¿Es posible engrasar los reflejos de los expertos y opinadores en general, y los historiadores en particular, ante el avance de la extrema derecha en la esfera pública?

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“¿Dónde en Estados Unidos tiene su sede Antifa? ¿Y cuántos miembros tiene?” le preguntó Bennie G. Thompson, congresista por el estado de Misisipi, a Michael H. Glasheen, el director de Operaciones de Seguridad Nacional, que fue llamado a testificar ante un comité de la Cámara de Representantes el pasado 12 de diciembre. “Si, como usted dice, Antifa es el objetivo número uno del FBI, esos datos seguramente me los podrá dar, ¿no?” “Eh, la situación es fluida”, contestó, con cara de susto y visiblemente incómodo, el veterano funcionario, que lleva más de 15 años en el cuerpo policial federal hoy dirigido por Kash Patel.

Desde que el presidente Trump puso a Patel a cargo del FBI, en febrero de 2025, este se ha convertido en uno de los principales instrumentos judiciales para perseguir a los enemigos políticos del presidente —incluido James Comey, exdirector del propio FBI—. Para entender cuáles pueden ser las dinámicas internas de la organización, hablo con el periodista Tim Weiner, un Premio Pulitzer que lleva más de cuatro décadas cubriendo los servicios de inteligencia estadounidenses. Weiner (White Plains, Nueva York, 1956) es autor, entre otros libros, de Enemigos. Una historia del FBI (2014); Legado de cenizas. La historia de la CIA (2024); y, más recientemente, La misión. La CIA en el siglo XXI (Debate).

¿Me puede explicar qué pasó en esa incomodísima comparecencia del director Glasheen ante el Congreso en diciembre?

Su misión, por así decirlo, era justificar algo que la administración Trump está tratando de impulsar, y que es análoga a lo que hizo el FBI bajo J. Edgar Hoover hasta 1973. El objetivo que ha identificado Trump —a su manera, indeleblemente estúpida— es demostrar que personas como George Soros están financiando las operaciones de “Antifa”, ese grupo tan misterioso como aterrador.

¿Qué significa eso?

Significa que la oficina dirigida por Kash Patel se está movilizando para llevar a cabo una guerra política contra los oponentes reales e imaginarios del presidente. Trump ha afirmado una y otra vez que Antifa es una quinta columna, un enemigo interno, un grupo terrorista doméstico. Al adoptar el lenguaje de la lucha internacional contra el terrorismo, normalizado tras el 11-S, intenta crear un marco que le permita perseguir y procesar a los supuestos enemigos de su Gobierno. El mayor obstáculo aquí, por supuesto, es que el antifascismo es una ideología. No hay ninguna organización con ese nombre. En la práctica, el FBI y el resto del Departamento de Justicia están diseñando planes para acosar —y, si pueden, perseguir judicialmente— a la izquierda norteamericana, en la medida en que cabe hablar de una izquierda en este país.

Todo esto tiene precedentes históricos. En Legado de cenizas cuento que, en octubre de 1967, tras la primera gran manifestación contra la guerra de Vietnam, el presidente Johnson convocó al entonces director de la CIA, Richard Helms, en la Casa Blanca. Johnson, que estaba convencido de que el movimiento pacifista y la lucha por los derechos civiles estaban controlados y financiados por Moscú y Pekín, le dijo: “Quiero que haga lo que sea necesario para seguir la pista de los comunistas extranjeros que están detrás de esta intolerable injerencia en nuestros asuntos internos”.

A partir de ese momento, la CIA, el FBI y el NSA intensificaron el espionaje a los estadounidenses. Esta no solo era una misión imposible, sino profundamente ilegal: la CIA y el NSA tienen expresamente prohibido, salvo contadas excepciones, espiar a los estadounidenses, a menos que se trate de espías o agentes de potencias extranjeras. Todo esto no tardó en acarrear serios problemas para los servicios de inteligencia cuando, en diciembre de 1974, el periodista Seymour Hersh reveló estas prácticas en el New York Times.

Ahora bien, este es el modelo que Trump y sus secuaces de la justicia están tratando de seguir con el FBI con el fin de reprimir y oprimir a los enemigos políticos del Gobierno. Ya ha habido numerosos intentos de procesar y perseguir a personas como James Comey —ex director del FBI que, además, es republicano—. De forma similar, el Departamento de Justicia acaba de imputar ¡al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis! Nada de esto llegará a ninguna parte, desde luego. Es como tratar de clavar una gota de mercurio a la pared.

Glasheen, que lleva mucho tiempo en el FBI y no es tonto, debe saber todo esto perfectamente. ¿Cómo se deja poner en una posición así? ¿Por qué no dimite?

Las dimisiones como protesta son algo muy poco habitual, aunque es verdad que a veces ocurren.

En ese sentido, ¿cabe hablar de una facción política del FBI que está en tensión con una facción de funcionarios de carrera?

No sé si cabe hablar de facciones dentro del FBI. Sí te puedo contar lo que sé que ha estado sucediendo durante el último año. Trump ha ordenado a Patel, del FBI, y a Radcliffe, de la CIA, que purguen a cualquiera que haya investigado la intromisión maligna de Rusia en las elecciones de 2016 y a cualquiera que haya trabajado en el enjuiciamiento de los insurrectos del 6 de enero. En el FBI, concretamente, Patel ha purgado a los directores de Seguridad Nacional e Inteligencia, a todos los dirigentes locales que trabajaron en estos casos, en Washington, Nueva York y otros lugares.

De hecho, las direcciones de Seguridad Nacional e Inteligencia han quedado despobladas; mucha gente ha sido reasignada al trabajo contra contra los inmigrantes. Al mismo tiempo, el FBI se ha convertido en un instrumento de guerra política en nombre del presidente, tal y como lo fue bajo las presidencias de Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, cuando el FBI lo dirigía Hoover.

Hoover, durante las casi cinco décadas que dirigió el FBI, lo moldeó a su imagen. Pero Patel solo lleva un año al mando. Imagino que el cuerpo funcionarial es menos susceptible de dejarse persuadir por este intento de que renazcan los viejos tiempos. ¿Hay resistencia interna? ¿O es que las purgas han funcionado?

El FBI es, ha sido y seguirá siendo muy blanco, muy masculino, muy conservador políticamente. Por tanto, no creo que se pueda decir que haya gente dentro del FBI trabajando en secreto para la Resistencia. Pero sí creo que se puede predecir que todo esto no llevará a nada. Una cosa es imputar a la gente —sea el gobernador de Minnesota o un vecino cualquiera que ha asumido el mando de la patrulla anti-ICE de su barrio—.

Otra cosa es que esa imputación tenga éxito. Este último año, muchas imputaciones han resultado rotundos fracasos, entre ellas la del mismo James Comey. Abrir una investigación contra alguien es una táctica punitiva de por sí, claro está. De entrada, obliga a la gente a buscarse un abogado. Eso cuesta dinero. Después, es probable que, una vez abierta la investigación, se intervengan teléfonos o vigilen comunicaciones. Todo lo cual, sin duda, es una herramienta de opresión. Aún no hemos llegado a que una persona acabe juzgada y condenada por expresiones o conductas protegidas por la Constitución. Pero estamos muy cerca.

Hasta la fecha, ha resistido el dique formado por los grand juries (grandes jurados) y el poder judicial.

En efecto. El dique lo han integrado los grandes jurados, las y los jueces, y el hecho de que son muy pocos las y los fiscales dispuestos a llevar a cabo procesos judiciales abiertamente políticos.

El sistema, en otras palabras, guarda los principios constitucionales contra los embates de un FBI cada vez más hooveriano.

Todo lo que hemos visto hasta la fecha lo indica. Por otra parte, es un triste consuelo pensar que, si el Departamento de Justicia de Trump, el FBI incluido, ha fracasado y seguirá fracasando en sus intentos de perseguir a los enemigos políticos del presidente, es en gran parte gracias a la estupidez de sus líderes. Su mayor obstáculo es que son idiotas. Pam Bondi es una idiota. Kash Patel es un idiota. También lo es Lindsey Halligan, que se cree fiscal federal del Distrito Este de Virginia. Todo me recuerda a esa maravillosa escena de Blazing Saddles (Sillas de montar calientes), con Gene Wilder y Cleavon Little, en la que Wilder le dice a Little: “¿Qué te esperabas? Hay que recordar que son gente de campo, simples hijos de la tierra. O sea, imbéciles”. Cleavon Little es incapaz de contener la risa, pero igual incluyeron la escena tal cual.

O sea, que estamos viviendo una farsa.

Mira, si J. Edgar Hoover era un relámpago (lightning), Kash Patel es una luciérnaga (lightning bug). Ese hombre es tonto. Si te digo la verdad, lo único que me da esperanza, además de las y los jueces y fiscales, es que esta gente está chiflada.

El daño que está causando en el FBI, ¿será duradero?

Creo que es reparable, pero llevará años, si no décadas. Porque lo que han hecho fundamentalmente es abusar y corromper la confianza en la que se basa su poder. ¿Quién iría a trabajar para el FBI en este momento? ¿Quién iría a trabajar para la CIA o el Departamento de Justicia? Han sido tantas las personas que han dimitido en silencio —y a veces no tan en silencio— en señal de protesta, que el Departamento se ha convertido en un buque fantasma. Siempre llega un momento —y esto ha sido así a lo largo de décadas— en el que la gente tiene que decidir: ¿me quedo e intento preservar lo que hay de bueno aquí o me voy por una cuestión de conciencia? El número de personas que deciden quedarse disminuye cada día que pasa.

El jefe del Departamento de Policía de Minneapolis le dijo al New YorkTimes que lo ocurrido en esa ciudad estas semanas ha echado por tierra años de trabajo para reconstruir la confianza del público en las fuerzas del orden. Imagino que con las fuerzas del orden federales ocurre algo similar. Pasarán años antes de que la población estadounidense vuelva a confiar en cualquier cosa que salga del Departamento de Interior, el Departamento de Justicia o el FBI.

Una cosa que me ha llamado la atención en Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas, es que personas que nunca se identificarían con la izquierda —veteranos militares, personas que nunca han marchado ni se han manifestado en toda su vida— se hayan incorporado a la Resistencia y se hayan sumado a quienes se enfrentan a los matones de Trump, gritándoles: “¡Fuera de mi barrio, putos nazis!”

Lo único que frenará esto —además de las y los jueces que prohíben las acciones ilegales o inconstitucionales, además de las y los fiscales que se niegan a llevar casos amañados a los tribunales— es un rechazo popular masivo a Trump y al Partido Republicano en las elecciones del próximo noviembre. Uno de los factores que más ha contribuido a que se produzcan estas atrocidades es la abdicación del Congreso. Por tanto, habrá que echar a los congresistas. Pero, fíjate, incluso si se lograra, habría después que sustituir el liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso con personas que —y perdona la expresión— tengan cojones. El poder legislativo tiene que oponerse a esto, sí o sí. Pero para ello es necesario que los líderes del Partido Demócrata dejen de ser tan tímidos y temerosos.

La entrada Tim Weiner, periodista: “Mi única esperanza es que el FBI y el Departamento de Justicia están siendo dirigidos por idiotas y chiflados” se publicó primero en lamarea.com.

La noche del 14 de enero, justo una semana después de que un agente del ICE, la policía migratoria federal de Estados Unidos, asesinara a Renee Good en una calle residencial de Minneapolis (Minnesota), otro agente disparó su arma en el norte de la ciudad, hiriendo a un hombre venezolano. El incidente se produjo después de que el gobierno de Trump –que justifica el asesinato de Good al mismo tiempo que se niega a que las autoridades estatales lo investiguen– aumentara el número de agentes en Minneapolis y Saint Paul a 3.000. (Las dos ciudades tienen unos tres millones de habitantes; los dos cuerpos de policía municipal cuentan con unos 600 agentes cada uno). 

Todo ha servido solo para intensificar el miedo y la inseguridad que siente la población, que, además de aterrorizada, está furiosa. Las protestas han sido constantes desde que ICE y la patrulla fronteriza (United States Border Patrol o USBP) aterrizaron en el área metropolitana de las Ciudades Gemelas hace poco más de un mes. El 15 de enero, el presidente Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección –una especie de ley marcial, que fue invocada por última vez cuando se sucedieron las protestas por la muerte de Rodney King en Los Ángeles hace más de treinta años– al mismo tiempo que la Unión de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda judicial por la violación sistemática de los derechos constitucionales de parte del ICE y el USBP, que acosan y detienen a cualquier persona que tenga aspecto latino o somalí. (Las Ciudades Gemelas albergan a la comunidad somalí más numerosa del país, la mayoría de sus integrantes son ciudadanos norteamericanos o residentes legales).

En sendos discursos, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunciaron la ocupación de la ciudad por cuerpos federales al mismo tiempo que instaron a la población a expresar su legítima ira de forma pacífica. “No muerdan el anzuelo”, dijeron ambos, repitiendo sus discursos de hace una semana. “No le brindemos a Trump el caos que busca».

“Me parece muy importante que el mundo comprenda lo que estamos viviendo aquí”, dice Wes Burdine, propietario de un bar en Saint Paul y autor de varios informes en primera persona sobre la situación en su ciudad, cuando hablamos el 15 de enero. “Es la segunda vez en cinco años que la ciudad en la que vivo se ve convertida en el foco de la atención mundial”, dice en referencia a las secuelas del asesinato de George Floyd por un policía municipal en 2020. 

¿Cómo se compara la situación actual con la de entonces?

La ira que sentimos todas y todos es la misma. Pero si hace cinco años el enfado se dirigía a nuestro propio departamento de policía, hoy la amenaza es un cien por cien externa: nos enfrentamos a una fuerza de ocupación. Hay otra diferencia importante: podemos aprovechar las redes de apoyo y resistencia que formamos entonces. Las semillas que plantamos hace cinco años hoy están dando fruto. En 2020, cuando vivimos una invasión de pandillas de Proud Boys [un grupo militante de extrema derecha] que pretendían destruir nuestra ciudad, forjamos redes comunales –entre vecinos, en los barrios– de protección e información. Se reactivaron hace un mes, cuando empezaron a llegar los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza. Con el grupo de mi barrio nos reunimos para organizar y prepararnos hace semanas ya. Teníamos una idea de lo que se avecinaba. 

¿Se involucran las personas de entonces o hay gente nueva que se una?

Las cadenas son las mismas que entonces, pero se están expandiendo. Se ha unido mucha gente nueva. Sin contar que hoy tenemos herramientas más eficaces, como los grupos de Signal. A mí me han preguntado muchos amigos cómo pueden involucrarse. Y fíjate que no se trata de activistas empedernidos ni de personas particularmente politizadas. No, es la gente más normie del mundo: jóvenes, profesionales, jubilados, amas de casa. Yo mismo soy propietario de un bar, un soccer dad, tengo dos hijos de 11 años, pero aquí me tienes, dedicando dos horas diarias al trabajo de resistencia. 

En las protestas, así como en los discursos de los alcaldes y del gobernador, el sentimiento que predomina, además de la ira, es el orgullo: Minnesota y las Ciudades Gemelas están orgullosos de su cultura –hospitalaria, humanitaria, inclusiva, solidaria– y rechazan vehementemente una fuerza de ocupación que, a todas luces, busca destruir esos valores. ¿Hasta qué punto esta sensación de orgullo trasciende las divisiones políticas locales?

Las trasciende claramente. Mi vecino es un hombre centrista, inmigrante. Pero hoy también está radicalizado. El mismo alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, no es muy popular, precisamente, entre las personas progresistas de la ciudad. Y, sin embargo, está de nuestro lado. Todos tenemos muy claro que él no es el enemigo. Como tampoco lo es el gobernador, Tim Walz. ¿Hay votantes republicanos que se alegren con todo lo que está pasando? Seguramente, pero son pocos. En las elecciones de 2024, Trump obtuvo aquí un 30% del voto. Imagino que le puede quedar un 15% de apoyo, no más.

Mencionó la invasión de los Proud Boys de hace cinco años. ¿Cabe decir que han vuelto a invadir, solo que esta vez vienen uniformados?

¡Claro! Los datos de ICE que se han filtrado indican que entre los nuevos reclutas están muchos de los ultras que asaltaron el Capitolio en enero de 2021 y que después fueron indultados. Pero no solo, fíjate. En las últimas semanas, he tenido confrontaciones o conversaciones con unos 14 agentes federales. La mayoría son blancos, pero también hay afroamericanos, latinos y de ascendencia asiática. Hace un par de días, en mi coche, cuando de repente me vi rodeado de agentes, había uno que pretendía razonar conmigo, intentando convencerme de que eran los buenos de la película. Me preguntó: “¿No quieres que cojamos a estos adictos y traficantes?”. Yo, la verdad, no estaba en condiciones de tener ninguna conversación con él. Pero habría sido interesante, aunque solo fuera para comprobar hasta qué punto a estos agentes les han lavado el cerebro. Los odio, pero también les tengo lástima. Seguramente hay bastantes que se han alistado por el dinero: ganan 200.000 dólares al año, lo que es más de lo que yo he visto en mi vida.

De los cientos de vídeos que nos llegan de Minneapolis cada día queda claro que, vayan donde vayan los agentes, la gente les mienta la madre, les llama nazis y cobardes y les grita que se larguen de una puta vez. ¿Cómo se gestiona tanta ira constante?

Es un tema difícil. El otro día tuve una conversación muy seria con mi hijo, que tiene once años y juega al fútbol. Tiene un compañero de equipo que ha dejado de asistir a los entrenamientos porque su familia no se siente segura. Intenté explicarle a mi hijo la gravedad de la situación y cuánto me enfurecía. Pero no fue nada fácil. 

¿Logra canalizar esa ira de alguna forma en lo personal?

Sí, sí. Las dos horas diarias que dedico al trabajo de resistencia ayudan. Observar y seguir a los agentes, y ver cómo, a veces, se largan con el rabo entre las piernas cuando nos presentamos, eso me alegra el día. Y también me sirve escribir sobre lo que estamos viviendo. 

¿Qué pasa con toda esa ira a nivel colectivo?

Eso lo veo bastante más complicado, la verdad. Cuando el gobernador Walz o el alcalde Frey nos piden que mantengamos la calma, que seamos pacíficos, no puedo por menos de preguntarme: “A ver, aquí hay un tío con un rifle. Lo único que tengo yo es un silbato. ¿Por qué nadie les dice a estos tíos armados que mantengan la calma? Es más, ¡les dicen exactamente lo contrario! El gobierno federal les asegura que gozan de una inmunidad absoluta. En otras palabras, les están animando a comportarse de forma más violenta.

Yo creo que les incumbe a Walz y a Frey encontrar un modo de insertarse entre los agentes del ICE y todos los que estamos del otro lado: madres y padres, alumnos de secundaria, todos los que nos movilizamos todos los días en las calles de esta ciudad, a una temperatura de menos diez grados centígrados, vigilando, observando, protestando, escoltando a los miembros de nuestra comunidad mientras dejan o recogen a sus hijos de la escuela, acompañando a las maestras y los maestros camino de casa. Me enfurece que me digan que mantenga la calma cuando, en realidad, deberíamos celebrar que, con la que está cayendo, ninguno de nosotros haya enloquecido.  

La entrada Minnesota no se rinde: “Se han reactivado las redes de resistencia tras el asesinato de Floyd” se publicó primero en lamarea.com.

Este análisis se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente

Once meses después de la inauguración de Trump 2.0, quizá lo que más impresiona sea la ambición desbocada de su gobierno. De conservador desde luego no tiene nada: desprecia todo lo existente. Desde el primer día, las y los miembros del equipo ministerial de Trump, además de sus asesores más cercanos –Russell Vought, el director de presupuestos, y Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto– se comportan como verdaderos revolucionarios.

Para comprender esta actitud jacobina es importante recordar que se nutre de tres de las principales corrientes ideológicas presentes en el movimiento MAGA: la veta apocalíptica propia de un fundamentalismo protestante que busca acelerar el Día del Juicio Final (la rapture); la veta utópica de los ejecutivos de Silicon Valley que se imaginan un futuro poshumano y posterrenal; y la veta sádica y supremacista, propiamente fascista, en la que predomina el resentimiento hacia las élites «globalistas» (léase marxistas y judías) supuestamente empeñadas en movilizar a las poblaciones de color para destruir y sustituir a la civilización blanca. No queda claro cuánto de todo este ideario comparte el propio presidente ni cuán involucrado está Trump en los detalles del día a día. Partiendo de lo que suele responder a preguntas de la prensa, se desprende que se entera de más bien poco. Para fines prácticos no importa demasiado.

Lo que sí importa es que esta administración ha apostado de lleno por una táctica de tierra quemada. Esto hace que compilar un inventario tentativo de daños sea un ejercicio tan necesario como perturbador.

Inmigración

La política represora e inhumana del gobierno federal norteamericano hacia los inmigrantes –en particular las y los indocumentados– no es nada nueva. De hecho, ha sido una constante desde los años de Bill Clinton y apenas se ha atenuado bajo presidencias demócratas. Aun así, Trump 2.0 ha sabido empeorar una situación ya muy mala. A nivel retórico, es constante la demonización: los inmigrantes son retratados como «escoria de la peor calaña», asesinos, violadores y locos. (En una confusión tan trágica como hilarante, Trump se empeña en confundir a los solicitantes de asilo, asylum seekers, con pacientes de manicomio, insane asylum).

Esta retórica ha servido para justificar medidas mucho más concretas. En términos policiales, se han expandido los poderes, el presupuesto y las filas de las dos agencias federales responsables de vigilar la frontera e implementar las políticas migratorias, ICE y la patrulla fronteriza. Sus métodos de vigilancia y detención son ya directamente dictatoriales, dado que incluyen las desapariciones forzosas a manos de agentes enmascarados que se desplazan en vehículos sin marcar. Aunque los números son difíciles de contrastar, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en septiembre que, en lo que va de año, entre deportaciones y autodeportaciones, se ha «eliminado» a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, como daño colateral de las redadas masivas de ICE, han sido detenidos y maltratados al menos 170 ciudadanos estadounidenses, como confirmó una investigación independiente del medio ProPublica.

Es importante comprender que el radio de acción de una agencia como la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no se limita de ningún modo a las zonas propiamente fronterizas, porque «la frontera», legalmente, abarca hasta a 100 millas a la redonda de puertos y aeropuertos internacionales, con lo que cubre más de la mitad del territorio nacional. En un documental reciente, Frontera adentro, los cineastas Pamela Yates y Paco de Onís demuestran que, hoy, la frontera está por todas partes: atraviesa y divide a millones de comunidades y familias. Al mismo tiempo, nutre las ganancias cada vez mayores de lo que llaman el Complejo Industrial Fronterizo, cuyo presupuesto combinado se aproxima a los 40.000 millones de dólares por año. Los cientos de centros de detención que ICE tiene en propiedad, alquila o está construyendo por todo el territorio nacional son, además de instrumentos de represión, una mercancía. Si las cuotas mínimas de detenciones que se imponen a las unidades de la policía migratoria sirven a un propósito político, también tienen una función económica: cada cama vacía es una fuente de pérdidas.

Nacionalismo

Bajo esta presidencia, el patriotismo excepcionalista estadounidense de siempre ha llegado a nuevos paroxismos. Trump ha intensificado su campaña, iniciada durante su primer mandato, en favor de una historia «patriótica» que inspire unidad y orgullo, intentando intervenir, con éxito desigual, en la enseñanza, los museos, las agencias estatales, los parques nacionales y el calendario de días festivos. En todos estos casos el patrón es el mismo: censurar relatos críticos e históricamente rigurosos, o que tengan protagonistas no blancos o no masculinos, a favor de otros relatos ramplonamente celebratorios con una base factual más bien tenue. Así, este mes de octubre Trump sacó una proclamación en que renombraba el 12-O (que Biden tildó de Día de los Pueblos Indígenas) como Día de Colón. La proclamación describió al navegante genovés enviado por los Reyes Católicos españoles como «el héroe estadounidense original» que «allanó el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental… el 4 de julio de 1776». (¿Cómo reaccionaría Trump si se enterara del Día de la Hispanidad?).

Constitución y Estado de Derecho

Tanto en su política migratoria como en su satanización de toda oposición (sea en su propio partido, de la izquierda o del extranjero) como «extremista», «peligrosa», «terrorista» y «antiamericana», el gobierno de Trump ha violado de forma sistemática numerosos derechos constitucionales y socavado el Estado de derecho. Las dos enmiendas más zarandeadas son la Primera (que regula la libertad de expresión) y la Quinta (que protege contra las detenciones arbitrarias). Por otra parte, Trump viola casi diariamente la independencia de su fiscal general, Pam Bondi, instándola a que instrumentalice su departamento para perseguir a los enemigos personales del presidente, incluidos a republicanos prominentes como James Comey (exdirector del FBI) o John Bolton (que tuvo varias funciones clave en el primer gobierno de Trump). En términos más generales, el Gobierno ha aprovechado el asesinato de Charlie Kirk para asociar la violencia política con el «extremismo» de izquierdas, «Antifa», fundaciones como las de George Soros o la Ford, y el terrorismo.

Este último eslabón de la cadena asociativa es crucial porque, según la legislación adoptada a la zaga del 11 de septiembre de 2001, la asociación –directa o indirecta– con organizaciones identificadas como terroristas conlleva la suspensión automática de toda una serie de derechos y protecciones constitucionales. Siguiendo el modelo adoptado con respecto al genocidio palestino en Gaza (toda crítica a Israel es una expresión antisemita y de apoyo a Hamás, una organización terrorista), el último memorándum de seguridad nacional (NSPM-7) busca tildar una larga de serie de ideas progresistas de terroristas, es decir, tan peligrosas que quien las expresa infringe la ley.

Concretamente, el NSPM-7 apunta a «campañas sofisticadas y organizadas» y «conspiraciones criminales y terroristas» como causas de un «incremento dramático de la violencia política» de izquierdas; exige que las fuerzas del orden investiguen sus «estructuras, redes, entidades, organizaciones y fuentes de financiación»; y afirma que este patrón de actividades violentas y terroristas se unifica «bajo el paraguas autodenominado del “antifascismo”». «Los hilos comunes que animan esta conducta violenta –agrega– incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad».

Libertad de prensa y expresión

La supresión de libertades mediante la coartada del terrorismo es solo uno de los dos frentes que ha desplegado el Gobierno para controlar la esfera pública. El otro afecta más directamente a los medios. Desde enero, estos se han visto sometidos a varias formas de presión e intimidación.

Ha habido millonarios juicios por difamación a las cadenas televisivas ABC y CBS y a los diarios Wall Street Journal y New York Times. También hemos visto chantajes que instrumentalizan los intereses económicos de las empresas mediáticas, como los que motivaron la suspensión o cancelación de los programas de cómicos como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. El Gobierno también ha intentado condicionar el acceso de la prensa a recursos e información gubernamentales a cambio de un mayor control (léase censura), intento que acabó por fracasar con las y los corresponsales que cubren el Departamento de Defensa.

Universidades

Los ataques a las universidades, tanto privadas como públicas, han sido múltiples y variados, desde la práctica abolición del Departamento de Educación –fuente central de becas y préstamos para estudiantes universitarios– hasta los cortes repentinos de sistemas de financiación regulados por ley.

Es más, la financiación federal de becas y proyectos de investigación se ha convertido expresamente en instrumento de chantaje para destruir la autonomía universitaria, socavar la libertad de cátedra y –según afirman los arquitectos de estas medidas– liberar los más de 4.000 centros de educación superior del país del control de una «extrema izquierda» que lleva dominándolos desde, al menos, la década de 1960. Ese control se manifestaría, entre otras cosas, en un sistema de selectividad que discrimina sistemáticamente a estudiantes blancos bien preparados en favor de minorías menos capaces, y en una demonización y marginalización, en las clases, los planes de estudio y la esfera pública universitaria, de ideas conservadoras y toda persona que las exprese.

Separación de poderes

El sofisticado sistema de equilibrios y contrapesos (checks and balances) que el alumnado de los institutos aprende a admirar como la base de la mejor democracia del mundo ha resultado bastante menos resistente de lo esperado. Así, por ejemplo, el gobierno de Trump ha socavado el propio sistema federal, violando la soberanía de los estados al enviar a unidades del Ejército (no solo los reservistas de la Guardia Nacional sino también a los marines, una fuerza expedicionaria de élite) a «restaurar el orden» o «asistir a agentes federales» en estados y ciudades gobernados por líderes del Partido Demócrata.

La rama legislativa de la trias politica, el Congreso, con ambas cámaras controladas por el Partido Republicano, no solo ha seguido ciegamente a Trump, sino que ha dejado que la rama ejecutiva pise una y otra vez sus funciones constitucionales –incluido su poder presupuestario–. La rama judicial ha resistido mejor, sobre todo el sistema de jueces federales, aunque la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores, se ha cuidado mucho de contrariar al presidente. Entre sus decisiones más escandalosas ha estado la de permitir que los agentes federales de ICE invoquen el aspecto físico de la persona, y el idioma que habla, para considerarla sospechosa de violar alguna norma migratoria. En otras palabras, la Corte ha permitido que el racismo institucional se cuele por la puerta de atrás.

Por otra parte, la Corte tampoco ha querido poner demasiado freno a los intentos por parte de Trump y los suyos de destruir la neutralidad de agencias regulatorias, de arbitraje o de salud pública, desde la Reserva Federal bancaria (la «Fed») hasta la Junta de Relaciones Laborales (NLRB) y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).

Mientras estoy redactando esto, la Corte parece inclinarse a cargarse una provisión de ley electoral que prohíbe rediseñar los distritos electorales para diluir el voto de las minorías raciales o étnicas. Si se levantara esa prohibición, nada le impediría al Partido Republicano manipular el mapa electoral para asegurar una mayoría cuasi permanente en la Cámara de Representantes.

De momento, hay estados que están trabajando en leyes que puedan frenar estas maniobras. California, por ejemplo, aprobó la Proposición 50, una iniciativa impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que tiene como objetivo neutralizar la redistribución partidista promovida por estados republicanos (y trumpistas) como Texas. La proposición devuelve al Congreso estatal la capacidad de definir los distritos durante cinco años, hasta el próximo censo; así evitará que las elecciones legislativas de medio término de 2026 se decidan mediante un gerrymandering controlado por el Partido Republicano.

Posdata

Este breve inventario es necesariamente incompleto. Entre las áreas que no he mencionado está la economía –no solo el daño infligido por la errática política arancelaria, sino también los intentos por socavar las estructuras y los derechos sindicales, sobre todo de los funcionarios–, el derecho internacional –con la destrucción de barcos en el Caribe como botón de muestra–, la imposición de políticas regresivas a las Fuerzas Armadas –que ha expulsado a la mayoría de las personas trans, negándoles el derecho a la jubilación anticipada con pensión– o el hecho de que el gobierno de Trump haya abierto las puertas de la Casa Blanca de par en par a la corrupción, aceptando regalos millonarios de regímenes extranjeros, encauzando los recursos de la Casa Blanca hacia fines partidistas y de campaña, chantajeando a empresas mediáticas y bufetes legales e intercambiando favores legislativos y regulatorios a cambio de donaciones millonarias.

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Trumpismos a la europea

A pesar de que muchas de las políticas de Trump en EE.UU. no han sido bien recibidas y han socavado su popularidad, han hallado imitadores en Europa. En el parlamento de Países Bajos, la mayoría derechista (menguada tras el triunfo liberal-progresista en las elecciones del 29 de octubre) aprobó una moción que identificaba «Antifa» como una organización terrorista. Aunque fue un gesto puramente simbólico (tanto los expertos en inteligencia como el Gobierno en funciones respondieron que no hay organización llamada así y que, además, la ultraderecha representa una amenaza más seria), ha habido miembros del Europarlamento que abogaban por seguir el modelo holandés.

De forma similar, se ha venido intensificando la retórica y la política antiinmigrantes. En Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer ha promovido una ley masiva de seguridad fronteriza (Border Security, Asylum and Immigration Bill) que criminalizaría a los inmigrantes y solicitantes de asilo y a cualquier persona que les preste ayuda, al mismo tiempo que expande el poder del aparato policial.

Retóricamente, son cada vez más los políticos de centroderecha y centroizquierda que adoptan marcos ultraderechistas. En varios países europeos, los partidos del centro ya hablan de la necesidad de políticas de «remigración», un término íntimamente asociado con la Teoría del Gran Reemplazo. En enero, el entonces primer ministro francés François Bayrou dijo que la inmigración producía una «sensación de sumersión», tomando prestada una metáfora ultraderechista.

La restricción de derechos constitucionales en Europa no se limita a los inmigrantes y las personas y organizaciones asociadas, ni tampoco a los países con gobiernos más abiertamente autoritarios, como Hungría. Ya en julio de 2024, Amnistía Internacional afirmaba que «los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente». Por otra parte, en septiembre de 2025, el propio Consejo de Europa señaló que «el recurso a la ley para restringir la libertad de expresión es un problema cada vez más grave» y que «desde 2019 se ha producido un fuerte aumento de las detenciones y encarcelamientos de periodistas».

Uno de los casos más flagrantes ha sido el de Alemania, cuyo Gobierno e instituciones culturales se han empeñado en censurar, si no criminalizar, cualquier crítica al Estado de Israel y cualquier defensa del pueblo palestino –no solo en protestas y manifestaciones públicas sino también en espacios universitarios y culturales–. Así como en Estados Unidos, personas críticas con Israel han acabado detenidas y deportadas.

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