Por Javier Gil. Este artículo, extraído de Zona de Estrategia, es un fragmento de Un país salvaje: lucha de clases en torno al alquiler, ensayo introductorio del libro Vivienda: la nueva división de clase de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings (Lengua de Trapo, 2025).

Entre 2012 y 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas para transformar la crisis del 2008 en un nuevo ciclo de acumulación, reactivando la inversión internacional en el sector inmobiliario y el alza de precios. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos. Pero eso no es todo.

Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024 hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como ‘alquiler de temporada’, que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó en su momento, y en octubre perdió una votación para limitar esas prácticas. De este modo, nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que, si el primer Gobierno de coalición con fuerzas más a la izquierda del PSOE no ha sido capaz de alterar, parece poco probable que otros vayan a resolver.

En este contexto se presenta la huelga de alquileres como la única salida para los inquilinos. Estas huelgas no son iguales que otras huelgas históricas de inquilinas, como la de Barcelona de 1931 o la de Glasgow de 1915, sino que pueden ser un punto de inflexión en la formación de experiencias de clase en el capitalismo rentista. En la economía industrial, una huelga de inquilinos afectaba a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no tenía por qué incidir en el modelo de acumulación. Como recuerda el célebre texto de Manuel Castells sobre la huelga de Glasgow, esta no fue una huelga contra los capitalistas, sino contra los caseros, pero que debilitó el poder de la clase capitalista, y que puede comprenderse como un episodio de lucha de clases pero no como un movimiento anticapitalista (1983). En cambio, en el capitalismo rentista, una huelga de estas características supondría una lucha frontal contra las estructuras neurálgicas del capitalismo.

Pensar la lucha contra el capitalismo rentista requiere identificar sus principales contradicciones, que no tienen por qué coincidir con las contradicciones del modelo industrial. Al ser un campo aún muy inexplorado, a continuación se sugiere, a modo de hipótesis, lo que podrían ser cinco contradicciones fundamentales.

En primer lugar, la economía de activos se va disociando cada vez más de la economía real y, por tanto, de las condiciones de reproducción social de la población, intensificando el conflicto capital-vida. A diferencia de modelos previos, en los que el éxito de grandes corporaciones industriales beneficiaba al país y a su clase trabajadora — «lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos», explicaba Robert Brenner (2009)—, el capitalismo rentista sigue una lógica distinta: en este modelo de beneficios sin producción ni crecimiento, actores financieros como Goldman Sachs no solo no contribuyen al crecimiento económico, sino que a menudo lo socavan activamente. Como resultado, el rumbo de las sociedades comienza a estar determinado por los mercados de activos, desvinculados de la economía real y de las condiciones de vida de la población, lo que genera una economía que opera cada vez más al margen de las necesidades sociales y materiales de sus habitantes.

En segundo lugar, destacan los gestores de activos. Su inmensa capacidad de concentración y movilización de capital les confiere un poder considerable para organizar la vida social y controlar las estructuras políticas y económicas (Christophers, 2025). Desde 2008, se observa cómo han canalizado enormes cantidades de capital hacia sectores fundamentales para la reproducción social, como la vivienda, la sanidad y la educación. Sus modelos de gestión agresiva, orientados a obtener beneficios a corto plazo sin considerar la calidad del servicio o el impacto de largo recorrido, se asemejan a prácticas de saqueo que intensifican el conflicto entre capital y vida. Esta lógica extractiva es la que les ha valido el nombre popular de «fondos buitre».

En tercer lugar, el rol central de los bancos centrales (Braun, 2021). Desde 2008, estas instituciones han transformado su mandato, priorizando la estabilidad de los mercados y los intereses del sector financiero por encima de las necesidades de la sociedad en general. Esto se refleja en políticas que sostienen el valor de los activos y la riqueza privada, como los programas de expansión cuantitativa. Además, los bancos centrales disfrutan de un elevado nivel de autonomía y están en gran medida aislados de la rendición de cuentas democráticas. Sus representantes no son directamente elegidos, lo que profundiza el déficit democrático, y bajo discursos tecnocráticos se ocultan estrategias que favorecen al capital sobre los intereses de la mayoría.

En cuarto lugar, la relación central con el capital en el capitalismo rentista no es de explotación, sino de expropiación. Para el marxismo tradicional, la relación entre capital y trabajo se basa en la explotación del trabajo asalariado por el capital. Nancy Fraser (2022) critica esta visión, señalando que el capitalismo no solo se sustenta en la explotación de los trabajadores, sino también en formas múltiples de extraer riqueza de sujetos por medios no asalariados (como el trabajo doméstico no remunerado realizado principalmente por mujeres o la expropiación de recursos de la naturaleza y la destrucción ambiental). De esta manera, el capitalismo funciona mediante una combinación de ambos procesos, que operan en conjunto para sostener la acumulación de capital. En el capitalismo rentista, sin embargo, la relación es predominantemente de expropiación, pues se centra en formas diversas de extraer riqueza de los individuos a través de mecanismos no asalariados.

En quinto lugar, el capitalismo rentista es también un capitalismo político, en el que la tasa de rentabilidad, la extracción de excedentes y la redistribución de la renta hacia quienes ya poseen mayor riqueza y renta depende de instrumentos abiertamente políticos (Riley & Brenner, 2023). La contradicción radica en que la escasez de recursos se crea artificialmente por medios políticos, con el objetivo de garantizar la distribución del excedente hacía arriba y de reproducir la sociedad de clases.

La vivienda en alquiler es el espacio donde estas contradicciones se hacen más evidentes. La escalada de los precios de la vivienda y de los alquileres los ha disociado de la economía de los hogares, empobreciendo a la población y exacerbando el conflicto capital-vida. Gestores de activos como Blackstone se han convertido en los caseros corporativos globales, introduciendo modelos de gestión agresivos que intensifican este conflicto. Las políticas de expansión cuantitativa de los bancos centrales desde 2008 han sido la causa principal de este fenómeno: el exceso de liquidez impulsó al capital a movilizarse en busca de refugios seguros, y la vivienda en alquiler se consolidó como un activo financiero clave.

Así, la función de la vivienda se transformó, priorizando su valor como activo y debilitando su función social. Como resultado, los inquilinos ven cómo una porción creciente de sus ingresos se destina a los caseros, simplemente porque el mercado y la legislación lo permiten, sufriendo intensamente esta forma de expropiación de riqueza. Todo esto ocurre en un entorno regulado políticamente para facilitar la financiarización y la acumulación de capital a través de las viviendas. Porque no estamos ante una crisis de escasez de vivienda, sino ante las consecuencias de su transformación en activos financieros. Cuando políticamente se permite que las viviendas se conviertan en pisos turísticos, se alquilen como alquileres de temporada, se mantengan vacías o cuando la legislación permite que un casero desaloje a un inquilino solo para buscar a otro que pague más, el resultado es una crisis de vivienda determinada por regulaciones diseñadas políticamente para favorecer el rentismo. La crisis de vivienda, entonces, es el producto de un marco regulatorio salvaje que prioriza la rentabilidad del capital sobre el derecho a la vivienda.

Este modelo tiene profundas implicaciones políticas. Con la fragmentación de la sociedad de propietarios, se erosionaron los consensos fundamentales que sostenían la integración y la estabilidad social. Esta fractura ha debilitado la hegemonía del neoliberalismo, marcando la transición hacia una fase de dominación sin consentimiento, en la que los pilares ideológicos que antes legitimaban el sistema pierden su fuerza. En este nuevo escenario, la falta de consenso revela un modelo de acumulación que ya no responde a las necesidades colectivas, intensificando los conflictos sociales y cuestionando la viabilidad del proyecto neoliberal.

Por ello, la crisis en torno al alquiler no debe percibirse únicamente como una crisis económica o de vivienda, sino como una crisis política central de nuestra época. En su investigación sobre la economía moral de la multitud, E.P. Thompson señala que los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII no eran provocados únicamente por el aumento de los precios y la hambruna. Más bien, “estos agravios operaban dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas eran legítimas y cuáles ilegítimas en la comercialización” (Thompson,1974: 65-66). Según Thompson, estos conflictos se basaban en una concepción tradicional de normas y obligaciones sociales, lo que él denomina la «economía moral de los pobres». Así, lo que motiva y legitima las acciones contenciosas no es simplemente la necesidad económica, sino el agravio moral que la población siente ante prácticas económicas que percibe como ilegítimas. Esto sugiere que las luchas sociales son impulsadas tanto por demandas materiales como por la defensa de una justicia percibida, lo cual otorga una dimensión moral a la resistencia popular frente a abusos económicos.

Es plausible, o al menos sugerible como hipótesis, que algo similar esté ocurriendo con la economía de activos. Este régimen amplía la desigualdad y empobrece a las mayorías sociales mediante prácticas frecuentemente percibidas como ilícitas. Además, los actores que se benefician de este modelo acumulan capital en cantidades tan desproporcionadas que dicha acumulación enfrenta una creciente sanción social. Existe también una percepción generalizada de que esta transferencia de renta y el auge de la desigualdad se producen a través de mecanismos políticos, lo cual intensifica la deslegitimación del sistema. De este modo, tanto las estructuras y actores económicos y políticos que sostienen el modelo pierden legitimidad, y se abre una oportunidad para las acciones contenciosas que busquen subvertirlo.

Por ello, las luchas en torno al alquiler desbordan el ámbito de la vivienda. Deben entenderse como luchas centrales para agudizar estas contradicciones hasta hacerlas irresolubles. En este sentido, el sindicalismo inquilino constituye una de las mejores oportunidades en la actualidad para articular un proyecto de mayorías capaz de poner en cuestión las estructuras políticas y económicas del capitalismo rentista. Por eso estas luchas son tan estratégicas para impulsar una transformación social de carácter emancipador.

Referencias

Castells, Manuel. 1983. The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements. University of California Press.

Christophers, Brett. 2025. Nuestras vidas en sus carteras de inversión:
cómo los gestores de activos dominan el mundo. Traficantes de Sueños.

Braun, Benjamin. 2021. «Central bank planning for public purpose». Pandemic Exposures: Economy and Society in Time of Coronavirus 105-22.

Brenner, Robert. 2009. La economía de la turbulencia global. Vol. 54. Akal.

Fraser, Nancy. 2023. Capitalismo caníbal: Cómo nuestro sistema está devorando la democracia y el cuidado y el planeta, y qué podemos hacer con eso. Siglo XXI Editores.

Riley, Dylan, y Robert Brenner. 2023. «Siete tesis sobre la política estadounidense». New Left Review (138).

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El movimiento de vivienda crea la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

El fin de semana del 10 al 12 de octubre, inquilinas organizadas de más de una decena de territorios distintos viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Su creación es el resultado de ocho años de historia del sindicalismo inquilino iniciado en 2017, cuando surgieron los primeros Sindicatos de Inquilinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza ante el aumento del precio del alquiler. En el último año, se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara, Segovia, Ibiza y Formentera, con grupos en formación en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora. La coordinación entre estos sindicatos se consolidó con la manifestación del 5 de abril en más de 40 ciudades y con la campaña estatal “Nos Quedamos”.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas nace con el objetivo de dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de orientar y coordinar la lucha por el derecho a la vivienda en todo el Estado. Su programa tiene como objetivo bajar drásticamente los alquileres, que los contratos sean indefinidos, recuperar los pisos vacíos, turísticos y desviados al mercado de temporal y el reconocimiento de los derechos sindicales de las inquilinas. La Confederación apuesta también por la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado y la garantía de una vivienda digna en la transición ecosocial. Todo ello con una convicción clara: solo la organización colectiva de las inquilinas, unida al sindicalismo laboral y al resto de luchas sociales, puede acabar con el negocio de la vivienda y conquistar el derecho real a un hogar para todas.

Maricarmen se queda

El ejemplo más reciente de sindicalismo inquilino lo encontramos en la campaña “Maricarmen se queda”: Maricarmen es una mujer de 87 años, que lleva 70 años viviendo de alquiler en su casa, en el barrio de Retiro, desde que su padre firmó un contrato de renta antigua, al cual se subrogaron primero su madre y luego ella.

En este sentido, Maricarmen es víctima de las leyes machistas del franquismo, ya que su madre no figuraba en el contrato original como arrendataria, porque solo podía hacerlo su marido. Por eso, cuando falleció el padre de Maricarmen, su madre se tuvo que subrogar en el contrato, pese a ser la coinquilina original. Y, al fallecer la madre de Maricarmen, su hija se subrogó por segunda vez, a pesar de que ésta debería haberse considerado la primera subrogación.

Entonces, la propiedad no puso pegas a la prórroga y le mantuvo las condiciones a Maricarmen. Sin embargo, un fondo buitre ha comprado la vivienda, ha resuelto el contrato de renta antigua y le ha incrementado el alquiler en más de un 300%.

El Sindicato de Inquilinas inició una campaña, que ha tenido una enorme repercusión mediática, para mantener a Maricarmen en su casa. Se empapeló el barrio con carteles informando del desahucio y varios comercios apoyaron poniendo el cartel en sus escaparates; se informó a todas las vecinas del edificio, yendo puerta por puerta, del inminente desahucio; se organizó un pasacalles por el Retiro y por la calle Sainz de Baranda, en la que participó el AMPA del colegio Escuelas Aguirre haciendo un taller de carteles en apoyo a Maricarmen; y, por último, se convocó una concentración el día del desahucio (previsto para el 29 de octubre) frente a su vivienda. Sin embargo, gracias a la presión ejercida, el día antes del lanzamiento, el Juzgado decidió suspenderlo, para otorgarle más tiempo para buscar una alternativa habitacional. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

El 29 de octubre, finalmente, se convirtió en una celebración. Maricarmen compareció ante los medios, emocionada, mientras las vecinas gritaban “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”. Al cuello llevaba una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.

Por ahora, Maricarmen se queda; pero depende de todas que se quede para siempre.

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Por Martina Di Paula López y Aurora Báez Boza. Extraído de El Salto

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades para exigir solución al drama habitacional. Este fin de semana, la lucha por el derecho a la vivienda ha vivido un nuevo momento histórico en Málaga con la celebración del I Congreso estatal de Sindicatos de Inquilinos y la creación de una confederación de organizaciones de arrendatarios para dar un nuevo impulso a la lucha contra la especulación con “más huelgas de alquileres y una huelga general por la vivienda en el horizonte”.

De 2015 a 2025 el precio de los alquileres se ha duplicado. Los contratos de temporada, por habitación o turísticos son algunas de las herramientas legales para seguir aumentando el precio del alquiler. Una situación crítica que se expande por todo el territorio con muchas semejanzas, pero con particularidades locales.

En Catalunya, la concentración de la propiedad tiene nombre de bancos y fondos de inversión, como CaixaBank, BBVA, Cerberos o  Black Sorne. A lo que hay que sumarle el poder de la oligarquía catalana. Solo Cerberos tiene 3.500 viviendas vacías en una Comunidad con un 1,2% de vivienda pública. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el “banco malo” que el Gobierno prometió reconvertir en empresa pública de vivienda, continúa amenazando de desahucio a familias a las que no permite negociar alquileres sociales. El resultado es que las viviendas que deberían estar al servicio de la población son gestionadas por fondos de inversión con un largo historial de conflictos y denuncias por acoso inmobiliario como Blackstone, Servihabitat y KKR, fondo proisraelí. En Madrid, el 43% de los contratos de alquiler son a fondos de inversión, en un marco de políticas hostil y barrios que cada vez se llenan de más “inmobiliarias y grupos de desocupación”, denuncian desde el Sindicato. 

CaixaBank se ha convertido en el mayor gran tenedor de vivienda de España desde la absorción de Bankia, con más de 25.000 pisos en alquiler. Bajo el programa de “vivienda asequible” de la Fundación Obra Social de La Caixa, se ha dado una estrategia de “desahucio invisible”. Inmocaixa —una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del banco— se negó a prorrogar los contratos, exigiendo subidas del alquiler de entre el 50% y el 100% a pesar de que estaba vigente la “prórroga covid” del “escudo social”. En Catalunya, hay actualmente 62 hogares en huelga de alquileres contra La Caixa que han demandado a la entidad bancaria, cuentan desde el Sindicat de Llogateres. El objetivo es detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y hacer que las viviendas pasen a la empresa pública de vivienda catalana (Incasòl).

“En Andalucía, los precios del alquiler han estado subiendo de forma desproporcionada”, declara Kike España, denunciando que “los fondos de inversión están comprando edificios enteros para convertirlos en edificios de lujo o apartamentos turísticos”. Según los datos del INE de 2024, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más pisos turísticos alberga. Un caso muy cercano en Málaga —donde en diez años los precios de alquiler han subido más del 100%— es el que se da frente a la Iglesia de San Agustín, donde a finales de año desaparecerá la histórica Tetería de San Agustín si se lleva a cabo la conversión del edificio en viviendas turísticas tal y como está previsto. 

Aunque sea una tendencia cada vez mayor, en ciudades más pequeñas la concentración de propiedad es más dispersa. En Málaga, capital de Andalucía donde la vivienda es más cara, la mayoría de propiedades verticales de alquiler pertenecen al instituto municipal de la vivienda y la agencia autonómica ABRA. Esto contrasta con los más de 900 desahucios que se ejecutaron en el año 2024 en una ciudad con 16.700 viviendas vacías (6,4% de las viviendas) y 8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga). En Málaga, donde un 15% de población vive en alquiler, el sindicato destaca el trabajo desde Málaga para Vivir, Techo por derecho y Biznegras.

Como explican Hannah Soraya y Assiatu Diallo, el rentismo y el racismo inmobiliario forman una dinámica de doble desposesión. En su artículo aportan cifras del informe de la Fundación Foessa que muestran que alrededor de un cuarto de la población migrante en situación irregular reside en viviendas sin contrato, siete de cada diez destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y más de un tercio vive en situación de hacinamiento. Además, en el informe de Provivienda de 2024, se muestra que el 99% de inmobiliarias han llevado a cabo formas explícitas de discriminación por origen y raza. La Ley 15/2022, de 12 de julio, que debe garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a la vivienda se contradice con otras leyes, como la Ley de Extranjería, que exige tres años de empadronamiento para la regularización.

En Sevilla, las viviendas vacías aumentan a 40.000 (un 10% de la ciudad) y las viviendas turísticas a 14.000. Cádiz es la única capital de provincia andaluza donde hay una pérdida paulatina de población, con cada vez menos contratos de alquiler (de los cuales, el 80% son de alquiler de temporada en portales como idealista). En Cádiz, hay 2.800 viviendas vacías y 2.500 viviendas de uso turístico con alojamiento para más de 10.000 turistas lo que equivale al 10% de la población de la ciudad. Además, se trata de la ciudad con más cruceristas por habitantes del Estado español. Ya en 2023 Carmen Marchena explicaba desde El Salto Andalucía la situación de esta provincia. A pesar de esta situación, la Junta de Andalucía se ha negado ha considerar ilegales 16.470 pisos turísticos irregulares identificados. Una de las ciudades en las que más pisos turísticos serán prohibidos es Sevilla con 2.289 viviendas consideradas ilegales, seguida de Marbella, con 1.802 apartamentos ilegales, y Málaga con 1.471.

Una de las aristas principales de este problema es la expansión de un modelo turístico extractivo. “A la gente nos expulsan del centro de la ciudad pero al mismo tiempo tenemos que venir a trabajar al sector servicios para sostener este modelo”, denuncia Kike España. El más destacado es el turismo de sol y playa, presente sobre todo en la costa mediterránea. Cecilia del Castillo, invitada al encuentro como parte de la confederación de Ecologistas en Acción, denuncia que “la turistificación nos asfixia, nos roba las casas y nos roba el espacio fuera de las casas”. También en Aragón podemos hablar del “artificial” turismo de nieve. “La nieve se fabrica, es artificial, porque la crisis climática tiene sus consecuencias” denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, explicando que “a día de hoy el modelo de turismo de la nieve ya está hiperfinanciado, subvencionado y da pérdidas sistemáticamente”. En Zaragoza el precio del alquiler ha subido más de un 64% y en el resto de Aragón un 67%. Aragón tiene 130.000 viviendas vacías y también está llegando el modelo turístico que transforma los alquileres de larga temporada a turísticos. 

Una “oferta captura” y una “demanda inflada” han hecho llegar a un punto de inflexión que ha dado paso a la movilización, coordinación y expansión del movimiento de vivienda. Desde los sindicatos de inquilinas proponen como horizonte ideas de expropiación, planificación y redistribución de la vivienda además de una medida inmediata de bajada de alquileres. 

Los precios de los alquileres siguen subiendo, mientras el sistema legal y político no camina hacia la resolución de esta crisis con una ley de vivienda aprobada en 2023 que los colectivos de derecho a la vivienda consideran que no llega a suponer una regulación real de los alquileres ni pone frenos al negocio inmobiliario. Además, hay comunidades que se niegan a llevar a cabo la normativa estatal y la contraponen con políticas que favorecen la construcción, blinda la propiedad privada, persiguen la ocupación y llenan el debate social con términos como inquiocupación. Es el caso de Andalucía, que busca aprobar su propia legislación de vivienda, Madrid que se ha negado en diversas ocasiones a permitir una bajada en los precios de alquiler o en País Valenciá que pretende reformar su ley de vivienda para “frenar la ocupación ilegal”. En muchas localidades, incluso, los ayuntamientos han creado oficinas de antiokupación, como en Sevilla, Valencia, Palma, Granada, Alicante o Córdoba.

Otra de las críticas a la Ley aprobada en 2023 es que no llega a prohibir los desahucios sino que realizaba una prórroga hasta finales de 2025. Lo que no supone que se hayan dejado de producir desahucios, al contrario en 2024 se aumentó el porcentaje de ejecuciones aumentó un 3,4% con respecto al año anterior, realizándose un total de 27.564.

Un momento histórico

Con la afirmación de que “estamos en un momento histórico para el movimiento de vivienda y para los movimientos sociales organizados del Estado” en un “proceso de financiarización especulativa de la vivienda” daba comienzo Kike España, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, al primer Congreso Nacional del Sindicato de Inquilinas de Málaga. A lo largo del fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, inquilinas organizadas de territorios viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la confederación de sindicatos de inquilinas, además de realizar acciones y debates donde se invitaron a  otras organizaciones.

Los Sindicatos de Inquilinas comenzaron a surgir en el año 2017 como organizaciones permanentes, tras la crisis de vivienda derivada del boom inmobiliario que estalla en 2007. Las primeras ciudades donde se organizaron son Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza.

Laura Bennedeti, del Sindicat de Llogateres de Cataluña, explica que “en 2017 todavía arrastramos la crisis de la burbuja y tenemos contratos que finalizan cada tres años”. Por ello, se plantean los Sindicatos de Inquilinas como organización estable en torno al derecho a la vivienda y cuestionando su mercantilización como bien especulativo. Laura Bennedeti cuenta que ahora mismo hay consolidados sindicatos en Catalunya, Madrid, Málaga, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Asturias, Vigo, Ibiza y Formentera, además de grupos motores en Valencia, Mallorca y Almería. Desde los sindicatos destacan la singular situación de insularidad que se da en Baleares y Canarias que ha generado un conflicto especialmente difícil donde cada vez hay más población obligada a migrar.

“Este 2025 marca un punto de inflexión, se inicia una oleada de finalizaciones de contratos sin precedentes”, explican desde el Sindicato de Inquilinas en un momento donde los precios del alquiler están en su máximo histórico. “El sindicalismo inquilino se ha consolidado como actor central en la lucha por el derecho a la vivienda”, afirma Laura.

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, plantea las huelgas de alquileres como realidad para “avanzar y afianzar las negociaciones colectivas como forma en la que nos organizamos entre todas las inquilinas contra este sistema rentista” siendo una forma de “rescatar una herramienta histórica de lucha”. Por ello, Valeria afirma con firmeza que “el miedo, por fin, está cambiando de bando”.

Hoja de ruta a futuro

El proceso continúa, al igual que la expansión de los sindicatos de inquilinas. Tras salir a la calle en más de 40 ciudades, cientos de miles de personas se han manifestado en 2024 y 2025 contra los desahucios, las subidas abusivas y la turistificación”. Bajo la campaña “Nos quedamos” buscan seguir con la desobediencia civil organizada, el contrapoder comunicativo y el aumento de la capacidad de acción sindical, explorando nuevas herramientas tras el ciclo de movilizaciones masivas en manifestaciones que dan por concluido. “Es una estrategia para que ninguna inquilina se vea obligada a abandonar su casa y pueda renovar contrato a precio que pueda pagar”, explica Laura Bennedeti. 

Los bloques de lucha, como denominan a la organización de inquilinas que viven en propiedades verticales, se nombran como potenciales fuerzas de acción, sobre todo en un contexto donde cada vez son más habituales los desahucios en bloque tras el cambio de propiedad del edificio. También aparecen las brigadas inquilinas. Kike España trae el ejemplo del distrito de carretera de Cádiz, uno de los más densamente poblados de Europa, donde se ha constituido el bloque de lucha Avenida Europa 15. “Este es un ejemplo donde las inquilinas defienden sus derechos y perenne encima de la mesa que no se van a ir a ningún lado”, declara Kike. El objetivo es fortalecer las estructuras que existen y aumentar las relaciones para que exista una actuación coordinada.

Algunas de las aristas de la crisis de vivienda en las que trabajará el sindicato de inquilinas son la regulación de precios, el uso de vivienda vacía y el racismo inmobiliario. “Bajar el precio de los alquileres un mínimo de 50%, la recuperación de la oferta secuestrada o desarticular los grupos de desocupación” son algunas de las medidas que proponen desde los Sindicatos de Inquilinas según explica Valeria Racu. Además, se busca fortalecer los diálogos y confluencias con los sindicatos de inquilinas rurales, los sindicatos de trabajo, los movimientos pensionistas, ecologistas y las organizaciones por Palestina en la “lucha por territorios habitables para todas”, como concluyen al final del encuentro.

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Anteayer se celebró el Día de la Tierra Palestina. Desde el campo de Dheisheh en Belén, Nuestro compañero Naji Owdeh, refugiado en su propia tierra, nos habla de la vida bajo la ocupación sionista en estos días de pandemia y le sobran fuerzas para enviar un abrazo de resistencia a quien quiera escuchar. Ayer arrancó […]

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