Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra.
Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.
Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.
Expansión al sur
La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».
Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.
En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.
«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.
La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.
Opiniones sin conocimiento
Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».
La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.
SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora.
Mayo es el mes de las graduaciones en Estados Unidos. Es costumbre que una figura distinguida se dirija a los recién graduados antes de su salto al mercado laboral con un discurso pensado para inspirarlos. A veces el efecto es el contrario. «El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial», dijo Gloria Caulfield, alta directiva del sector inmobiliario, a los graduados de la Universidad Central de Florida. Le respondió una ola de abucheos. Sorprendida, la empresaria soltó una risita nerviosa y se giró hacia alguien situado junto al estrado, como si buscara confirmación de lo que acababa de pasar. «Guau… ¿Qué ha pasado?», preguntó Caulfield, visiblemente desconcertada.
Pocas semanas después le ocurrió algo parecido a Eric Schmidt, expresidente ejecutivo de Google, en la Universidad de Arizona. Tras mencionar que la revista Time había elegido a «los arquitectos de la IA» como personas del año 2025, una pitada lo interrumpió. «Sé lo que muchos estáis sintiendo. Os oigo», reaccionó Schmidt mientras los abucheos continuaban. «Hay un miedo en vuestra generación: que el futuro ya esté escrito, que las máquinas vengan, que los empleos se evaporen, que el clima se rompa, que la política esté fracturada y que vosotros heredéis un desastre que no habéis creado. Y entiendo ese miedo. Es racional». Sus palabras de comprensión no calmaron a la audiencia.
La de los estudiantes no es la única posición crítica. En todo el país, de forma transversal, la opinión pública se está posicionando en contra. Según una encuesta del Pew Research Center publicada en junio de 2025, la mitad de los estadounidenses están más preocupados que entusiasmados ante esta tecnología. La manifestación más visible de ese malestar es la oposición creciente a los centros de datos, la cara física de la IA, infraestructuras que rechazan siete de cada 10 estadounidenses, según una encuesta de Gallup. Algunos estados, como Maine, debaten moratorias para evaluar los riesgos ambientales y para la red eléctrica. La oposición, en otros casos, ya ha derivado en amenazas y ataques.
Intentar frenar la máquina
Una mañana de mayo, decenas de vecinos se concentraron frente al Ayuntamiento de Kenilworth, en Nueva Jersey, para oponerse a la construcción de un nuevo centro de datos para inteligencia artificial proyectado por CoreWeave. Llevaban carteles y cencerros. «Sé que quizá sea demasiado tarde para detenerlo», dijo una residente a una cadena de televisión local. «Pero confío en que, si logramos movilizar a suficiente gente de Kenilworth y las comunidades vecinas, tal vez consigamos que el gobierno municipal nos escuche», prosiguió.
Kenilworth es uno entre centenares de núcleos vecinales organizados para frenar la instalación de centros de datos. El observatorio Data Center Watch ha identificado 396 grupos de oposición activos en el país, una cifra en aumento constante. El observatorio cifró en 156.000 millones de dólares las inversiones que el año pasado fueron bloqueadas o aplazadas por la presión vecinal.
«La oposición contra centros de datos ha calado en el discurso dominante», dice Miquel Vila, investigador de la empresa de seguridad informática 10a Labs, que creó Data Center Watch. «Ahora no es solo una cosa que preocupe a los grupos de ciudadanos que tienen un centro de datos en su comunidad», añadió.
Desde que su equipo comenzó a monitorizar el fenómeno, afirma Vila, el ánimo público ha cambiado. Donde antes la gente carecía de una opinión clara o solo se movilizaba ante proyectos concretos, hoy se percibe un rechazo generalizado y transversal en el discurso político. «Vemos rechazo desde todos los sectores. De la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba a abajo», asegura Vila.
Esa transversalidad tiene una explicación que va más allá del miedo laboral. Cecilia Rikap, economista argentina, profesora asociada del Institute for Innovation and Public Purpose del University College London y autora de Teoría de la dependencia digital, sostiene que la oposición a los centros de datos descansa también en un cálculo material que hasta ahora se sigue subestimando en el debate público: a diferencia de otras grandes infraestructuras, estos proyectos no devuelven al territorio nada parecido a lo que prometen. «Un centro de datos no es un tipo de inversión tradicional en infraestructura. No son generadores de empleo: lo único que generan es empleo de construcción. Cuando el centro de datos está funcionando, son unas pocas docenas de personas las que trabajan en puestos técnicos», explica Rikap. «Y a su vez destruye las economías regionales, porque por el nivel de consumo de energía eléctrica y de agua potable, nadie puede poner al lado ni un café, ni un local de nada».
A esa ausencia de efecto derrame se suma, según Rikap, una distorsión contable que infla las cifras anunciadas: «En Brasil, el cálculo estaba hecho: el 85% de la inversión declarada eran insumos importados». Frente a esa presión, cada vez más iniciativas legislativas intentan poner límites a la expansión del sector, especialmente en el principal país de esta explosión: Estados Unidos.
En Maine se debate una medida que, de aprobarse, paralizaría la construcción de centros de datos de más de 20 megavatios. En Virginia, los legisladores estatales discuten retirar las exenciones fiscales multimillonarias que han convertido al estado en el principal núcleo mundial de centros de datos. En Carolina del Sur, la congresista republicana Nancy Mace impulsa una moratoria de un año y ha prometido exigir a los operadores que generen su propia electricidad para no encarecer la factura del resto de consumidores. «Las reglas son simples: que los centros de datos paguen lo que les corresponde o por aquí que no vengan», escribió en X. En marzo, el senador progresista Bernie Sanders y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentaron una propuesta de moratoria nacional a la construcción. Según lo relevado por Vila y su equipo, muy pocos políticos se atreven a defender estas infraestructuras, sobre todo en el ámbito local. «Independientemente de cuál sea su opinión sobre el tema, tienen que oponerse al centro de datos porque si no, no van a ser elegidos. Y esto va a pasar en ambos partidos», afirma.
La profecía hecha realidad
La oposición, en algunos casos, se ha manifestado a través de protestas violentas. La noche del 6 de abril de 2025, alguien disparó 13 veces contra la puerta principal de la casa de Ron Gibson, concejal demócrata del consejo municipal de Indianápolis, y dejó en el felpudo, dentro de una bolsa hermética, una nota: «No Data Centers». Gibson dormía dentro con su hijo de ocho años. Ninguno resultó herido. Una semana antes, la Comisión Metropolitana de Desarrollo había aprobado la recalificación del suelo para un centro de datos de la empresa Metrobloks en el distrito de Gibson, un proyecto que el concejal había respaldado públicamente. La principal plataforma vecinal contraria a la instalación, Protect Martindale-Brightwood, condenó el ataque y negó cualquier vinculación.
Un mes después, un escenario parecido se repitió en Utah. El 4 de mayo, los tres comisionados del condado de Box Elder aprobaron por unanimidad el proyecto Stratos, impulsado por el inversor canadiense Kevin O’Leary, conocido por el programa de televisión Shark Tank. Será uno de los mayores centros de datos del mundo: una extensión de unas 16.200 hectáreas, más superficie que la isla de Manhattan, y una capacidad prevista de hasta nueve gigavatios, más electricidad de la que consume todo el estado de Utah. Los tres comisionados recibieron amenazas de muerte. Entre los mensajes obtenidos por la cadena ABC4 al amparo de la ley de transparencia, uno decía: «Los tres podéis morir».
Al mismo tiempo, en Rumble, una plataforma que aloja contenidos vetados por YouTube por difundir teorías conspirativas y anticientíficas, abundan los vídeos de influencers con cientos de miles de seguidores que presentan los centros de datos como parte de una guerra contra la humanidad. A principios de mayo, el canal The People’s Voice publicó un vídeo titulado «Centros de datos construidos para matar y reemplazar a 200 millones de estadounidenses antes de 2030». «La IA representa la convergencia de todos los miedos asociados a las nuevas tecnologías», sostiene Mauro Lubrano, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bath, en Reino Unido, y autor del libro Stop the Machines: The Rise of Anti-Technology Extremism.
Según Lubrano, el sentimiento antitecnológico suele anclarse en tres dimensiones distintas. La material: el temor a la pérdida de empleo y al impacto ambiental. La espiritual: la alienación y la pérdida de agencia. Y la existencial: el miedo a que una tecnología acabe con la humanidad.
«La IA atraviesa todas estas dimensiones», dice Lubrano. «Es la suma de todos los miedos, representa los mayores temores en lo que a tecnología se refiere. Para algunas personas, es una una profecía que se hizo realidad». Si no aumentan la transparencia y la participación ciudadana en estos procesos, Lubrano teme un incremento de los niveles de violencia. «Hay personas para las cuales este es un sistema que no se puede reformar. Y, por lo tanto, debe ser destruido», concluye.
Muchas aplicaciones gratuitas de streaming pirata (instaladas en algunos televisores y cajas Android) esconden un pequeño programa que convierte estos dispositivos en una puerta de entrada a la conexión de casa. Eso permite a personas y empresas de cualquier parte del mundo hacer pasar su tráfico por tu conexión a internet. Quien reciba ese tráfico (una web, una tienda online, un banco) verá tu dirección IP, no la de quien realmente está detrás.
Este mercado tiene un nombre, proxies residenciales, y se vende como un servicio legal: las empresas que lo ofrecen alquilan millones de conexiones domésticas a clientes que, en teoría, las usan para tareas comerciales, como comprobar precios desde distintos países. El problema, según una serie de investigaciones de la organización de seguridad digital Qurium Media Foundation, es doble: buena parte de esas conexiones se consiguen sin que sus dueños lo sepan, y buena parte del tráfico que circula por ellas no tiene nada de inocente.
Qurium empezó a tirar del hilo cuando la web de una organización de periodismo de investigación jordana recibió, en apenas un día, una avalancha de visitas automatizadas desde 1,35 millones de direcciones de internet de todo el mundo. Siguiendo el rastro, los investigadores encontraron un componente oculto, conocido en la comunidad de seguridad como «Popa», instalado en decenas de aplicaciones populares que ofrecen contenido sin licencias de distribución para ver deporte y películas gratis, como CRICFy, DooFlix o Sportzfy, y hasta en una versión manipulada de SmartTube, una conocida app para ver YouTube en televisores Android. El programa no pide permiso al usuario, y Google estima que la red llegó a incluir más de dos millones de dispositivos en todo el mundo.
Detrás de todo eso, según las conclusiones de Qurium, está la empresa israelí NetNut, que pertenece al grupo cotizado en bolsa Alarum Technologies. Qurium llegó hasta ella siguiendo el rastro de las sociedades que gestionaban la infraestructura, una de las cuales estaba registrada a nombre de un cofundador de NetNut. En respuesta a los investigadores, la compañía rechaza las acusaciones y sostiene que estos hallazgos son inexactos y que su software solo funciona con el consentimiento de los usuarios.
Qurium, que denomina a esta operación Nutcracker (cascanueces, en inglés), comprobó qué sucedía con las conexiones “prestadas” haciendo que sus propios dispositivos formaran parte de la red. Tras hacerlo, recibió millones de peticiones relacionadas con publicidad, apuestas, criptomonedas y compra masiva de entradas (incluidas entradas del Mundial de fútbol de 2026), además de campañas de correos fraudulentos que podrían utilizarse en actividades maliciosas o de fraude.
«Los operadores afirman que obtienen su infraestructura de forma ética, pero nosotros podemos demostrar que los dispositivos se captan mediante puertas traseras escondidas en aplicaciones, por ejemplo en servicios de streaming gratuito», explica a La Marea Tord Lundström, director ejecutivo de Qurium. Y no se trataría de excepciones. «Todo lo que hemos registrado proveniente de estas redes son actividades enormemente abusivas».
¿Qué puedo hacer yo?
Poca cosa, más allá de no entrar en el juego. «Los usuarios deberían pensárselo dos veces antes de descargar aplicaciones y servicios gratuitos para evitar pagar», advierte Lundström. «Lo mismo aplica a los dispositivos que dan acceso a canales de pago: lo más probable es que tengan una puerta trasera», añade. Detectar la infección por cuenta propia, admite, está fuera del alcance del usuario medio. Tras estos hallazgos Google ha configurado su sistema de protección de Android, Play Protect, para avisar y desactivar las aplicaciones afectadas.
Asimismo, Google anunció el desmantelamiento de las cuentas que controlaban la red el pasado 2 de julio. Ese mismo día, el FBI incautó sus dominios principales, en los que ahora aparece un aviso de decomiso. Tras esta operación, Alarum emtió un comunicado. La compañía asegura que se toma este asunto muy en serio y que cooperará plenamente con las autoridades para garantizar que cualquier uso debido de su infraestrudcdtura sea investigado a fondo y que los responsables rindan cuentas.
Qurium, que sigue la actividad de la red en tiempo real, vio cómo desde ese momento se desplomaba su tráfico a medida que se desmantelaban muchas de sus cuentas, pero advierte de que no es un apagón total. Por el momento, es solo una «victoria simbólica»: buena parte de la infraestructura sigue activa y NetNut no es la única empresa en este negocio. «Necesitamos una rendición de cuentas real. Muchos de estos proveedores son conocidos por la comunidad de investigación, pero se ha tomado poca o ninguna acción contra ellos», argumenta.
Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.
La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).
Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.
Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.
La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?
La cadena de muerte
En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.
Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.
El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.
«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.
Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.
Guerra sin piloto
«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La MareaElke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.
Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.
Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.
Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.
Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista TimeMike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.
Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.
Decisiones de algoritmos
El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.
En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.
En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.
El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según revelóThe Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.
Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.
Protesta ante la sede de Palantir, en Nueva York, por su colaboración con el ICE. MADISON SWART / REUTERS
«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».
Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.
Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.
«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».
A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.
Frenar la máquina
En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.
Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.
Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».
«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».
Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».
Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.
En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.
Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.
