Senegal atraviesa una crisis política de calado tras la destitución del primer ministro y aliado de largo plazo, Ousmane Sonko, por parte del presidente Bassirou Diomaye Faye el pasado 22 de mayo. El cese —producto de la pugna por el poder entre los dos antiguos socios— eleva el riesgo de inestabilidad en el país, según analistas consultados por fuentes diplomáticas. La crisis podría minar el papel de Senegal como mediador clave en la convulsa región del Sahel, donde las juntas militares prorrusas ganan terreno.

Un giro que podría beneficiar a Washington

La apertura de Faye a colaborar con Estados Unidos, unida a la salida de Sonko, podría facilitar los esfuerzos de la administración Trump por reconstruir lazos con los regímenes del Sahel —hoy vinculados a Moscú— y apuntalar la fallida operación antiterrorista regional, según analistas. Un Senegal inestable podría debilitar el papel del país como pacificador, pero una administración pos-Sonko más alineada con Washington podría fortalecer la influencia estadounidense en la zona.

Un Senegal inestable podría debilitar el papel del país como pacificador en el Sahel. Pero un Gobierno pos-Sonko abierto a EE.UU. podría fortalecer la mano de Trump.

Faye y Sonko llegaron al poder hace algo más de dos años con un programa rupturista. La ruptura entre ambos, según los analistas, debilita la institucionalidad senegalesa y amenaza la estabilidad de un país que hasta ahora había sido un oasis democrático en una región convulsa. La evolución de la crisis será seguida de cerca tanto por las cancillerías africanas como por Washington, que ve en Dakar un socio estratégico para contrarrestar la influencia rusa en el Sahel.

El Congreso de Bolivia debate este jueves la implementación de un reglamento para un estado de excepción, en medio de una crisis interna que se ha agravado tras casi un mes de bloqueos de carreteras. Los manifestantes, que exigen la renuncia del presidente Luis Arce, mantienen cortes en puntos estratégicos del país, lo que ha generado desabastecimiento en varias regiones.

La sesión parlamentaria, que se celebra en La Paz, busca dotar al Gobierno de herramientas legales para restablecer el orden público sin vulnerar derechos fundamentales. El estado de excepción permitiría, entre otras medidas, la restricción temporal de ciertas garantías constitucionales, como la libertad de circulación y el derecho de reunión.

Implicaciones regionales

Bolivia atraviesa una de sus peores crisis políticas y sociales desde el regreso de la democracia. Los bloqueos, organizados por sectores afines al expresidente Evo Morales, han paralizado la actividad económica y generado tensiones entre el Ejecutivo y la oposición. La inestabilidad preocupa a los países vecinos y a socios comerciales como España, que mantienen inversiones y presencia diplomática en el país andino.

El Gobierno de Luis Arce ha denunciado que los bloqueos buscan desestabilizar al Ejecutivo elegido democráticamente, mientras que los manifestantes acusan al presidente de no atender las demandas de las regiones productoras. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, ha llamado al diálogo para evitar una escalada de la violencia.

El debate en el Senado se prolonga sin que se vislumbre un acuerdo inmediato. La aprobación del reglamento del estado de excepción requeriría el respaldo de dos tercios de la cámara, una mayoría que el oficialismo no tiene asegurada. Mientras tanto, las calles de La Paz y otras capitales departamentales son escenario de protestas y contramanifestaciones.

La resolución de esta crisis podría marcar el futuro político del país y su relación con la región. España, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, sigue con atención los acontecimientos, dado el impacto que una eventual desestabilización tendría en la inversión española en sectores como el energético y el de infraestructuras.

Desde el 3 de junio de 2026, la capital de Somalia, Mogadiscio, es escenario de enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad leales al presidente Hassan Cheikh Mohamoud y las milicias de la oposición, hostiles a la prolongación del mandato del jefe de Estado. La crisis política, que venía gestándose desde hace semanas, ha degenerado en combates en varias calles de la ciudad, según fuentes locales.

Una crisis institucional abierta

El detonante de la violencia ha sido la negativa del presidente Mohamoud a convocar elecciones en el plazo previsto, lo que la oposición considera una extralimitación de su mandato. Las milicias antigubernamentales han tomado posiciones en barrios estratégicos de la capital, mientras que las fuerzas leales intentan recuperar el control. No se han difundido cifras oficiales de víctimas, aunque testigos reportan decenas de heridos y al menos cinco muertos en las primeras 24 horas.

La situación es extremadamente tensa. Los disparos se escuchan en toda la ciudad y la población civil permanece refugiada en sus hogares, sin electricidad ni acceso a alimentos frescos.

La comunidad internacional ha mostrado su preocupación. La Misión de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) ha condenado los enfrentamientos y ha instado a ambas partes a retomar el diálogo. Estados Unidos, a través de su embajada en Mogadiscio, ha pedido el cese inmediato de las hostilidades y la vuelta a la legalidad constitucional.

Implicaciones regionales

Somalia es un país estratégico en el Cuerno de África, donde opera la fuerza antiterrorista ATMIS y donde la Unión Europea mantiene programas de cooperación. La inestabilidad en Mogadiscio podría afectar a las operaciones contra el grupo Al-Shabaab, que controla amplias zonas rurales. El presidente Mohamoud, en el cargo desde 2022, enfrenta acusaciones de autoritarismo y de haber prorrogado su mandato de forma inconstitucional tras la expiración del plazo electoral en mayo de 2026.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Senegal, Ousmane Sonko, ha lanzado una durísima crítica contra el presidente Bassirou Diomaye Faye en su primera intervención pública desde que fue destituido como primer ministro, el pasado 3 de junio. La diatriba, pronunciada ante los medios, revela la profunda fractura entre los dos líderes, hasta ahora aliados, y sumerge al país en una crisis política que afecta a un socio estratégico para España en África Occidental.

«Un país es algo serio», afirmó Sonko visiblemente enfadado, en una declaración recogida por varios medios locales. El nuevo presidente del legislativo no ahorró reproches hacia su antiguo aliado, aunque llamó al pueblo senegalés a mantener la unidad «por el interés general». El cese de Sonko como jefe de Gobierno, fulminante y sin explicaciones oficiales detalladas, ha sido interpretado como un intento de Diomaye de concentrar el poder ante el descontento social y las presiones internacionales.

Un aliado convertido en adversario

Sonko y Diomaye compartieron plataforma durante las elecciones presidenciales de 2024, en las que derrotaron al oficialismo con un discurso rupturista y soberanista. La coalición, sin embargo, se ha roto en menos de dos años. Según analistas senegaleses, el enfrentamiento responde a divisiones internas sobre el control de los recursos pesqueros y la relación con la Unión Europea, dos asuntos clave para España, cuya flota faena en aguas senegalesas y que mantiene un acuerdo pesquero con Dakar.

La crisis en Senegal preocupa a Madrid por su impacto en la cooperación migratoria y la lucha contra el yihadismo en el Sahel, donde Senegal es un aliado estable.

La Asamblea Nacional, controlada ahora por Sonko, podría convertirse en un foco de oposición al Ejecutivo. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si la ruptura deriva en una inestabilidad crónica o si ambos líderes logran un pacto que evite un bloqueo institucional. De momento, la oposición ha exigido la convocatoria de elecciones anticipadas.

Senegal, una de las democracias más sólidas de África Occidental, atraviesa su mayor prueba desde la llegada al poder de Diomaye. Para España, la evolución de la crisis es de especial interés, dado que el país africano es interlocutor clave en la ruta migratoria atlántica y en la seguridad regional.

La aparente alianza entre el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, y su primer ministro, Ousmane Sonko, ha terminado por quebrarse. Ambos dirigentes, que llegaron al poder juntos en 2024, han visto cómo sus diferencias se han ido agravando hasta convertirse en una fractura abierta que amenaza la gobernabilidad del país, según fuentes políticas senegalesas.

Un distanciamiento que venía de lejos

La disensión entre Diomaye y Sonko, que durante meses se mantuvo en privado, ha ido en aumento desde 2024. Lo que comenzó como desacuerdos tácticos se ha transformado en una lucha por el control del Ejecutivo. El presidente, visto inicialmente como una figura de transición, ha buscado afirmar su autoridad frente a un primer ministro con gran peso político y una base social movilizada.

El escenario de una ruptura entre el presidente de sustitución y su hiperprimer ministro ha acabado por concretarse, tras una disensión cada vez más marcada, latente desde 2024.

Sonko, carismático líder de la oposición antes de ser nombrado jefe de Gobierno, ha mantenido un perfil alto, lo que ha generado fricciones con un presidente que ha tratado de marcar distancias. La crisis interna llega en un momento delicado para Senegal, uno de los países más estables de África Occidental, pero con desafíos económicos y sociales crecientes.

Implicaciones regionales

La inestabilidad política en Senegal preocupa en la región. Como país ribereño del Atlántico y punto de partida de rutas migratorias hacia Canarias, cualquier vacío de poder o disturbios podría tener consecuencias para el control fronterizo y la seguridad en el Sahel. Además, Senegal es un socio clave para España y la Unión Europea en materia de lucha contra la inmigración irregular y cooperación antiterrorista.

Por el momento, ninguna de las dos partes ha hecho declaraciones oficiales sobre su enfrentamiento, pero fuentes cercanas al Gobierno reconocen que la situación es crítica y que se busca una salida negociada para evitar una parálisis institucional.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha rechazado en la madrugada de este lunes los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. «No acepto los resultados del preconteo», declaró el mandatario en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, en una jornada que promete tensión política en el país.

Según los datos preliminares difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato conservador Abelardo de la Espriella se sitúa en primer lugar con un estrecho margen sobre el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ocupa la segunda posición por pocos puntos porcentuales. El propio presidente aparece como candidato en los comicios, aunque los resultados del preconteo no le otorgan la primera posición.

Petro no detalló las razones concretas de su rechazo, pero fuentes cercanas al Ejecutivo apuntan a posibles irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario colombiano ha denunciado en el pasado la existencia de «fraudes electorales» y ha pedido en reiteradas ocasiones una revisión exhaustiva de los votos. La jornada electoral transcurrió con normalidad en la mayor parte del país, aunque se registraron incidentes aislados en algunas regiones.

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Colombia, un socio estratégico en la región. La Organización de Estados Americanos (OEA), que desplegó una misión de observación electoral, aún no se ha pronunciado sobre la validez del proceso. El rechazo de Petro abre un escenario de incertidumbre política que podría prolongarse durante los próximos días, a la espera del escrutinio definitivo.

El canciller alemán, Friedrich Merz, enfrenta una creciente presión interna tras filtrarse rumores sobre su posible sustitución por un rival más joven y popular, Hendrik Wüst, ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, según informaciones publicadas este sábado por medios alemanes que citan fuentes gubernamentales.

La crisis de liderazgo en la mayor economía de la Unión Europea llega en un momento de máxima tensión geopolítica, con la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales con Estados Unidos y China como telón de fondo. La posible sucesión de Merz, un veterano democristiano de 70 años, por Wüst, de 50 años, reflejaría un cambio generacional que podría alterar el rumbo de la política exterior y de defensa alemana.

Un canciller acosado por los rumores

Según la fuente gubernamental citada por los medios, Merz estaría «luchando duramente» por contener las especulaciones sobre su salida anticipada, que se han intensificado en las últimas semanas tras el desgaste de su coalición tripartita. Wüst, considerado un político moderado y con buena imagen entre el electorado, no ha confirmado ni desmentido su interés por la cancillería.

La popularidad del canciller ha caído en los sondeos, situándose por detrás de la de su joven rival, lo que ha alimentado los rumores de un relevo antes de las próximas elecciones generales previstas para 2027. Analistas políticos alemanes señalan que la situación podría provocar un adelanto electoral si la crisis se profundiza.

Por ahora, la cancillería no ha emitido ningún comunicado oficial desmintiendo las informaciones, lo que aviva las dudas sobre la estabilidad del Ejecutivo.

Bolivia amanece este sábado con calles desiertas y comercios cerrados en varias regiones del país, en el tercer día de bloqueos y manifestaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La crisis política ha provocado largas filas de vehículos ante las gasolineras ante la escasez de combustible, según informaron medios locales, y numerosos establecimientos han suspendido sus actividades ante la incertidumbre.

Las movilizaciones, que comenzaron el jueves, acumulan más de 60 bloqueos en carreteras nacionales, según datos de la Defensoría del Pueblo. Los cortes afectan principalmente las rutas que conectan La Paz con Cochabamba y Santa Cruz, las principales vías de abastecimiento del país.

El pulso entre el Gobierno y la oposición

Mientras el Gobierno de Paz denuncia una alteración del orden público y ha anunciado que no negociará bajo presión, el expresidente Evo Morales y varias organizaciones campesinas han defendido las protestas como una respuesta legítima a la política económica del Ejecutivo. Morales, en un mensaje difundido en redes sociales, calificó las movilizaciones de «resistencia pacífica contra un gobierno que ha traicionado al pueblo».

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto han anunciado que mantendrán los bloqueos de forma indefinida hasta que el Gobierno atienda sus demandas de revisión de los precios de los combustibles y la suspensión de la reforma del sistema de pensiones.

Impacto en la economía y la población

La escasez de combustible ha sido el síntoma más visible de la crisis. Según reportes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los bloqueos han impedido el paso de cisternas de gasolina y diésel hacia los principales centros urbanos, lo que ha generado colas de hasta cuatro horas en las gasolineras de La Paz y El Alto. La Cámara de Industria y Comercio de Bolivia ha estimado que las pérdidas económicas superan ya los 50 millones de dólares (unos 46 millones de euros) por días de paro.

La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado al diálogo entre las partes, mientras que el Ministerio de Exteriores español recomendaba este viernes a los ciudadanos españoles en Bolivia extremar las precauciones y evitar desplazamientos por carretera. La crisis boliviana añade un foco de inestabilidad a la región andina, que España sigue con especial atención por sus vínculos históricos y económicos con el país.

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha destituido a su primer ministro Ousmane Sonko el pasado 22 de mayo, según ha trascendido este viernes. La decisión, calificada de «audaz» por la prensa internacional, obliga al mandatario a gobernar con un nuevo equipo y con un margen de maniobra reducido, en un contexto de crisis política que afecta a una de las democracias más estables de África Occidental.

Un giro inesperado en la cúpula del poder

La destitución de Sonko, hasta ahora aliado clave de Faye, supone un terremoto político en Senegal. Ambos llegaron al poder en 2024 tras una campaña contra el establishment, pero las diferencias internas han saltado por los aires. El presidente, que asumió con la promesa de reformas profundas, opta ahora por un cambio de rumbo que puede debilitar su base de apoyo.

El jefe del Estado ha tomado una decisión audaz, según Le Monde Afrique, al prescindir de la figura que encarnaba el voto de castigo contra la clase política tradicional.

La medida se produce en un momento delicado para Senegal, país de gran interés estratégico para España por su posición en África Occidental, la creciente competencia con Marruecos en la región y el flujo migratorio hacia Canarias. La inestabilidad política en Dakar podría repercutir en los acuerdos de cooperación migratoria y económica firmados con la Unión Europea.

Consecuencias para el equilibrio regional

Senegal es considerado un socio prioritario para España en la lucha contra la inmigración irregular y en el desarrollo de infraestructuras. La destitución de Sonko, visto como un líder populista con fuerte respaldo juvenil, abre una fase de incertidumbre. Faye deberá recomponer el Gobierno y demostrar que conserva el control, mientras la oposición y los movimientos sociales observan con lupa.

Por ahora, no se ha anunciado el nombre del nuevo primer ministro, ni se han detallado las causas oficiales del cese. Lo que sí está claro es que la decisión, arriesgada y repentina, redefine el tablero político senegalés y coloca a Faye ante el reto de gobernar sin su principal valedor.

Bolivia atraviesa la mayor oleada de protestas en décadas, que está a punto de cumplir un mes. El presidente Rodrigo Paz se ha volcado al diálogo para intentar desactivar una crisis institucional que ha provocado más de 60 bloqueos en todas las carreteras del país y desabastecimiento de productos básicos, según fuentes oficiales del Ejecutivo boliviano.

El origen de la crisis

Las protestas se enmarcan en una crisis heredada del anterior Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). El Ejecutivo de Paz ha impulsado medidas altamente impopulares que han sido rechazadas por sectores históricamente combativos del país. La tensión se ha extendido por todo el territorio y ha llevado al presidente a buscar un entendimiento con los manifestantes.

El mandatario ha conseguido el respaldo de los poderes Judicial y Legislativo para intentar poner fin a los bloqueos. En ese contexto, el Gobierno ha asegurado que hay posibilidad de una solución política al conflicto, según reportes oficiales citados por medios locales.

Diálogo abierto

Paz ha enfatizado su apuesta por el diálogo como vía para alcanzar un camino consensuado. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos en uno de los países andinos más relevantes para el equilibrio geopolítico regional.

La duración de las protestas y el impacto en el suministro de alimentos y combustibles han encendido las alarmas, mientras el Gobierno intenta contener la crisis sin recurrir a la represión. Las próximas horas serán clave para determinar si la vía del diálogo logra desactivar la movilización social más grave de los últimos años en Bolivia.

Los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales reforzaron este jueves 28 de mayo los bloqueos en la región del Trópico de Cochabamba, después de que un corte de luz de dos horas generara alarma sobre una posible detención del líder cocalero. Los campesinos, que ya mantenían protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cercaron un cuartel policial y cerraron varias rutas de la zona.

El corte de suministro eléctrico se produjo en la noche del jueves y fue interpretado por los manifestantes como una señal de que las fuerzas de seguridad se preparaban para detener a Morales, quien enfrenta varios procesos judiciales. La situación provocó una movilización inmediata de los sindicatos agrarios, que reforzaron los puestos de control en las carreteras.

Bolivia atraviesa una crisis política desde que el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se dividió entre los leales al exmandatario y los partidarios del actual presidente Paz. Las protestas se han intensificado en las últimas semanas, con bloqueos que afectan el abastecimiento de combustible y alimentos en varias regiones. Los sindicatos agrarios, que lideran la movilización, mantienen cortes intermitentes en la carretera que conecta Cochabamba con el resto del país, lo que ha generado desabastecimiento y un aumento de los precios. La tensión continúa mientras el Gobierno de Paz no ha emitido una declaración oficial sobre el apagón.

La crisis en Bolivia se agrava por la fractura del partido oficialista y las denuncias de persecución política contra Morales. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la estabilidad en el país andino, recordado por la crisis de 2019 que forzó la salida del propio Morales. El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y el respeto a los procesos democráticos en la región.

El Knesset, el Parlamento israelí, votó el pasado 20 de mayo por unanimidad (110 votos a favor, ninguno en contra) su propia disolución, lo que desencadena la convocatoria de nuevas elecciones en un clima de profunda inestabilidad política. La decisión, adoptada en tiempo récord, refleja el colapso de la coalición gubernamental liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, según un comunicado oficial del propio Parlamento. La crisis, que llega en pleno conflicto en Gaza, ha sido agravada por las crecientes acusaciones de crímenes de guerra contra la cúpula militar y política del país.

Elecciones anticipadas en un contexto de divisiones internas

La presión internacional, unida a las divisiones internas dentro del Ejecutivo, ha hecho insostenible la continuidad del Gobierno. La disolución del Knesset abre un periodo de interinidad hasta que se celebren los comicios, cuya fecha aún no ha sido fijada. La votación unánime, inédita por su contundencia, es también un síntoma de la parálisis institucional que vive Israel desde hace meses. En los últimos años, el país ha encadenado varios procesos electorales sin lograr mayorías estables, lo que ha generado un clima de incertidumbre que afecta tanto a la economía como a la seguridad. El nuevo proceso electoral se perfila como el quinto en menos de cuatro años, un récord que subraya la fragilidad del sistema político israelí.

Para quienes no conocen los entresijos de la política israelí, el voto unánime del 20 de mayo para disolver el Knesset puede parecer un terremoto político, pero la realidad es mucho más compleja y está profundamente ligada a la dinámica de las operaciones militares en curso y a la presión internacional por las denuncias de crímenes de guerra.

Mientras los partidos de la oposición acusan a Netanyahu de arrastrar al país a un abismo diplomático, sectores de su propia coalición exigen una línea dura que ha chocado con las advertencias de organismos internacionales como la ONU, que ha solicitado una investigación independiente sobre los ataques contra la población civil en Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes continúan sus operaciones en la Franja de Gaza, donde la cifra de víctimas mortales supera ya las 35.000 personas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás. La comunidad internacional sigue dividida: mientras Estados Unidos respalda el derecho de Israel a defenderse, numerosos países y organizaciones humanitarias exigen un alto el fuego inmediato.

Un análisis vincula el colapso político con las operaciones militares

Un análisis titulado «Self-Engineered Decay: Why Israel’s Political Collapse Cannot Be Separated from Its War Crimes» (Decadencia autoinducida: por qué el colapso político de Israel no puede separarse de sus crímenes de guerra) ha puesto el foco en la relación entre el deterioro institucional y las acciones militares. El análisis sostiene que la crisis política israelí no es un hecho aislado, sino que está profundamente entrelazada con la dinámica de las operaciones militares en curso y la presión internacional por las denuncias de crímenes de guerra.