“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.
Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.
Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.
Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.
Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.
En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.
La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.
Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?
El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.
Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.
Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
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