El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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De una tierra conservadora y en detalle desconocida como Castilla y León lo que no se espera nunca es la sorpresa. Pero este es un tiempo de cambios y las elecciones autonómicas de 2026 han sido, sobre todo, lo que nadie esperaba. El PP estaba preocupado por la movilización de sus votantes, en los segundos comicios a Cortes despegados de los municipales, y Vox prometía seguir en la ola superando el umbral del 20% por primera vez en una autonomía. Al PSOE nadie le auguraba una noche tan buena y su aspiración de, al menos, poder decir que ganaba las elecciones (se quedó a casi 60.000 votos y 3 escaños) se fiaba a la penetración de los de Santiago Abascal en territorio popular. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) quería rubricar un triunfo histórico con grupo propio y sorpasso al PSOE, y quedó encallada. Los localismos de Soria ¡Ya! y Por Ávila perdieron fuelle. Y desaparecen del hemiciclo IU-Sumar, Podemos y Ciudadanos.

Alfonso Fernández Mañueco, el hombre que con 60 años lo ha sido todo en 31 de los 38 que su partido ha gobernado en Castilla y León, es el único con posibilidad de presidir la Junta de nuevo, pero tendrá que volver a hacerlo con un Vox que ya salió de espantada por mandato nacional a mitad de legislatura y que lo llama “canalla” y de quien él ha dicho que es un partido que quiere “tirar gente [migrantes] al mar”. El domingo por la noche, en el cuartel electoral del PP en su Salamanca natal, estaba contento y aliviado: cree que con el pinchazo de Vox (al que casi duplica en votos) sobre las expectativas, ahora a los de Abascal se les bajarán los humos y se sentarán a negociar en base al programa del PP, sin apretar.

El nuevo líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, confía en que la negociación de tantos gobiernos autonómicos resulte en una ruptura en la derecha que lleve a una repetición electoral. Sabe que la campaña se le ha quedado corta y él no está acostumbrado a perder: ha sido cinco veces alcalde de Soria y tiene la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias. Siguiéndolo en campaña (rápido, porque llegó a visitar cinco provincias en día y medio), muchos intuyeron lo que acabó confirmándose la noche del domingo: que era un buen candidato socialista para Castilla y León. Un hombre común, desenfadado, que hace “pincho-mítines” con un botellín en la mano; al que no han enseñado todavía a hablar como un político moderno, que dice cosas inusuales y no rehúye preguntas, con un discurso muy aterrizado en los servicios públicos y la igualdad, cercano, un alcalde con peña al que mantean en fiestas.

La etapa Mañueco en Castilla y León ha estado marcada por la ola del gran cambio político contemporáneo en España. En 2015 –las últimas elecciones de su predecesor Juan Vicente Herrera–, la tercera fuerza en Cortes era Podemos con 10 escaños. Ahora no llega a los 10.000 votos, casi la mitad que el partido de Alvise y apenas el doble que el PACMA. La coalición IU-Sumar triplica los apoyos de Podemos, pero ni siquiera yendo juntos a estos comicios habrían mantenido el escaño en la única provincia donde tenían posibilidades: Valladolid. No es la única explicación, pero sí les ha hecho daño el voto estratégico: las circunscripciones provinciales, sobre todo las más pequeñas, han sido históricamente un lugar en el que la izquierda alternativa (antes IU en solitario) veía cómo se le perdían votos sin representación. En estas elecciones los votantes han querido asegurarse de que su voto vaya a un saco seguro: los de derechas al PP, el statu quo, y los progresistas o centristas (a los que les espanta la ultraderecha) al PSOE. El voto a los dos grandes partidos es muy leal en Castilla y León, y tienen algo que a Vox (y a Podemos y a Sumar) se le ha dado especialmente mal: cuadros de partido y despliegue territorial. IU sí resiste, a su escala, en ese aspecto.

En 2019, cuando el PSOE de Luis Tudanca ganó las primeras elecciones de un Mañueco que se estrenó con el peor resultado de su partido en su gran bastión, Ciudadanos (tercera fuerza con 12) tuvo en su mano ofrecer a los castellano y leoneses la posibilidad de conocer un gobierno que no fuera del PP e hizo lo contrario. Esa apuesta acabó con adelanto electoral. Ahora se ha quedado por debajo de los 5.000 votos y fuera de las Cortes. El que fuera vicepresidente de ese Gobierno, Francisco Igea, pidió el voto en estas elecciones para IU-Sumar en Valladolid. Cosas veredes. En 2022, una campaña en Castilla y León con gran seguimiento nacional a diferencia de esta, Vox llegó a su primer gobierno autonómico con 13 procuradores. Juan García-Gallardo, ese joven político estridente del “latido fetal” de quien Abascal dijo aquello de que se le estaba poniendo cara de vicepresidente, tuiteó el domingo, desde la ruptura hostil con el líder, un acertado análisis de la noche: “Es el bipartidismo y no Vox el que hoy está de fiesta”.

Castilla y León es una comunidad enorme y compleja. Nacida de la unión de una región histórica (León) y otra desmembrada (Castilla) como contrapeso español a los nacionalismos periféricos, alberga realidades diversas: voto urbano más progresista que el rural, que decrece; León –y ahora Soria con su alcalde– como diques socialistas en un mar azul de interior. Pero tiene un elemento definitorio: su votante medio supera los 50 años. Este grupo demográfico lo domina todo –incluso cómo se hacen las cosas: “así, como se han hecho siempre”– y está harto de los sobresaltos de los dos últimos gobiernos de coalición fallidos.

Vox no acertó a la hora de ponerse el listón en el 20% de los votos: ni el campo de Castilla y León –amarrado por alcaldes del PP desde hace casi 40 años y sin grandes empresas como las que tiene, por ejemplo, Murcia– ni su demografía favorecen su crecimiento. Su ascenso se sustenta en el nuevo votante, jóvenes de entre 18 y 25 años, la parte inicial del éxodo continuo que condena a esta comunidad: más de 1 millón de sus nacidos viven fuera de ella. Dentro apenas 2,4 millones y cada vez más envejecidos.

En estas elecciones se han equivocado la mayoría de las encuestas (el CIS no tuvo mala puntería, aunque con horquillas amplias), los análisis, los partidos, todos, en definitiva, al no concebir que las urnas tienen vida propia y que este es un tiempo de cambios, aunque el cambio en esta tierra conservadora sea una vuelta (parcial) al bipartidismo. Una vuelta a casa, a lo (malo o bueno) conocido, después de un par de aventuras que no salieron bien.

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