Cuando Javier Milei grita «¡Viva la libertad, carajo!» no se refiere a la libertad de todos. Se refiere únicamente a la libertad de los ricos, los poderosos, los patrones. En esa línea, la reforma laboral que ha preparado para los trabajadores y trabajadoras argentinas sólo puede calificarse de salvaje. Para empezar, permite alargar la jornada laboral de 8 a 12 horas (creando un «banco de horas extras» que se compensarían con descanso en otro momento, nunca -o casi nunca- con dinero), rebaja las indemnizaciones por despido, pone en entredicho el derecho a huelga y establece que los comités sindicales sólo puedan reunirse con la autorización previa del empresario. Milei ha bautizado este abuso como Ley de Modernización Laboral. Toda una contradicción, ya que hace retroceder los derechos de los trabajadores a tiempos decimonónicos. «Es retrógrado, regresivo y mentiroso», dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del proyecto.
El texto obtuvo hoy el voto favorable del Senado y fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión antes de su aprobación definitiva, que Milei quiere hacer efectiva antes del 1 de marzo. Esta ley confirma al presidente argentino como un verdadero antisistema, si consideramos que «el sistema» se basaba, al menos antes de la revolución neoliberal, en un consenso mínimo entre el afán de lucro de la patronal y la reivindicación de una cierta comodidad vital por parte de los trabajadores. Ese postulado de la derecha moderada no existe ya en Argentina, como empieza a desaparecer también en el resto del mundo. La Libertad Avanza… y los derechos adquiridos retroceden.
El proyecto de Milei, calificado de «esclavista» por la oposición peronista, provocó protestas que pronto derivaron en una batalla campal en las calles de Buenos Aires. La Policía hizo uso de material antidisturbios y detuvo al menos a 43 personas. Varios medios argentinos hablan de 14 heridos en los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
Tras la motosierra, la porra
Los sindicatos llevan semanas movilizados contra la reforma, y ese no es un hecho intrascendente en un país con el sindicalismo más potente de América Latina. Su archienemigo, sin embargo, es un admirador confeso de Margaret Thatcher y no vería con malos ojos desenfundar la porra y declarar una guerra abierta contra el movimiento sindical, emulando la ofensiva lanzada por la primera ministra británica en 1984 contra las organizaciones mineras. Como ya sabemos, Milei toma decisiones en base a caprichos ideológicos y místicos.
Está por ver si el presidente argentino quiere llevar el pulso hasta esas consecuencias. Antes que él, Mauricio Macri, con todo a favor (y Milei lo tiene todo a favor tras ganar las elecciones de medio término el pasado mes de octubre), impulsó una reforma de las pensiones que acabó con él fuera de la Casa Rosada. Esta reforma laboral, pensada esencialmente para reducir sueldos, abaratar el despido y atraer inversiones extranjeras al país, podría suponer un punto de inflexión en la carrera política de Milei.
Como ya hemos contado en infinidad de ocasiones, este periódico nació para convocar a la huelga del 29 de septiembre de 2010, con el doble objetivo de llamar a la movilización contra los recortes impuestos por el PSOE y de visibilizar el papel paralizador de los sindicatos oficiales.
Año y medio después, y ya con un año de publicación periódica, sacábamos 4.000 periódicos a las calles de Madrid contra la reforma laboral del PP a la que denominamos la reforma del miedo y que fue enfrentada con la huelga general del 29 de marzo de 2012.
El abaratamiento de los costes del despido y la prioridad de los convenios de empresa, tendrían unas consecuencias claras que se confirmaron con el paso del tiempo:
“cobraremos menos, tendremos una inseguridad absoluta sobre nuestro futuro y nuestras condiciones laborales quedarán totalmente ligadas a los deseos y necesidades de la empresa. La reducción de la indemnización por despido e incluso su supresión durante el año de prueba supone una merma de nuestros ingresos y un incentivo para los empresarios a la hora de reducir su plantilla y aumentar beneficios. En última instancia, la idea de la reforma laboral es muy simple: “reducir los costes laborales” para “aumentar la productividad”. A las claras, que nosotros trabajemos más por menos para que “todos” (pero unos antes que otros) podamos salir de la crisis.
Pero si de algo va esta reforma no es tanto de recortes, rebajas y reducciones… eso es el medio. Esta reforma de lo que va es de miedo, de miedo y poder. El miedo que persigue imponer en los trabajadores a costa de aumentar el poder de los empresarios para hacer y deshacer a su antojo. Todos los puntos de la reforma se resumen en uno: aumentar la precariedad y la indefensión a la que los trabajadores nos vemos sometidos, que puede llevarnos a aceptar todas las condiciones que exija el empresario. Con la amenaza del despido sobrevolando por la cabeza, se pretende reducir la combatividad que pudiese mostrar el empleado y, como ya ha reconocido el PP, aumentar su “rendimiento”. Sabiendo que el despido es casi gratuito y que más de cinco millones de parados están prácticamente obligados a aceptar cualquier trabajo, ¿Quién va a exigir que se le paguen las horas extraordinarias? ¿Cómo decirle al jefe que quieres vacaciones? ¿Cómo negociar un convenio de empresa?”
… a la calma
Unos meses después, salíamos a la calle el 14 de noviembre en la Huelga General europea y no fue hasta el 8 de marzo de 2018 y 2019 cuando el movimiento feminista nos llamó a dejar quieta la herramienta (y el delantal y el monedero) porque era la hora de luchar.
La ausencia de convocatorias de huelga general, a pesar de que la ofensiva no se detuvo, se explica no solo por la inacción de las dos grandes centrales sindicales, sino en la parálisis entre la clase trabajadora provocada por la crisis y la inestabilidad laboral.
Si bien la falta de paros generales llaman más la atención, la reducción de huelgas sectoriales o de empresa han sido también una dinámica constante en estos años. Analizando las jornadas no trabajadas por convocatoria de huelga, excluyendo los paros generales, observamos que en los años anteriores a 2010 se perdieron entre ochocientas mil y millón y medio de días de trabajo al año por huelga. En 2011 y 2012, pasamos a parar en quinientos y ochocientos mil días, respectivamente, y desde entonces a 2020, las jornadas de trabajo perdidas fluctúan entre los doscientos y trescientos cincuenta mil días.
En los últimos años, vivimos un ligero aumento de los días no trabajados por huelgas, habiéndose convocado 707 huelgas e todo el Estado, siendo 253 de ellas en Euskadi, que viene liderando la lucha obrera.
Aunque parezca un sinsentido, podemos decir que en estos momentos, más allá de la no convocatoria de huelgas generales, el problema está en su convocatoria irreflexiva.
La huelga debe ser una herramienta de lucha que sirva para ganar un conflicto o, al menos para mostrar al enemigo nuestra fuerza. Si bien no podemos negar la buena voluntad de sus convocantes, las llamadas huelgas generales de 2024 y 2025 por Palestina parecen olvidar estos objetivos.
La reciente huelga convocada por CGT, animado por organizaciones solidarias con el pueblo palestino, ha estado muy lejos de esos propósitos. Según cifras de la Seguridad Social, solo alrededor de siete mil personas dejaron de trabajar ese día y la manifestación, al menos en Madrid, tuvo una participación muy inferior a la histórica convocatoria que unas semanas antes sacó a la calle a cientos de miles personas.
En palabras de CNT-AIT Albacete,“vemos que se profundiza en una dinámica donde las convocatorias de huelga se convierten en inocuas y los mismos afiliados a los sindicatos ni siquiera las secundan. Con estas formas de convocatoria de arriba abajo y los resultados de incidencia, se puede llegar a banalizar culturalmente la herramienta de transformación social más poderosa que tiene la clase trabajadora, la Huelga General.
Sin duda, el despertar de una solidaridad internacionalista ante un genocidio merece todo el apoyo e iniciativa de los sindicatos de clase (…). El boicot y el sabotaje contra el sionismo deben ser la forma de acción predominante, porque el desplazamiento, los asesinatos y las agresiones sionistas al pueblo palestino van a continuar, a pesar de los “ultimátums de paz”.
Misma reflexión realizaban desde CNT Granada: hemos visto que preparar una huelga general que llame a secundarla a todos los sectores productivos en apenas una semana es una ardua – por no decir prácticamente imposible – tarea: es difícil llegar en tan poco tiempo a aquellas trabajadoras/es de las empresas en las que sí tenemos presencia para que ese día hagan huelga con nosotras y, aún más complicado todavía, llegar a las plantillas de los sectores productivos en los que no tenemos presencia para que se unan el 15 de octubre a las protestas y paren de producir ese día. Eso, si es que nos tomamos en serio lo que supone una huelga general. Otra cosa distinta es que esta convocatoria se esté tratando de una huelga de carácter simbólico utilizando, además, las redes sociales como casi único medio de difusión y no emanando de los centros de trabajo: ¿cuántas personas que no participan de movimientos sociales se habrán enterado de esta convocatoria del 15 de octubre?
Así pues, queremos ser honestas con nuestra afiliación, a quienes nos debemos, con nuestras secciones, motor de nuestro sindicato, y con todas aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas: una huelga es una poderosa herramienta de lucha de la clase trabajadora y, como tal, debe usarse con estrategia y, por qué no, con tiempo (como así se vino haciendo en las Huelgas Feministas del 8M de 2018 y 2019: meses y meses de trabajo previos al gran día en el que todas paramos y salimos a las calles por el fin del patriarcado).
Si la huelga no sirve para detener de verdad el tejido productivo, aunque sea por un día, para formar asambleas de trabajadoras/es que debatan qué pueden hacer por Palestina, etc, ¿de qué sirve para el objetivo de detener el genocidio, de pedir el cese de relaciones con el estado sionista? Debemos plantearnos si nuestras luchas son cascarones vacíos o tienen un movimiento real detrás. Y, como es el caso que nos concierne, si queremos que esta tenga un apoyo desde la base de la clase trabajadora y que desborde los límites de lo que conocemos como ‘movimientos sociales’, no basta con convocar ‘a golpe de corneta’ una huelga. Necesitamos trabajar en el desarrollo de nuestra afiliación, así como de la clase trabajadora en su conjunto. Un trabajo más difícil pero necesario, que cambia cualitativamente las posibilidades de enfrentarnos ante la barbarie.
La derogación que no deroga
Tras unos años de poca actividad en cuanto a normas que afectaran a las relaciones laborales, en 2019 se firmó el pacto de investidura que abría el camino al autodenominado Gobierno más progresista de la historia. En el que PSOE y Unidas Podemos afirmaban que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. También se establecía que se sustituiría la Ley Mordaza, así que ya sabéis el resultado.
Al poco tiempo, Yolanda Díez, en ese momento sucesora de Pablo Iglesias, nos explicaba (es un decir) que “técnicamente no se podía derogar la reforma laboral”, lo que era manifiestamente falso y que demostraba la falta de respeto constante que tiene la izquierda a sus votantes.
Así, tras un camino marcado por excusas y declaraciones grandilocuentes, llegamos a la nueva reforma laboral de la izquierda, pactada y aplaudida al unísono por patronal y sindicatos mayoritarios.
Revisando el texto de la norma, hace unos años nos preguntábamos y respondíamos: «¿Se ha derogado la reforma laboral? Rotundamente, no. ¿Se han derogado, al menos, los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Pues depende de para quién. Para los trabajadores, no. Para los sindicatos mayoritarios, que habían perdido poder de negociación en el ámbito de los convenios colectivos, tal vez sí.
Como agradecía la patronal, la nueva norma mantenía «intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas»(modificaciones de condiciones de trabajo, ERTE, movilidad funcional) y no alteraba en nada el régimen del despido, tanto el individual como el colectivo«.
La reforma basó su éxito en la desaparición de la contratación temporal fraudulenta, utilizando una fórmula infalible: cambió los términos. Quien se acostaba siendo temporal se levantó siendo fijo discontinuo. Los que tenían la suerte de ser transformados a indefinidos, verían que la alegría duraba poco tiempo: sin trabas al despido, es irrelevante el tipo de contrato.
Lo que era evidente que ocurriría (y que la ministra de Trabajo sabía porque, como no nos olvidamos de repetir, era abogada laboralista) sucedió. Los contratos temporales fueron sustituidos por indefinidos que finalizaban por no superar el periodo de prueba (tipo de cese que ha aumentado un 656%) o, si la duración era algo mayor, se usaba el despido disciplinario o el objetivo (aumentando este despido un 145% y y 186% respectivamente).
Por tanto, la duración de los contratos, tras la reforma, ha tenido poco cambio y la precariedad e incertidumbre se mantiene, aunque no podemos dar datos exactos puesto que esa estadística se ha dejado -hábilmente- de publicar.
Otra de las victorias altamente publicitadas por los Gobiernos de coalición (tanto de Podemos como de Sumar), es la gran cifra de personas ocupadas. Esos datos ocultan una realidad y es la disminución de la media del número de horas trabajadas por persona. La duración media de la jornada es de 31 horas semanales, lo que desvela que existe una ocupación a tiempo parcial indeseada cada vez mayor que logra que tener un contrato de trabajo no evite estar en situación de pobreza.
Además de innegables avances en temas de conciliación de vida familiar (más duración del permiso por nacimiento, alguna mayor facilidad para la adaptación de jornada y ampliación de algunos permisos), otra bandera del Gobierno ha sido la ampliación del salario mínimo. Si bien es cierto que éste casi se ha duplicado desde el año 2011 (de 641 euros a 1.220) la inflación del 34,5% de este periodo se ha llevado gran parte de la subida (hay que tener en cuenta que el IPC no incluye el precio de la vivienda, que ha aumentado una media del 45% y del 12,8% solo este último año). Además, esta subida del salario mínimo no ha empujado la subida del resto: el salario mediano de 2011 ascendió 19.287 euros y el de 2025 a 24.800, lo que supone, teniendo en cuenta la inflación, una pérdida salarial de mil euros anuales.
Unas notas sobre el cisma en CNT
No podemos hablar de cuestiones sobre el trabajo y pasar por alto algo sobre lo que hemos mantenido un prudente (y puede que algo cobarde) silencio durante estos años. La ruptura en el anarcosindicalismo entre las CNTs, con especial gravedad en lo sucedido en nuestra ciudad, nos hace caer en el pesimismo sobre el mundo nuevo que queremos construir y nos hace dudar de si nuestros principios de asamblearismo, apoyo mutuo, acción directa y antipunitivismo podrán ser los pilares de éste. No queremos ahondar en el conflicto, quien quiera conocer las versiones de ambos bandos puede leer los comunicados de cada organización (y quien quiera lanzarse al barro puede ver los lamentables foros y publicaciones en redes sociales de ex-compañeros echándose mierda), pero sí reprochar (algunas como afiliadas, todas como compañeras) la incapacidad de ambas organizaciones de resolver un problema con la madurez y generosidad que se debía esperar del sindicato.
Demandas en los juzgados, agresiones entre compañeros, calumnias, decisiones tomadas de espaldas a la afiliación y construcción de un relato donde la CNT contraria era el mayor enemigo imaginable, ha eclipsado el trabajo de algunas afiliadas que, en la sombra, han tratado de poner algo de sentido en esta ruptura mientras algunos trataban de torpedear cualquier acercamiento. Todo nuestro respeto hacia ellas y nuestro mayor deseo de que, contra todo pronóstico, el conflicto no acabe de una manera que nos avergüence a todas durante años.
El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).
La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.
Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.
Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.
Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.
El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.
En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.
Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.
Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.
