Antonio M. Vélez
De la cúpula de Defensa a “asesor” de un consorcio privado de empresas de defensa; de participar en el ministerio en el diseño del mayor programa de la historia del Ejército de Tierra, como adjunto a la dirección de Compras del departamento de Margarita Robles, a firmar ahora contratos en nombre de su adjudicataria.
Es el periplo del general retirado Javier Abajo, que en 2021 dejó la dirección general de Armamento del Ministerio de Defensa y fichó como “asesor” de Tess Defence, consorcio de Indra, Escribano, General Dynamics y Sapa.
En 2020, con él en esa unidad clave del ministerio, la empresa que luego le fichó se adjudicó el programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, uno de los más importantes del Ejército, valorado en más de 2.000 millones de euros.
Ahora, Abajo está firmando contratos en nombre del consorcio. Su firma digital figura en las dos últimas licitaciones disponibles en la plataforma de Contratación del Estado que Defensa ha adjudicado a Tess Defence.
Es el caso del acta de formalización del contrato “Fase arranque OTACV 8X8”, adjudicado a Tess Defence el pasado 11 de noviembre por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de Defensa por 743.628,1 euros, más IVA. En el documento figura Javier Abajo en calidad de “representante” del contratista, como “adjunto” al director general del consorcio. Es una de las dos personas que firman el contrato en representación de Tess. La otra es su directora Financiera, Pilar García Santos.
Ambos ya firmaron la proposición económica que Tess Defence presentó el 2 de agosto de 2024 para otro contrato de Tess, el de “fase de arranque de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragon”, adjudicado al consorcio en octubre del año pasado por 1.950.158,6 euros, más IVA.
Se desconoce si la firma de Abajo también figura en el acuerdo que, según explicó el pasado martes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, firmó el pasado 28 de noviembre el ministerio con Tess Defence para revisar “aspectos técnicos del contrato” del 8x8 Dragón, tal y como esperaba la adjudicataria en sus últimas cuentas anuales.
Según explicó Valcarce, el acuerdo implica “incorporar más tecnología y sobre todo más modernización”, lo que implica “el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas” de los 348 vehículos previstos en el primer tramo de este programa, que acumula importantes retrasos, lo que ha provocado una insólita reprimenda pública de la ministra Robles.
elDiario.es preguntó al ministerio, sin obtener respuesta, por la contraprestación de este nuevo contrato y la intervención de Abajo en esas contrataciones con Tess. El socio mayoritario del consorcio desde este año es Indra, de la que el Estado es primer accionista con el 27%, y que ha pasado de tener el 24,67% de Tess a tomar el 51% al comprar acciones al resto de socios.
Un portavoz de la cotizada resta importancia a que en esos contratos figure la firma de este asesor. Según explica, en Tess “el único órgano que tiene facultades ejecutivas para todo lo relevante, incluidos contratos como este, es el Consejo de Administración”, del que Javier Abajo no es miembro.
Según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tess tenía en 2024 unos 25 empleados, con un gasto de personal medio de unos 70.000 euros por cabeza.
Ese portavoz de Indra indica que Abajo “se incorporó en septiembre de 2021 con el cargo de adjunto al director general” de Tess y no ha ascendido desde entonces. “No tiene ni ha tenido facultades ejecutivas y, por tanto, su función es más de asesoría. No hay incompatibilidad porque no era alto cargo”.
“El Consejo es quien aprueba y apodera en este caso para la ejecución o firma del contrato al adjunto al Director General. Por tanto, quien lo eleva a público no es relevante en realidad”, explica. El exgeneral Abajo “no tiene poderes ejecutivos”, insiste, y “es la práctica común” que su firma aparezca en estos contratos, asegura.
Boom el sector
“Estoy acostumbrado a mandar”, le dijo Abajo a La Voz de Galicia en una entrevista concedida en 2013, cuando estaba destinado en A Coruña como Jefe de la Fuerza Logística Operativa. El nombre del ex general es uno más en la larga lista de medio centenar de militares y ex altos cargos fichados por empresas y lobbies de defensa desde que estalló la guerra en Ucrania, en un contexto de boom del sector por el rearme que impulsa la UE ante la agresión rusa.
La contratación de Abajo por parte de Tess causó revuelo en su momento. Tras un breve paso por la reserva, y desde 2016 hasta que se jubiló en junio de 2021, el ex general había sido el director adjunto en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), la unidad del ministerio que en 2020 gastó más de 2.000 millones en el contrato original de blindados adjudicado a Tess Defence, uno de los mayores de ese departamento.
La DGAM es responsable del desarrollo de la política de armamento y su ejecución, una posición muy estratégica dentro de las Fuerzas Armadas por sus atribuciones y el alto presupuesto que maneja, y la responsabilidad de realizar los pliegos de condiciones y evaluar a los diferentes licitadores.
Algo que no ocurrió en el caso del megacontrato a Tess Defence, ya que la empresa era “la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato sin poner en riesgo la protección del interés esencial asociado a la decisión específica de contratación”, explica en sus cuentas.
Tras las noticias en prensa que se hicieron eco de cómo Abajo pasó de la dirección de Compras del ministerio a Tess con un lapso de tres meses, el Gobierno indicó en una respuesta parlamentaria que el fichaje del exgeneral por ese consorcio no estaba bajo su control.
Según explicó el Ejecutivo, “su contratación por una empresa privada no estaba sometida a la necesidad de autorización o informe previo” y el cargo de adjunto al director general de Armamento y Material no se encuentra entre los puestos definidos en la Ley de Altos Cargos, por lo que no se encontraba sometido a la incompatibilidad y regulación de los conflictos de interés.
El pasado martes, la secretaria de Estado de Defensa aseguró que en el programa del blindado 8x8 Dragon que desarrolla este consorcio de Indra, EM&E (primer accionista privado de esta última, con el que la cotizada planea fusionarse), General Dynamics (Santa Bárbara) y Sapa, se van a finalizar las entregas “en 2028” y “todas las previsiones se cumplen”.
Según explicó Valcarce, se han aplicado las penalidades correspondientes por los retrasos acumulados hasta ahora, que las empresas “han desistido de recurrir”. Y las modificaciones que acaban de acordarse afectan a configuraciones, actualización de requisitos de simuladores o del entrenador del sistema de armas, y no van a implicar nuevas demoras.
“La fecha límite es 2028”, se han entregado 11 unidades a principios de este año y “la compañía ha informado a la oficina de programa que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos”. “Todo esto no implica ninguna reducción, ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan”. La secretaria de Estado no precisó qué sobrecostes va a implicar el nuevo acuerdo.
En sus últimas cuentas, Tess Defence confiaba en que este año “se materialice para el programa VCR8X8 una ampliación del techo de gasto del programa del 20% para cubrir una serie de posibles modificaciones solicitadas por el cliente entre las que se encontrarían” pasar los vehículos “en configuración simple a completa”, la adquisición de simuladores para entrenamiento y la contratación “del sistema de conciencia situacional LSAS”.
Según explicó Valcarce, “los primeros vehículos entregados son de altísima calidad y fiabilidad” y “lo importante” es que se está trabajando para “agilizar” las entregas y “reforzar tecnológicamente” unos vehículos que “tienen que ser seña de identidad del Ejército de Tierra”. Valcarce defendió la legalidad de los préstamos a dedo al 0% que ha concedido el Gobierno al sector en los últimos meses por importe de más de 14.200 millones.
Entre sus beneficiarios están, entre otras, las integrantes de Tess Defence y el propio consorcio, al que Defensa (a través del Ministerio de Industria) va a prestar 788 millones entre este año y 2028 para desarrollar el vehículo de apoyo Cadenas (VAC). Para el VAC el Consejo de Ministros aprobó un compromiso de gasto de 1.628 millones en diciembre de 2013.
Se trata de una actuación “prioritaria” de las Fuerzas Armadas, que consiste en dotar al Ejército de Tierra de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realizan las unidades del Transporte Oruga Acorazado (TOA), “que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.
Fuente: https://www.eldiario.es/economia/ex...
