El pasado 15 de febrero supimos, a través de la prensa, que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya prevé condicionar el presupuesto de los Centros de Atención Primaria (CAP) a la duración de las bajas médicas que concedan. La propuesta, comunicada a los CAP, implica una suerte de estímulo económico, calculado en el 5% de los recursos asignados, si los médicos de los centros evitan que las bajas de salud mental o de lesiones osteomusculares se prolonguen “más de lo debido”. Una medida que pone la presión en el colectivo médico, ya de por sí sometido a condiciones laborales estresantes que lo han llevado esta semana a convocar huelga en todo el Estado.
Este “más de lo debido” condensa toda la lógica de funcionamiento del capitalismo: la clase trabajadora no puede enfermarse “más de la cuenta” pues el tiempo es oro. El sistema necesita cuerpos sanos, fuertes, útiles para que la maquinaria de la producción siga funcionando, a costa de la salud –nunca mejor dicho– de quienes sólo tienen su fuerza de trabajo y, por tanto, su cuerpo y su mente, para poder subsistir en este sistema.
Como se han encargado de recordarle estos días a la consellera Olga Pané, médico especialista en Medicina del Trabajo, máster en gestión hospitalaria por la Universitat de Barcelona, diplomada en gestión de hospitales por ESADE y responsable última de esta propuesta, la administración de un ente público, y mucho más de uno que tenga en sus manos la gestión de la salud de los ciudadanos, no debería guiarse bajo criterios empresariales de costo y beneficio. Sin embargo, esta propuesta, por lo demás de una Generalitat gobernada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), no es una decisión improvisada o un simple globo sonda. Supone una línea de continuidad en el Departamento de Salud, encabezado por Pané.
Ya en diciembre de 2025 la CGT Catalunya denunció la campaña iniciada por dicho departamento para que la clase trabajadora hiciera “buen uso” de las bajas médicas. Como explicaba el sindicato, la Generalitat no sólo criminalizaba a los más débiles, sino que trasladaba implícitamente la responsabilidad a los trabajadores enfermos y a los médicos, a la vez que desviaba la atención de las causas estructurales detrás de la enfermedad: las condiciones de vida y las condiciones de trabajo.
CGT recordaba, por ejemplo, cómo el aumento del 20% en las bajas médicas de Catalunya se debía, en buena medida, a la salud mental. Y daba datos alarmantes sobre cómo la juventud trabajadora del Estado, con condiciones estructurales de precariedad laboral, con bajos salarios, 36% de sobre cualificación, contratos temporales y a tiempo parcial, concentraba el 32,5% de las bajas laborales, con un “incremento significativo de las bajas por problemas de salud mental, como estrés, ansiedad y depresión”. Una juventud trabajadora que ve cómo su formación –universitaria o no universitaria– no garantiza una inserción laboral que asegure unos ingresos mínimos para poder afrontar los precios desbocados de la vivienda, además. Pero la juventud trabajadora no es la única que padece la presión de un sistema enfocado a maximizar beneficios exprimiendo el tiempo, es decir, la vida, de la fuerza de trabajo. Estamos ante un problema que afecta a la clase trabajadora en su conjunto.
Si los cuerpos y las mentes jóvenes no aguantan una presión que no sólo es del ámbito laboral, pero que pasa por él, ¿qué se puede esperar de quienes llevan décadas de desgaste? Pues que se incrementen las enfermedades, en términos globales, pero que también, como muestran datos de la Encuesta de calidad y condiciones de trabajo 2025 de la Generalitat de Catalunya, el presentismo, esto es, el asistir a trabajar a pesar de estar enfermo, se imponga. Así, el 51,3% de la clase trabajadora catalana declara haber ido a trabajar enferma en los últimos doce meses. Un presentismo que tiene mayor incidencia entre mujeres y las personas con bajos niveles formativos, así como en sectores como la hostelería, educación, agricultura, servicios sociales o actividades sanitarias.
A pesar de ello, y de todos los mecanismos de presión que tiene la patronal en su relación de fuerzas asimétrica con la clase trabajadora para hacer que ésta anteponga los beneficios empresariales a su bienestar, los empresarios consiguen posicionar su queja sobre el aumento del absentismo laboral. La prensa nos recuerda que las empresas están introduciendo “cláusulas antiabsentismo” para dar incentivos a las personas trabajadoras que no hagan uso de su derecho a ir al médico y evitar así las ausencias en el centro de trabajo. Queda claro que la salud laboral es una molestia para los empresarios, un estorbo que les hace perder dinero, que es lo único que les importa al final.
Pero también queda claro que, en esta ofensiva patronal, los empresarios presionan para echar por la borda derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de décadas de lucha, con la ayuda inestimable de sus amigos en los gobiernos que dicen ser de izquierda y que, paradójicamente, reciben el voto de esa clase trabajadora a la que venden cuando llegan a posiciones de poder.
El punto del debate, por tanto, no es el absentismo laboral, ni las bajas que se extienden “más de lo debido”, sino por qué tantos trabajadores acaban yendo a trabajar, incluso enfermos, ante un sistema que los usa y los desecha cuando son inservibles. Por qué las administraciones públicas han permitido que exista un sistema de mutuas privadas decidiendo por la salud de la clase trabajadora, y organismos siniestros como el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), capaces de negar la incapacidad laboral a personas con cáncer metastásico. Y, no, no es un caso aislado. Plataformas como la PAICAM llevan años denunciando estos abusos en Catalunya. Una realidad que, por desgracia, no es exclusiva de este territorio pues atiende a una lógica capitalista global.
El mensaje que envía el capitalismo a la clase trabajadora es claro: trabaja, produce, enferma, sigue trabajando y muere. Pero no te enfermes antes de la cuenta, espérate a la jubilación. Si te mueres justo después de la jubilación mejor que mejor, es más, le haces un favor a las “arcas del Estado” porque ya sabemos que los jubilados viven a tutiplén a costa de los pobres jóvenes que no se pueden emancipar por su culpa, como nos repiten algunas jóvenes en los medios, la prensa y hasta en libros, en un mensaje que no sólo no cuestiona, sino que legitima, el orden del capitalismo.
Estamos en tiempos en que recordar cosas básicas se hace vital. La explotación en el trabajo y la precariedad laboral enferman. La clase trabajadora tiene derecho –al menos hasta ahora en el territorio en el que se escriben estas líneas– a no ir a trabajar si no está en condiciones de hacerlo. Por tanto, no hay un problema de absentismo laboral sino de trabajadores que enferman por culpa del trabajo y que, a pesar de ello, siguen yendo a trabajar.
Las bajas o incapacidades temporales, como puntualiza el abogado laboralista Vidal Aragonés, del Col·lectiu Ronda: “son el ejercicio de un derecho y de una obligación que suspende el contrato de trabajo y la relación laboral a efectos de que la persona trabajadora pueda recuperarse de una situación que justifica su ausencia en el trabajo”. Y el ejercicio de este derecho no debería ni cuestionarse ni limitarlo presionando, todavía más, a las personas trabajadoras y a los facultativos médicos. Tome nota, señora Pané, gracias.
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