• Verdemar-Ecologistas en Acción denuncia una nueva serie de vertidos de aguas residuales debido al desbordamiento del sistema de saneamiento municipal en el denominado “tubo arco” de Tarifa. 
• Las denuncias se interpusieron en la Consejería de Salud y Aguas de la Junta de Andalucía.

Los vertidos han ocurrido de manera reiterada los días 6, 14, 15, 17 y 30 de noviembre de 2025, afectando gravemente la playa de Los Lances, el Parque Natural del Estrecho y la Marina de Tarifa, en lo que parece ser un problema endémico que persiste desde hace años.

El impacto ambiental y sanitario de estos vertidos es considerable. Las aguas fecales, toallitas higiénicas y otros contaminantes han invadido zonas públicas y residenciales, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad marina como la salud de los residentes y turistas. Las autoridades locales, la administración autonómica y los órganos judiciales, a pesar de las denuncias reiteradas, no han logrado poner fin a este problema. Las aguas contaminadas no solo afectan la calidad del agua y el entorno natural, sino que también representan una amenaza para la salud pública, con posibles riesgos de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y respiratorias, así como la contaminación de los recursos hídricos.

Un problema endémico

A lo largo de los últimos años, los vertidos derivados del mal estado del sistema de saneamiento han sido recurrentes, a pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la Junta de Andalucía, la Fiscalía y los Juzgados. En lugar de buscar soluciones definitivas, las administraciones han mostrado una alarmante inacción, permitiendo que la carga contaminante se acumule cada vez más, lo que ha provocado que este problema sea una situación endémica en Tarifa.

“El crecimiento de Tarifa no ha tenido en cuenta las deficiencias de infraestructuras subterráneas, lo que ha llevado a una sobrecarga del sistema de saneamiento”. “Cada vez que llueve, el sistema no es capaz de gestionar los flujos de aguas residuales, lo que provoca el desbordamiento hacia la red de aguas pluviales, que termina vertiendo aguas contaminadas en la playa y en el Parque Natural del Estrecho, uno de los espacios naturales más valiosos de nuestra región”.

Tarifa, una ciudad en crecimiento sin control sobre su infraestructura

El crecimiento urbanístico y la expansión de Tarifa no han ido acompañados de una actualización o mejora de las infraestructuras subterráneas, como el sistema de saneamiento y alcantarillado. Esto ha permitido que las aguas pluviales y las aguas residuales se mezclen y terminen en el dominio público marítimo, afectando a la salud de las personas y al medio ambiente.

Para Verdemar-Ecologistas en Acción los vertidos se están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para la población local y para los turistas que visitan nuestras playas. La falta de control sobre la expansión urbanística y el mantenimiento de las infraestructuras está llevando a una acumulación peligrosa de contaminantes.

Desde Verdemar-Ecologistas en Acción hacemos un llamado urgente a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes para que tomen medidas drásticas ante este problema que afecta gravemente la calidad de vida de los habitantes de Tarifa. Es fundamental que se realice una reparación integral del sistema de saneamiento municipal, que se implementen protocolos de monitoreo de calidad del agua en tiempo real y que se destinen recursos para la descontaminación de las áreas afectadas.

Además, instamos a que las autoridades judiciales den la debida respuesta a las denuncias presentadas y se investiguen las responsabilidades políticas y administrativas por la falta de acción frente a este problema persistente.

Verdemar-Ecologistas en Acción continuará trabajando en la defensa del medio ambiente y la salud pública, y exigirá soluciones inmediatas a las administraciones competentes para garantizar que estos vertidos no sigan siendo un problema recurrente.

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Verdemar–Ecologistas en Acción denuncia que las intensas lluvias registradas hoy en el Campo de Gibraltar han provocado desplazamientos y arrastres de tierra en la zona donde se construye la planta fotovoltaica “Santo Domingo Solar”. Estos daños se han producido como consecuencia de la retirada completa de vegetación y la ausencia de medidas anti-erosión, en incumplimiento directo de la Autorización Ambiental Unificada (AAU/CA/030/21) emitida por la Junta de Andalucía. La AAU exige conservar la capa de tierra vegetal, mantener rodales de vegetación naturalizada para evitar la erosión, impedir movimientos de tierra innecesarios, adaptarse a la orografía del terreno, prevenir procesos de erosión y arrastre de sedimentos y ejecutar un Plan de Vigilancia Ambiental independiente y continuo. Nada de esto se ha cumplido.

La zona ha quedado arrasada, sin cobertura vegetal y sin medidas de protección. Las lluvias han hecho el resto: el terreno se ha deslizado, arrastrando tierra y sedimentos. Es una negligencia ambiental grave. Fuimos los únicos que presentamos alegaciones mientras el Ayuntamiento miró para otro lado. La situación es especialmente preocupante porque precisamente hoy también se han registrado incidencias provocadas por la lluvia en la carretera del Pinar del Rey, muy próxima al área afectada, lo que demuestra la fragilidad del terreno y la necesidad de extremar medidas de protección en esta zona. Verdemar ya había advertido que la retirada indiscriminada de vegetación y el desnudo del suelo agravan los riesgos naturales existentes, algo que la empresa estaba obligada a prever y evitar.

Los arrastres de tierra observados constituyen un incumplimiento directo de la AAU, que exige evitar la erosión y mantener elementos protectores del suelo. Asimismo, evidencian el incumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, obligatorio e independiente, cuya función era precisamente evitar situaciones como la registrada hoy. Estos hechos suponen además daños al suelo y un aumento del riesgo de escorrentías, vulnerando lo previsto en el expediente ambiental sobre aguas y drenaje natural, y afectan a un espacio de alto valor ecológico, junto al Parque Natural de Los Alcornocales y zonas de paso migratorio, donde cualquier degradación del suelo genera impactos acumulativos.

Verdemar–Ecologistas en Acción responsabiliza también al Ayuntamiento de San Roque, que otorgó las licencias urbanísticas sin garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales ni supervisar adecuadamente la ejecución de las obras. El Ayuntamiento tenía la obligación de verificar el cumplimiento de la AAU y de la normativa urbanística, controlar la obra y suspenderla en caso de detectar riesgos ambientales. Nada de esto se ha hecho. La licencia urbanística no es un cheque en blanco; si la empresa incumple, el Ayuntamiento debe actuar, no mirar hacia otro lado.

Ante lo ocurrido hoy, Verdemar–EA exige al Ayuntamiento la apertura inmediata de un expediente de disciplina urbanística, la paralización cautelar de las obras en las zonas erosionadas, la revisión de oficio de la licencia por posibles deficiencias en las medidas ambientales, una inspección urgente de taludes, drenajes y estabilidad del terreno y la publicación de los informes técnicos, actas de inspección y condicionantes de la licencia. Asimismo, solicitará a la Junta de Andalucía la sanción inmediata a la empresa por incumplir la AAU, una inspección ambiental urgente, la revisión del Plan de Vigilancia Ambiental y que no permita avanzar una sola fase más del proyecto hasta que el terreno sea restaurado.

Verdemar–Ecologistas en Acción está recabando información adicional y evidencias gráficas para trasladar los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la posible existencia de infracciones o delitos relacionados con daño ambiental, incumplimiento de autorización administrativa, riesgo para suelos y cauces y omisión de los deberes de supervisión por parte de la administración competente.

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• AGADEN–Ecologistas en Acción solicita al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la suspensión temporal de licencias de parques fotovoltaicos hasta que se concluya el procedimiento del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico.

AGADEN–Ecologistas en Acción, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera que decrete una suspensión temporal de las licencias y autorizaciones para la instalación de parques fotovoltaicos en el municipio. Esta
medida debe mantenerse hasta la finalización del procedimiento del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico relativo a la Modificación Puntual de la Normativa del Suelo No Urbanizable, actualmente en tramitación ante la Delegación
Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz.

Riesgo de que la regulación llegue demasiado tarde

Advertimos que, si el Ayuntamiento no adopta esta moratoria temporal, cuando concluya el procedimiento ambiental y urbanístico de alcance que debe ordenar la implantación de las energías renovables, la mayor parte de los proyectos
fotovoltaicos ya estarán aprobados o incluso construidos, lo que vaciaría de sentido la regulación en curso. Es incoherente iniciar un proceso de planificación ambiental y territorial para regular la implantación de los parques solares, mientras se siguen los procedimientos administrativos de los proyectos, sin esperar a que dicho marco normativo esté en vigor.
Eso es poner el carro delante de los bueyes.

El propio Ayuntamiento reconoce la necesidad de ordenación

El Documento de Alcance emitido por la Junta de Andalucía reconoce expresamente que el Ayuntamiento de Jimena ha promovido esta modificación ante la creciente necesidad de regular la localización y el impacto ambiental de las infraestructuras de producción energética con energías renovables, conscientes del riesgo de impactos sobre el medio que supone la presión de promotores solares sobre el término municipal.

En el mismo documento, se establece que el planeamiento debe delimitar zonas de exclusión, proteger áreas sensibles, crear una ordenanza específica y limitar la ocupación máxima del territorio a un 1,7% de la superficie municipal (unas 506 hectáreas), con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado. Por lo que es incomprensible que el Ayuntamiento se niegue a esta suspensión temporal.

Un territorio frágil bajo fuerte presión

Jimena de la Frontera, en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental, está sufriendo una presión creciente por parte de grandes promotoras de energía solar.

AGADEN advierte que la futura instalación masiva y desordenada de estos proyectos va a provocar la fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad, alteración del paisaje rural y conflictos con actividades tradicionales como la ganadería, la
agricultura o el turismo rural, pilares fundamentales de la economía local.

Una medida de prudencia y coherencia

La organización ecologista recuerda que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establecen el principio de precaución ante la posibilidad de efectos ambientales significativos. Por
ello, suspender temporalmente las licencias hasta disponer del marco normativo definitivo no solo es una medida prudente, sino jurídicamente coherente y ambientalmente necesaria. Jimena no puede repetir el error de permitir que los intereses especulativos se impongan a la planificación. Es imprescindible un desarrollo ordenado, que priorice la protección de los suelos agrícolas, los corredores ecológicos y la biodiversidad. Las renovables sí, pero no a cualquier precio.

Antecedentes

Esta petición no es nueva. En 2021, AGADEN ya reclamó públicamente al Ayuntamiento de Jimena que frenara la concesión de licencias hasta contar con un plan de ordenación, tal como recogió entonces Europa Sur (Agaden pide que se suspendan las licencias para parques fotovoltaicos en Jimena, abril 2021). Cuatro años después, la situación es aún más urgente, con decenas de proyectos en tramitación y el territorio al borde del colapso ambiental.

Conclusión

AGADEN–Ecologistas en Acción insta al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera a ejercer su responsabilidad institucional, decretando la suspensión temporal de licencias y autorizaciones de proyectos fotovoltaicos hasta que finalice el procedimiento del Documento de Alcance y se apruebe la normativa definitiva que regule su implantación.

Solo así podrá garantizarse que el desarrollo de las energías renovables en Jimena sea ordenado, sostenible y compatible con la conservación de su valioso patrimonio natural y rural.

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Una vez más, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) anuncia proyectos grandilocuentes sin resolver los problemas ambientales de fondo que afectan a la ciudad. El denominado “Lago Marítimo”, presentado en febrero de 2020, vuelve ahora a los medios con la propuesta de nuevos jardines y escolleras en la zona del Llano Amarillo, junto a los puntos de embarque, mientras siguen sin abordarse los objetivos ambientales iniciales del proyecto.

Según la propia APBA, el “Lago Marítimo” nació con el propósito de recuperar la calidad del agua y eliminar los vertidos de aguas residuales en esta parte del litoral algecireño. Sin embargo, más de cinco años después, no se ha avanzado en aspectos clave como la eliminación de vertidos fecales, la regeneración de la lámina de agua de la dársena pesquera, la actuación sobre los colectores que desembocan en la antigua playa de Los Ladrillos, los tanques de tormenta o el prometido dragado ecológico.

Lejos de priorizar estas actuaciones, la APBA y el Ayuntamiento de Algeciras “empiezan la casa por el tejado”, apostando por gastarse 5,5 millones de euros  en escolleras y jardines en vez de en encauzamiento-depuración de aguas fecales .

Para AGADEN–Ecologistas en Acción, lo urgente e importante no son  las escolleras y jardines, sino garantizar que las aguas residuales sean encauzadas correctamente hacia la depuradora de Isla Verde, evitando que sigan contaminando esta zona del litoral. Actualmente, cada vez que llueve, las aguas fecales se vierten directamente al mar a la altura de la antigua playa de Los Ladrillos, tanto desde la calle Jacinto Benavente como desde el puente del acceso norte al puerto.

Desde la organización ecologista exigimos a la APBA y al Ayuntamiento de Algeciras que cumplan los compromisos ambientales del proyecto original, centrándose en la recuperación ecológica del frente litoral y no en operaciones secundarias. Los 5,5 millones de uros estarian mejore gastados en eliminar aguas residuales.

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