El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de la desigualdad en España. La brecha impacta especialmente en los hogares que viven de alquiler: el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro. Es como un bucle del que no se puede salir. En contraste, el 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses.
Así lo pone de manifiesto un informe de Oxfam Intermón, que profundiza en la crisis de la vivienda a partir de los datos extraídos de la encuesta Vivir la Desigualdad II, realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas.
La crisis, indica Oxfam, es palpable, especialmente cuando se analiza la evolución de los precios. En el último lustro, el coste tanto del alquiler como de la compraventa se ha disparado. Hoy, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%.
“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.
Mismos ingresos, menor ahorro en alquiler
El informe también revela que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos. Con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.
La diferencia es especialmente acusada en los tramos salariales más bajos. Entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler. De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI –1.184€ en 2025– tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.
La comparación entre alquiler e hipoteca refuerza esta tendencia. Así, una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).
“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.
Desahucios invisibles
En este contexto, también se ha incrementado la inestabilidad residencial. Según el análisis, una de cada tres personas que paga una renta –alrededor de tres millones– sufrió el último año “desahucios invisibles”: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas.
El impacto es especialmente acentuado entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%). En el caso de estos últimos, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.
Renuncias cotidianas, deterioro de derechos
El aumento del coste también se traduce en renuncias en las condiciones de vida: el 13% de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Entre el grupo de 25 y 34 años, la cifra llega al 27,7%. No obstante, no se trata de una realidad exclusivamente juvenil: afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años.
Las dificultades también alcanzan los gastos básicos, según el informe: el 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año. La carencia energética asciende hasta afectar a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes.
Estas dificultades incluyen mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o afrontar el pago de electricidad, gas o agua. “Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad -explica García-Gil-. La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.
Futuro incierto
Las tensiones en el mercado residencial también proyectan un horizonte de creciente incertidumbre. La persistencia de precios elevados y la finalización de numerosos contratos de alquiler en 2026 alimentan las dudas sobre el futuro. El 58,5% de las personas no propietarias considera improbable poder comprar una vivienda en el futuro, mientras que solo el 14,4% se muestra optimista. Las expectativas también están condicionadas por la capacidad de ahorro. Las perspectivas varían según la posición socioeconómica: el 19% de las personas de clases altas cree probable acceder a una vivienda en propiedad, frente al 10,3% de las personas no propietarias de clase baja.
En paralelo, la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. “Si no se corrige esta tendencia, nos enfrentaremos a un futuro de profundas desigualdades, donde quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen la expectativa de heredar más que los no propietarios”, señala el autor del informe.
Recomendaciones para un acceso asequible y digno
La organización reclama una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, pide garantizar la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del escudo social.
Al mismo tiempo, plantea reforzar la protección de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos. En paralelo, pide frenar prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad centrada en el uso de la vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública e impulsar modelos alternativos.
“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.
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