1 de junio

En un festival literario, conversamos durante la cena con la escritora Simona Baldanzi, que nos habla del Festival di Letteratura Working Class, que se celebra en una fábrica okupada por los trabajadores después de que la empresa decidiera cerrarla. Lo dirige Alberto Prunetti, autor, entre otras obras, de la magnífica Amianto, publicada en España por Hoja de Lata. Nos pregunta qué autores españoles han publicado novelas en un entorno fabril. No es difícil pensar en escritores y escritoras actuales que escriben sobre precariedad y sobre barrios marginales y obreros, pero resulta mucho más difícil encontrar ficción centrada en la vida laboral fuera de lo intelectual o del sector servicios. La fábrica, la mina, el taller parecen casi desaparecidos de la literatura contemporánea, quizá porque hay muchos autores que tenemos experiencias de precariedad o de vida en un barrio obrero, pero pocos conocemos bien el trabajo fabril.

Durante la conversación mencionamos Desde la línea, el poema terrible de Joseph Ponthus (Siruela), donde refleja la dureza brutal del trabajo en conserveras de pescado y mataderos, que conoce de primera mano. (Prefiero llamarlo poema, en lugar de prosa poética, como hace la editorial, porque esta clasificación hace pensar en lirismo, metáforas, figuras literarias… y yo diría más bien que se trata de un poema prosaico, de lenguaje sencillo y directo, quitando a lo de «prosaico» la connotación negativa).

Me acuerdo ahora de la escritora que, cuando le dije que iba en metro a no sé dónde, exclamó: «Qué proletario». Qué lejos estamos, y queremos estar, de las experiencias cotidianas de la mayoría de la población. Englobo en este plural al colectivo de escritores, aunque cada uno encaje mejor o peor en la afirmación.

Desde luego, nunca se me habría ocurrido que alguien pudiera considerar proletario usar el transporte público.

2 de junio

Estoy leyendo Figlia di una vestaglia blu, novela en la que Simona Baldanzi se acerca al mundo obrero desde la perspectiva de la hija de una trabajadora de la fábrica de vaqueros Rifle (equivalente a la Lois española) y también rememorando su tesis doctoral, cuando tuvo que estar haciendo cuestionarios entre los obreros que excavan los túneles en su región para el paso del Tren de Alta Velocidad. Me interesa doblemente porque es uno de los pocos ejemplos que he encontrado de literatura de fábrica –la llamo así para diferenciarla de la literatura de clase obrera, concepto mucho más amplio– y porque está escrita por una mujer, con atención, aunque no solo, a la experiencia de las mujeres.

Ayer, media hora después de escribir el último párrafo de la entrada anterior, leo estas frases en la novela de Baldanzi: «Hay quien lo ve [al proletariado] como raza en peligro de extinción, que debe protegerse. Lo he encontrado en la universidad: “Anda, ¿eres hija de obreros? Increíble. Cuéntame cómo es”. Como si llegase de otro planeta».

3 de junio

En el encuentro literario en el que estuvimos en Italia iba a participar Zapatero, que cancela en el último momento, cuando se hace pública la acusación por corrupción. Mucha gente me pregunta entonces qué va a pasar, si creo que las acusaciones son fundadas. No lo sé, claro que no lo sé. Salvo que, sea o no cierto que Zapatero haya cometido algún delito, el solo anuncio de la investigación pasará factura al PSOE. Es sabido que la corrupción en la izquierda tiene un alto coste electoral, la de la derecha apenas se nota en la intención de voto. Y ya es una perogrullada decir que no se persigue con la misma intensidad a unos y a otros. Apenas se investiga el enriquecimiento de familiares de los Aznar-Botella, de Ayuso, de Feijóo, etc. y la repercusión en prensa es mucho menor.

Aún en Italia, en un club de lectura una lectora me pide un análisis de la situación en España. Cuando les trazo una imagen bastante negra del futuro, la mujer me dice: «Al menos ustedes resisten, la gente sale a la calle, protesta. Aquí todo el mundo se ha resignado». Los demás participantes asienten cabizbajos.

Este año, por primera vez en muchos, no vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid. Por un lado, tengo la sensación de perderme algo, de no estar presente en una actividad que se había convertido casi en un rito, también porque allí solemos coincidir con gente a la que no vemos a menudo y nos apetece hacerlo. Por otro, siento alivio por no tener que estar horas en las casetas recalentadas, pendientes de si se cierra por enésima vez el Retiro, a menudo con largas esperas entre firma y firma. Pero lo que más me gusta de no ir es no tener que asistir a la invasión de autores que tienen que ver con la literatura, la historia o la filosofía lo mismo que yo con el saxofón… que intenté aprender a tocar pero abandoné cuando me convencí de mi incapacidad absoluta para la práctica musical. Lo malo es que esos autores no solo no son conscientes de sus limitaciones, encima cuentan con un aparato publicitario que los hace pasar por lo que no son. Y a veces incluso cuentan con ayudantes que tocan las teclas por ellos.

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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La salida de Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es solo una decisión procesal: es también un punto de inflexión en una causa que durante años ha funcionado como espejo de una etapa política entera. La Audiencia Nacional ha concluido que, a sus 95 años, el president no se encuentra en condiciones de declarar ni de asumir un proceso penal con garantías. El argumento es médico, humanista y estrictamente legal. El efecto, inevitablemente, es político.

El tribunal llega a esta conclusión después de meses de indefinición. Desde el inicio de la vista oral, los informes periciales coincidían en lo esencial: un deterioro cognitivo suficiente para impedir un interrogatorio en condiciones. Aun así, la sala optó por mantener abierta la posibilidad de su declaración. Solo tras una evaluación directa esta misma semana —con reconocimiento forense y entrevista personal— se ha cerrado definitivamente esa puerta.

El límite del proceso penal ante una figura central del poder

Lo que se cierra ahora no es solo una comparecencia, sino una expectativa. El juicio avanzaba con una anomalía de fondo: la figura que daba sentido al conjunto del caso permanecía fuera de escena, pero no fuera del proceso. Esa ambigüedad permitía sostener la idea de que, en algún momento, el relato judicial podría articularse en torno a su testimonio. Ese escenario ya no existe.

Como apunta Josep Carles Rius, el proceso no se reduce a la responsabilidad individual de un acusado, sino que remite a una época de Catalunya. El pujolismo no operó únicamente como una opción electoral prolongada en el tiempo, sino como una forma de organización del poder, con capacidad para estructurar relaciones institucionales, económicas y sociales durante décadas.

Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal plantea un problema difícil de encajar, no tanto en términos jurídicos como históricos, ya que la dilucidación de este entramado pierde ahora la figura simbólica que lo encarnaba.

Una memoria pendiente más allá del juicio

Durante años, Jordi Pujol ha sido una referencia central en la vida política catalana. No solo por su longevidad institucional, sino por la profundidad de su influencia. Como recordaba el periodista Txema Seglers, ha habido generaciones enteras para las que la política tenía un único nombre posible: “Si de pequeño te pedían el nombre de un político, solo sabías decir Jordi Pujol i Soley”.

Ese grado de centralidad explica que su salida del juicio no pueda interpretarse como un cierre. Cuando en 2014 reconoció la existencia de una fortuna no declarada, lo que se abrió fue una crisis de legitimidad que iba más allá de su figura. El caso dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema estructural. Afectaba a la credibilidad de un modelo político y a la forma en que ese modelo había gestionado sus propios límites.

El juicio ofrecía la posibilidad de ordenar ese debate en términos judiciales, pero la resolución de la Audiencia Nacional interrumpe ese recorrido. Lo hace, ciertamente, por razones que resultan difíciles de discutir desde una perspectiva humanista. Nadie puede ser juzgado sin capacidad de defensa, pero al mismo tiempo introduce una discontinuidad: el principal sujeto del caso deja de formar parte de la escena justo en el momento en que esta podía empezar a producir una explicación más articulada.

La salida de Pujol obliga a formular la pregunta en otros términos. No se trata de su capacidad para declarar, sino de la capacidad colectiva para interpretar una etapa y determinar hasta qué punto se han identificado sus mecanismos y de qué manera se integran en el relato político contemporáneo.

El juicio continúa. Pero la parte más incómoda del caso —la que tiene que ver con la memoria y con la estructura del poder— queda, de momento, fuera de la sala.

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Este reportaje forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.

Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.

Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.

Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.

Nuevos sindicatos

De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».

Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.

Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.

Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.

Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.

Bola extra

Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».

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«Es imposible separar el presente democrático del pasado autoritario». Esta es la premisa del análisis que Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y doctor en Sociología, hace en su libro Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Al frente del poder económico y, en paralelo, en la administración pública se repiten algunos apellidos desde los albores del franquismo hasta hoy. Era algo más o menos intuido, más o menos conocido, pero verlos desfilar, negro sobre blanco, a lo largo de las páginas de Villena aún provoca urticaria en determinados sectores de la sociedad española.

En principio, este libro iba a ser publicado por Ariel, un sello del Grupo Planeta. Incluso ya tenía portada, pero en el último momento, poco antes de que la imprenta se pusiera a girar, alguien decidió eliminarlo del calendario de publicaciones y del catálogo de Planeta. La razón oficial: no encajaba con la línea actual de la editorial. Por suerte, Libros del K.O. salió al rescate y evitó que la investigación de Villena se quedara en un cajón.

Veamos con un ejemplo práctico, tomando casi al azar un solo nombre de los muchos que aparecen en su estudio, qué es lo que ha podido molestar. «Antonio Garrigues Díaz-Cañabate se casó con la hija del presidente de la ITT, que es la empresa que está en el capital original de Telefónica», explica el autor en la presentación del libro en Madrid, en la librería Grant. Ese primer Garrigues fue embajador en Estados Unidos, procurador en Cortes, ministro de Justicia, presidente de la Citroën en España, de la Cadena SER y de otras muchas empresas, además de fundar uno de los despachos de abogados más importantes del país. Su hijo Joaquín Garrigues Walker, también abogado, fue ministro con la UCD y presidente de la Liga Financiera (una empresa constructora de autopistas). Otro hijo, Antonio, además de estar al frente de decenas de fundaciones, creó el Partido Demócrata Liberal, que estuvo en la génesis, junto a Florentino Pérez, de la Operación Roca, una apuesta centrista con Miquel Roca (CiU) a la cabeza que acabó en fracaso. El bufete familiar, a lo largo de los años, ha estado en permanente contacto con el poder político, también en la actualidad, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en realidad, no se trata sólo de familias, es algo más complicado.

«Aunque la gente muera, el apellido persiste –señala Villena– porque el apellido no deja de ser una institución. Que Ana Botín sea la nieta del fundador del Santander y que cuatro Botín se hayan sucedido al frente del banco no es solo endogamia familiar, es que las instituciones pesan más que las personas». Y las instituciones caen o se reforman o se crean otras nuevas, pero el modelo permanece.

En su libro, el economista se centra en esas sagas y en determinadas esferas de poder en las que el mundo empresarial se mezcla con el alto funcionariado del Estado hasta el punto de que, tras décadas y décadas de cohabitación, llegan a confundirse. No se trata sólo de las conocidas «puertas giratorias» –que también–, sino de un fenómeno más sutil y constante.

«Cuando los políticos llegan al gobierno, en especial los más reformistas, intentan cambiar esas dinámicas, intentan crear cuerpos administrativos nuevos, pero no consiguen modificar el statu quo impuesto por las viejas élites. El político que más cuerpos nuevos creó, entre ellos el de economistas del Estado, fue Laureano López Rodó, pero no pudo cambiar los modos de aquellas tribus de altos funcionarios, que tienen un punto de vista que tiende a ser conservador, no en el sentido ideológico sino práctico», ilustra Villena. Esto, a su juicio, no es un inconveniente excesivamente grave. ¿Por qué? Porque, en momentos de zozobra política, este funcionariado es garante de estabilidad y permite que el Estado eluda el caos y siga funcionando.

Estos altos funcionarios se agrupan en clanes, en gremios, en partidos aparentemente enfrentados, sea PP o PSOE, pero se sientan a la misma mesa desde hace 80 años. «Cuando el PP está en el poder, en la órbita del gobierno abundan los abogados del Estado. Cuando lo hace el PSOE, hay más diplomáticos, jueces y fiscales», explica el autor, que ve lógico que los políticos se rodeen de este tipo de perfiles. Después de todo, son los que más saben. Villena cuenta una anécdota para esclarecer este punto: «Había un diputado de Podemos, en sus años buenos, 2015 y 2016, que se lamentaba a micro cerrado: “No podemos con ellos, no podemos con ellos… Tendríamos que estudiar 12 horas al día para enfrentarnos a ellos. Cuando hacemos una propuesta, siempre sale un tío, probablemente asesorado por abogados del Estado, que nos dice que eso no se puede hacer porque contradice una ley o un precepto o se sale del presupuesto”. Esto, en el fondo, es bueno. Hay reglas, hay leyes, hay una Constitución, y esa es la mejor vacuna contra la tiranía».

Pero en esta eficiencia tecnocrática hay un peligro para las democracias (o para los «sistemas parlamentarios burgueses», como Villena prefiere llamarlas): «Hay determinadas personas jóvenes, no socializadas en el periodo de la Transición, que pueden acabar diciendo: yo la legitimidad se la otorgo a un gobierno de expertos y científicos que, ante las múltiples amenazas climáticas, tecnológicas y militares, sea capaz de tomar las decisiones adecuadas. Este es el mismo discurso del jefe de BlackRock, el fondo de inversión que posee el 5% de todas las empresas del mundo que cotizan en bolsa, y que dijo que lo que necesitamos es un líder… no dijo con dos cojones, pero ese era el sentido».

Esta inclinación es, por cierto, muy española. No en vano aquí acuñamos el concepto de «cirujano de hierro», un gran cerebro reformista capaz de cambiar el rumbo del país en momentos difíciles. Ocurrió en 1959 (cuando el Opus Dei le gana el pulso a Falange y España se abre a la inversión extranjera), en 1977 (con los Pactos de la Moncloa), en 1982 (con la victoria del PSOE), en 1996 (con la del PP), en 2010 (con la crisis económica)… En todas estas ocasiones, las élites (empresariales, políticas, administrativas) fueron capaces de sacar adelante sus planes doblegando cualquier oposición, frecuentemente materializada en forma de lucha sindical. Adoptó los nombres de «Plan de Estabilización» o de «reconversión industrial» o de «políticas de austeridad», pero los protagonistas y las maneras siempre fueron las mismas. Villena se propuso estudiar «cómo se organizan estas minorías para acceder al poder y permanecer en él».

El estudio de las élites es un tema que «no interesa a las revistas académicas, porque les parece que es un método de extracción de datos muy subjetivo, porque es muy difícil acceder a las fuentes primarias», explica el autor. «Este tipo de estudios concita rechazo, porque parece que quien se ocupa de ellos está intentando destapar algo, pero se trata simplemente de objetivar un conjunto de posiciones que son ventajosas, y que como son ventajosas tienden a mantenerse en el tiempo», dice Villena para defender el carácter factual, incluso aséptico, de su libro. «Parece que estoy haciendo propaganda contra mí mismo, pero yo en mi estudio no hago ningún descubrimiento. Lo que hago es una recopilación de hechos ya publicados, fragmentarios y muchas veces ignorados que, unidos y con contexto, cobran sentido como una nueva teoría para analizar lo que ha pasado desde 1939 hasta ahora».

«Cuando tú ves que uno de los mandatarios de Planeta es el número 2 de la Fundación Quirón Salud, te das cuenta de que ahí hay una articulación de las élites que va más allá del resultado económico», dice Villena para denunciar una «censura latente» que está presente en todos los grandes grupos de comunicación. «Si yo hablo mal de Quirón en un libro que va a ser publicado por una editorial que tiene fuertes relaciones con el grupo Quirón, pues ese libro no sale».

Aquel rechazo le provocó una «gran ansiedad», pero también «un cierto orgullo», confiesa. «Si no te despiden de un medio de comunicación o no te censuran, yo creo que hay algo que no estás haciendo bien. Eso es que te estás convirtiendo en sumiso».

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