El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha decidido retirar del orden del día la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) para la ampliación de su capacidad en 125.000 metros cúbicos, adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados.

Dicha ampliación ha sido solicitada ante la próxima colmatación de dicho vertedero por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, al no estar amparado el aumento de capacidad proyectado por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.

A petición del vocal de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente, respaldada por otros miembros del Consejo, se ha retirado el asunto del orden del día a fin de recabar un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre los efectos del informe urbanístico negativo emitido en junio de 2024 por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, en relación a la ampliación del vertedero.

Dicho informe concluía que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Según la legislación estatal de prevención de la contaminación, el informe urbanístico es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, eludido hasta ahora por la Consejería.

Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2002 de una ley “ad hoc” declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además el riesgo de contaminación del río Pisuerga por la fuga de sustancias tóxicas desde el vertedero, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

En este contexto, Ecologistas en Acción recuerda la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de una década, tras la sentencia judicial que anuló en marzo de 2024 el intento de la Junta de revisarlo “por la puerta de atrás” para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España, promoviendo el vertido y la incineración de estos desechos.

El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la presa de cierre y un incendio. Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en un tercio procedentes de fuera de Castilla y León.

La entrada El Consejo de Medio Ambiente de Castilla y León suspende la ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga aparece primero en Ecologistas en Acción.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León propondrá en la reunión de mañana del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la aprobación de la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga para la ampliación de su capacidad en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados, ante la próxima colmatación de dicho vertedero.

Dicha ampliación ha sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, al no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.

No obstante, el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo, concluyendo que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Dicho informe es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, según la legislación estatal de prevención de la contaminación, pero la Consejería ha eludido dicho archivo.

Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley “ad hoc” declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además la amenaza sobre el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

La organización ambiental propondrá en la reunión de mañana que se archive el expediente de modificación de la autorización ambiental, advirtiendo de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir el Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y los vocales del propio Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León de aprobar el proyecto de ampliación del vertedero tóxico de Cetransa contra lo dispuesto legalmente.

Asimismo, Ecologistas en Acción recordará la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de una década, tras la sentencia judicial que anuló en marzo de 2024 el intento de la Junta de revisarlo “por la puerta de atrás” para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de toda España.

El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la caballón de cierre de los residuos e incluso un incendio. Actualmente almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, en más de su tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León.

La entrada La Junta pretende ampliar ilegalmente el vertedero tóxico de Santovenia de Pisuerga aparece primero en Ecologistas en Acción.

• La organización denuncia que el proyecto de 176 hectáreas es incompatible con los planes urbanísticos de Laguna de Duero y La Cistérniga, que prohíben expresamente la minería en suelos protegidos.
• Las alegaciones técnicas revelan que la solicitud de la multinacional Heidelberg Materials es extemporánea al incumplir los plazos de tres meses dictados por el Reglamento General de Minería.
• La explotación amenaza la Zona Especial de Conservación (ZEC) de las Riberas del Duero, un ecosistema protegido por la Red Natura 2000 que ya sufre un deterioro acumulativo crítico.

Ecologistas en Acción Valladolid ha formalizado ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León un exhaustivo documento de alegaciones contra el proyecto de explotación de áridos denominado El Mullerón n.º 251. La organización solicita la denegación de la autorización para esta nueva explotación promovida por la multinacional alemana Heidelberg Materials (a través de su filial Hanson Hispania), que pretende intervenir sobre una superficie de 176,49 hectáreas en los términos municipales de La Cistérniga, Tudela de Duero y Laguna de Duero, con una producción anual estimada de 250.000 m³.

El documento de alegaciones sostiene que el proyecto incurre en una incompatibilidad urbanística insalvable. Los terrenos afectados se encuentran clasificados mayoritariamente como Suelo Rústico con Protección Agropecuaria y Natural. Según la normativa vigente, el proyecto vulnera los artículos 131 y 133 del PGOU de Laguna de Duero y el artículo 113 del PGOU de La Cistérniga, que prohíben de forma expresa las actividades extractivas en estas categorías de suelo protegido. Ecologistas en Acción advierte que la autorización de este proyecto supondría una vulneración directa de la potestad de planeamiento municipal y de la legalidad urbanística básica, ya que estas normas locales buscan preservar la integridad de la vega y su capacidad productiva frente a la degradación minera.

Asimismo, la asociación denuncia una grave irregularidad en los plazos administrativos del expediente que debería invalidar el proceso. La solicitud de concesión fue efectuada por la empresa el 2 de julio de 2025, pero su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) para información pública no se produjo hasta el 24 de noviembre de 2025 (Boletín n.º 226). Este retraso de casi cinco meses supone una presentación extemporánea, ya que incumple el plazo máximo de tres meses dictado por el artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978). Según este precepto, la documentación pertinente debe entregarse en un plazo no superior a 90 días desde la presentación; el incumplimiento de este término vicia el procedimiento y debería suponer el archivo inmediato del expediente por caducidad de los plazos legales, sin posibilidad de subsanación posterior.

En el plano ambiental, la nota destaca que el proyecto solapa directamente con la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Riberas del Río Duero y afluentes”, espacio integrado en la Red Natura 2000. La explotación de 13 cuadrículas mineras en este entorno vulnera la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, así como el Plan Regional del Valle del Duero (Decreto 21/2010), al alterar irreversiblemente un «Paisaje Valioso» y destruir un corredor ecológico estratégico. El proyecto ignora además los efectos acumulativos y sinérgicos de otras explotaciones colindantes como «Fuentes de Duero Fase V», formando un continuo de degradación en la vega del Duero que ya alcanza niveles críticos. La asociación alerta de que la actividad minera es incompatible con la conservación de los valores naturales presentes y contraviene las normas que promovieron esta red de espacios naturales para evitar la fragmentación de hábitats fluviales y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas de ribera.

Ecologistas en Acción subraya el historial de incumplimientos sistemáticos del promotor, que opera en la provincia tras haber absorbido a la antigua empresa local Áridos Sanz. En explotaciones actuales de la misma empresa se ha constatado de forma reiterada la extracción de áridos por debajo del nivel freático, una práctica prohibida por la normativa para proteger la calidad de las aguas subterráneas y evitar la salinización de los suelos de regadío. También se documenta el incumplimiento de las distancias de seguridad con infraestructuras clave como la vía del ferrocarril Valladolid-Ariza. Las labores de restauración en la zona son calificadas de «inexistentes o deficientes», transformando suelos de regadío de alta productividad en una sucesión caótica de lagunas artificiales y acumulaciones de estériles que impiden el retorno a la actividad agraria, contraviniendo las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 1993, 1998 y 2010.

A nivel administrativo, la asociación señala el trato de favor histórico que ha recibido esta multinacional en la región. Se recuerda la controvertida DIA favorable de marzo de 2023 dictada por el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ignoró denuncias previas, así como la modificación normativa de las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno (DOTVAENT) realizada en 2008 específicamente para facilitar las operaciones de la empresa en terrenos anteriormente protegidos por su valor paisajístico.

En el plano internacional, Heidelberg Materials figura en la «lista negra» de la ONU por explotar recursos en territorios ocupados de Palestina [1] [2] y el Sáhara Occidental [3] [4], vulnerando la legalidad internacional, como denuncian organizaciones de apoyo al pueblo palestino y saharaui. Este historial global de controversias, refuerza para Ecologistas en Acción el perfil de una corporación cuyo modelo extractivo sacrifica sistemáticamente el patrimonio natural y social en favor del beneficio corporativo.

Referencias sobre Heidelberg Materials:

• [1] A/HRC/60/19: Database of all business enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
• [2] Heidelberg Materials, la empresa de la cantera de Nanclares, en la lista negra de la ONU por vínculos con asentamientos ilegales en Palestina
• [3] Heidelberg Materials confirma suministro a controvertidos proyectos en el Sáhara Occidental ocupado
• [4] Heidelberg Materials AG asuministra cemento y hormigón para la construcción de los nuevos puertos de El Aaiún y Dajla en el Sáhara Occidental ocupado

La entrada Exigen la denegación de la macro-gravera El Mullerón por ilegalidad urbanística y vulneración de la Red Natura 2000 aparece primero en Ecologistas en Acción.

Con los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, que suman casi 12 millones de habitantes y una cuarta parte de la población española, Valladolid entre ellas, se comprueba que todas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por las calles.

Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal.

Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022.

Otras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23). Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22), Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030.

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no están emplazadas en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización. En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas.

En este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, la implantada con dos años y medio de retraso en Valladolid está resultando inoperante para mejorar la calidad del aire en la ciudad, por su pequeño tamaño y la laxitud de las restricciones de acceso establecidas. Ecologistas en Acción ha demandado por ello al Ayuntamiento de Valladolid ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pidiendo una zona de bajas emisiones eficaz.

La organización ambiental ha recurrido además la suspensión arbitraria de la zona de bajas emisiones durante la concentración motorista Pingüinos, que demuestra el nulo compromiso municipal con la mejora de la calidad del aire y sacrifica el derecho a la salud y al medio ambiente por los intereses económicos de una entidad privada como Turismoto, y pide que se impida la circulación masiva de motos de gran cilindrada por la ciudad durante este fin de semana, facilitando el acceso al centro de los motoristas en transporte público.

Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero.

El dióxido de nitrógeno es un gas amarillento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La entrada Valladolid alcanzó en 2025 el nuevo límite legal de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno aparece primero en Ecologistas en Acción.