• Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un requerimiento formal a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha exigiendo la elaboración urgente del Plan de Recuperación para la especie, catalogada “en peligro de extinción” en la región, conforme a lo estipulado en la Ley regional 9/99.
• Advierten de que, ante el mal estado de conservación de la especie, si no hay una respuesta favorable en el plazo de tres meses acudirán a la vía judicial.
• Las organizaciones reivindican el papel de la especie para garantizar el equilibrio de los ecosistemas y la regulación de las poblaciones de ungulados silvestres en cuyo control la administración invierte innecesariamente ingentes recursos humanos y materiales. Asimismo, el plan permitiría impulsar la coexistencia de las actividades ganaderas con la presencia de la especie.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), especie que se encuentra catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998.

El requerimiento ya tramitado subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.

“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo. “La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.

Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión que resulta “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional.

Sara Gonzalez, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, explica: “Que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración. El ordenamiento español y castellano-manchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación. Es una obligación legal directa. La inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.

Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de una herramienta sólida de gestión y conservación que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado, así como agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas.

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• Según los documentos oficiales de Castilla-La Mancha hay casi 3 millones de metros cuadrados de ocupados temporalmente.
• No existen sanciones para los ocupadores de las vías, aún siendo conscientes en las administraciones públicas de este delito.
• El 41% de las ocupaciones son de carácter privado y el 59 restante es pública, aunque el 80% de esta corresponde a empresas privadas que ofrecen servicios públicos.

El Observatorio de Ocupaciones Temporales en Vías Pecuarias (VVPP) publica un informe sobre ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, con motivo del día de las VVPP y caminos públicos, donde se refleja la perdida de servicios a la ciudadanía. El informe, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma arroja luz sobre las ocupaciones temporales más numerosas en el período 2003-2025 que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, 1776 (52,6%), le siguen las relacionadas con el agua, 670 (19,8%), las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), las de telefonía, 256 (7,6%), las cancelas o pasos canadienses, 139 (4,1%) y los oleoductos, 59 (1,8%). Por último, 151 (4,4%) se corresponden con tipologías diferentes (infraestructuras varias, cruzamientos para paso de vehículos, instalaciones deportivas, etc).

En el informe se señala que las ocupaciones, aunque tengan el nombre de “temporal” suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización, también se remarca lo laxa que son los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, que se puede demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna.

Por otro lado, desde hace años son prácticamente inexistentes las actuaciones de protección de las VVPP como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, entre otras, según la JCCM por falta de  recursos, lo que facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales. Es de esperar que con la Ley 4/2023 de 24 de febrero que modifica la Ley 9/2003, subsane estas deficiencias, mejore la protección y el mantenimiento  de nuestras Vías Pecuarias. En este sentido, la Ley 7/2023 señala en la Disposición adicional cuarta sobre el fondo de mejoras de las Vías Pecuarias que: “Las cantidades derivadas del otorgamiento de autorizaciones  de ocupaciones según el artículo 22.10 de la presente ley, (…) se destinarán a un fondo con carácter finalista para la defensa, conservación y mejora de las vías pecuarias.

El proyecto surge tras diversos estudios realizados por Ecologistas en Acción sobre las “ocupaciones temporales” que alertaron de la existencia de un número inusual de éstas. Como relata Sebastián Rivera, autor del informe : “Estos datos, y la constatación en campo de los efectos de las mismas sobre las vías pecuarias alertaron a Ecologistas en Acción de la necesidad de crear el Observatorio en el conjunto del Estado español, al objeto de que los datos obtenidos nos permitan una toma justificada de decisiones”. También nos recuerdan, desde Ecologistas en Acción, que solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15000 kilómetros, por las que practican senderismo 600000 personas de la región, cumplen la función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones. “A la caza se le suman las ocupaciones de un espacio público, lo que demuestra el desprecio de las administraciones por estas infraestructuras básicas para nuestra sociedad”.

El próximo domingo, día 22 de marzo se celebra el 6º Día de las Vías Pecuarias y de los Caminos Públicos en toda la geografía española, realizándose al menos 7 rutas en las localidades Castellano Manchegas de las distintas provincias: Orgaz en Toledo, Malagón y Villarubia de los Ojos en Ciudad Real, Cuenca Alberca del Záncara en Cuenca. Cifuentes en Guadalajara. En Peñascosa, Albacete, se celebró dicho Día reivindicativo adelantado. Además, se ha organizado para el sábado 21 el IV Foro de Conocimientos Ecológicos Tradicionales en Cardenete.

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• Su ubicación, junto a la microrreserva del complejo lagunar del río Moscas ha despertado el rechazo de Ecologistas en acción desde que se inició su tramitación.
• Promovido por la Diputación de Cuenca, la Junta ha facilitado su tramitación designándolo como Plan de Singular Interés (PLSI).
• El día 17 de marzo de 2026 comparecieron ante el TSJ cinco peritos propuesto por la entidad demandante y tres abogados, uno por cada parte: demandante (Ecologistas en Acción-Cuenca), demandado (Consejo de Gobierno de la JCCM) y codemandado (Diputación provincial de Cuenca).
• Trabajadores de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cuenca muestran su preocupación por la ubicación de la nueva base, a escasos metros de las 5 plantas de gas e hidrocarburos proyectadas dentro del Parque Empresarial.

En la mañana del martes 17 de marzo han sido citados, en la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, los primeros cinco peritos. Se trata de científicos y técnicos, expertos en ecología, biología y ordenación del territorio, procedentes de Cuenca, Madrid y Valencia, incluyendo un catedrático de la universidad.

La demanda de Ecologistas en Acción fue interpuesta en abril de 2024 al acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 25 de mayo de 2023 por el que se aprobaba el “PLSI Economía Circular los Palancares”. La interposición de la demanda, no ha impedido que la Diputación de Cuenca siga adelante con la tramitación del plan.

El grupo conservacionista ha mostrado, desde que se dio a conocer en julio de 2021, su alineación y compromiso con los objetivos del plan y con el avance en la economía circular. Sin embargo, han sido muy críticos con la ubicación: muy lejos de la ciudad de Cuenca (a 15 km) pero muy cerca (456 m) y aguas arriba de las lagunas protegidas con la figura de Microrreserva donde habita la loina (o luina), un pez en peligro de extinción. Y a 277 metros de la zona de especial protección para las aves y de especial conservación “ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca”.

El equipo redactor del plan (la empresa pública TRAGSATEC) planteó 4 alternativas, ya en el documento inicial estratégico fechado en noviembre de 2020, eligiendo la opción junto a las lagunas (opción 4), “prejuzgando y saltándose el procedimiento establecido en la ley de evaluación ambiental” según Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción. Más tarde, en el estudio ambiental estratégico, se optó por la opción 4, en contra del criterio del propio equipo redactor que reconoce que es la más impactante, lo que coincide con el de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Carlos Villeta reconoce la perplejidad de Ecologistas en Acción, al comprobar que no se había seleccionado la opción 1 junto al polígono SEPES “Carretera de Motilla”, que describe como “sin espacios protegidos cercanos, con acceso por carretera, más cerca de la ciudad de Cuenca y todos los suministros: agua, luz, alcantarillado, teléfono fibra óptica, gas” El Gobierno Regional, emite el 16 de mayo de 2023 la declaración ambiental estratégica, dando por buena la opción 4 y rechazando todas las alegaciones.

El próximo 24 de marzo, están citados el resto de peritos y testigos propuestos por las partes demandada y codemandada. Se trata de 7 personas, todas vinculadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible y el equipo redactor del plan y los proyectos de urbanización.

Preocupación entre los trabajadores de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)

Desde la sección sindical de los trabajadores de la base de la BRIF de Cuenca, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, también muestran su preocupación por la posible afección a la calidad del aire por las emisiones de gases y humos de las 5 plantas de gas e hidrocarburos, proyectadas dentro del Parque empresarial. Ya que se instalarán en la parcela adyacente de las instalaciones de la nueva base que se tiene previsto poner en funcionamiento este mismo año.

En estas instalaciones, el personal de bomberos forestales, deberán realizar prácticas y entrenamientos de alta exigencia física. Esto sumado a las frecuentes inversiones térmicas que se producen en la zona, las emisiones de la fábrica de maderas del Ayuntamiento de Cuenca y las chimeneas de PINASA, pueden dar lugar a un ambiente insalubre para los trabajadores y para su actividad habitual en su centro de trabajo.

Un plan polémico y de largo recorrido

El PLSI Economía Circular de los Palancares ha estado marcado por la polémica desde que en octubre de 2022 Martínez Chana afirmó en el pleno de la Diputación que se pretendía construir en el parque empresarial de los Palancares una planta de biogás que procesaría purines. Más adelante, el 16 de febrero de 2023 se presentó en el Palacio Provincial un proyecto consistente en una planta de biogás y otra de hidrogeno y del que no se ha vuelto a hablar. Incluso desde la Diputación negaron su existencia al Consejo Regional de Transparencia. Por el contrario, Ecologistas en Acción recibieron, hace poco menos de un mes, información del proyecto de 5 plantas de gas e hidrocarburos, del que la Diputación de Cuenca no ha facilitado información alguna.

Para Carlos Villeta “Pareciese que este PLSI es una apuesta personal del presidente de la Diputación, por eso dentro del organismo provincial lo denominan el “Parque de Chana”. Nos cuesta entender el empecinamiento del Presidente en ubicarlo junto a una microrreserva, a pesar de que ya en 2021 se presentaron numerosas quejas de particulares y conservacionistas en contra de la nefasta ubicación y en marzo de 2023 numerosas alegaciones que fueron rechazadas en su totalidad. Tampoco entendemos por qué Martínez Chana no ha querido reunirse con las asociaciones que lo solicitamos, ni valorare la salud y el bienestar de los bomberos forestales de la BRIF. Confiamos en que la justicia prime la protección del patrimonio natural y la salud de las personas y obligue a la Diputación de Cuenca a cambiar la ubicación de este plan”.

Galeria de fotos de las lagunas de Mohorte

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• La ocupación de un monte de utilidad pública, las cortas y despeje de la vegetación y el derroche de agua en la Sierra de Bascuñana, las principales afecciones expuestas en las alegaciones presentadas.
• Aunque defienden la opción cero (no llevar a cabo el proyecto), seguirán trabajando para minimizar, si es posible, las fuertes afecciones de este macroparque de aventura.

Ya en agosto de 2023, se denunció la enajenación de 1.036 ha de monte patrimonial perteneciente al ayuntamiento de esta ciudad y sus pedanías a la multinacional turística. Se trataba de un arrendamiento con opción a compra por cantidades inferiores a las del mercado, en un procedimiento plagado según los ambientalistas de irregularidades y con un evidente trato de favor.

Contenido de las alegaciones.

En el proyecto definitivo, además de 1.036 hectáreas de la Sierra de Bascuñana, ahora propiedad (alquilada con opción a compra) de ToroVerde Parks, se pretende ocupar mediante 9 tirolinas (una de 3 km) buena parte del monte de utilidad pública (MUP) nº 17, denominado Barrancos de la Sierra, perteneciente a la Junta de comunidades. Se da a conocer el trazado pero no las características constructivas, dimensiones, materiales, cimentaciones, apoyos, etc. En la documentación tampoco aparece el expediente de compatibilidad ni la “Memoria del ingeniero jefe” tal y como se recoge en el artículo 169 del Reglamento de Montes
El proyecto va a suponer la tala de un número indeterminado de especímenes forestales en una sierra plagada de hábitats de interés comunitario: sabinares de sabina negral, enebrales, guillomares y un largo etcétera. Así como de especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas como la planta Euphorbia nevadensis. Se menciona en el estudio ambiental una serie de medidas preventivas y compensatorias, pero los Ecologistas en Acción sostienen que la única manera de reducir el impacto es no realizar tan desproporcionada actuación.

Consumo desproporcionado de agua

Otro de los grandes impactos del proyecto, según la organización alegante, es el desmesurado consumo de agua. La concesión solicitada a la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 179.000 metros cúbicos, pero el consumo previsto a pleno rendimiento es de 182.000. Esto se corresponde con un 5,3% del consumo anual de agua de la ciudad de Cuenca.
Dicho consumo se justifica en la presencia de 240 piscinas privadas al aire libre, parte de las 240 habitaciones de lujo que se contemplan, o en la existencia de un canal de 480 metros de longitud, 5 de ancho y un metro de profundidad que supone un consumo entre llenado, evaporación y reposiciones de 7.200 metros cúbicos de agua anuales. La finalidad de dicho canal no está lo suficientemente explicada, ya que existe además una piscina de 50 X 40 metros. También existe un amplio sistema de regadío, cuando se supone que las plantas con que se tiene que repoblar serán plantas adaptadas a la sequía estival.

Modelo desarrollista e insostenible

Ecologistas en Acción siempre cuestionaron el modelo de desarrollo del proyecto (como proyecto de singular interés) y que ya había contado con el beneplácito del gobierno regional en el caso de Puy du Fou. “En ambos casos se favorecía a una multinacional extranjera con el desvío de fondos y recursos públicos y facilitándoles construir en zona protegida. En el caso de Puy du Fou ya había supuesto el desembolso de 27 millones de euros, 25 están previstos en el caso de Toroverde. Impulsar para la región otro parque temático basado en el turismo masivo que llega en avión, ave y transporte privado (hasta un millón de personas) no es la vía para afrontar la crisis ambiental y climática.” Ha declarado Toni Jorge, presidente de Ecologistas en Acción de la Manchuela.
Según Ecologistas en Acción de la Manchuela (Cuenca y Albacete), “se trata de privatizar el medio natural y de convertirlo en moneda de cambio, monetizar en suma la naturaleza, construir un resort de lujo y situarlo caprichosamente a mil doscientos cincuenta metros de altura, elevando el agua quinientos metros para que unas pocas personas (las que lo puedan pagar) puedan darse un baño con vistas al valle y para que los adictos a la adrenalina puedan satisfacer su deseo. Lo triste es que se haga con el consentimiento de los auténticos dueños de la sierra, los habitantes de las pedanías que a su vez la heredaron de sus antecesores. La multinacional del ocio, pretende instalar en Cuenca su modelo “de aventura y adrenalina” de acercarse a la naturaleza, convirtiendo a la Sierra de Bascuñana en un no-lugar, idéntico a muchas otras franquicias, orillando la hostelería local y los usos tradicionales”.

ANEXO : Trayectoria del proyecto de TOROVERDE Parks en Cuenca

El 10 de Junio de 2024 se publicó en el DOCM el Acuerdo de 28/05/2024, del Consejo de Gobierno, por el que se declara de interés regional el proyecto Parque de ecoturismo y aventura Toroverde en los municipios de Cuenca, Mariana y Sotorribas, para su tramitación como proyecto de singular interés.

El trato de favor, se puso en evidencia una vez más al presentar a bombo y platillo el proyecto de la multinacional, el 22 de julio de 2025, en la sede del Gobierno regional: el Palacio de Fuensalida. Con el presidente regional Emiliano García-Page ejerciendo de maestro de ceremonias.

Tras una solicitud de prórroga de 6 meses por parte del promotor, que le fue concedida, se publicó la Resolución de 16/12/2025, de la Consejería de Fomento, por la que se aprobó inicialmente y se sometió a información pública incluso a los efectos ambientales, el proyecto de singular interés Parque de Ecoturismo y Aventura ToroVerde en los municipios de Cuenca, Mariana y Sotorribas (Cuenca), promovido por la sociedad mercantil TOROVERDE Parks, SLU.

Para Ecologistas en Acción, el principal motivo de los retrasos en la tramitación se debió a las dificultades encontradas por el grupo empresarial para la financiación. Estas dificultades se han reducido tras la obtención de la Declaración de Interés Regional y las garantías de apoyo y financiación pública. Pero aun así, podía leerse el 15 de octubre de 2025, en el diario Portorriqueño “El Nuevo Día” lo siguiente: “Esta­mos haciendo una oferta de sus­crip­ción aquí en Puerto Rico por­que que­re­mos que el grupo de inver­sio­nis­tas puer­to­rri­que­ños nos acom­pañe en este pro­yecto de Toro Verde en España, o sea que la oferta sea mera­mente para puer­to­rri­que­ños”, declaró David Millán, de McKen­zie Secu­ri­ties, entidad que maneja la capi­ta­li­za­ción del pro­yecto.

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