A principios de marzo se presentó la iniciativa de cooperación militar multilateral denominada “Escudo de las Américas” promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa se anunció con una épica casi cinematográfica: una cruzada contra el narcotráfico, en la que se propone, además de compartir inteligencia militar, la posibilidad de coordinar operaciones para desmantelar los cárteles de la droga. Nada nuevo, por otro lado, ni una cuestión ni otra.
El llamado “Escudo” (Shield of the Americas, con tipografía propia de un cartel de una película de superhéroes) reúne a un grupo de gobiernos abiertamente alineados con las políticas de Trump que, como resulta obvio, deja fuera a México, Colombia o Brasil. No hay forma de revestir la realidad: lejos de ser un nuevo instrumento de cooperación regional, esta nueva iniciativa es poco más que una “foto de familia” en la que EE. UU. se exhibe con todos los gobiernos que comparten los dogmas del trumpismo, donde la geopolítica y la denominada “doctrina Donroe” se disfraza burdamente de lucha contra el narcotráfico.
Pese a su nombre grandilocuente, parece evidente que no asistimos al surgimiento de un nuevo proyecto de cooperación regional ni a un esfuerzo serio por abordar el problema del narcotráfico. Es, más bien, una operación política envuelta en retórica securitaria, diseñada para recomponer la influencia de Estados Unidos en América Latina a través de gobiernos afines, dependientes y dispuestos a asumir costes políticos y sociales en nombre de una supuesta “guerra contra la droga” que, en realidad, sirve a otros intereses. También tiene la pretensión de lanzar un mensaje al mundo de que hay un cambio de rumbo en América Latina y se presenta como una nueva alianza de gobiernos alineados con ese nuevo orden que trata de imponer Estados Unidos.
Por otro lado, desde su planteamiento inicial, el proyecto revela su inconsistencia al excluir a actores clave en sus propios fines como México o Colombia, países centrales en cualquier estrategia contra el narcotráfico. Esta ausencia es una decisión política: el “Escudo” no busca integrar, sino seleccionar y alinear. Se trata de una coalición de gobiernos ideológicamente próximos a Trump, más preocupados por exhibir su fuerza junto al poderoso que por construir un instrumento de cooperación efectivo para sus fines. Podría afirmarse que el verdadero objetivo de esta iniciativa, en realidad, es reconfigurar el mapa de alianzas en la región, reforzando eso que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como su “área de influencia”.
Por otro lado, el discurso de “mano dura” frente al crimen organizado tampoco es nuevo ni especialmente sofisticado. América Latina lleva décadas aplicando políticas represivas contra el narcotráfico con resultados, como mínimo, cuestionables: aumento de la violencia, fortalecimiento de las redes criminales y una profunda erosión institucional. El plan es volver a ese mismo esquema, ahora bajo un nuevo nombre y con un evidente sesgo geopolítico.
En este contexto, el “Escudo de las Américas”, al igual que otros planes, en la práctica se concretará en más presencia militar de Estados Unidos y en la injerencia en asuntos internos, con los efectos ya conocidos sobre la población de las zonas en las que se despliegan, sin un impacto significativo en su principal objetivo: la lucha contra los cárteles de la droga y, mucho menos aún, en el desarrollo económico y social.
No es casualidad que los gobiernos más entusiastas con esta iniciativa compartan ciertos rasgos: liderazgos personalistas, persecución de la oposición política y la protesta social, militarización de la sociedad y reformas legislativas o medidas que restringen derechos de la ciudadanía. Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o Javier Milei en Argentina, son unos clarísimos exponentes de una deriva autoritaria en sus respectivos países que se manifiesta, entre otros ejemplos, en la criminalización de la protesta social, la persecución de la oposición política, la militarización de la seguridad pública, recortes de libertades y en un debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Resulta especialmente preocupante que este movimiento se produzca en un momento en el que, durante años, se habían impulsado, con mayor o menor éxito, proyectos de integración regional. Iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación latinoamericana, a reducir la dependencia externa y a construir una voz propia en el escenario internacional. El “Escudo de las Américas” avanza en la dirección opuesta: fragmenta, excluye y reintroduce lógicas de subordinación que parecían, al menos en parte, superadas. Si algo anuncia esta iniciativa no es una nueva estrategia contra el narcotráfico, sino la apertura de un ciclo político en el que la subordinación se presenta como pragmatismo y el autoritarismo como solución a todos los problemas.
Frente a esta deriva, la alternativa pasaría por recuperar ese impulso a través de instrumentos de integración y cooperación regional y, en lo concreto sobre esta iniciativa, disputar el sentido mismo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Porque, de lo contrario, el “Escudo” no protegerá a las sociedades latinoamericanas, sino que terminará protegiendo, una vez más, los intereses de quienes nunca han tenido que pagar sus costes.
Enrique López Cáceres es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
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