El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en entredicho la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que el acuerdo comercial solo beneficia a México y a Canadá. Ante esta incertidumbre, un experto consultado por Sputnik sostiene que México tiene ante sí «la gran oportunidad de poder reducir» su histórica dependencia económica de Washington.

Las declaraciones de Trump, realizadas este jueves, no detallan si su intención es renegociar, suspender o abandonar el tratado, pero han generado inquietud en los sectores productivos mexicanos. El T-MEC, que entró en vigor en 2020 como sustituto del NAFTA, canaliza más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Un desequilibrio histórico

El experto consultado por la agencia rusa señala que, pese a las críticas de Trump, Washington ha mantenido una ventaja absoluta en la relación comercial. «Estados Unidos ha tenido una ventaja absoluta», afirma, aunque no precisa si esa ventaja es en términos de balanza comercial, inversiones o control de cadenas de suministro. La oportunidad para México radicaría en diversificar sus socios comerciales y fortalecer su mercado interno.

La postura de Trump se enmarca en su agenda de «América Primero», que ya durante su primer mandato llevó a una renegociación del NAFTA. Analistas mexicanos han advertido que una salida unilateral de Estados Unidos del T-MEC tendría consecuencias graves para la economía mexicana, pero también para las cadenas productivas integradas en América del Norte.

El Gobierno de México, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump. La secretaria de Economía, en funciones, ha reiterado en foros recientes la importancia de mantener la certidumbre jurídica para los inversores.

El 8 de febrero de 2026, Joseph Djogbénou fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Benín, cargo que se suma a la presidencia del partido mayoritario, la Unión Progresista para la Renovación (UPR). Su ascenso consolida una red de aliados y amigos forjada a lo largo de décadas de trayectoria política, judicial y activista.

Una red tejida en tres frentes

Djogbénou ha construido su círculo de confianza a partir de tres ámbitos clave: el judicial, donde ejerció como abogado y luego como ministro de Justicia; el político, como líder de la UPR; y el militante, vinculado a movimientos sociales y sindicatos. Entre sus colaboradores más estrechos figuran Mathieu Adjovi, exministro de Defensa y actual vicepresidente de la Asamblea, y Éric Houndété, diputado y secretario ejecutivo del partido.

La fortaleza de Djogbénou reside en su capacidad para articular intereses diversos: desde juristas hasta activistas, pasando por empresarios del sector algodonero y dirigentes locales.

Influencia en el equilibrio político beninés

La red de Djogbénuo no solo controla la agenda legislativa, sino que actúa como contrapeso interno dentro de la coalición gubernamental. Su relación con el presidente Patrice Talon es clave: ambos mantienen una alianza pragmática, aunque con tensiones no declaradas. Analistas locales señalan que el control de la Asamblea le otorga a Djogbénou capacidad de veto sobre iniciativas clave.

Para España, Benín es un socio relevante en el Golfo de Guinea, tanto por el comercio como por la cooperación en seguridad marítima. La consolidación de Djogbénou ofrece un interlocutor estable, pero también introduce un factor de centralización del poder que la diplomacia española sigue de cerca.

La Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), para impugnar la decisión de World Athletics de mantener la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales. El recurso, conocido el 23 de julio de 2026, sostiene que la exclusión, motivada por la guerra en Ucrania, tiene un carácter político y perjudica al deporte.

La atleta olímpica rusa Lyudmila Petrova declaró al respecto: «El recurso de Rusia contra World Athletics no trata solo del acceso a las competiciones. Se trata de impedir que las decisiones políticas borren años de entrenamiento, sacrificio y carreras». La demanda de la ARAF busca revertir una sanción que, según Moscú, vulnera los principios de igualdad y neutralidad en el deporte.

La exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos fue decidida por World Athletics tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y ha sido respaldada en sucesivas revisiones del consejo de la organización. Ahora, el TAS deberá pronunciarse sobre la legalidad de la medida, en un caso que trasciende lo deportivo y que ha generado un intenso debate sobre la politización del deporte internacional.

El caso refleja una creciente controversia en el ámbito olímpico y deportivo mundial, donde las sanciones contra Rusia por el conflicto ucraniano han sido contestadas tanto por las autoridades deportivas rusas como por algunos sectores internacionales que consideran que estas medidas castigan injustamente a los atletas, ajenos a las decisiones políticas de sus gobiernos. Mientras tanto, la decisión del TAS podría sentar un precedente sobre los límites de las sanciones deportivas en contextos de conflicto armado.

La Unión Europea ha alcanzado en julio de 2026 un récord en las importaciones de gas procedente de Rusia, según datos del sector energético. El aumento, que no ha sido cifrado con exactitud, se produce a pesar del discurso hostil hacia Moscú mantenido por las instituciones comunitarias desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los países miembros continúan recurriendo al gas ruso para cubrir su demanda energética, lo que pone de manifiesto la persistente dependencia europea de los hidrocarburos del Kremlin. Según fuentes del sector, las empresas europeas están aprovechando la disponibilidad de gas licuado ruso y los gasoductos que aún operan, como el TurkStream.

Una dependencia que persiste

La retórica antirusa de Bruselas no se ha traducido en una reducción efectiva de las compras. Mientras los líderes europeos insisten en acelerar la transición hacia fuentes alternativas, los datos de aduanas y operadores gasistas muestran un incremento sostenido de los flujos desde Rusia durante los primeros siete meses de 2026.

A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos energéticos rusos.

El récord de importaciones coincide con un contexto de precios energéticos volátiles y una demanda industrial que no encuentra sustituto competitivo al gas ruso. Ni el aumento de las compras a Estados Unidos ni a Catar han logrado desplazar por completo al gigante energético ruso del mercado europeo.

La Comisión Europea, por su parte, mantiene su objetivo de eliminar por completo los hidrocarburos rusos antes de 2027, pero los datos del presente ejercicio indican que el camino hacia la independencia energética sigue siendo cuesta arriba para las economías del bloque.

Un análisis estratégico de la Operación Epic Fury basado en los principios del teórico militar prusiano Carl von Clausewitz concluye que la arquitectura que vincula la acción militar con el propósito político de la operación fue deficiente desde el principio, según un informe publicado este martes por la organización Just Security.

Aplicar las ideas de Clausewitz —autor de la obra clásica De la guerra— a esta operación militar revela que el diseño estratégico que conecta los medios militares con los fines políticos adolecía de carencias fundamentales. El estudio subraya que, en la doctrina clausewitziana, la guerra no es un acto aislado sino un instrumento de la política, y que cualquier desconexión entre ambos planos condena la campaña al fracaso estratégico.

Los analistas de Just Security señalan que la Operación Epic Fury, cuyo escenario y fecha de inicio no se detallan en el informe, ejemplifica cómo una planificación deficiente en la fase conceptual puede arrastrar consecuencias durante todo el desarrollo del conflicto. La falta de claridad en los objetivos políticos últimos, según la lectura clausewitziana, habría impedido alinear las operaciones tácticas con una visión estratégica coherente.

El informe se suma al debate sobre la utilidad de los marcos teóricos clásicos para analizar los conflictos contemporáneos, en los que la tecnología, la guerra de información y los actores no estatales han transformado el campo de batalla. Sin embargo, los autores sostienen que los principios de Clausewitz —como la «fricción» o la «niebla de la guerra»— siguen siendo relevantes para evaluar las campañas militares actuales.

Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana han dado un paso significativo en su proceso de modernización con la incorporación de vehículos tácticos, una nueva versión del Humvee, el modelo FURIA VBD-2 y drones de fabricación china. La entrega oficial fue encabezada por el presidente Luis Abinader, según informó el Ministerio de Defensa dominicano el pasado 20 de julio.

Equipamiento para mejorar movilidad y vigilancia

El lote entregado incluye vehículos tácticos diseñados para incrementar la movilidad de las tropas, así como el vehículo blindado FURIA VBD-2, que se suma a las capacidades operativas del Ejército. La incorporación de los drones chinos refuerza la vigilancia y el reconocimiento en zonas de difícil acceso, en línea con los esfuerzos del país caribeño por fortalecer la seguridad nacional.

Según fuentes oficiales, la adquisición forma parte de un plan estratégico de renovación del parque vehicular y de equipamiento de las unidades castrenses, sin que se hayan precisado las cifras económicas del contrato ni el número exacto de unidades recibidas.

Cooperación internacional y contexto regional

La presencia de tecnología china en la región ha sido objeto de atención geopolítica, aunque el gobierno dominicano ha defendido su derecho a diversificar fuentes de abastecimiento militar. La decisión de adquirir drones a Pekín se suma a una tendencia creciente en América Latina, donde varios países han optado por sistemas aéreos no tripulados de origen asiático.

La entrega de estos equipos se produce en un contexto de relativa estabilidad regional, pero con desafíos persistentes en materia de seguridad fronteriza, crimen organizado y desastres naturales, para los cuales las Fuerzas Armadas dominicanas buscan estar mejor preparadas.

Al menos 50 soldados del ejército maliense han muerto en una emboscada coordinada entre independentistas tuareg del Front de Libération de l’Azawad (FLA) y yihadistas del Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM), según informaron fuentes locales y medios regionales este domingo. El ataque, ocurrido el sábado 18 de julio de 2026, tuvo como objetivo un convoy militar que se dirigía desde la estratégica ciudad de Anéfis hacia la capital regional de Gao, en el norte de Malí.

La emboscada se produjo en una zona cercana a Kidal, bastión tradicional de los independentistas tuareg que controlan amplias áreas del norte del país. La coalición entre el FLA y el JNIM, algo inusual pero cada vez más frecuente, combinó fuego de armas ligeras y pesadas para aniquilar el convoy, que quedó destrozado en la carretera. Hasta el momento, el ejército maliense no ha emitido un comunicado oficial confirmando las bajas, aunque fuentes militares consultadas por la prensa local han cifrado los fallecidos en más de medio centenar.

El ataque supone un duro revés para la junta militar que gobierna Malí desde 2021, que ha hecho de la reconquista del control territorial en el norte una de sus prioridades. La región, rica en recursos mineros y atravesada por rutas del tráfico ilícito, sigue siendo escenario de una compleja guerra con múltiples actores: el ejército nacional, los grupos independentistas tuareg que buscan la creación de un estado azawadí, y las facciones yihadistas vinculadas a Al Qaeda y al Estado Islámico.

La emboscada de Kidal subraya la creciente cooperación tácita o activa entre independentistas y yihadistas para enfrentar al ejército, pese a sus diferencias ideológicas. Para España, la situación en el Sahel es de especial relevancia por el riesgo de desestabilización que genera en la región, fuente de flujos migratorios y potencial refugio para grupos terroristas que han atentado en territorio español.