Sabemos que, aunque lleves el electrónico a la playa, aún te gusta meter la nariz entre los libros para olerlos. Que, de vez en cuando, mientras scrolleas en tu smartphone, te viene a la cabeza el momento café y periódico una mañana de verano. Sabemos también que te encanta recibir regalos envueltos delicadamente, tal vez con un textito a boli, con una dedicatoria –aunque tal vez seas más de los que les gusta hacerlo–. Imagínate, piensa por un momento, lo que sería recibir un mensaje en una botella. Pues mira, La Marea te trae eso este verano y todo el año: un periodismo que puedes tocar, sentir, oler, humano, lento. Un periodismo hecho con Inteligencia Artesanal.
En esta casa concebimos nuestra profesión como un oficio hecho por personas y al servicio de las personas, no del poder político ni del económico, ni de ese otro poder tan particular que ostentan las tecnológicas. Pero dedicarse a la artesanía, ya saben, es difícil en tiempos de esa otra supuesta inteligencia, la artificial: exige buenos materiales, cuidado, mimo. Es decir, tiempo y recursos.
Ahora mismo, entre ola y ola de calor, estamos preparando dos nuevas investigaciones que están suponiendo un esfuerzo importante. Por ello, te pedimos que, si puedes, apoyes nuestro trabajo con una suscripción. Ahora puedes hacerlo desde 5 euros al mes.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador contra la investigación periodística de la Directa que desvelaba la infiltración de policías sin orden judicial entre los años 2020 y 2023 en movimientos sociales e independentistas de Catalunya y el País Valencià.
Este organismo estatal propone una sanción de 7.000 euros. Asimismo, insta a la Directa a borrar las imágenes y los datos de los cuatro agentes infiltrados que han interpuesto la denuncia ante la AEPD. Solicita incluso la retirada de los nombres ficticios que usaban y que aparecen en la investigación periodística.
La Directa ha defendido hoy en una rueda de prensa convocada junto a Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans que las investigaciones mediante las cuales ha destapado la infiltración de agentes de la Policía Nacional en el entorno de los movimientos sociales son un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz.
Los casos destapados han tenido gran trascendencia política, social y jurídica. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación para conocer los detalles sobre la infiltración, lo cual es “revelador”, afirmó el periodista Jesús Rodríguez, quien comparó el caso desvelado por su medio con otro similar sucedido en el Reino Unido: “En las páginas de The Guardian o la BBC continúan apareciendo las identidades reales de los policías descubiertos, hubo una condena penal y el Gobierno pidió disculpas”.
En las últimas horas, varias entidades y medios de comunicación como La Marea, El Salto y Crític han firmado un manifiesto de apoyo a la Directa.
El año 2025 arrancó con uno de los proyectos más ambiciosos de La Marea. En enero estábamos preparando la revista dedicada a La industria de los vientres de alquiler (número 105), con reportajes sobre el terreno de las periodistas Patricia Simón y Queralt Castillo desde Ucrania, Georgia y Grecia, cuando desde la redacción decidimos investigar a fondo las agencias que se dedican al negocio de la gestación subrogada desde España.
Fueron meses de trabajo especialmente complejos y agotadores, pero el esfuerzo mereció la pena. El resultado, disponible en abierto a través de una página interactiva, incluye la cobertura por la que recibimos el primer Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial el pasado mes de junio.
Paradójicamente, este trabajo también ha supuesto la única demanda judicial en nuestros casi 14 años de trayectoria. El litigio ha sido considerado como una SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública, por sus siglas en inglés) tanto por Media.cat como por el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF). Ambas organizaciones lo han incluido en sus respectivos anuarios.
Responder a la demanda de una agencia de gestación subrogada nos ha obligado a destinar recursos adicionales y a dedicar varias semanas a preparar nuestra defensa. Ese impacto tiene también un reflejo contable: las cuentas de 2025 incorporan por primera vez una partida específica de gastos legales, que el año pasado ascendió a 8.300 euros.
Nuevos proyectos
Por suerte, todo ese esfuerzo nos ha reafirmado en nuestra apuesta por el periodismo de investigación y de largo aliento. Es más que obvio que hay temas que apenas se tratan en los medios de comunicación, salvo cuando una efeméride los coloca durante unos días en la agenda mediática. Ocurrió el año pasado con el 50.º aniversario de la traición de España al pueblo saharaui. Pero ni siquiera entonces la cobertura fue tan amplia como cabría esperar en un país que sigue siendo, de iure, la potencia administradora del Sáhara Occidental.
En La Marea 108 publicamos un ambicioso dosier centrado en el Sáhara Occidental, en el que participaron varias personas y para el que asumimos el coste de enviar a una periodista a los territorios ocupados. Pero no nos quedamos ahí, sino que decidimos seguir incluyendo reportajes sobre la realidad del pueblo saharaui en nuestra revista durante los siguientes 12 meses.
La misma lógica guía nuestra reciente cobertura de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Un dosier no basta para informar sobre un problema estructural que, según distintos estudios, afecta aproximadamente a una de cada cinco personas menores de edad. Por ello, tras publicar un especial sobre pederastia en el número 111, estamos buscando nuevos enfoques periodísticos que ayuden a concienciar sobre su alcance y consecuencias y, sobre todo, que contribuyan a la prevención.
2025 también fue el año en que tomamos conciencia de cómo la expansión de la inteligencia artificial estaba condicionando el trabajo periodístico. La Marea 106 estuvo dedicada a historias “humanas” sobre la IA. En el último número publicado, el 112, abordamos el tema desde el punto de vista del coste ambiental y social de los centros de datos, y denunciado la opacidad de este negocio en expansión.
Este tipo de periodismo es costoso en todos los sentidos. Por ello, es lógico que los gastos destinados a producir y difundir información sean los más abultados. De los 334.216 euros de gastos que tuvo La Marea el año pasado, 132.200 corresponden a salarios y cotizaciones sociales. A estos se suman los 107.809 en colaboraciones. Ambas partidas suman un 72 % del total del presupuesto.
Le siguen en volumen los gastos generales, desarrollo web y gastos financieros (13,19 %). La impresión, los envíos de revistas y recompensas para mecenas de crowdfunding ascendieron a 27.406 euros (8,2 %). En 2026 se imputarán el resto de gastos asociados a la última campaña de microfinanciación, ya que se están produciendo durante este año.
Ingresos
Al analizar los ingresos, que en 2025 ascendieron a 362.056 euros, se aprecia que el porcentaje más importante corresponde a nuestra comunidad: un 65,5 %. Por primera vez, contabilizamos en la misma partida a las personas que nos apoyan mediante una suscripción y a quienes lo hacen mediante una aportación en una campaña de micromecenazgo, una de las formas preferidas por nuestros lectores y lectoras de cofinanciar este medio editado por una cooperativa sin ánimo de lucro.
La campaña en Goteo en el último trimestre del año obtuvo 100.031 euros brutos, a los que hay que descontar la comisión de la plataforma, los gastos destinados a la campaña y los costes de la producción y envío de recompensas.
Los ingresos por publicidad en La Marea supusieron en 2025 un total de de 17.191 euros (4,75 %). El porcentaje de publicidad institucional sobre los ingresos totales fue un 0,69 %.
La partida de subvenciones y becas sumó 95.377 euros (26,3 %). La principal ayuda corresponde a la segunda parte del proyecto europeo TakTak, en el que participamos ocho entidades. Durante 2025, contabilizamos 58.790 euros por este concepto. De estos, 25.000 euros brutos se destinaron a la elaboración por parte de la Universidad de Málaga de dos libros blancos: uno sobre la situación de los periodistas independientes en Europa y otro sobre la financiación del periodismo independiente europeo.
Asimismo, La Marea recibió 29.450 euros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 50 % de los costes de los proyectos CRM y Altacoop, el altavoz de las cooperativas.
La organización Journalism Fund concedió 5.700 euros a La Marea para financiar parte de la coordinación y edición de varios reportajes sobre gestación subrogada en Colombia, Irlanda y Países Nórdicos, y para diseñar y producir la página interactiva del proyecto.
El detalle de todas las ayudas, becas y subvenciones recibidas tanto por La Marea como por la cooperativa MásPúblico SCCL puede consultarse en su página de Transparencia.
La cooperativa MásPúblico SCCL
El superávit de 28.000 euros de ‘La Marea’ en 2025 es insuficiente para compensar las pérdidas del año pasado de la cooperativa, que ascienden a 38.542 euros. Estas se deben al déficit de Climática, medio de comunicación también editado por MásPúblico SCCL, que cerró el año con unas pérdidas de 66.381 euros.
A continuación, se detallan las cuentas de MásPúblico aprobadas por la Asamblea General el 25 de junio de 2025. Los resultados de Climática pueden leerse aquí.
No hizo falta ni que comenzara, el Mundial de fútbol masculino nos mandó un primer recordatorio incluso antes de que se celebrase el primer partido: las fronteras son crueles, arbitrarias y no suelen atender a razones. Da igual que el árbitro somalí Omar Abdulkadir tuviera el pasaporte en la mano y el encargo de pitar en la Copa del Mundo. Tras 11 horas de interrogatorio, parece que pesó más lo de somalí –sospechoso por decreto de Trump– que lo de árbitro, y fue devuelto a su país.
La segunda lección vino poco después de la mano del presidente de la FIFA, y es la respuesta que da casi siempre el poder ante cualquier problema. La dio Infantino sobre la expulsión de Omar, pero vale también para el cambio climático, una hambruna, un genocidio a miles de kilómetros, o un desahucio en tu barrio: “Es una lástima, pero no controlamos todo, así que es mejor que se relajen”. Relax and chill, dijo el colega, si es que es para hacerse camisetas con la frase.
Pero para enseñarnos de verdad cómo funciona el mundo, tuvimos que esperar hasta la fase de eliminatorias. Las reglas están, pero se retuercen hasta el infinito, como toallas a las que se quiere sacar la última gota de agua. Los dobles raseros son sangrantes (muchas veces, en el peor sentido de la palabra). Los poderosos actúan sin miramientos, y ya ni el qué dirán parece salvarnos de los mayores despropósitos. Así que si el delantero estrella de Estados Unidos recibe una tarjeta roja y está sancionado por tanto para el partido siguiente, el presidente Trump hace una llamada a su amigo Infantino, y, oh qué coincidencia, justo después el serio e incorruptible comité arbitral de la FIFA hace desaparecer la sanción y el delantero Folarin Balogun juega sin problemas. Estas cosas se han hecho de toda la vida, pero de tapadillo. La diferencia es que Trump presume en sus redes de algo que, así a bote pronto, podría calificarse de tráfico de influencias.
Si cambiamos “delantero” por “presidente” o “jefe del ejército”, y “tarjeta roja” por acusación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, quizás podamos ver con mayor claridad cómo funcionan los engranajes de eso que llaman pomposamente realpolitik. Luego Bélgica le metió cuatro goles a Estados Unidos y asunto arreglado. Como no hay rastro de la Justicia en mayúsculas, tendremos que conformarnos con la poética.
Pero no nos engañemos, esto no es nada nuevo. Como tampoco lo son las injusticias, o el mirar hacia otro lado si quien comete la barbarie es uno de los nuestros. Y si no, que se lo pregunten a los palestinos, bombardeados en Gaza y acosados cada día por colonos en Cisjordania. Antes con el –presuntamente– sensato Biden, ahora con el alocado Trump, y en cualquier momento con quienes están al mando de la Unión Europea. Es lo mismo, solo que ahora con más des-facha-tez (dentro sintonía del club de la comedia).
El Mundial, el deporte, el fútbol, hacen que aflore lo que somos, lo que pensamos de verdad. En ese sentido, solo cabe celebrar que Rajoy siga soltando sus marianadas y ayude a visibilizar el racismo campechano. Ese que rebosa estos días en los sofás, las barras de bar y los grupos de Whatsapp, que tampoco quiere meter a nadie en un campo de concentración y que por eso más que racismo se podría llamar casi sentido común… Sí, se basa en discriminar por la piel, por el origen, por la religión, pero de forma amable, en formato chascarrillo, casi de broma. Y además no entiende de fronteras. Le cuesta entender igual por qué un señor nacido en Francia de abuelo argelino o senegalés sigue siendo francés; y que un español no sea blanco, católico y se apellide Pérez o González. Lo de toda la vida. Démosles cariño estos días porque cada victoria de la selección hasta la final ha sido un desafío mental para ellos, y ya no saben si cuando sale Lamine por la tele llamarle moro (con el puto delante si falla el tiro o el regate) o ponerse a hacerle la ola.
También hay cosas que no cambian, haya o no fútbol. Israel sigue matando en Gaza a personas tan peligrosas como Mohamed al Wahidi, que montó una pantalla gigante para ver el Mundial entre los escombros. Y hay gente como el entrenador de Egipto o Javier Bardem que siguen aprovechando cada oportunidad que tienen para denunciarlo. Parece que argentinos e ingleses siguen odiándose bastante, pero al menos el honor patrio hoy lo decide un marcador de dos goles a uno, no de cientos de jóvenes que pierden la vida en una isla perdida. La FIFA sigue teniendo presidentes impresentables que tienen una increíble habilidad para elegir las sedes más turbias: Rusia, Qatar, Estados Unidos. El próximo en 2030, España junto a Marruecos y Portugal. Ahí veremos con claridad el nivel de desfachatez que alcanzamos en los próximos cuatro años.
Cuba es un país paralizado desde que, el pasado diciembre, el presidente Trump amenazase con represalias a cualquier país que exportase petróleo a la isla. Un castigo colectivo ilegal según el derecho internacional con el que el mandatario estadounidense intenta doblegar al Gobierno cubano para que acepte sus condiciones en unas negociaciones erráticas.
Solo las viviendas y comercios con placas solares o generadores disponen de luz durante los apagones que sufre regularmente la isla desde hace tres años y, especialmente, desde el bloqueo energético impuesto por Donald Trump.
Mientras tanto, el pueblo cubano sufre una crisis humanitaria agravada por décadas de bloqueo norteamericano, por políticas locales ineficaces y por el desplome del turismo desde la pandemia de COVID-19. Todo ello ha provocado el mayor éxodo de la historia reciente cubana. De acuerdo a las cifras oficiales, entre 2021 y 2024 más de 1,2 millones de personas han abandonado la isla.
Juan, vendedor de café, tabaco y retratos de los líderes de la Revolución en una plaza del barrio de El Vedado.
Según una investigación del economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, del Centro Cristiano para la Reflexión y el Diálogo en Cuba, la pérdida poblacional asciende hasta el 20%: unos 2,1 millones de personas. Uno de cada cinco cubanos. La mayoría, jóvenes de entre 25 y 40 años. Y muchos de los que no han logrado aún una vía para huir, no ven otro horizonte para mejorar sus vidas.
Medallas de la participación en batallas cruciales de la Revolución que triunfó en 1959.
Por ahora solo pueden pensar en cómo «resolver» un día más. Aunque los apagones son la manifestación más evidente del colapso energético, la falta de combustible tiene múltiples consecuencias: los cortes de agua pueden durar días porque los depósitos funcionan con electricidad, como los repetidores de Internet y telefonía móvil; no hay apenas transporte público, por lo que se han tenido que reducir las jornadas laborales y suspender las clases universitarias; los agricultores han tenido que sustituir los tractores por los bueyes, se ha reducido la recogida de basuras…
El Capitán, como se le conoce y se presenta a sí mismo. Es un antiguo capitán de la Inteligencia cubana que se enorgullece de haber trabajado en la guerra de Ángola. Ahora sobrevive con la compraventa de enseres de todo tipo.
Y muchos días ni siquiera hay gas para cocinar, así que muchas familias usan cocinas artesanales de carbón. Una de ellas es Emma Navarro, de 84 años. «Yo quisiera que hubiera un cambio, para mejor, como quiere todo el mundo, ¿no?», dice en su casa a las afueras de La Habana. Y, efectivamente, Cuba es un país paralizado a la espera de un cambio. Nadie se aventura a predecir cuál será.
Emma Navarro, de 84 años. Ha tenido que volver a cocinar con carbón, como hacía su madre en su infancia, por la falta de gas y electricidad.
«No conocí mayor victoria que contigo en una derrota». Una pancarta con este lema cruzaba el fondo ocupado por los Bukaneros en la final de la Conference League. El Rayo Vallecano cayó ante el Crystal Palace en un partido que funcionó casi como una metáfora del turbocapitalismo que domina el fútbol actual. El equipo inglés invirtió esta temporada en fichajes más de 150 millones de euros. Más que el Rayo en toda su historia (este año gastó apenas 7 millones). Y ganó, sí, pero por la mínima (1-0) y encerrado en su campo ante el ímpetu vallecano. Este empuje, por desgracia, llegó demasiado tarde. Durante la mayor parte del partido, el Rayo perdió casi todos los duelos, llegaba tarde a los cruces y manejó el balón con desasosiego, sin duda abrumado por la responsabilidad de representar a un barrio que vivía su primera final con una ilusión desbordante. Las emociones experimentadas durante todo el día de ayer por las 12.000 personas que viajaron a Alemania perdurarán en el recuerdo de la familia rayista durante generaciones. Ahora duele la derrota, pero dentro de unos días se entenderá de verdad la proeza que supone quedar subcampeón en su segunda participación en una competición europea.
La primera vez que el Rayo pisó los campos de Europa ocurrió en el ya lejano año 2000. Lo hizo por invitación de la UEFA, tras entrar en un sorteo con los equipos que menos patadas habían dado en sus respectivas ligas. Una imagen quedó para la historia de aquella aventura. Tras ganar al Girondins de Burdeos por 4-1, los futbolistas Bolic, Quevedo y Ballesteros posaron abrazados ante una pancarta en la que se podía leer un mensaje muy significativo: Working class. La foto fue portada de L’Équipe.
«Estábamos en Europa y era una buena oportunidad para hacer algo en inglés. Dijimos Working class, que es lo único que sabemos decir en ese idioma: nuestra clase social», explican los Bukaneros en el imprescindible No es fiera para domar, de Ignacio Pato. Una enorme bandera con el mismo lema ondeaba anoche en la primera final que han disputado en sus 102 años de historia popular.
Tardaron un cuarto de siglo en volver a Europa, pero lo hicieron a lo grande. No pudieron traerse el paragüero de Legazpi (tan castizamente bautizaron al trofeo de la Conference League y, por paronimia, a la ciudad que albergó la final: Leipzig), pero dejaron más imágenes para la posteridad. La de un equipo de barrio que se sobrepuso a su propio miedo y acabó poniendo en dificultades a la élite. La de un presupuesto modestísimo echándole un pulso a la millonaria Premier League. Y, sobre todo, la de una afición especial: en los estadios españoles no es fácil ver banderas palestinas, republicanas y antifascistas; en Vallecas, y anoche en Alemania, sí. Sus lágrimas al acabar el partido, más que de frustración, hablaban de un sueño que estuvo a punto de hacerse realidad.
Lo maravilloso del asunto es que se colaron en una fiesta a la que no estaban invitados. Por muchas razones, no les correspondía estar allí. Primero, por presupuesto. Y luego por la propia idiosincrasia de su lugar de procedencia: un distrito obrero, con la menor renta de la capital y marcado por la inmigración, primero procedente de otros puntos de España y hoy de todos los lugares del mundo. Cabe recordar que Vox llamó a Vallecas «estercolero multicultural». Es curioso cómo un pretendido insulto puede, en el fondo, generar tanto orgullo.
Hace unos meses nuestro compañero Antonio Maestre entrevistaba a Yusuf, un joven refugiado somalí que cayó perdidamente enamorado de Vallecas y de su equipo. Como menor no acompañado, conocía el desprecio con el que la mayoría de los españoles trata a los chicos como él. Pero no vivió eso en Vallecas. Cuando aterrizó por allí hizo un curso de cocina en el Alto del Arenal y le sorprendió el afecto que desprendía el vecindario. «Cuando salíamos del curso se ponían en la plaza a hablar con nosotros. Las señoras mayores nos preguntaban y se preocupaban por nosotros», le explicaba a Maestre. Así es Vallecas.
Hay otro equipo madrileño al que le cantan eso de «cómo no te voy a querer…». Pero ese cántico, seamos justos, con trofeos o sin ellos, nadie lo merece más que el Rayo.
«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».
La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.
«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».
En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.
Clase de inglés en la escuela de secundaria Rushdi Al Shamaa. NÚRIA VILÀ
Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.
Escuelas destruidas
Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.
Kenan, Amer y Mohammad, tres alumnos de la escuela Rushdi Al Shamaa. NÚRIA VILÀ
Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.
En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.
Mural con mensajes didácticos sobre la higiene y la cultura. NÚRIA VILÀ
Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.
Nuevos libros
La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.
Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.
El nuevo libro de texto de Geografía, diferente al empleado durante la época de Al Asad. NÚRIA VILÀ
Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.
BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Agresiones oculares, persecución y exilio
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
Gustavo Petro y Francia Márquez celebran la victoria en Colombia. ROBERT BONET / REUTERS
“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Retrato de Miguel Fernando Leal, sobreviviente de violencia ocular durante el estallido. MARINA SARDIÑA
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Gareth Sella, ex viceministro de Juventudes y superviviente de violencia ocular. MARINA SARDIÑA
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Colectividad y resistencia
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
