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El antifascismo en un mundo a la deriva

17 Enero 2026 at 22:00

Cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es la resistencia” – Biznaga

Cuando empezamos a publicar este periódico en el año 2011, el auge de la extrema derecha no era una de nuestras principales preocupaciones. Éramos conscientes de que el franquismo sociológico seguía permeando las instituciones del Estado (policía, jueces, altos funcionarios, etc), que existían grupos fascistas que atacaban a minorías y que parte de la ultraderecha seguía habitando espacios dentro de los partidos conservadores como el PP, por lo que no sabíamos que no podíamos relajarnos y confiarnos. Sin embargo, gracias al buen trabajo del movimiento antifascista –revitalizado en 2007 tras el asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar neonazi–, las ideas de la extrema derecha se habían contenido y, cuando el descontento por las recetas neoliberales del PSOE y PP para salir de la crisis fue en aumento, las propuestas que se pusieron sobre la mesa eran mayoritariamente de izquierdas. Las había más rupturistas y más reformistas que terminarían por mantener el sistema capitalista-democrático-liberal intacto, pero no daba la sensación de que el mundo viraría en poco tiempo hacia el fascismo.

Quince años después el contexto es muy distinto. Los levantamientos que entre 2010 y 2020 pretendieron reestructurar las sociedades –el 15-M en el Estado español, el movimiento occupy en EEUU, la Primavera Árabe, el parque Gezi en Turquía, V de Vinagre en Brasil, las revueltas de Chile, Grecia, Hong Kong, etc– fracasaron y en buena parte del mundo gobiernan hombres autoritarios, que no creen en los derechos humanos ni en las democracias liberales (nosotras tampoco, pero por motivos distintos) y que defienden la ley del más fuerte y los etnoestados.

¿Por qué ha virado el mundo hacia la extrema derecha?

¿Cómo ha podido pasar esto? La respuesta es compleja y multifactorial. Autores como Vincent Bevins han dedicado libros enteros a este fenómeno, por lo que no podemos dar una respuesta fácil en dos páginas, aunque sí podemos intentar dar algunas pinceladas superficiales sobre cómo percibimos que ha ocurrido en nuestro contexto.

En primer lugar, (1) hay que señalar las invasiones imperialistas de Afganistán e Irak por parte de EEUU (apoyadas por varias potencias europeas, que mantienen una relación tóxica con su novio yanki), así como sus agresiones sobre Siria y Libia y el continuo expolio occidental de los recursos naturales de África. Estas guerras normalizaron la islamofobia –demonizando a las personas del mundo árabe– y desestabilizaron varios regímenes de Oriente Medio, provocaron millones de muertos y el desplazamiento forzoso de muchos más, dando pie a una gran crisis de refugiados.

Por su parte, (2) la respuesta europea a esta crisis no fue la de reaccionar con empatía y generosidad como se debería haber hecho (máxime teniendo en cuenta que el desastre era nuestro), sino de forma racista y violenta contra las personas de origen extranjero. Los gobiernos conservadores y socialdemócratas profundizaron las dinámicas de explotación, colonialismo e imperialismo, las fronteras se endurecieron –aumentando la mortalidad de quienes intentan penetrar en esta fortaleza que es Europa–, se delegó en terceros países la gestión de la inmigración y los discursos de odio dentro de nuestros países fueron paulatinamente en aumento.

En este contexto, (3) los partidos y organizaciones de la vieja y nueva extrema derecha comenzaron a cobrar fuerza, explotando el miedo (“nos van a quitar el trabajo”, “no cabemos todos”, “no respetan a las mujeres”, “son criminales”) y deshumanizando a “los otros”. Y su odio no solo lo han dirigido hacia migrantes, sino también contra la comunidad trans, las personas LGTBIQ, el feminismo, el ecologismo, etc, conectando así con un movimiento ultraconservador que lleva décadas tratando de revocar los avances sociales que se han ido conquistando a lo largo del tiempo.

(4) El papel de los medios de comunicación ante estos discursos ha sido lamentable, dando altavoz a seres despreciables que vomitan xenofobia, sin confrontarlos, sin exponerlos. Quienes pensaban que los argumentos racistas decaerían por su propio peso, o que había que ignorar a los fascistas porque se morirían solos si no les hacemos casito, resultaron estar equivocadas: sus ideas se encuentran cada vez más normalizadas.

Además de extender discursos discriminadores, (5) la derecha también ha sabido instrumentalizar los bulos para obtener réditos. Cada vez que ocurre un hecho noticiable, las mentiras racistas, homófobas, tránsfobas, o contra personas de izquierdas no tardan en emerger. Así, no solo han conseguido convencer a muchas personas a base de bulos, sino que también han conseguido que nadie sea capaz de discernir la verdad en ese enorme lodazal que componen los medios de comunicación y las redes sociales.

Mención especial merecen (6) las redes sociales, porque los oligarcas tecnológicos de Silicon Valley, muchos de los cuales creen en su superioridad genética (como Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, etc) y que el mundo sería mejor si se les permitiera gobernar como emperadores, han manipulado sus algoritmos para amplificar los mensajes de destacados nazis y enterrar los discursos que les plantan cara.

También ha sido grave (7) el papel de los partidos progres en los últimos años a la hora de generar desencanto. La socialdemocracia e, incluso, algunos partidos de izquierdas (como es el caso de BSW en Alemania), temiendo que la derecha fuera a superarles, comenzaron a imitar los discursos antiinmigración de la extrema derecha, creyendo que teniendo una postura un poco más suave y respetuosa les votarían a ellos. Pero se equivocaron; cuando los votantes perciben que una marca imita a otra, prefieren la original.

Además, los partidos de izquierdas lograron desmovilizar a miles de personas que participaban en los movimientos transformadores de los primeros años de la década pasada, prometiendo que “asaltarían los cielos” en su nombre. Sin embargo, cuando formaciones como Podemos o Sumar entraron en los gobiernos, no lograron conquistar nada. Ni derogaron la Ley Mordaza, ni la reforma laboral, ni consiguieron que Interior respondiera por las infiltraciones policiales en movimientos sociales, ni reformaron la policía, ni la Justicia, ni el problema de la vivienda, ni la escalada militar, ni nada. La izquierda institucional se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas de la gente y su falta de credibilidad allana el camino a la derecha.

Otra de las causas por las que triunfa la extrema derecha se debe (8) a que llevamos más de dos años asistiendo a un genocidio en tiempo real en Palestina y nadie ha movido un puto dedo por pararlo. Esto ha envalentonado racistas en general e islamófobos en particular, que han comprendido que no pasa nada por atacar violentamente a un pueblo entero, siempre y cuando estés del lado del más fuerte. Por tanto, no extraña que Trump se crea con derecho a secuestrar a Nicolás Maduro, anexionarse Groenlandia o amenazar explícitamente a cualquiera que ose criticarle; es la misma lógica imperialista.

El fascismo ha generado monstruos que vemos a diario en los medios: soldados israelíes que torturan a presos palestinos son aplaudidos y tratados como héroes por sus compatriotas, paramilitares de ICE aterrorizan y disciplinan a personas migrantes en ciudades de EEUU y Nayib Bukele farda de sus centros de encierro en El Salvador, por citar algunos ejemplos.

Mientras, el capitalismo sigue su curso, pues esta nueva era totalitaria no le amenaza, sino que se trata más bien de una vuelta de tuerca. (9) La desafección que ha promovido un sistema basado en la desigualdad ha sido el gran alimento de la extrema derecha. Por eso, recordamos hoy las palabras de Buenaventura Durruti: “Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios”.

El antifascismo, más necesario que nunca

El historiador Mark Bray define el antifascismo como una ideología que se autodefiende de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evita que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Y resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.

Un movimiento antifascista fuerte, amplio y de base es nuestra única esperanza para detener la oleada ultraderechista que pretende arrasarnos. Y eso lo saben los fascistas. Por eso, en los últimos meses Trump ha declarado el movimiento antifascista como “organización terrorista doméstica” en EEUU y ha defendido la brutalidad policial ejercida contra sus opositores –como los agentes de ICE que asesinaron a Renée Nicole Good con tres tiros en la cabeza por protestar contra sus redadas racistas–. Y miedo nos da que le de por designarla como “organización terriorista internacional” y empiece a aprobar sanciones contra quienes le desafíen (como ha hecho en el último año con los jueces del Tribunal Penal Internacional que pidieron la detención de Netanyahu o a la relatora de la ONU para el conflicto palestino, Francesca Albanese, que no puede tener cuentas bancarias a su nombre, volar en algunas aerolíneas o reservar habitaciones de hotel).

La coalición Patriotas por Europa (grupo al que pertenece Vox) solicitó hace unos meses que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento antifascista en nuestro continente. Por ahora no ocurrirá, pero tiempo al tiempo. El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura definida como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).

El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas, acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones PiñataPandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.

Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.

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Contrarreforma laboral en Argentina: Milei contra la clase obrera

10 Diciembre 2025 at 23:46

Por Santiago Mayor. Extraído de El Salto

El 11 de diciembre de 2025 el presidente argentino Javier Milei firmó un anunciado proyecto de ley que envió al Congreso con el objetivo de transformar radicalmente el mundo del trabajo. Aunque su intención era que los legisladores lo aprueben antes de fin de año, su tratamiento fue postergado hasta febrero luego de una masiva movilización sindical el jueves 18 y el rechazo de la oposición política parlamentaria.

El texto, denominado “de modernización laboral”, cuenta con casi 200 artículos que proponen modificaciones en temas tan diversos como el trabajo en plataformas, pasando por las contribuciones patronales a la salud y las jubilaciones, hasta el derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral. Si bien durante las semanas previas voceros gubernamentales habían filtrado o enunciado distintos aspectos de la iniciativa, su versión final fue todavía más extensa y abarcativa de lo que se esperaba. Celebrada por las cámaras empresarias -muchas de las cuales participaron en la redacción del texto-, generó alerta y rechazo en todo el movimiento obrero argentino.

Jorge Sola, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, sostuvo que se opone “terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral”. En esa línea se sumaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que, en un comunicado conjunto sostuvieron que el proyecto “no moderniza nada” y en los hechos “es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios” cuyo verdadero propósito “es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.

La respuesta sindical no es para menos, ya que el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había reconocido en noviembre durante una gira por el Estado español que uno de sus objetivos era “desarticular” a los sindicatos, reduciendo su “poder” de negociación.

Pero la mayoría de los defensores del proyecto intenta hacer foco en que, según su mirada, con estas modificaciones se podrán crear más empleos y se generará más “estabilidad” en el mercado laboral. Paradójicamente, el modelo económico impulsado hasta ahora por Javier Milei ha generado estancamiento, pérdida de poder adquisitivo y de puestos de trabajo. De acuerdo a datos oficiales, los salarios reales cayeron un 11% en promedio desde que el presidente de extrema derecha llegó al gobierno. Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se hundió un 34% y hoy posee un poder de compra inferior al del año 2001 cuando Argentina atravesó la peor crisis económica de su historia.

Asimismo, como señaló la periodista Eugenia Rodríguez en un detallado artículo publicado en El Destape “tras los cambios laborales implementados con la Ley Bases en 2024 (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores ‘independientes’, fondos de cese laboral optativos)” no se crearon fuentes de trabajo. De hecho, “el último dato oficial difundido recientemente indicó que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados registrados”.

En diálogo con El Salto la socióloga Luci Cavallero, apuntó que “uno de los grandes mitos que se ha querido instalar desde de los medios de comunicación, pero también como discurso de sentido común es la hipótesis y el supuesto implícito es que a mayor flexibilización de las normas laborales mayor probabilidad de que el empresariado tome más personal”. Pero eso “no se ha verificado en ninguna parte del mundo y laboralistas de todos los colores e ideologías coinciden en que lo que crea trabajo registrado son las economías en crecimiento”.

Un ataque a los sindicatos

El investigador Luis Campos, miembro del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma y uno de los mayores especialistas de la situación laboral en Argentina, sostiene que el proyecto del gobierno de Milei se trata, en realidad, de tres reformas en una.

En primer lugar implica un ataque directo a la organización y acción colectiva, cuya principal herramienta institucional son los sindicatos. “En la práctica prohíbe la huelga bajo una reglamentación excesiva de los llamados servicios esenciales”, apuntó Campos entrevistado por este medio. Es que el texto presentado califica de esta forma actividades tan diversas como la gastronomía, la educación o la producción de alimentos y las obligaría a garantizar una dotación mínima del 50% o 75% del personal, según el caso, si se decide una medida de fuerza. “De esta manera se le imponen restricciones al ejercicio de la huelga en prácticamente todas las actividades de la economía, restricciones que en la actualidad existen, pero para actividades muy acotadas, como por ejemplo la terapia intensiva de un hospital o una central nuclear”, recordó el investigador.

Otro punto crítico para las organizaciones sindicales tiene que ver con los Convenios Colectivos. En la actualidad rige un orden progresivo donde la Ley de Contrato de Trabajo estipula un piso mínimo que los convenios específicos por rama de actividad pueden mejorar, pero nunca empeorar. A su vez, se permiten acuerdos particulares por empresa o región, que deben seguir la misma línea. La reforma propuesta por el gobierno argentino busca romper esta dinámica, habilitando convenios de orden inferior (por provincia o empresa) que prevalezcan -aún si implican peores condiciones laborales- por sobre los convenios nacionales.

Asimismo se plantea poner un límite muy fuerte a la llamada “ultraactividad” de los Convenios Colectivos. A diferencia de otros países, en Argentina estos no tienen fecha de vencimiento. Es decir que, si en una negociación entre un sindicato y una cámara patronal no se llega a un acuerdo, todos los derechos adquiridos en el convenio continúan vigentes. Nuevamente, la intención del Poder Ejecutivo es terminar con este principio estableciendo una fecha de caducidad de un año para algunas cláusulas, lo cual pondría a los sindicatos en una situación de debilidad ya que se verían obligados a acordar con las empresas, aunque esto implique perder beneficios y conquistas.

Por otra parte también se condiciona la actividad gremial dentro de las unidades productivas. Cualquier grupo de trabajadores que decida realizar una asamblea deberá contar con autorización del empleador y en caso de obtenerla, se les descontará de sus salarios el tiempo que dure la deliberación colectiva.

Finalmente, aunque no menos importante, “se incluyen restricciones muy fuertes al financiamiento de los sindicatos”, subrayó Campos. Y añadió: “Posiblemente la más importante es que los empleadores dejan de estar obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical con lo cual, se va a dificultar mucho la capacidad de los sindicatos de financiar su funcionamiento”.

El control del proceso de trabajo

La segunda reforma, en términos de Campos, está relacionada con la anterior pero se enfoca en ampliar y reforzar el control del proceso de trabajo por parte del empresariado. Entre los puntos más destacados se amplía el período de prueba a seis meses; se flexibiliza el período de vacaciones permitiendo su fraccionamiento en lapsos no menores a 7 días corridos y se establece que los empleadores deben permitirlas “al menos” una vez cada tres años en la temporada de verano; se habilita el “salario dinámico” que puede modificarse por productividad o “mérito” y se permite el pago en moneda extranjera, vales o alimento.

Pero sin duda, el punto más polémico de esta segunda reforma dentro del proyecto, es el llamado “banco de horas”. Este sistema supone que la patronal disponga del tiempo del empleado de acuerdo a sus necesidades productivas y pueda modificar la jornada laboral, sin pagar horas extras. Un trabajo de 8 horas podría extenderse hasta 12 en un mismo día si la empresa así lo dispone. Como compensación, esas horas se le “devolverán” al trabajador otro día, realizando una jornada reducida.

“Esto pone a los trabajadores en una situación de debilidad muy fuerte frente a los empleadores porque estas cuestiones, con ciertos límites, se podían negociar en los convenios colectivos de trabajo, a partir de ahora van a poder ser negociados en en los contratos individuales”, sentenció Campos.

Por su parte, Cavallero consideró que si se aprueba esta ley “el impacto va a ser una baja en el costo laboral de las empresas no solo por el ajuste en salarios, sino también por las condiciones laborales” donde se va a dar “una mayor flexibilidad y una responsabilización del trabajador de cuestiones que antes asumía el patrón y que tiene que asumir el patrón”.

Hacer más ricos a los ricos

El tercer aspecto de la ley de “modernización laboral” se entronca directamente con el proyecto político, económico y de país de Milei: un gobierno de la clase dominante y para la clase dominante. Para Luis Campos no hay duda: el texto de la nueva ley “incluye una transferencia multimillonaria de recursos del trabajo al capital”.

La reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%

Esto se puede observar a través de dos aspectos. En primer lugar, la reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social que cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%. Estos fondos actualmente van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encargada del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras prestaciones.

Si bien las empresas seguirán abonando esos tres puntos de la masa salarial, serán reorientados hacia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que crea la nueva ley y será el encargado de pagar las indemnizaciones de aquellos trabajadores trabajadoras que sean despedidos por sus empleadores. “Con lo cual para los empleadores en el día a día esto se netea, es decir, van a pagar un 3% al FAL, pero se ahorran un 3% en las contribuciones patronales”, explicó Campos y, en definitiva, se van a ahorrar el pago de las indemnizaciones “que ahora indirectamente se van a terminar haciendo con fondos que deja de percibir la ANSES”. O, en otras palabras, se le quitará dinero a jubilados, pensionados y otras personas vulnerables, para financiar la posibilidad de despedir de las empresas.

En segundo lugar, la ley también prevé una reducción en el aporte patronal que los empleadores hacen a las obras sociales del 6% al 5% del salario. De esta forma hay cuatro puntos porcentuales de masa salarial que los trabajadores y trabajadoras argentinas pasarían a ceder al sector empresario. Según estimaciones de los sindicatos, en la actualidad esto asciende a unos 2.500 millones de dólares al año.

¿Cuál es el estado del proyecto?

Como mencionamos al comienzo, el objetivo declarado del Poder Ejecutivo era que el Congreso aprobara su reforma antes de fin de año. De hecho la flamante senadora y ex ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, había puesto como fecha de votación el 26 de diciembre.

Sin embargo, en los últimos días el panorama cambió. La noche del miércoles 17 de diciembre el oficialismo sufrió un revés en la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró quitar el artículo que eliminaba el financiamiento a las Universidades Públicas y derogaba la Emergencia en Discapacidad.

Por su parte, el jueves 18 las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, se movilizaron a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral. Unas horas después del acto donde los dirigentes amenazaron con una huelga nacional, la senadora Bulrich anunciaba que el texto sería debatido el 10 de febrero.

Es que si bien tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 el gobierno de Milei salió fortalecido y amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, todavía debe negociar con sectores moderados y dialoguistas para lograr la aprobación de sus proyectos.

Ahora, mientras el oficialismo apuesta a convencer -con argumentos o con prebendas- a los legisladores indecisos, el movimiento obrero planifica sus próximos pasos en una batalla que, por ahora, ha logrado postergar hasta 2026.

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