Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

La entrada Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista” se publicó primero en lamarea.com.

“Nunca fuimos amigos”. La defensa a la que han recurrido muchos de los personajes prominentes que aparecen en la correspondencia electrónica de Jeffrey Epstein –con correos de tono íntimo, repletos de agradecimientos, anécdotas y consejos personales– resulta curiosamente similar. “Nuestra relación no era una amistad”, dijo Daniel Ariely, catedrático de Psicología y Economía Conductual de la Universidad de Duke, al New York Times, “y él no dio apoyo económico a ninguno de mis proyectos”. “El Dr. Botstein afirma que su relación con el Sr. Epstein estuvo totalmente enfocada en persuadir a un adinerado mecenas a que donara fondos a la institución”, afirma el mismo diario en un artículo sobre el flamante rector del Bard College, una prestigiosa universidad privada en el estado de Nueva York. Confrontado con un correo que envió el rector a Epstein después de su primera condena y cuyo contenido recuerda al “sé fuerte” de Rajoy a Bárcenas, un portavoz de Bard alega: “El Dr. Botstein a menudo conecta con los donantes cuando atraviesan momentos complicados, como una enfermedad u otras circunstancias difíciles”. 

A estas alturas, se cuentan por docenas los no amigos de Epstein provinientes del mundo universitario norteamericano: Steven Pinker, Noam Chomsky, Larry Summers, Martin Nowak, Alan Dershowitz, etc. La defensa de todos estos hombres es hipócrita y oportunista, desde luego: gestos desesperados para evitar un contagio que –bien lo saben– puede conllevar, en el mejor de los casos, un aluvión de vergüenza y desprestigio y, en el peor, un despido laboral o una persecución judicial. (Botstein ya está siendo investigado por su propia universidad; a Ariely le han cerrado el centro que dirigía).

Pero, por más desesperada que sea la disculpa, desde un punto de vista antropológico, quizá no carezca de base. En el cuarto de siglo que llevo como profesor universitario en una universidad privada en Estados Unidos, y como presidente ocasional de una fundación educativa (los Archivos de la Brigada Lincoln), tengo alguna experiencia en el trato con mecenas millonarios –figuras que, dicho sea de paso, esgrimen un poder cada vez mayor en los ámbitos académico y nonprofit, mundos donde la financiación pública lleva años siendo desplazada por la privada–. 

La primera lección que uno aprende en el arte de “cultivar relaciones” con donantes potenciales es que todos tienen caprichos –gustos, preferencias e ideas propias, muchas veces obsesivas, raras o poco fundadas– que no solo cabe adivinar cuanto antes, sino también tolerar y hasta celebrar. Para complicar el juego, estos caprichos suelen ser poco estables: si hay algo que los mil millonarios pueden permitirse, es tener el temperamento volátil. Pero, dada esta volatilidad –y la precariedad financiera de muchas instituciones hoy–, la competencia por el favor del donante es tal que los límites éticos o procedurales no tardan en tirarse por la borda. (Es cada vez más común, por ejemplo, que donantes que financian una cátedra exijan un veto en los nombramientos, algo que hasta hace poco se consideraría una violación inaceptable de la autonomía universitaria). 

Partiendo de mi experiencia personal, puedo decir que participar en un proceso así, en el papel de suplicante, se experimenta como un sacrificio –una cesión inevitable de la dignidad individual por el bien institucional–, al mismo tiempo que, de forma igual de inevitable, la cercanía al poder financiero ejerce una seducción que no por perversa es menos real. 

Los que no son reales, sin embargo, son los afectos expresados en estas interacciones, que no dejan de ser una elaborada pantomima. Una parte de la lisonja obligatoria al mecenas, por ejemplo, no solo es tratarle como si fuera un genio (¿cómo, si no, llegó a acumular tanto dinero?), sino, dada su posible generosidad, alabarle como un ejemplo sobrehumano del buen criterio y, cómo no, de la virtud. Un santo, vamos: alguien digno de que los grandes proyectos que ayuda a financiar lleven su nombre. (No deja de ser graciosa la prisa con la que las universidades se han intentado desvincular de donantes contagiados por el mundo de Epstein: son muchos los edificios en los campos universitarios que, de repente, están cambiando de nombre).

No hace falta ser un psiquiatra para comprender los móviles psíquicos que mueven al donante: la necesidad de saberse querido y admirado; el miedo a la muerte y el deseo de no ser olvidado (dejar un legado); la fantasía de la inmortalidad; y, quién sabe, quizá un complejo de culpa y un correspondiente deseo de confirmar que su perversa riqueza pueda verse como legítima y merecida.

Todo esto lo traigo a colación para explicar que, cuando profesores y dirigentes universitarios juran que nunca consideraron a Epstein como amigo, no andan del todo desencaminados. Bien mirado, ¿es posible ser amigo de un milmillonario? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones humanas en un mundo dominado al cien por cien por el dinero? Y, dada la proliferación por el mundo actual de hombres como Epstein –perversamente ricos, patológicamente narcisistas, cuasi intelectuales, movidos por ideas estrafalarias, rodeados de sicofantes y con una influencia política y económica descomunal–, ¿qué nos dice su caso sobre el futuro?

“El ámbito doméstico de Epstein puede que llegara a extremos de sadismo, pero su economía política es cada día menos excepcional”, escribe la socióloga australiana Melinda Cooper en un lúcido ensayo reciente. “El hecho de que un solo individuo disponga de más dinero que una agencia estatal o una universidad deja un profundo impacto en la producción del conocimiento y en las relaciones académicas”. 

Epstein, explica Cooper, se ubicaba en el centro de una red de relaciones no solo de dependencia –los “amigos” a los que cedía favores, invitaba a su isla, conseguía mujeres, daba consejos financieros– sino, directamente, de servitud. En sus varios recintos residenciales, Epstein empleaba a cientos de personas como asistentes, chóferes, jardineros, cocineros que, así como las menores y mujeres jóvenes a las que contrataba como juguetes sexuales desechables, acababan formando parte de una gran “familia”. 

La metáfora es tramposa, explica Cooper. Porque al sustituir la relación contractual por una relación aparentemente familiar –que no por ello deja de ser jerárquica–, el ámbito doméstico de Epstein se convirtió en un espacio feudal, dejando el campo libre a abusos de todo tipo. A fin de cuentas, apunta Cooper, “las relaciones de parentesco, a diferencia de las relaciones laborales en un mercado libre, evocan una forma de obligación no contractual, una atadura que no se deja disolver fácilmente mediante el intercambio de dinero”. Es más: en el ámbito de Epstein, la dependencia se convertía muchas veces en complicidad, ya que usaba a sus víctimas para reclutar a otras.

¿Qué impulsos libidinales movían a Epstein, más allá de la necesidad patológica de acumular dinero e influencia? Cooper, que lleva años estudiando la economía política del neoliberalismo y el auge de la extrema derecha, señala que sus fantasías en torno a la propiedad sexual combinaban dos de los elementos cuasi-primitivos señalados por Freud en Tótem y tabú: la propiedad fratriarcal (que le permitía compartir mujeres con “hermanos” como Trump) y, más poderosamente, la patriarcal (que le permitía guardar algunas, o todas, las mujeres para sí). 

Epstein, explica Cooper, se imaginaba no solo como el patriarca de un harén continuamente rejuvenecido, sino, como Elon Musk y Peter Thiel (el fundador de Palantir), como padre fundador de una nueva raza. Como indica Freud, sin embargo, esta fantasía del padre primitivo viene acompañada de un miedo igual de primitivo: los patriarcas están condenados a ser asesinados por algún hijo rebelde que los sustituya. Gran parte de su comportamiento neurótico se explica por la necesidad de neutralizar esa amenaza. No es casual, apunta Cooper, que a la zaga de la rebeldía contra el patriarcado que supuso el #MeToo, una ristra de hombres poderosos se acogieran a la extrema derecha: era un espacio que les permitía mantener sus fantasías intactas.

Ahora, ¿es realmente necesario explayarnos en las deprimentes dinámicas psíquicas de estos individuos despreciables? Me temo que sí. La rápida erosión de las estructuras democráticas y el auge de líderes autócratas aliados con magnates milmillonarios, de los que hay cada vez más, hacen que el impacto de estos mecanismos sobre todos nosotros sea cada vez más frecuente, directo y profundo. Como señalaba la filósofa Amia Srinivasan hace poco en un ensayo brillante, en los tiempos que corren no nos podemos permitir ignorar las lecciones del psicoanálisis. Melinda Cooper, a su vez, subraya la importancia de combinarlas con un análisis riguroso de la economía política. 

En este sentido, los abusos que dominaban las relaciones interpersonales en los recintos privados de Jeffrey Epstein son un microcosmo de una nueva economía global. Dado que, desde la crisis 2008, ha proliferado la clase de los híperricos, los “recintos de los milmillonaros han empezado a influir en economías urbanas enteras”, señala Cooper. Y dado que “el tipo de obligación y deuda personales que Epstein inspiró entre sus dependientes hoy es una característica estándar de la economía doméstica de los milmillonarios”, lo que nos revela el caso Epstein es nada menos que un distópico futuro.

“Gracias a que comprendemos cada vez más del mundo de Epstein”, concluye Cooper, “hemos conseguido una imagen más clara de la lógica psíquica y económica de la ultraderecha contemporánea”. Si Trump y sus cómplices, incluidos techbros como Musk, Thiel, Bezos y Zuckerberg, se empeñan en fulminar el Estado administrativo, convertir el ICE en una milicia personal del presidente, desregular el sector privado, minar la autonomía universitaria o destruir el tejido sindical, es porque tienen una agenda: refundar la economía entera sobre la relación entre amo y siervo. 

La entrada El caso Epstein como distopía  se publicó primero en lamarea.com.

“¿Dónde en Estados Unidos tiene su sede Antifa? ¿Y cuántos miembros tiene?” le preguntó Bennie G. Thompson, congresista por el estado de Misisipi, a Michael H. Glasheen, el director de Operaciones de Seguridad Nacional, que fue llamado a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes el pasado 12 de diciembre. “Si, como usted dice, Antifa es el objetivo número uno del FBI, esos datos seguramente me los podrá dar, ¿no?” “Eh, la situación es fluida”, contestó, con cara de susto y visiblemente incómodo, el veterano funcionario, que lleva más de 15 años en el cuerpo policial federal hoy dirigido por Kash Patel.

Desde que el presidente Trump puso a Patel a cargo del FBI, en febrero de 2025, este se ha convertido en uno de los principales instrumentos judiciales para perseguir a los enemigos políticos del presidente —incluido James Comey, exdirector del propio FBI—. Para entender cuáles pueden ser las dinámicas internas de la organización, hablo con el periodista Tim Weiner, un Premio Pulitzer que lleva más de cuatro décadas cubriendo los servicios de inteligencia estadounidenses. Weiner (White Plains, Nueva York, 1956) es autor, entre otros libros, de Enemigos. Una historia del FBI (2014); Legado de cenizas. La historia de la CIA (2024); y, más recientemente, La misión. La CIA en el siglo XXI (Debate).

¿Me puede explicar qué pasó en esa incomodísima comparecencia del director Glasheen ante el Congreso en diciembre?

Su misión, por así decirlo, era justificar algo que la administración Trump está tratando de impulsar, y que es análoga a lo que hizo el FBI bajo J. Edgar Hoover hasta 1973. El objetivo que ha identificado Trump —a su manera, indeleblemente estúpida— es demostrar que personas como George Soros están financiando las operaciones de “Antifa”, ese grupo tan misterioso como aterrador.

¿Qué significa eso?

Significa que la oficina dirigida por Kash Patel se está movilizando para llevar a cabo una guerra política contra los oponentes reales e imaginarios del presidente. Trump ha afirmado una y otra vez que Antifa es una quinta columna, un enemigo interno, un grupo terrorista doméstico. Al adoptar el lenguaje de la lucha internacional contra el terrorismo, normalizado tras el 11-S, intenta crear un marco que le permita perseguir y procesar a los supuestos enemigos de su Gobierno. El mayor obstáculo aquí, por supuesto, es que el antifascismo es una ideología. No hay ninguna organización con ese nombre. En la práctica, el FBI y el resto del Departamento de Justicia están diseñando planes para acosar —y, si pueden, perseguir judicialmente— a la izquierda norteamericana, en la medida en que cabe hablar de una izquierda en este país.

Todo esto tiene precedentes históricos. En Legado de cenizas cuento que, en octubre de 1967, tras la primera gran manifestación contra la guerra de Vietnam, el presidente Johnson convocó al entonces director de la CIA, Richard Helms, en la Casa Blanca. Johnson, que estaba convencido de que el movimiento pacifista y la lucha por los derechos civiles estaban controlados y financiados por Moscú y Pekín, le dijo: “Quiero que haga lo que sea necesario para seguir la pista de los comunistas extranjeros que están detrás de esta intolerable injerencia en nuestros asuntos internos”.

A partir de ese momento, la CIA, el FBI y el NSA intensificaron el espionaje a los estadounidenses. Esta no solo era una misión imposible, sino profundamente ilegal: la CIA y el NSA tienen expresamente prohibido, salvo contadas excepciones, espiar a los estadounidenses, a menos que se trate de espías o agentes de potencias extranjeras. Todo esto no tardó en acarrear serios problemas para los servicios de inteligencia cuando, en diciembre de 1974, el periodista Seymour Hersh reveló estas prácticas en el New York Times.

Ahora bien, este es el modelo que Trump y sus secuaces de la justicia están tratando de seguir con el FBI con el fin de reprimir y oprimir a los enemigos políticos del Gobierno. Ya ha habido numerosos intentos de procesar y perseguir a personas como James Comey —ex director del FBI que, además, es republicano—. De forma similar, el Departamento de Justicia acaba de imputar ¡al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis! Nada de esto llegará a ninguna parte, desde luego. Es como tratar de clavar una gota de mercurio a la pared.

Glasheen, que lleva mucho tiempo en el FBI y no es tonto, debe saber todo esto perfectamente. ¿Cómo se deja poner en una posición así? ¿Por qué no dimite?

Las dimisiones como protesta son algo muy poco habitual, aunque es verdad que a veces ocurren.

En ese sentido, ¿cabe hablar de una facción política del FBI que está en tensión con una facción de funcionarios de carrera?

No sé si cabe hablar de facciones dentro del FBI. Sí te puedo contar lo que sé que ha estado sucediendo durante el último año. Trump ha ordenado a Patel, del FBI, y a Radcliffe, de la CIA, que purguen a cualquiera que haya investigado la intromisión maligna de Rusia en las elecciones de 2016 y a cualquiera que haya trabajado en el enjuiciamiento de los insurrectos del 6 de enero. En el FBI, concretamente, Patel ha purgado a los directores de Seguridad Nacional e Inteligencia, a todos los dirigentes locales que trabajaron en estos casos, en Washington, Nueva York y otros lugares.

De hecho, las direcciones de Seguridad Nacional e Inteligencia han quedado despobladas; mucha gente ha sido reasignada al trabajo contra contra los inmigrantes. Al mismo tiempo, el FBI se ha convertido en un instrumento de guerra política en nombre del presidente, tal y como lo fue bajo las presidencias de Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, cuando el FBI lo dirigía Hoover.

Hoover, durante las casi cinco décadas que dirigió el FBI, lo moldeó a su imagen. Pero Patel solo lleva un año al mando. Imagino que el cuerpo funcionarial es menos susceptible de dejarse persuadir por este intento de que renazcan los viejos tiempos. ¿Hay resistencia interna? ¿O es que las purgas han funcionado?

El FBI es, ha sido y seguirá siendo muy blanco, muy masculino, muy conservador políticamente. Por tanto, no creo que se pueda decir que haya gente dentro del FBI trabajando en secreto para la Resistencia. Pero sí creo que se puede predecir que todo esto no llevará a nada. Una cosa es imputar a la gente —sea el gobernador de Minnesota o un vecino cualquiera que ha asumido el mando de la patrulla anti-ICE de su barrio—.

Otra cosa es que esa imputación tenga éxito. Este último año, muchas imputaciones han resultado rotundos fracasos, entre ellas la del mismo James Comey. Abrir una investigación contra alguien es una táctica punitiva de por sí, claro está. De entrada, obliga a la gente a buscarse un abogado. Eso cuesta dinero. Después, es probable que, una vez abierta la investigación, se intervengan teléfonos o vigilen comunicaciones. Todo lo cual, sin duda, es una herramienta de opresión. Aún no hemos llegado a que una persona acabe juzgada y condenada por expresiones o conductas protegidas por la Constitución. Pero estamos muy cerca.

Hasta la fecha, ha resistido el dique formado por los grand juries (grandes jurados) y el poder judicial.

En efecto. El dique lo han integrado los grandes jurados, las y los jueces, y el hecho de que son muy pocos las y los fiscales dispuestos a llevar a cabo procesos judiciales abiertamente políticos.

El sistema, en otras palabras, guarda los principios constitucionales contra los embates de un FBI cada vez más hooveriano.

Todo lo que hemos visto hasta la fecha lo indica. Por otra parte, es un triste consuelo pensar que, si el Departamento de Justicia de Trump, el FBI incluido, ha fracasado y seguirá fracasando en sus intentos de perseguir a los enemigos políticos del presidente, es en gran parte gracias a la estupidez de sus líderes. Su mayor obstáculo es que son idiotas. Pam Bondi es una idiota. Kash Patel es un idiota. También lo es Lindsey Halligan, que se cree fiscal federal del Distrito Este de Virginia. Todo me recuerda a esa maravillosa escena de Blazing Saddles (Sillas de montar calientes), con Gene Wilder y Cleavon Little, en la que Wilder le dice a Little: “¿Qué te esperabas? Hay que recordar que son gente de campo, simples hijos de la tierra. O sea, imbéciles”. Cleavon Little es incapaz de contener la risa, pero igual incluyeron la escena tal cual.

O sea, que estamos viviendo una farsa.

Mira, si J. Edgar Hoover era un relámpago (lightning), Kash Patel es una luciérnaga (lightning bug). Ese hombre es tonto. Si te digo la verdad, lo único que me da esperanza, además de las y los jueces y fiscales, es que esta gente está chiflada.

El daño que está causando en el FBI, ¿será duradero?

Creo que es reparable, pero llevará años, si no décadas. Porque lo que han hecho fundamentalmente es abusar y corromper la confianza en la que se basa su poder. ¿Quién iría a trabajar para el FBI en este momento? ¿Quién iría a trabajar para la CIA o el Departamento de Justicia? Han sido tantas las personas que han dimitido en silencio —y a veces no tan en silencio— en señal de protesta, que el Departamento se ha convertido en un buque fantasma. Siempre llega un momento —y esto ha sido así a lo largo de décadas— en el que la gente tiene que decidir: ¿me quedo e intento preservar lo que hay de bueno aquí o me voy por una cuestión de conciencia? El número de personas que deciden quedarse disminuye cada día que pasa.

El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis le dijo al New YorkTimes que lo ocurrido en esa ciudad estas semanas ha echado por tierra años de trabajo para reconstruir la confianza del público en las fuerzas del orden. Imagino que con las fuerzas del orden federales ocurre algo similar. Pasarán años antes de que la población estadounidense vuelva a confiar en cualquier cosa que salga del Departamento de Interior, el Departamento de Justicia o el FBI.

Una cosa que me ha llamado la atención en Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas, es que personas que nunca se identificarían con la izquierda —veteranos militares, personas que nunca han marchado ni se han manifestado en toda su vida— se hayan incorporado a la Resistencia y se hayan sumado a quienes se enfrentan a los matones de Trump, gritándoles: “¡Fuera de mi barrio, putos nazis!”

Lo único que frenará esto —además de las y los jueces que prohíben las acciones ilegales o inconstitucionales, además de las y los fiscales que se niegan a llevar casos amañados a los tribunales— es un rechazo popular masivo a Trump y al Partido Republicano en las elecciones del próximo noviembre. Uno de los factores que más ha contribuido a que se produzcan estas atrocidades es la abdicación del Congreso. Por tanto, habrá que echar a los congresistas. Pero, fíjate, incluso si se lograra, habría después que sustituir el liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso con personas que —y perdona la expresión— tengan cojones. El poder legislativo tiene que oponerse a esto, sí o sí. Pero para ello es necesario que los líderes del Partido Demócrata dejen de ser tan tímidos y temerosos.

La entrada Tim Weiner, periodista: “Mi única esperanza es que el FBI y el Departamento de Justicia están siendo dirigidos por idiotas y chiflados” se publicó primero en lamarea.com.

La noche del 14 de enero, justo una semana después de que un agente del ICE, la policía migratoria federal de Estados Unidos, asesinara a Renee Good en una calle residencial de Minneapolis (Minnesota), otro agente disparó su arma en el norte de la ciudad, hiriendo a un hombre venezolano. El incidente se produjo después de que el gobierno de Trump –que justifica el asesinato de Good al mismo tiempo que se niega a que las autoridades estatales lo investiguen– aumentara el número de agentes en Minneapolis y Saint Paul a 3.000. (Las dos ciudades tienen unos tres millones de habitantes; los dos cuerpos de policía municipal cuentan con unos 600 agentes cada uno). 

Todo ha servido solo para intensificar el miedo y la inseguridad que siente la población, que, además de aterrorizada, está furiosa. Las protestas han sido constantes desde que ICE y la patrulla fronteriza (United States Border Patrol o USBP) aterrizaron en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas hace poco más de un mes. El 15 de enero, el presidente Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección –una especie de ley marcial, que fue invocada por última vez cuando se sucedieron las protestas por la muerte de Rodney King en Los Ángeles hace más de treinta años– al mismo tiempo que la Unión de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda judicial por la violación sistemática de los derechos constitucionales de parte del ICE y el USBP, que acosan y detienen a cualquier persona que tenga aspecto latino o somalí. (Las Ciudades Gemelas albergan a la comunidad somalí más numerosa del país, la mayoría de sus integrantes son ciudadanos norteamericanos o residentes legales).

En sendos discursos, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunciaron la ocupación de la ciudad por cuerpos federales al mismo tiempo que instaron a la población a expresar su legítima ira de forma pacífica. “No muerdan el anzuelo”, dijeron ambos, repitiendo sus discursos de hace una semana. “No le brindemos a Trump el caos que busca».

“Me parece muy importante que el mundo comprenda lo que estamos viviendo aquí”, dice Wes Burdine, propietario de un bar en Saint Paul y autor de varios informes en primera persona sobre la situación en su ciudad, cuando hablamos el 15 de enero. “Es la segunda vez en cinco años que la ciudad en la que vivo se ve convertida en el foco de la atención mundial”, dice en referencia a las secuelas del asesinato de George Floyd por un policía municipal en 2020. 

¿Cómo se compara la situación actual con la de entonces?

La ira que sentimos todas y todos es la misma. Pero si hace cinco años el enfado se dirigía a nuestro propio departamento de policía, hoy la amenaza es un cien por cien externa: nos enfrentamos a una fuerza de ocupación. Hay otra diferencia importante: podemos aprovechar las redes de apoyo y resistencia que formamos entonces. Las semillas que plantamos hace cinco años hoy están dando fruto. En 2020, cuando vivimos una invasión de pandillas de Proud Boys [un grupo militante de extrema derecha] que pretendían destruir nuestra ciudad, forjamos redes comunales –entre vecinos, en los barrios– de protección e información. Se reactivaron hace un mes, cuando empezaron a llegar los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza. Con el grupo de mi barrio nos reunimos para organizar y prepararnos hace semanas ya. Teníamos una idea de lo que se avecinaba. 

¿Se involucran las personas de entonces o hay gente nueva que se una?

Las cadenas son las mismas que entonces, pero se están expandiendo. Se ha unido mucha gente nueva. Sin contar que hoy tenemos herramientas más eficaces, como los grupos de Signal. A mí me han preguntado muchos amigos cómo pueden involucrarse. Y fíjate que no se trata de activistas empedernidos ni de personas particularmente politizadas. No, es la gente más normie del mundo: jóvenes, profesionales, jubilados, amas de casa. Yo mismo soy propietario de un bar, un soccer dad, tengo dos hijos de 11 años, pero aquí me tienes, dedicando dos horas diarias al trabajo de resistencia. 

En las protestas, así como en los discursos de los alcaldes y del gobernador, el sentimiento que predomina, además de la ira, es el orgullo: Minnesota y las Ciudades Gemelas están orgullosos de su cultura –hospitalaria, humanitaria, inclusiva, solidaria– y rechazan vehementemente una fuerza de ocupación que, a todas luces, busca destruir esos valores. ¿Hasta qué punto esta sensación de orgullo trasciende las divisiones políticas locales?

Las trasciende claramente. Mi vecino es un hombre centrista, inmigrante. Pero hoy también está radicalizado. El mismo alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, no es muy popular, precisamente, entre las personas progresistas de la ciudad. Y, sin embargo, está de nuestro lado. Todos tenemos muy claro que él no es el enemigo. Como tampoco lo es el gobernador, Tim Walz. ¿Hay votantes republicanos que se alegren con todo lo que está pasando? Seguramente, pero son pocos. En las elecciones de 2024, Trump obtuvo aquí un 30% del voto. Imagino que le puede quedar un 15% de apoyo, no más.

Mencionó la invasión de los Proud Boys de hace cinco años. ¿Cabe decir que han vuelto a invadir, solo que esta vez vienen uniformados?

¡Claro! Los datos de ICE que se han filtrado indican que entre los nuevos reclutas están muchos de los ultras que asaltaron el Capitolio en enero de 2021 y que después fueron indultados. Pero no solo, fíjate. En las últimas semanas, he tenido confrontaciones o conversaciones con unos 14 agentes federales. La mayoría son blancos, pero también hay afroamericanos, latinos y de ascendencia asiática. Hace un par de días, en mi coche, cuando de repente me vi rodeado de agentes, había uno que pretendía razonar conmigo, intentando convencerme de que eran los buenos de la película. Me preguntó: “¿No quieres que cojamos a estos adictos y traficantes?”. Yo, la verdad, no estaba en condiciones de tener ninguna conversación con él. Pero habría sido interesante, aunque solo fuera para comprobar hasta qué punto a estos agentes les han lavado el cerebro. Los odio, pero también les tengo lástima. Seguramente hay bastantes que se han alistado por el dinero: ganan 200.000 dólares al año, lo que es más de lo que yo he visto en mi vida.

De los cientos de vídeos que nos llegan de Minneapolis cada día queda claro que, vayan donde vayan los agentes, la gente les mienta la madre, les llama nazis y cobardes y les grita que se larguen de una puta vez. ¿Cómo se gestiona tanta ira constante?

Es un tema difícil. El otro día tuve una conversación muy seria con mi hijo, que tiene once años y juega al fútbol. Tiene un compañero de equipo que ha dejado de asistir a los entrenamientos porque su familia no se siente segura. Intenté explicarle a mi hijo la gravedad de la situación y cuánto me enfurecía. Pero no fue nada fácil. 

¿Logra canalizar esa ira de alguna forma en lo personal?

Sí, sí. Las dos horas diarias que dedico al trabajo de resistencia ayudan. Observar y seguir a los agentes, y ver cómo, a veces, se largan con el rabo entre las piernas cuando nos presentamos, eso me alegra el día. Y también me sirve escribir sobre lo que estamos viviendo. 

¿Qué pasa con toda esa ira a nivel colectivo?

Eso lo veo bastante más complicado, la verdad. Cuando el gobernador Walz o el alcalde Frey nos piden que mantengamos la calma, que seamos pacíficos, no puedo por menos de preguntarme: “A ver, aquí hay un tío con un rifle. Lo único que tengo yo es un silbato. ¿Por qué nadie les dice a estos tíos armados que mantengan la calma? Es más, ¡les dicen exactamente lo contrario! El gobierno federal les asegura que gozan de una inmunidad absoluta. En otras palabras, les están animando a comportarse de forma más violenta.

Yo creo que les incumbe a Walz y a Frey encontrar un modo de insertarse entre los agentes del ICE y todos los que estamos del otro lado: madres y padres, alumnos de secundaria, todos los que nos movilizamos todos los días en las calles de esta ciudad, a una temperatura de menos diez grados centígrados, vigilando, observando, protestando, escoltando a los miembros de nuestra comunidad mientras dejan o recogen a sus hijos de la escuela, acompañando a las maestras y los maestros camino de casa. Me enfurece que me digan que mantenga la calma cuando, en realidad, deberíamos celebrar que, con la que está cayendo, ninguno de nosotros haya enloquecido.  

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