrado no tener principios ni palabra. Que EE. UU. se siente a negociar en Islamabad con Irán sobre el levantamiento de sanciones, el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz o el programa de enriquecimiento nuclear no garantiza que se vaya a producir un alto el fuego permanente, ni tampoco que la posibilidad de una agresión nuclear futura de EE. UU. o Israel salga de la ecuación. Conviene recordar que EE. UU. decidió, junto con Israel, bombardear a Irán en el marco de un proceso de negociaciones que daban a EE. UU. incluso más garantías de las que había logrado con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés) de 2015. Un acuerdo nuclear que, por cierto, el Gobierno Trump abandonó unilateralmente en 2018.

Las declaraciones cada vez más enajenadas de Trump deben tomarse como las amenazas que son mientras que su aceptación de un alto el fuego temporal probablemente no acabe siendo la última palabra. Después de un momento de repliegue táctico, puede venir una ofensiva mayor si no se llega a un acuerdo, sobre todo ante la constatación de que no pueden doblegar a Irán a pesar de la asimetría de fuerzas. Como se ha demostrado en Venezuela, esta administración sigue operando con una combinación de fuerza bruta y lógica empresarial pragmática, y no se va a conformar con un mal negocio para sus intereses geoestratégicos y geopolíticos, que pasan por el control de hidrocarburos, minerales críticos y mercados frente a sus competidores. De hecho, Trump lanzaba hace días la idea de que fuera EE. UU. quien cobrara los peajes en el Estrecho de Ormuz. 

El escenario es incierto, pero se puede afirmar que EE. UU. ya ha perdido esta guerra aunque afirme lo contrario. Pase lo que pase, la guerra contra Irán ha puesto a EE. UU. frente al abismo de una crisis energética similar a la de 1973, a su pérdida de control económico si el dólar deja de ser la moneda de intercambio petrolero, a su debilidad frente a las fluctuaciones de los mercados y a unas alianzas geopolíticas que se fracturan porque EE. UU. carece, cada día más, de algo fundamental para mantener la hegemonía en el sistema internacional: el temor de los adversarios y el respeto de los aliados. 

Hoy es Irán quien está ganando esa guerra simbólica por el liderazgo moral del Sur Global, aglutinando simpatías de los pueblos del mundo y el respeto de quienes en los centros de poder se dan cuenta de que los equilibrios geopolíticos preexistentes ya no sirven y deben ser cambiados. El fracaso de EE. UU. en Irán promete ser el inicio de un nuevo reparto de poder global que tendrá profundas consecuencias económicas y geopolíticas.

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El 16 de marzo Donald Trump se refería a Cuba en el Despacho Oval: «Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería estupendo. Es un gran honor. Puedo liberarla o tomarla, creo que puedo hacer lo que quiera. Son una nación muy debilitada ahora mismo”. Estas declaraciones no son sólo palabras al viento, producto de su proverbial verborragia, sino que forman parte de una escalada de amenazas directas que el presidente de los Estados Unidos de América (EE. UU.) viene lanzando contra el Gobierno socialista de Cuba en los últimos meses. Y, habida cuenta de cómo el autodenominado presidente de la paz ha iniciado el año, activando al máximo su Departamento de Guerra, con el secuestro del presidente de Venezuela y una guerra abierta contra Irán, no es nada descartable que las amenazas pasen de la retórica a los hechos. 

Atacar a Cuba ahora serviría para desviar la atención de la previsible derrota estratégica a la que EE. UU. e Israel parecen dirigirse en Irán. Poder presentar alguna victoria frente a un país que constituye el principal escollo que ha tenido la política exterior estadounidense para la expansión hemisférica de sus intereses desde tiempos de la Guerra Fría, tendría una gran carga simbólica en términos ideológicos y geoestratégicos. Acabar con el socialismo en Cuba, sea con un cambio de régimen violento, o a través de una negociación que lleve al sometimiento de su dirigencia, como se ha hecho en Venezuela, se podría rentabilizar políticamente ante unas elecciones de medio término que se prevén adversas para los republicanos. 

Desde el Gobierno de Cuba son conscientes de que, en el actual escenario geopolítico, con un EE. UU. que parece dispuesto a tirar por tierra la precaria hegemonía que todavía atesora como súperpotencia dominante en el sistema internacional, deben tomarse muy en serio las palabras de Trump.  El presidente Miguel Díaz-Canel, quien anunció el pasado 13 de marzo que Cuba había iniciado conversaciones con EE. UU. dirigidas por él mismo, ha denunciado el aumento de las amenazas estadounidenses y afirmado que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”. La asfixia económica que vive la isla, a la que no ha llegado, en los últimos tres meses, ningún buque petrolero por órdenes de EE. UU., ha provocado que los dirigentes cubanos tengan que sentarse a conversar en una situación, interna y externa, muy distinta a la que permitió la normalización de relaciones entre Cuba y EE. UU. en 2015 con Barack Obama al frente de la Casa Blanca.

A la situación económica, ya de por sí precaria por tener que lidiar todavía con los estragos que dejó el Período Especial; las décadas de bloqueo económico; las acciones de la primera administración Trump revirtiendo el deshielo diplomático con Cuba, activando el título III de la Ley Helms-Burton e impidiendo de nuevo el incipiente turismo estadounidense hacia la isla; o el impacto de la pandemia en ese mismo sector turístico, fuente esencial en los ingresos del país; se suma ahora el quiebre de la relación con Venezuela, uno de sus principales proveedores de energía. Esto, junto a diversos problemas endógenos de gestión y de las características estructurales del modelo económico cubano, ha derivado en apagones constantes que han paralizado, en buena medida, la actividad del país.

La presión de Washington a diversos países afines en la región para que pusieran fin a sus acuerdos de cooperación médica con Cuba ha dado como resultado el fin de las brigadas médicas cubanas en Honduras, Guatemala, Paraguay, San Vicente y Las Granadinas, Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica o Guyana, cerrando esta vía de entrada de divisas para el Estado cubano. 

La activación de una solidaridad internacional insuficiente

Esta nueva fase de agresión a Cuba ha activado, como no podía ser menos, la solidaridad con la isla. Diversas iniciativas se han puesto en marcha desde los colectivos sociales y políticos que llevan décadas apoyando a la Revolución Cubana y denunciando el bloqueo frente a la falta de acción de los Estados, a pesar de su voto favorable en 33 resoluciones de condena a su existencia en la Asamblea General de la ONU. Algunos activistas ya han llegado a La Habana y está previsto que el 21 de marzo toda esta solidaridad, ideada inicialmente en forma de Flotilla que rompiera simbólicamente el cerco naval petrolero, confluya en un gran acto en el Malecón. El Nuestra América Convoy a Cuba es una campaña necesaria y meritoria, como todas las que hacen los denodados militantes de la solidaridad con Cuba, conformada en muchos países por cuadros comunistas que cargan en sus espaldas décadas de lucha en todos los frentes. 

Atender la crítica situación económica que padece la población cubana, llevando alimentos, productos higiénicos, medicamentos o cualquier otra ayuda, parece una medida urgente en estos momentos. En estos últimos meses hemos visto, además, acciones del Gobierno de México enviando ayuda humanitaria, ante la prohibición de enviar petróleo por parte de EE. UU., a China enviando toneladas de arroz o a un expresidente mexicano como Andrés Manuel López Obrador que ha salido de su retiro para proponer una campaña de acopio de ayuda a Cuba. 

Pero no hemos visto a ningún Estado capaz de confrontar las agresiones de EE. UU. desafiando sus amenazas, que parecen haberse convertido en órdenes mundiales que se acatan sin remedio. La extraterritorialidad con la que la súperpotencia impone desde hace décadas su voluntad al resto del mundo, sea con leyes, chantajes económicos o bombas, es preocupante y ahí deberíamos mirar. Esta geopolítica de la soledad cubana, como la definió Iramis Rosique, debería interpelar al mundo, máxime en esta fase de descomposición acelerada del orden internacional donde se abren posibilidades de construir otro tipo de relaciones entre países, y dentro de los países.

Las denuncias del presidente Pedro Sánchez sobre la guerra ilegal de EE. UU. e Israel en Irán, o su defensa enunciativa de Gaza, contrastan con su silencio ensordecedor sobre el recrudecimiento de la ofensiva de EE. UU. contra Cuba. A pesar de que Cuba fue la última colonia española en América Latina y el Caribe, un país con el que España siempre ha defendido tener estrechos vínculos históricos y culturales que trascendían las diferencias ideológicas, el presidente Sánchez no parece interesado en hablar alto y claro también en este tema.

De hecho, es lamentable que el actual Gobierno de España despache su relación con Cuba, justo en estos momentos, por la vía de la cooperación internacional, recibiendo hace un mes al canciller cubano para justificarlo después con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores donde se aclaraba que se trataba de una reunión “a petición de éste”, se mostraba preocupación por “la situación de las empresas españolas en el país” y ni siquiera se llamaba al bloqueo por su nombre sino que se usaba el término preferido por EE. UU.: “embargo”. Una posición asistencialista, por lo demás teñida de interés empresarial, que empaña el vínculo político.

Trascender la solidaridad y luchar por el socialismo 

Sin duda, la solidaridad de los pueblos que suple lo que sus gobiernos no hacen conmueve y es imprescindible como medida de urgencia para Cuba. Pero la clase trabajadora y los pueblos organizados necesitamos otras vías de relación con el pueblo cubano que no pasen por una cooperación asimétrica en la que Cuba recibe un poco por lo mucho que ha aportado, en lo simbólico y en lo tangible, a las luchas de liberación del mundo y a nuestra inspiración revolucionaria.

Por eso, la mejor manera de ayudar a Cuba es haciendo que el socialismo sea el modelo político que guíe también nuestros respectivos territorios. Puede sonar muy utópico o aparecer muy distante en el horizonte de posibilidad, pero es la única manera de no relegar a los cubanos, ni a ningún pueblo que ose desafiar a EE. UU., a este aislamiento de facto que facilita el hostigamiento colectivo por haber decidido autodeterminarse fuera de la lógica del capitalismo. 

Para ello, quizás podríamos empezar dando pequeños pasos. Por ejemplo, realizando un ejercicio más sencillo que pasa por no negar la legitimidad del sistema político cubano, tildándolo de “régimen” o de “dictadura”. Eso nos llevaría a tener perspectiva histórica y entender que el socialismo fue el que permitió que una pequeña nación insular, periférica y dependiente, pudiera desarrollarse económicamente logrando niveles de vida para el conjunto de su población, inimaginables para sus vecinos del Caribe. Una situación que cambió con el fin de la Unión Soviética y el bloque socialista, contrapeso geopolítico que sirvió para equilibrar el poder en el sistema internacional, pero también para abrir espacios a que los pueblos del mundo pudieran luchar con el respaldo de un Estado que –no sin contradicciones o sin ejercer su propia represión– fue un ejemplo de cómo enfrentar al imperialismo estadounidense, el colonialismo y la voracidad capitalista.

En definitiva, nuestra primera tarea es entender que Cuba no ha llegado a este punto crítico por el “fracaso del socialismo” sino, más bien, por todo lo contrario, porque falta más socialismo en el mundo que arrope a Cuba en su lucha, que es la de todas. 

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Estados Unidos de América (EE. UU.) e Israel han vuelto a bombardear Irán y, con ello, se ha desatado una guerra abierta en Asia Occidental. La respuesta defensiva de Irán, atacando la ciudad de Tel Aviv pero también las bases militares y embajadas de EE. UU. en varios países de la zona e, incluso, en Chipre, ha sorprendido a Donald Trump, según sus propias palabras. Los analistas debaten si la apertura de este nuevo frente bélico, de consecuencias imprevisibles, ha sido un error estratégico para EE. UU. o bien se trata de un escenario calculado por Washington. En el Congreso de EE. UU. el debate es, además, si lo que ha iniciado el Gobierno Trump este 28 de febrero puede ser definido como guerra y si el país se encuentra, nuevamente, ante una agresión contra un país extranjero sin el necesario aval del poder legislativo. 

Mientras llegan los poderes de guerra que respaldarían legalmente los ataques del Gobierno estadounidense, el conflicto se expande en Asia Occidental y las acciones y víctimas mortales se multiplican con el paso de los días. Irán ya ha declarado que está preparado para una guerra prolongada; Hizbulá ha entrado a la contienda en Líbano, mientras el Gobierno de ese país permite la entrada de tropas israelíes; en Bahréin, la mayoría chií, gobernada por una monarquía suní, se suma a las protestas contra los ataques a Irán; y las manifestaciones de población musulmana frente a embajadas de EE. UU. se suceden en distintos países asiáticos, como Pakistán. 

Por su parte, la Unión Europea (UE) sigue demostrando su doble rasero moral y su voluntad de profundizar su sometimiento geopolítico a EE. UU. Incapaces de condenar el asesinato de EE. UU. e Israel a casi 200 niñas en una escuela de Minab y a otros cientos de iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei, la UE de Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas cierra filas con sus aliados occidentales a la vez condena el derecho a la legítima defensa que ejerce Irán ante este crimen de agresión, amparándose en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. 

En paralelo, Francia, Alemania y el Reino Unido, el bloque conocido como E3, ha dado un paso al frente y, en una declaración conjunta del 1 de marzo, se muestra dispuesto a facilitar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones” proponiéndose “colaborar con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abundado en esta idea de cooperación con los aliados, a pesar de condenar el ataque fuera del marco legal de EE. UU. e Israel, y ha puesto nuevamente a disposición de Europa la capacidad de disuasión nuclear de Francia. 

En este contexto de belicismo rampante, emerge en Europa la voz discordante de Pedro Sánchez, quien se ha mostrado contrario a que EE. UU. pueda usar sus bases militares en territorio español para los ataques a Irán, lo que ha provocado una nueva escalada declaratoria de Trump contra el Gobierno español. Más allá de la distancia que puede mediar entre las declaraciones del presidente español y los hechos de la realpolitik, como ha demostrado el caso del comercio de armas con Israel, Pedro Sánchez está usando hábilmente su confrontación con Trump. 

Oponerse a la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, quienes representan el liderazgo de la ultraderecha mundial y simbolizan la demolición del Derecho Internacional, para construir un perfil antagónico, basado en la defensa del Derecho Internacional y de los derechos humanos, le otorga a Sánchez una gran proyección internacional. Rescatar, además, el lema que en 2003 movilizó al 90% de la población española contra la guerra de Irak, “No a la guerra”, le puede dar réditos electorales en la política interna. 

Nuevos escenarios, viejas excusas

Es inevitable pensar en la guerra de Irak estos días, en la invasión a Afganistán iniciada en 2001 y en el punto de inflexión que supuso la guerra contra el terror global que desató EE. UU. con la excusa de los atentados del 11 de septiembre. Guerras que sentaron las bases de un nuevo momento de unilateralidad fuera de la ley internacional, y sin justificaciones humanitarias, en la política exterior estadounidense. Sin embargo, el punto de inflexión no fue sólo exterior. En el plano doméstico, este nuevo momento conllevó la aprobación de la Ley Patriota, que consagró un estado de excepción de facto al permitir el control masivo en aras de la lucha contra el terrorismo, así como el aumento de los niveles de represión a la disidencia interna. 

Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio para justificar la ofensiva del pasado sábado 28 de febrero han ido variando a lo largo de los días. De reconocer abiertamente la búsqueda del cambio de régimen en Irán, se ha pasado a hablar del objetivo de destruir la “amenaza de los misiles balísticos de corto alcance” y de los “activos navales” del país, presionado por Israel (otras fuentes mencionan las presiones de Arabia Saudí). La imposibilidad de dar un argumento convincente que permita justificar un ataque a un país con el que se estaba sentado en la mesa de negociaciones, a punto de obtener un acuerdo sobre el programa nuclear iraní mucho mejor que el firmado por Barak Obama en 2015, es notoria. Parece que EE. UU. y sus aliados querían evitar ese escenario de distensión con Irán. 

De hecho, el pre-emptive attack esgrimido en el primer comunicado de Israel, traducido como “ataque preventivo” en español, fue la misma lógica doctrinal que EE. UU. usó en Afganistán. Pero la falta de originalidad en los paralelismos no acaba ahí. Estos días vuelve a posicionarse la idea de que Irán tendría armas nucleares, a pesar de la supuesta erradicación del programa nuclear iraní anunciada por Donald Trump tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Una excusa que recuerda al argumento de las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que se usó, junto con el pretexto de la democratización, para defender la guerra ilegal del EE. UU. de George W. Bush contra Irak.

La supuesta voluntad de democratización de entonces planea también en quienes utilizan las vulneraciones a los derechos humanos, y en concreto de los derechos de las mujeres, para respaldar, desde una elástica moralidad, las actuaciones imperialistas que pretenden salvar a los pueblos del mundo a base de bombas. La instrumentalización de la legítima lucha de las mujeres iraníes por ganar espacios de mayor autodeterminación es especialmente obscena entre la ultraderecha que sigue a rajatabla el guion de un feminacionalismo claramente islamófobo. Una ultraderecha que, además, suspendería cualquier análisis comparativo sobre los derechos efectivos de las mujeres en distintos países de la zona.

Si alguien a estas alturas cree que EE. UU., o el ente genocida de Israel, tienen algún tipo de interés en defender a las mujeres musulmanas, promover los regímenes democráticos o salvaguardar los derechos humanos, sólo tiene que preguntarse por qué EE. UU. no bombardea Arabia Saudí y encontrará la respuesta. Pero también puede mirar adentro de sus fronteras y ver cómo EE. UU. responde a los ciudadanos estadounidenses que se manifiestan en contra del ICE, o cómo Israel trata a los palestinos israelíes, por no hablar de los que habitan en Gaza o Cisjordania. 

Ni las mujeres iraníes necesitan ser salvadas por Occidente ni el mundo en su conjunto puede sostener ya más hipocresía por parte de quienes se erigen en faro moral de la humanidad cuando cargan en sus espaldas la responsabilidad por algunos de los crímenes más abyectos que se hayan cometido, en el pasado, pero también en el presente. Por eso, es fundamental no perder las coordenadas ideológicas, ni caer en las trampas discursivas o en las equidistancias. Puede que hoy, más que nunca, defender el Derecho Internacional frente a los poderes hegemónicos que siempre lo han ignorado parezca revolucionario y, sin duda, lo es. Pero lo más revolucionario es defenderlo hasta sus últimas consecuencias, no negando el derecho a la legítima defensa de los Estados atacados por el imperialismo y el sionismo. 

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