El 6 de junio, León XIV aterrizó en Madrid. Pasó tres días en la capital —la misa en Cibeles, el Bernabéu, los voluntarios en IFEMA, y un largo, unánime y cuestionable aplauso en el Congreso de los Diputados— antes de volar a Barcelona la tarde del 9. Lo recibieron los dos máximos representantes del poder catalán: el president Salvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull, dos hombres que se declaran públicamente creyentes practicantes en una ciudad donde, según los últimos datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, menos de uno de cada ocho vecinos pisaría de manera regular una iglesia. Casualidades de la representación democrática.

El bloque de ateos y agnósticos en el área metropolitana suma ya el 42,5% de la población adulta, cifra que triplica el porcentaje de católicos practicantes. Es decir: el Papa viajó a una ciudad que ya no es la suya. Aunque la ciudad lleve décadas sin decírselo a nadie en voz alta, y aunque el interés por la visita desbordara con mucho ese 13% que pisaría una iglesia por convicción durante el día del Señor.

Porque el Papa, desde Francisco y ahora con Robert Prevost —León XIV—, ha ido acumulando una base de simpatizantes que no figura en ninguna estadística de práctica religiosa: una izquierda laica, y en algunos casos explícitamente atea, que ve en los mensajes del pontificado un contrapunto útil a las figuras dominantes del momento, Trump y Netanyahu. Al contrario, curiosamente, de la derecha extrema española, que ve con recelo los mensajes humanistas de la Iglesia católica, incapaces de reflejar a pies juntillas los postulados ultraconservadores del Opus Dei, tan predominantes en los tiempos —no tan remotos— en que la doctrina cristiano-apostólico-romana era ley.

León XIV, en todo caso, llegó a Barcelona después de haberse dado un baño de multitudes en la capital. Lo hizo con una agenda que incluía una visita a Montserrat, lugar fetiche de la mística en toda su gama de colores: la cristiana, por supuesto —allí se halla La Moreneta—, pero también la de las comunidades que se reúnen para avistar ovnis, o la de las conspiraciones nazis que llevaron al mismísimo Himmler a adentrarse en la montaña en busca del Santo Grial. Pero esa es otra historia. El motivo principal de la visita a Barcelona era la consagración de la Sagrada Família, una vez alcanzada su altura máxima con la instalación de la Torre de Jesucrist, que la convierte en el templo católico más alto del mundo.

Cómo el Vaticano se convirtió en cuestión nacional

Durante días, los medios catalanes no hablaron de teología, ni de Gaudí, ni siquiera del papa como tal. Todo el debate giraba alrededor de qué lengua usaría el pontífice para bendecir la nueva Torre de Jesucrist. El problema comenzó cuando la Santa Sede publicó el misal oficial: el Papa diría algunas palabras en catalán, pero la bendición de la torre —el momento más mediático, el que todas las cámaras del mundo transmitirían— estaba prevista íntegramente en castellano. Un detalle litúrgico que acabaría generando unos días de revival procesista.

Junts envió una carta al president Illa exigiendo «todas las gestiones necesarias» ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella y el Vaticano. Junqueras escribió directamente a Omella, que había presidido la Conferencia Episcopal entre 2020 y 2024. Los obispos de Girona y Lleida se pronunciaron en favor del catalán, el Govern activó el Departament de Justícia, y Puigdemont llamó a recibir al Papa con esteladas y silbidos ante «el renacimiento del catolicismo franquista». Un renacimiento que, dicho sea de paso, parecía aparecer y desaparecer según la cuestión de que se tratara: por ejemplo, cuando tocaba votar en el Congreso junto a la extrema derecha católica y franquista para tumbar la ley de vivienda.

Y aunque la mayor parte de la instrumentalización de la cuestión catalana fue obra de esos actores, la cuestión de la lengua despertó un consenso más amplio —Vox aparte— en la sociedad catalana. Se recordaba, día sí y día también, que Antoni Gaudí, cuya obra magna sería bendecida por la máxima institución eclesiástica, fue detenido en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera por negarse a responder a los guardias en castellano, y pasó una noche en prisión antes de ser liberado.

El propio Papa, sobrevolando España camino de Madrid, había cerrado el asunto con algo de humor: «De momento solo sé decir bon dia». Que todo aquello movilizara en cascada obispos, diputados, consellers, entidades sociales y al mismísimo president en el plazo de 48 horas dice algo sobre la política catalana y su autoestima: que Catalunya es una nación orgullosa, y que a menudo se mueve frenéticamente por cosas que, en el fondo, no le interesan demasiado. Un fenómeno tan paranormal como la vida de los ángeles.

El templo de todos, el templo de nadie

La Sagrada Família es el monumento más visitado de España: tres millones y medio de personas pagan felizmente entrada cada año, una dicha que no comparte todo barcelonés, y menos aún los vecinos del barrio que lleva su nombre, que llevan décadas sin poder pasear por la zona con normalidad ni vivir sin el sonido de las grúas, que no han parado en ciento cuarenta años.

El templo se proyectó en 1881 sobre terrenos del entonces término de Sant Martí, cuando a su alrededor todo era campo. Era el momento en que el capitalismo industrial catalán necesitaba monumentos que consagraran su hegemonía tanto como sus fábricas: el modernisme como lenguaje estético de una clase que había hecho dinero y quería que se notara, que quería también ponerse bien con Dios antes de que el siglo cerrara las cuentas. Gaudí trabajó para Eusebio Güell, miembro de una de las familias más prominentes de la alta burguesía catalana. El Palau Güell, el Parque Güell, la Sagrada Família. Una cartografía del poder privado hecha piedra.

Barcelona, a finales del XIX, poco tenía que ver con la ciudad moderna y «abierta al mundo» —del turismo y del capital extranjero— que es hoy. La Iglesia controlaba cerca de un tercio de la riqueza del país y hacía funcionar sus negocios con mano de obra prácticamente esclava —huérfanos y monjas—, presionando a la baja los salarios de toda la clase trabajadora. En 1909, esa tensión estalló en la Semana Trágica, que convirtió Barcelona en una ciudad bajo las bombas y las barricadas: la Rosa de Foc. El detonante fue el embarque forzoso de tropas hacia Marruecos: los hijos de los ricos podían pagar para librarse, los de los obreros no. Ardieron 21 iglesias y 41 conventos. La Sagrada Família no ardió entonces, pero sí lo hizo en julio de 1936, cuando los milicianos anarquistas incendiaron la cripta y destruyeron las maquetas y los planos originales.

Todavía hoy, casi un siglo después, algo queda de ese arraigo popular contrario al templo –que une a quienes recuerdan esa historia y a quienes no–, una opinión común entre muchos barceloneses: pues a mí me parece muy fea.

Con todo eso de fondo, el Papa se dio su baño de multitudes en Barcelona, como había hecho días antes en Madrid. Su visita generó muchos debates, pero pocos sobre la figura del Papa en sí y menos sobre su incapacidad de denunciar abiertamente los abusos en la Iglesia. Se habló de identidades nacionales enfrentadas, de memorias históricas todavía activas, de agravios políticos acumulados y de la necesidad permanente de encontrar símbolos sobre los que proyectarlos. Nada de la Rosa de Foc: la pólvora lleva mojada mucho tiempo.

Y, por cierto, el Papa al final habló bastante en catalán. Tema zanjado. Ahora, por favor, a otras cosas.

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El 8 de junio de 2026 pasará a la Historia del parlamentarismo español como el día que las Cortes Generales (CCGG) celebraron una sesión conjunta para escuchar el discurso ¿homilía? del Papa católico León XIV.

La anomalía se intuye en la primera oración de este texto: las representantes del pueblo y los territorios del Estado, diputadas y senadores, apretándose hasta el roce ante la llegada de… ¿un Jefe de Estado o un líder religioso?

Que un Jefe de Estado extranjero intervenga ante las CCGG no es inaudito. En España existe cierta tradición de recibir a quienes ocupan dichos cargos en América Latina, o a los países vecinos, Portugal y Francia. Criterios que no cumple el Vaticano y no han impedido su disertación.

Para conocer en calidad de qué interviene, recordemos que, en un Estado constitucionalmente aconfesional, es pertinente igualmente el análisis de su discurso, pues era posible que se limitara a las cuestiones diplomáticas.

La intervención puede dividirse, en opinión de este ateo autor, en tres fases: la de la intolerable intervención en asuntos internos de otro Estado, el nuestro; la elocuente, y valiente, defensa del orden internacional y de las prioridades diplomáticas de su Estado; y la defensa, poco velada, de los privilegios y el rol de la religión en los tiempos actuales en Estados que ya separaron, se supone, la Iglesia y el poder público.

Empezando por lo intolerable, aunque previsible, el Papa ha aprovechado su visita para cuestionar nuestra legislación en materia de derechos de las mujeres, de autonomía de la persona sobre su propio cuerpo, vida y muerte, sobre la decisión colectiva de proteger el inalienable derecho al aborto o la protección frente a discriminaciones al colectivo LGTBQi, ignorado de forma nada inocente. Como mejor prueba de que su actuación era en calidad de líder religioso, violando las CCGG su requerida neutralidad religiosa en tanto que instituciones públicas, León XIV ha tenido a bien hacer un listado de sus particulares obsesiones morales.

Como fiel representante de una Iglesia que, en la cuestión sexual, de género y reproductiva es incapaz de abandonar el siglo XIX, se ha permitido criticar nuestra legislación interna frente a nuestro poder legislativo. A ningún Jefe de Estado al uso se le ocurriría, pues es una afrenta diplomática, una injerencia. Sería bonito que la respuesta legislativa del “orden temporal”, como denomina al poder político (frente al orden celestial eterno, se entiende), fuera la inscripción del derecho al aborto en la Constitución. Tal vez entendería así que las mujeres también gozan de dignidad humana, el término más repetido de su conferencia, y los embriones son eso, embriones. En 2026, que un hombre venga de nuevo a decir a las mujeres qué hacer con sus vidas, cuerpos y maternidades impide al catolicismo conectar con la sociedad (porque sí, las mujeres católicas, o las de derechas, o las de extrema derecha, también abortan. Desde siempre) y con la democracia.

La segunda parte de su discurso ha sido una defensa férrea de los fundamentos, éticos y jurídicos, del Derecho internacional: solución pacífica de conflictos, prohibición de la guerra, diplomacia, acuerdo entre diferentes, impulso a la cooperación y respeto a las normas comunes. Para el Papa León “la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el Derecho internacional”.

Este es un paso muy importante. Se une a otros líderes del mundo en la defensa de un orden internacional que dialogue antes de atacar, que sume en lugar de dividir, y que reconozca la inexorable interdependencia de los Estados en la gestión de los retos comunes transfronterizos: el gobierno de la IA, la crisis climática o el drama migratorio. Este contenido, semejante al que escuchamos a líderes de China, Brasil, Canadá o incluso España, coloca al Vaticano en el lugar correcto de la Historia en un momento clave: frente a los intentos de destrucción de las instituciones internacionales para imponer la ley del más salvaje (la ley del más fuerte era también Derecho internacional), son cada vez más numerosas las voces que enfrentan la internacional neofascista.

Esta parte del discurso, al margen del contenido, sí era adecuada para una comparecencia de este tipo, pues versa sobre política internacional. Si hubiera abrazado los postulados reaccionarios y libertarios de Trump y Milei, igualmente lo podríamos haber catalogado como política exterior. Afortunadamente, en esto el Papa ha quedado más cerca del Evangelio que en la primera parte. Es difícil imaginar que Jesús, profeta o filósofo, elijan ustedes, hubiera defendido el reino de terror que proponen Abascal y sus amigos. El Papa se ha mantenido fiel a la idea de la comunidad humana, el “totus orbis” de Francisco de Vitoria, por encima del individualismo del turbocapitalismo tecnológico. Así, ha defendido el derecho de gentes, origen de parte del marco jurídico internacional.

En esta parte es donde el discurso ha sido más humano y, por tanto, donde mayor efecto puede tener. En la gestión de las migraciones, hereda la visión de su antecesor: es incompatible ser buena persona, o buena católica, desde el odio o la indiferencia para con las inmigrantes. Ha defendido que “la afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro”, que “el drama de las migraciones interpela el fundamento ético del orden internacional” y que “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. Una defensa sin ambages de nuestra obligación colectiva, como sociedad, como continente, como Humanidad, de acoger y garantizar vidas dignas. Una enmienda a la totalidad a las políticas racistas y violentas de la UE (incluida España), recientemente empeoradas. 

La tercera parte ha sido una cuidadosa defensa de los privilegios de las religiones en un Estado aconfesional, con especial relevancia a la católica, claro está. Ha defendido el lugar de la fe en un mundo moderno y el derecho a no ser excluido por ella. Afirmación que también las personas ateas defendemos. Pero nuestra defensa de la libertad religiosa es laica: no tenemos problemas en que se utilicen las calles o los polideportivos para rezar (y nos da igual qué credo sea). Tampoco criticamos las vestimentas religiosas libremente elegidas. Siempre que se reconozca nuestro derecho a no profesar fe alguna, y a criticar y prohibir los desmanes, pues la dignidad humana es innegociable.

En el mundo, no son los creyentes quienes son minoría, lo somos las no creyentes. Por eso el Papa ha jugado con las palabras. No ha agradecido la enorme financiación pública de su credo (beneficiado frente a otros) gracias al concordato. Al tiempo, se ha inventado un nuevo derecho: el de los padres a elegir el tipo de educación para sus descendientes (forma indirecta de reclamar más fondos para colegios católicos). En realidad, el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar a todas las menores el derecho (el de los niños, no las familias) a la educación de calidad, no una educación acorde con cada creencia y pagada con fondos públicos. Decía el Papa que “la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones, sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública”. Sin embargo, lo dice ante las CCGG, no silenciado, y presidiendo una institución que ha sido inmune, por sus privilegios, a los procesos penales en los casos de pederastia. Ni un solo cardenal u obispo procesado por encubrimiento. Estaba en el edificio sede de la soberanía popular, ése era el lugar de pedir disculpas y prometer colaboración para castigar a los responsables. No lo ha hecho.

En definitiva, en nuestro anómalo sistema aconfesional, un líder religioso ha pronunciado una alocución entre lo político y lo religioso, lo ético y lo interesado, lo local y lo internacional, en unas Cortes Generales casi llenas (con la digna ausencia de Podemos y el BNG), con un cardenal sentado en la papMesa del Congreso como reminiscencia de otras épocas y consolidando un grave precedente: que nuestras representantes democráticamente elegidas tengan que aguantar las educadas reprimendas de un hombre, culto, sereno, machista y defensor de la inmigración y de la paz entre Estados. Un señor que no debía estar en las CCGG, y así las ateas no tendríamos que opinar sobre lo que allí ha dicho. 

Ander Gutiérrez-Solana es profesor de Derecho Internacional Público (UPV/EHU).

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Varias asociaciones de víctimas de la pederastia en la Iglesia han protestado este lunes a las puertas de la sede de la nunciatura apostólica al no ser convocadas a un acto oficial con el Papa en su visita a España. En un comunicado, han pedido un «compromiso decidido» y que la Iglesia escuche también a quienes «durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales». Entre los firmantes están la Asociación Nacional Infancia Robada, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y Plataforma de Víctimas de la Salle.

En un discurso en la Conferencia Episcopal Española, León XIV no ha mencionado la palabra pederastia pero sí ha lanzado un mensaje a los obispos: «Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incuso por miembros del clero».

La frase condensa una de los principales problemas a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y la adolescencia, dentro y fuera de la Iglesia: que estos delitos se cometen, en su mayoría, en los entornos que deberían proteger a los niños y a las niñas, como en sus propias casas. Según las estadísticas, una de cada cinco personas menores de edad es agredida sexualmente.

«Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y en la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación», continuó el pontífice, que acierta en algunas cosas pero se equivoca en el fondo del asunto.

Según especialistas y víctimas, es fundamental escuchar a las víctimas, creerlas, para poder hacer justicia real y ofrecerles una reparación. Tiene también razón el Papa en poner el foco en la prevención y la cultura del cuidado. Porque, en España, la formación sigue siendo una asignatura pendiente en todos los ámbitos: desde la justicia a los colegios, desde las propias familias a los propios niños y niñas. En todo ello tiene razón León XIV, pero falla en la clave: la pederastia, en la Iglesia y fuera de ella, no es una plaga, no es un pecado, no es una lacra. No estamos ante pasajes bíblicos. La pederastia es un delito derivado de un problema sistémico, social, estructural, como lo es la violencia machista.

Lo saben bien y lo repiten las víctimas de la Iglesia a las que, como han denunciado ellas mismas, no escuchará el Papa en este «viaje hecho de encuentros». Entender el fondo es el primer paso para acabar con ello.

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El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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