Ecologistas en Acción ha denunciado la degradación progresiva del Observatorio del Agua de EMASESA como espacio legítimo de participación ciudadana. Durante el Pleno celebrado el jueves 27 de noviembre en la sede de Escuelas Pías, un grupo relevante de miembros fundadores y promotores del Observatorio abandonó la sesión en protesta por la exclusión de AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) del órgano. Esta exclusión ha sido lamentada también por la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) —de la que Ecologistas en Acción forma parte— por considerarla contraria a los principios de gobernanza pública y participación social que dieron origen a este espacio.

La organización ecologista señala que EMASESA agradeció formalmente la asistencia de las entidades participantes, pero no hizo mención alguna —al menos hasta que se publique el acta— ni al abandono colectivo ni a las intervenciones críticas realizadas durante la sesión, lo que refleja un deterioro del funcionamiento democrático del Observatorio.

Intervención anticipada y dos peticiones clave
Ecologistas en Acción intervino de forma anticipada en el Pleno, inmediatamente después de la exposición inicial del Consejero Delegado de EMASESA, Manuel Romero Ortiz, sobre el denominado “episodio de lluvia del 29 de octubre”. La organización planteó dos peticiones centrales:

1. Atención inmediata a los barrios afectados por las inundaciones del 29 de octubre.
   La entidad reclamó que EMASESA atienda las demandas vecinales expuestas en el Pleno municipal del 20 de noviembre, donde un vecino en representación de varios barrios afectados denunció daños graves e insuficiente respuesta institucional. Ecologistas en Acción recordó que intervenciones similares se realizaron días antes en el Pleno del Distrito Sur, donde también se produjo un abandono en señal de protesta.
2. Apertura de un debate real sobre la eficacia de las medidas frente a futuros desastres climáticos.
   La organización insistió en la necesidad de apostar por soluciones basadas en la recuperación de la naturaleza y alertó del riesgo de seguir destinando grandes inversiones —como los 200 millones anunciados para nuevos tanques de tormentas y un colector— a infraestructuras que no abordan las causas del problema ni mejoran la resiliencia urbana.

Crítica a la falta de participación y al modelo de ciudad
Para Ecologistas en Acción, los últimos episodios de inundaciones y las reacciones institucionales evidencian las consecuencias de un urbanismo orientado al negocio, al automóvil y al turismo, en detrimento de la seguridad, la justicia social y la adaptación climática. La organización alertó de que la ciudad no está preparada para episodios extremos de lluvia y que el Observatorio del Agua debería ser el espacio para abordarlo, “si realmente funcionara”.

La entidad señaló la “parálisis real” de los órganos de participación ciudadana en materia de medio ambiente y energía, recordando que ha pedido en repetidas ocasiones la reactivación del Consejo Asesor de la Agencia para la Energía, el Clima y la Sostenibilidad de Sevilla, sin obtener respuesta. Esta situación, afirman, refleja un incumplimiento de las promesas institucionales hechas tras la pandemia y una falta de compromiso con los Derechos Humanos, incluyendo el del acceso al agua.

Una deriva preocupante en la gestión pública del agua
En su reflexión final, Ecologistas en Acción lamentó que EMASESA —empresa pública metropolitana encargada del abastecimiento y saneamiento de Sevilla y numerosos municipios del entorno— esté perdiendo su carácter participativo y orientado al bien común. La organización considera que la gestión del agua se desplaza hacia una visión centrada en el negocio, alineada con tendencias internacionales que han llevado incluso a la cotización del agua en mercados financieros, pese a su reconocimiento como Derecho Humano por Naciones Unidas en 2010.

Llamamiento a recuperar la naturaleza y la democracia
Ecologistas en Acción concluye que es urgente recuperar la naturaleza, la democracia y la racionalidad en la gestión urbana y climática. Reitera que las ciudades deben ser rediseñadas para las personas y no para los intereses económicos, y que la adaptación al cambio climático exige transparencia, participación real y políticas centradas en la resiliencia ecosistémica.

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• Ecologistas en Acción de la provincia de León ha presentado recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, contra la concesión del aprovechamiento de 6 hectómetros cúbicos anuales de aguas superficiales del río Bernesga (caudal medio 190 l/s), otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero (BOE 18-03-25) con destino a los usos industriales del proyecto La Robla Green.

El complejo industrial de nueva creación, pendiente de financiación europea, está formado por cuatro instalaciones asociadas: una central termoeléctrica de biomasa, una planta de captación de CO₂ y dos fábricas, una de hidrógeno y otra de metanol que se proyectan en la vega del río Bernesga, colindante con la Red Natura 2000, concretamente con la ZEC “Ribera del Esla y Afluentes” en la que se ubica la captación de agua.

La asociación acude a los tribunales de justicia tras recibir, el pasado mes de septiembre, la desestimación del recurso de reposición interpuesto en abril contra la concesión otorgada por la CHD. Pedirán su nulidad por la enorme cantidad de agua otorgada,  equivalente al consumo anual de una población de 60.000 habitantes, sin haber analizado los efectos que va a producir la extracción de 6 hectómetros cúbicos anuales de agua, especialmente durante los meses de verano, sobre los valores naturales que actualmente posee el río Bernesga, en el tramo protegido por la Red Natura 2000 que se verá afectado,  Y sin haber evaluado los efectos que va a generar la extracción de tal cantidad de agua del río Bernesga sobre los usos del agua consolidados y autorizados aguas abajo.

En el contexto de escasez e incertidumbre que plantea el Cambio Climático, los Organismos de cuenca, y el conjunto de las Administraciones públicas, deberían extremar las cautelas a la hora de otorgar nuevas concesiones de agua, para poder garantizar el mantenimiento de los usos actuales que son preferentes.

La lucha contra el cambio climático, por la mitigación de los efectos desastrosos que ya estamos sufriendo: danas en el Mediterráneo, o megaincendios forestales en el noroeste, como los que este verano calcinaron los montes de León, se demuestra con hechos, no solo con palabras. Porque tan negacionistas son los gobiernos que abiertamente niegan el cambio climático, como los que no lo niegan, pero siguen agravando sus efectos autorizando proyectos insostenibles como esta concesión de agua.

Al respecto, cabe recordar que sigue sin respuesta del Gobierno la pregunta parlamentaria, formulada en el Congreso de los Diputados por Ione Belarra en nombre de Podemos/Alianza Verde, que concluía en estos términos: “¿están dispuestos a revocar la concesión recientemente otorgada al proyecto la Robla Green, dado su impacto ambiental y su repercusión sobre otros usos del agua más prioritarios?”

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• Ecologistas en Acción exige un proceso participativo para la redacción del nuevo proyecto de renaturalización del río Isuela a su paso por Huesca, en el que toda la ciudadanía interesada pueda expresar sus demandas y sus ideas para mejorar la calidad ambiental del río a su paso por la ciudad. Así lo ha manifestado la organización ecologista en una escrito remitido a la Alcaldesa de la ciudad.
• Se demanda también que se asegure un proceso absolutamente transparente en cuanto a todos los contratos y actuaciones llevados a cabo por las administraciones en este proyecto.

Tras la visita del Presidente de Aragón, Jorge Azcón, a Huesca y la firma de un protocolo con el Ayuntamiento de Huesca para la intervención en el río Isuela, contrariamente a lo que han intentado trasmitir con ese acto, Ecologistas en Acción evidencia la falta de compromiso de ambas instituciones por realizar una renaturalización real y tangible del río Isuela a su paso por la ciudad de Huesca.

Son muchas las dudas e incoherencias extraídas de esta visita y se lamenta profundamente que los objetivos no sean acordes a los que desde hace años se llevan demandando desde la Asociación: la renaturalización del río es urgente y pasa obligatoriamente por actuar en el tramo urbano, canalizado.

Ecologistas en Acción se pregunta hasta cuándo se va a seguir invirtiendo dinero público para la redacción de proyectos que quedan en un cajón. Se habla nada menos de 300.000€ únicamente para la redacción de un nuevo proyecto. Con esa suma se debería empezar a intervenir y actuar realmente en la mejora del río, en base a propuestas ya redactadas.

Además, ese proyecto previsto, presupuestará actuaciones por un valor muy superior a 3 millones de euros según Jorge Azcón. Sin embargo, no se renaturalizará el tramo más degradado del río y el que pasa por la ciudad, dado que ya han adelantado que el tramo canalizado es esencial para evitar inundaciones. ¿En qué pretenden gastar tantos millones entonces? Dado que ha quedado claro, en esta visita, que el objetivo primordial es el de la seguridad, y teniendo en cuenta sus criterios, nos preguntamos si con tanto dinero, la idea no será seguir canalizando el río, colocar escolleras a diestro y siniestro, elevar motas, o desviar el río… A estas alturas, todo sería posible.

Realmente la renaturalización del río Isuela no necesita de grandes anuncios ni grandes partidas presupuestarias y todo debe empezar con un proceso de participación.

Según manifestó Lorena Orduna, ya veremos qué pasa con el caudal, dado que el agua depende de las Comunidades de Riego. No debe saber que el Plan hidrológico del Ebro 2022-2027, que marca los caudales ecológicos del Isuela, es de obligado cumplimiento.

Jorge Azcón expresó que los trabajos a realizar serían definidos por los ingenieros y los arquitectos, olvidando que la renaturalización de un río requiere debe ser llevada a cabo por perfiles con de los conocimientos en ecología fluvial, ambientólogos, biólogos, geomorfólogos.

También asimilaron las futuras actuaciones a la renaturalización del río Huerva a su paso por Zaragoza. Sin duda no es comparable, teniendo en cuenta que en Zaragoza sí que se está interviniendo en el tramo urbano, y no fuera de la ciudad.

Estas son, entre otras declaraciones, las que decepcionan a Ecologistas en Acción, considerando la firma del protocolo de renaturalización un documento publicitario, en el que las instituciones firmantes quieren hacer creer que se preocupan frente a posibles riadas, dado el contexto actual. Pero entonces, ¿mientras no intervengan no estamos a salvo?

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Un debate en profundidad sobre el boom de los centros de datos

El acelerado despliegue de macroproyectos digitales en todo el territorio pero en especial en Aragón está transformando silenciosamente el territorio.

Los centros de datos y las grandes infraestructuras vinculadas a la IA se nos venden como motores de desarrollo y generadorees de poco impacto.

¿Es así? ¿qué costes sociales, ecológicos y económicos implica este modelo? ¿Qué efectos tiene sobre el agua, la energía y el sector primario? ¿Qué tipo de empleo genera realmente? ¿Qué ventajas fiscales reciben? ¿Quién gana y quién pierde?

Esta charla reúne a voces expertas y activistas para analizar de forma accesible y crítica las múltiples aristas de la industria del almacenamiento y procesamiento de datos.

Participan (con tiempos para ir directo a cada intervención):

0:00 – Presentación y moderación. Marina Gros, activista de Ecologistas en Acción.

0:03:21 – Introducción: digitalización y política. Adrián Almazán, Profesor de Filosofía (Universidad Carlos III).

0:15:00 – Impactos sociales y ecológicos de la economía digital. Erika González, Coordinadora de Ecologistas en Acción.

0:30:00 – Agua, territorio y resistencias. Aurora Gómez, activista del colectivo Tu nube seca mi río. Fanta, hacker y activista de movimientos digitales.

0:51:25 – Energía, empleo y modelo económico. Carlos López, Economista y Técnico Superior en Comunicaciones.

0:59:30 – Consumo material y escalada tecnológica de la IA. Manuel García, investigador del CSIC.

1:13:29 – Fiscalidad, opacidad y dinero público. Raúl Burillo, conocido “súper” Inspector de Hacienda.

1:33:02 – Agricultura y competencia por el agua. Chechu Sánchez, agricultor del colectivo Malas Yerbas.

1:46:02 – Debate final.

Charla coordinada por Carlos Buj de Ecologistas en Acción Zaragoza.

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• Ecoloxistas en Acción alerta sobre a presenza continuada de verteduras de augas residuais no río Oitavén e os seus graves impactos ambientais e sobre a saúde pública
• As verteduras foron advertidas pola veciños que informan de verteduras continuadas no río Oitavén. Os residuos poden xerar afeccións na auga potable de varios municipios e a cidade de Vigo.
• Ecoloxistas en Acción reclama que os vertidos autorizados cumplan coa lei que obriga ós titulares das autorizacións a garantir o tratamento axeitado das augas residuais antes da súa verteduras.

Segundo testemuños veciñais e observacións directas realizadas na contorna da presa do Oitavén (Encoro de Eiras). Ecoloxistas en Acción informa da detección de verteduras continuadas de augas residuais no río Oitavén, situación que supón unha grave ameaza para a calidade ambiental do río e para a saúde das persoas que viven na súa contorna. Estas verteduras provocan a contaminación das augas, afectando á biodiversidade acuática, alterando os ecosistemas e xerando riscos sanitarios significativos, incluíndo a presenza de patóxenos e substancias químicas nocivas.

Treito do río que recibe verteduras

A organización denuncia que estes vertidos afectan ao río Oitavén, un curso fluvial estratéxico xa que abastece o Encoro de Eiras, a principal fonte de auga potable da área metropolitana de Vigo e da súa comarca.

Ecoloxistas en Acción, preocupada polos impactos que o cambio climático terá sobre o medio ambiente e a saúde pública, chama a atención das autoridades competentes e da cidadanía sobre que estes vertidos, habituais na Comunidade Autónoma Galega, supoñen un perigo para os ecosistemas e para a saúde das persoas.

A organización ecoloxista reclama unha actuación inmediata das autoridades competentes para identificar as causas destas verteduras, adoptar medidas correctoras e garantir o cumprimento das normativas ambientais e de saneamento vixentes, co obxectivo de protexer tanto os ecosistemas fluviais como a saúde pública. O vertido denunciado vulnera o principio de non deterioro recollido na Directiva Marco da Auga (2000/60/CE) e incumpre as obrigas establecidas na Lei 9/2010 de Augas de Galicia, que obriga aos titulares das autorizacións a garantir o tratamento adecuado das augas residuais antes da súa vertedura.

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Los vertidos, conocidos por los vecinos desde hace décadas, se deben al mal funcionamiento de las tres depuradoras de la urbanización Calalberche.

Ecologistas en Acción de Toledo y la asociación de vecinos Despierta Calalberche han remitido durante los últimos días diferentes denuncias al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo en relación con los vertidos de aguas residuales deficientemente tratadas y procedentes de tres estaciones depuradoras de aguas residuales de la urbanización Calalberche, perteneciente al término municipal de Santa Cruz del Retamar.

Estas depuradoras, denominadas Parriego, Felipe y El Romeral, que recaen bajo la responsabilidad gestora y titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar, resultan a todas luces obsoletas y deficitarias en lo que a su eficacia en el tratamiento de las aguas residuales se refiere. Es por ello que en el momento actual y lo que es más grave, desde hace años, vierten sus efluentes de aguas residuales en unas condiciones las cuales (según tenemos entendido), ya han sido objeto de sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al no cumplirse los mínimos establecidos y requeridos en lo que al tratamiento de las aguas residuales sería deseable y superarse reiteradamente los valores límite de diferentes parámetros establecidos por la autorización de vertido expedida en su momento por la Confederación.

Como consecuencia de lo anterior, los vertidos de aguas al cauce del Alberche estarían propiciando la contaminación continuada de este tramo del río y aguas abajo del mismo. En lo relativo a la potencialidad contaminante de estas aguas, habría que hacer mención, con una alta probabilidad, a la presencia de bacterias de origen fecal, carga orgánica y otros compuestos (más o menos tóxicos) pero que en todo caso estarían afectando la calidad y el buen estado de las aguas, el equilibrio de los ecosistemas ribereños y la conservación de la biodiversidad asociada a un río que hasta este punto goza de una calidad de las aguas relativamente aceptable. Los vertidos aludidos estarían afectando igualmente, con una alta probabilidad y debido a infiltraciones previas, el acuífero aluvial del río Alberche.

Las riberas y vegas del Alberche en estos puntos son unas zonas de elevado interés natural y ecológico por disponer de trazos de bosque y vegetación de ribera en buen estado de conservación y por la abundante avifauna que las puebla. De hecho, las zonas limítrofes al río en la Comunidad autónoma de Madrid (t.m. de Villa del Prado) y el propio cauce y zona de policía del Alberche en su margen izquierda, ya en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha, están declaradas Zona de Especial protección para las Aves y Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, bajo la denominación de Sierra de San Vicente y y Valles del Tiétar y Alberche (ES4250001). Este espacio natural y las especies que lo pueblan se están viendo afectadas por los vertidos en un grado aún por determinar.

El hecho de que se estuvieran vertiendo aguas residuales con posible presencia de residuos tóxicos y peligrosos a las aguas, el suelo o los sistemas naturales y que perjudiquen gravemente el medio ambiente sería constitutivo de un delito tipificado en el Código Penal (arts. 325 y 328). Además, por una parte, se estaría provocando la degradación más extrema de las aguas públicas, contraviniéndose con ello diversos artículos de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y de sus posteriores desarrollos normativos y por otra, al estarse provocando la degradación del ecosistema ripario en la zona, se estarían contraviniendo diversos artículos de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla–La Mancha, especialmente cuando con ello se están afectando a espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000.

Con estas denuncias, ambas organizaciones pretenden, de las administraciones públicas, que se ataje de una vez por todas esta situación, se proceda a la sanción de los responsables de la misma, se restituya el daño causado al río Alberche y sus ecosistemas y sobre todo se incoen, de una vez por todas, los mecanismos y procedimientos (administrativos, financieros, etc.) necesarios para la mejora de los sistemas de depuración de aguas residuales de la urbanización Calalberche, los cuales, indefectiblemente, deben facilitar a la postre la construcción de una nueva EDAR, moderna y suficiente para abastecer el potencial contaminante de un núcleo habitado por vecinos responsables y que pagan sus impuestos, tales y como los que residen en la ya referida urbanización Calalberche.

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