En el este de Ucrania, el frente apenas se ha movido en meses. Las líneas de trincheras continúan prácticamente en el mismo lugar, pero el entorno ha cambiado de forma radical. Ciudades destruidas, infraestructuras energéticas bajo ataque constante y una población civil sometida a una guerra que ya no avanza, pero tampoco retrocede.

Durante las primeras semanas de la invasión, la posición rusa era respaldada (aunque con la boca pequeña), por una parte de la izquierda española que veía en el movimiento ruso la inevitable respuesta ante la expansión del imperialismo americano y de la OTAN. Cuatro años después, son pocas, si es que las hay, las voces que se sitúan al lado de Putin.

Según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), 2025 fue el año más letal para la población civil desde el inicio de la invasión a gran escala, con al menos 2.514 muertos y 12.142 heridos, un 31% más que en 2024. Este aumento no responde a grandes ofensivas puntuales, sino a la consolidación de una dinámica de desgaste sostenido basada en ataques a distancia y una violencia distribuida en el tiempo.

Este estancamiento militar coincide con otro desplazamiento menos visible, pero igual de decisivo: el cambio en el marco internacional desde el que se interpreta el conflicto. “En muy poco tiempo ha cambiado el escenario”, señala Francesc Serra Massansalvador, doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en la Rusia contemporánea. Moscú, explica, ha dejado de ocupar el centro de atención global. La agenda internacional se ha desplazado hacia otros focos de conflicto y otros actores, desde China hasta Oriente Próximo, y por supuesto, Irán. Ese cambio no implica una menor gravedad de la guerra en Ucrania, sino su progresiva integración en un contexto más amplio de inestabilidad.

Para Serra, este desplazamiento refleja un problema más profundo: la pérdida de capacidad del sistema internacional para ordenar los conflictos. Lo que en 2022 aparecía como una ruptura –la invasión a gran escala de un Estado soberano– hoy se inscribe en una dinámica más amplia de normalización del uso de la fuerza. Esa misma erosión del marco internacional preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos.

“Estamos viendo una bajada de la determinación internacional para exigir responsabilidades”, advierte Daniel Vilaró, responsable de Amnistía Internacional en Catalunya. El cambio de posición de Estados Unidos, añade, ha debilitado el compromiso con la investigación de los crímenes de guerra y ha abierto la puerta a escenarios en los que la impunidad se convierta en moneda de cambio para alcanzar un acuerdo de paz.

El cruce entre ambos planos –el geopolítico y el jurídico– define el momento actual del conflicto. Mientras el frente se estabiliza sobre el terreno, el marco que debía garantizar sus límites empieza a desdibujarse. Sobre el mapa, la guerra parece congelada. Sobre el terreno, no lo está.

Los combates continúan, pero ya no se traducen en avances significativos. En los últimos tres años, las ofensivas de ambos bandos se han saldado con desplazamientos mínimos del frente. Pueblos pequeños, posiciones tácticas, enclaves cuya importancia estratégica se diluye a medida que quedan arrasados. La única variación relevante fue la retirada rusa de la ciudad de Jersón, que respondió más a una decisión operativa que a una derrota estructural. “Desde hace tiempo no hay grandes movimientos”, explica Serra. “Lo que vemos es una guerra de desgaste, donde cada parte intenta mejorar ligeramente su posición de cara a una eventual negociación”.

Ese horizonte negociador existe. Las conversaciones, más o menos discretas, se han producido en distintos escenarios durante los últimos meses. Estambul, Abu Dabi u otros espacios intermedios han acogido contactos que, aunque no han desembocado en acuerdos concretos, indican que el conflicto ha entrado en una fase distinta.

El problema es que las posiciones de partida son incompatibles: Rusia busca consolidar el control sobre los territorios ocupados y transformar la situación militar en una realidad política estable. Ucrania, por su parte, no puede aceptar esa pérdida territorial sin asumir un coste interno difícilmente sostenible. El resultado más plausible, según los analistas, no es una paz definitiva, sino una forma de suspensión del conflicto.

Un armisticio de facto

“Lo más probable es que se llegue a una situación de congelación del frente”, apunta Serra. “Algo que no se reconoce jurídicamente, pero que en la práctica se mantiene durante años o décadas”. El precedente de Chipre, dividido desde 1974, aparece como referencia recurrente. Pero este tipo de “solución” no cierra la guerra. En el mejor de los casos, la congela.

En paralelo a este estancamiento militar, el coste humano sigue aumentando. Los ataques contra infraestructuras críticas –centrales eléctricas, redes de suministro, sistemas de transporte– han intensificado su impacto sobre la población civil. La guerra se ha desplazado progresivamente desde el frente hacia la vida cotidiana. Menos ofensivas relámpago, más presión constante.

En las zonas ocupadas, las denuncias recogidas por organizaciones internacionales dibujan un patrón de control sostenido. Torturas a prisioneros de guerra, trabajos forzados y procesos de adoctrinamiento en el sistema educativo forman parte de un mismo dispositivo orientado a consolidar la ocupación.

“Tenemos constancia de prácticas que constituyen crímenes de guerra”, afirma Vilaró. “Y lo preocupante es que, en el contexto actual, existe el riesgo de que muchos de estos crímenes no lleguen a investigarse”.

A medida que se abre la posibilidad de negociaciones, emerge una tensión de fondo: hasta qué punto la paz puede implicar la renuncia a la justicia. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de acuerdos que han priorizado la estabilidad sobre la rendición de cuentas. Ucrania podría convertirse en uno más. Para Amnistía Internacional, esa deriva resulta inaceptable. “Cualquier presión sobre Ucrania para que renuncie a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos es ilegítima”, sostiene Vilaró. No solo por una cuestión moral, sino por el precedente que establecería en el sistema internacional.

Desgaste más allá del campo de batalla

En Rusia, la guerra se ha convertido en un factor de transformación interna. La represión política, ya presente antes de la invasión, se ha intensificado de forma significativa. El caso de Alexéi Navalni, cuya muerte en prisión ha sido calificada por distintas investigaciones como un asesinato, marca un punto de inflexión.

A partir de ahí, el endurecimiento del control estatal se ha extendido a distintos ámbitos. Más de un centenar de procesos penales vinculados a su entorno, condenas a abogados y periodistas, restricciones crecientes sobre las redes sociales y un aumento de la vigilancia sobre las comunicaciones digitales configuran un escenario de cierre progresivo del espacio público.

“El objetivo es claro: reducir al mínimo la capacidad de organización de la sociedad civil”, explica Vilaró. Organizaciones independientes, movimientos sociales y colectivos críticos (especialmente el movimiento antiguerra y el colectivo LGTBIQ+) han sido objeto de campañas de presión, tanto legales como informales.

Una parte significativa de esta estrategia se basa en mecanismos administrativos. La catalogación de entidades como “extremistas”, “terroristas” u “organizaciones indeseables” permite ilegalizar de facto cualquier estructura incómoda para el poder. En el último año, más de 60 organizaciones han sido incluidas en estas listas.

No toda la represión es visible. “También existe una represión más difusa, orientada a generar miedo y desgaste”, añade Vilaró. Un proceso gradual de reducción del espacio cívico.

En ese contexto interno, la capacidad de Rusia para sostener la guerra plantea una paradoja. Desde el inicio del conflicto, numerosos análisis anticipaban un colapso económico que no se ha producido. Las sanciones han tenido impacto, pero no han generado un deterioro inmediato del sistema. La economía rusa ha mostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista. “Hace cuatro años que se dice que Rusia no aguantará, y sigue aguantando”, resume Serra.

Esa resistencia, sin embargo, tiene límites. Parte de la estabilidad se concentra en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, donde la vida cotidiana mantiene una apariencia de normalidad. Fuera de esos núcleos, el deterioro es más evidente.

A largo plazo, los factores estructurales apuntan en otra dirección. La pérdida de población joven –con cientos de miles de personas que han abandonado el país para evitar el reclutamiento–, el envejecimiento demográfico y las dificultades para mantener el ritmo de incorporación de nuevos soldados configuran un escenario de desgaste acumulativo. “Hay tensiones que se van acumulando y que en algún momento pueden estallar”, señala Serra. No se trata de un colapso inminente, sino de una fragilidad latente.

El papel de los aliados añade otra capa de complejidad: China, principal socio estratégico de Rusia, mantiene una posición ambivalente. Ha evitado una implicación directa en el conflicto y ha aprovechado la situación para reforzar su propia posición. En el ámbito energético, por ejemplo, compra gas ruso en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado europeo. “No es una relación de igualdad”, explica Serra. “China sale beneficiada en casi cualquier escenario”.

En otras regiones, como Asia Central, África o América Latina, ambas potencias compiten por influencia. La guerra no ha consolidado una alianza, sino que ha acentuado una relación asimétrica.

Al mismo tiempo, el bloque occidental empieza a mostrar signos de desgaste. La Unión Europea mantiene formalmente su apoyo a Ucrania, pero las fisuras son cada vez más visibles. Gobiernos como los de Hungría o Eslovaquia han expresado reticencias a continuar con la ayuda, reflejando una fatiga que podría intensificarse si el conflicto se prolonga. “El apoyo sigue, pero ya no es tan sólido como al principio”, apunta Serra.

Cuatro años después, la guerra en Ucrania ya no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre dos Estados. Es también un síntoma que revela las limitaciones de un sistema internacional incapaz de prevenir la guerra, de detenerla una vez iniciada y, cada vez más, de juzgar sus consecuencias.

Sobre el terreno, las líneas de frente permanecen. En el plano político, las líneas que definían el orden global se han vuelto más difusas.

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Más de dos semanas después del inicio de la guerra de agresión contra Irán, Estados Unidos e Israel aún no han alcanzado su objetivo bélico de provocar un cambio de régimen, y es poco probable que lo logren por esta vía. La historia muestra que los bombardeos aéreos por sí solos rara vez conducen a la victoria, y mucho menos al derrocamiento de gobiernos. Al contrario, quienes son atacados suelen cerrar filas en torno a sus líderes, especialmente cuando el agresor, como en este caso, bombardea escuelas y hospitales.

Pero la guerra podría resultar ser mucho más que una misión fallida y costosa para Estados Unidos. Los ataques con misiles de Irán contra bases estadounidenses y otros objetivos en los Estados del Golfo están sacudiendo toda la estructura de poder de la región. Por un lado, estos ataques demuestran que Estados Unidos es incapaz de defender a los países del Golfo. Conviene recordarlo: el acuerdo histórico de los años setenta entre Estados Unidos, por un lado, y Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, por otro, se sostenía sobre dos pilares. Las monarquías vendían su petróleo exclusivamente en dólares e invertían los excedentes de petrodólares en Estados Unidos. Esto garantizaba un flujo permanente de capital hacia Estados Unidos y, en particular, hacia Wall Street. A cambio, Estados Unidos ofrecía modernización tecnológica y, sobre todo, seguridad.

Ese segundo pilar se está derrumbando ante nuestros ojos. Las bases militares estadounidenses han demostrado no solo ser en gran medida inútiles frente a los misiles iraníes, sino también una carga para los Estados del Golfo, ya que constituyen objetivos evidentes. Además, sectores importantes de la población en algunos de estos países llevan tiempo oponiéndose a dichas bases. En Baréin, por ejemplo, donde el 60% de la población es chií, se produjeron muestras de celebración tras el éxito iraní al infligir graves daños al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense. La presencia de Estados Unidos se revela así como un posible factor de inestabilidad política interna.

La magnitud de los ataques contra las bases estadounidenses es considerable. Irán logró, por ejemplo, destruir dos instalaciones clave de radar en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos, esenciales para guiar los misiles THAAD, un componente central de la defensa contra los misiles iraníes. La reconstrucción de estas infraestructuras, valoradas en miles de millones de dólares, podría llevar meses o incluso años. Otras bases importantes también fueron alcanzadas, como la de Erbil, en Irak, la mayor base de la Fuerza Aérea estadounidense en el país.

La situación podría agravarse aún más si Estados Unidos e Israel se enfrentan a una escasez de misiles interceptores. Estos ya eran limitados al final de la guerra de doce días contra Irán en junio de 2025, una de las razones clave por las que ambos países optaron entonces por un alto el fuego. Ahora, según diversos informes, los arsenales podrían acercarse a una escasez más severa, lo que debilitaría decisivamente una defensa ya de por sí incompleta.

Estados Unidos también ha demostrado ser incapaz de mantener abiertos los estrechos de Ormuz, a pesar de la promesa de Donald Trump de escoltar a los buques. Su llamada urgente a la OTAN y a otros aliados para que envíen barcos al Golfo Pérsico subraya la gravedad de la situación. El hecho de que todos sus aliados —desde el Reino Unido y Alemania hasta Australia y Japón— hayan rechazado la petición es una señal humillante del creciente aislamiento e impotencia de Estados Unidos. El estrecho de Ormuz es la arteria vital de las monarquías del Golfo. No solo dependen de él las exportaciones de petróleo y gas, sino también importaciones esenciales. Si permanece cerrado durante un periodo prolongado, las economías y las sociedades del Golfo afrontarán nuevas turbulencias.

Mientras las élites de las monarquías del Golfo empiezan a asumir que Estados Unidos no puede protegerlas e incluso está llevando la guerra a sus territorios, las repercusiones económicas socavan aún más el statu quo. El modelo de negocio de estos países se basa en la estabilidad. Tanto el turismo como la inversión extranjera descansan sobre la promesa de un mundo brillante, protegido de la pobreza y de las guerras constantes de los países vecinos. Pero ese modelo también podría colapsar. ¿Quién compraría islas frente a la costa de Dubái si no hay seguridad frente a los misiles? Y si las grandes fortunas se alejan, ¿quién querrá invertir miles de millones en una región con un futuro incierto?

La guerra también ha puesto de relieve la vulnerabilidad del suministro de agua dulce en la región. Las plantas desalinizadoras, que proporcionan entre el 60 y el 70 por ciento del consumo de agua en los Estados del Golfo, podrían quedar fuera de servicio con unos pocos ataques de misiles iraníes. Sin agua dulce, ni siquiera los más ricos pueden sobrevivir. Además, una evacuación rápida podría resultar imposible. Al inicio del conflicto, los vuelos privados disponibles se redujeron drásticamente en cuestión de horas, ya que pocos proveedores estaban dispuestos a asumir el riesgo. Los enclaves de lujo podrían convertirse en trampas.

Muchas de las monarquías petroleras han diversificado sus economías en los últimos años. Uno de los nuevos pilares son los centros de datos operados por grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, Google, Microsoft, Palantir, NVIDIA u Oracle. Sin embargo, Irán ya ha atacado centros de datos de Amazon en Baréin y en los Emiratos, con importantes repercusiones sobre los servicios digitales. Además, el liderazgo iraní ha presentado una lista de 31 centros de datos que considera “objetivos legítimos”, al considerar que son utilizados por el ejército estadounidense. Si algunos de ellos fueran alcanzados, el golpe sería significativo no solo para la economía regional y su infraestructura digital, sino también para un pilar central de la hegemonía estadounidense.

Ante este escenario, Donald Trump busca desesperadamente una salida que le permita declarar la victoria y poner fin a la guerra. Pero lo más probable es que Irán no le facilite un desenlace rápido.

Incluso si el conflicto terminara en un plazo relativamente breve, su impacto sobre la región y el equilibrio geopolítico sería profundo y se desplegaría plenamente en los años siguientes. En cualquier caso, las monarquías del Golfo se verán obligadas a buscar nuevos modelos de supervivencia política y económica. Lo más probable es que giren hacia Asia, y en particular hacia China, que en los últimos años ha construido sólidos vínculos económicos y diplomáticos en la región y se ha posicionado como un actor de estabilidad. Podría ser el inicio del fin de la hegemonía estadounidense en el Golfo.

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Fabian Scheidler es autor de ‘El fin de la megamáquina. Breve historia de una civilización en declive’, publicado en numerosos idiomas (www.megamachine.org). Su libro más reciente, publicado en alemán es ‘Bienestar o guerra. Por qué Europa debe elegir entre la razón y la autodestrucción’. Scheidler colabora también con ‘Le Monde Diplomatique’ y otros medios.
www.fabianscheidler.com

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