Un tribunal del estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, ha condenado a la pena de muerte a cuatro personas halladas culpables de participar en la masacre contra fieles cristianos durante la celebración de Pentecostés en 2022, que dejó al menos 40 víctimas mortales. La sentencia, anunciada el 4 de junio de 2026, ha sido recibida con satisfacción por la comunidad cristiana local, aunque el obispo de Ondo, monseñor Jude Arogundade, ha instado a que la justicia no se convierta en venganza.

El ataque, ocurrido en la iglesia de San Francisco Javier en Owo, fue uno de los episodios más sangrientos contra cristianos en Nigeria en los últimos años. Según la acusación, los condenados formaban parte de un grupo armado que irrumpió en el templo durante la misa dominical, abriendo fuego y provocando una estampida. Las autoridades no han revelado la identidad de los sentenciados, pero fuentes judiciales confirmaron que se les consideró autores materiales del ataque.

Reacción del obispo de Ondo

Monseñor Arogundade expresó su pesar por el dolor causado a las familias de las víctimas y subrayó que la sentencia debe servir para cerrar heridas, no para abrir nuevas. «Acojo la decisión del tribunal con serenidad», declaró. «La justicia humana ha hablado, pero nuestra fe nos llama también a la misericordia y a la reconciliación. Oro por las almas de los fallecidos y por la conversión de los condenados.» El obispo pidió a las autoridades que sigan investigando a los autores intelectuales del ataque, que aún no han sido identificados.

La condena a muerte en Nigeria es una medida excepcional, aunque el país mantiene la pena capital para delitos graves como el asesinato y la traición. En la práctica, las ejecuciones son raras; la última ejecución documentada data de 2024. Amnistía Internacional ha criticado la sentencia, considerando que la pena de muerte vulnera el derecho a la vida. Sin embargo, organizaciones cristianas locales han celebrado el fallo como un paso hacia la justicia para las víctimas de la violencia sectaria.

Nigeria, el país más poblado de África, sufre una persistente violencia entre comunidades cristianas y musulmanas, especialmente en el norte, donde operan grupos yihadistas como Boko Haram. El estado de Ondo, de mayoría cristiana, no es ajeno a estos ataques, aunque el de Pentecostés de 2022 fue particularmente impactante por su brutalidad y por ocurrir durante una celebración religiosa.

El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha concedido una entrevista al periodista Ben Thompson en la que aborda el posicionamiento de la compañía en el ecosistema de la inteligencia artificial. La conversación, publicada el 4 de junio de 2026 en la newsletter Stratechery, desgrana las prioridades estratégicas del gigante tecnológico en un momento clave de la carrera global por la IA.

Nadella explica cómo Microsoft ha redefinido su papel en el sector, en un contexto de inversión masiva en infraestructura, alianzas complejas y competencia creciente. La relación con OpenAI, de la que Microsoft es socio principal, ocupa un lugar central en la estrategia: el CEO subraya que la colaboración sigue siendo fundamental, pero que la empresa debe encontrar sus propias competencias centrales para no depender exclusivamente de un solo actor.

En cuanto al gasto de capital, Nadella defiende el capex multimillonario en centros de datos y hardware específico para IA, asegurando que se trata de una inversión a largo plazo necesaria para mantener el liderazgo. Según el directivo, el software seguirá siendo el diferenciador clave: Microsoft está desarrollando una nueva plataforma de agentes que permita a las empresas desplegar inteligencia artificial de forma autónoma, un movimiento que podría redefinir el mercado empresarial.

La entrevista arroja luz sobre cómo Microsoft navega entre la necesidad de innovar y el riesgo de sobredimensionar su infraestructura, en un sector donde la demanda de computación se dispara. Nadella concluye que la compañía debe mantener el foco en sus clientes empresariales y en la integración de IA en sus productos estrella, como Azure, Office y Dynamics.

Los principales laboratorios de inteligencia artificial, entre ellos OpenAI y Anthropic, han enviado una carta conjunta a los legisladores estadounidenses en la que solicitan un mayor control sobre las secuencias sintéticas de ADN que podrían utilizarse para diseñar armas biológicas. La misiva, fechada el 3 de junio de 2026, subraya la creciente preocupación por el potencial mal uso de los modelos de IA generativa en el campo de la biología sintética.

La carta, firmada también por ejecutivos y científicos de otros laboratorios punteros, insta a las autoridades a establecer un sistema de supervisión más riguroso para las secuencias genéticas fabricadas en laboratorio. Según los firmantes, el rápido avance de la inteligencia artificial frontera podría permitir que actores malintencionados diseñen patógenos letales a partir de datos disponibles públicamente.

Un riesgo creciente en la frontera tecnológica

El documento, dirigido a miembros del Congreso de Estados Unidos, llega en un momento en que la IA generativa ha demostrado su capacidad para ayudar en la investigación biológica, pero también para facilitar la creación de toxinas o virus modificados. Las empresas firmantes consideran que el monitoreo de las secuencias de ADN sintético es una medida de seguridad crítica para evitar que los modelos se conviertan en herramientas de proliferación de armas biológicas.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que los legisladores han recibido la carta con interés, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna iniciativa legislativa concreta. La petición se produce semanas después de que un informe del Centro para la Seguridad y Tecnología Emergente (CSET) advirtiera de que los sistemas de IA actuales ya pueden generar proteínas que podrían tener aplicaciones duales.

El movimiento de OpenAI y Anthropic representa un giro significativo en la postura habitual de la industria, que hasta ahora se había mostrado reacia a pedir regulaciones adicionales. La carta, sin embargo, se centra específicamente en la filtración de secuencias sintéticas peligrosas y no aborda otras preocupaciones sobre la IA, como la seguridad de los modelos o el sesgo algorítmico.

Los expertos consultados señalan que el principal desafío técnico reside en la capacidad de distinguir entre secuencias de ADN sintético inofensivas y aquellas con potencial armamentístico, sin entorpecer la investigación legítima en biotecnología. La carta sugiere que los laboratorios de IA están dispuestos a colaborar con las autoridades para desarrollar sistemas de detección automatizados.

La alianza que transformó el panorama de la inteligencia artificial ha llegado a su fin. Microsoft y OpenAI han puesto fin a su asociación estratégica y ahora se preparan para competir directamente en el mercado de IA, según anunció la compañía de Redmond durante su conferencia anual Build, celebrada el 3 de junio de 2026.

La ruptura responde a divergencias estratégicas y al interés de ambas partes por controlar toda la cadena de valor de la IA, desde la infraestructura en la nube hasta las aplicaciones de usuario final. Microsoft, que en los últimos años había invertido miles de millones de dólares en OpenAI, ha presentado una batería de nuevas iniciativas propias: una superaplicación, modelos de razonamiento internos, una herramienta de ciberseguridad y agentes de IA similares a los de OpenAI.

De socios a rivales

Durante años, Microsoft integró los modelos de OpenAI en productos como Azure, Office y Bing, mientras OpenAI dependía de la nube de Microsoft para entrenar y ejecutar sus sistemas. Ahora, ambas compañías han decidido perseguir estrategias independientes. Microsoft apuesta por un ecosistema cerrado que compite directamente con OpenAI, mientras que OpenAI explora vías para reducir su dependencia de la infraestructura de Microsoft.

El anuncio marca un punto de inflexión en la industria. Microsoft, con una capitalización bursátil superior a los tres billones de dólares, tiene los recursos para rivalizar con cualquier actor en IA. OpenAI, por su parte, sigue siendo el líder en modelos de lenguaje de gran escala, pero su capacidad para competir sin el respaldo de Microsoft está por verse.

La competencia directa entre ambas compañías redefine el equilibrio de poder en el sector y tendrá implicaciones para desarrolladores, empresas y gobiernos que dependen de sus plataformas. Según analistas del sector, esta ruptura podría acelerar la fragmentación del mercado de IA, con Microsoft y OpenAI ofreciendo soluciones propietarias que dificultarán la interoperabilidad.

La startup china MiniMax ha lanzado M3, un modelo de inteligencia artificial de nueva generación que, según la compañía, supera a los sistemas de OpenAI y Google en tareas de ingeniería de software y codificación a gran escala. El anuncio, realizado el 1 de junio de 2026, subraya el creciente desafío de China a la hegemonía estadounidense en un sector considerado estratégico para la competencia entre ambas potencias.

Un salto en tareas complejas de software

M3 está diseñado específicamente para abordar proyectos de desarrollo complejos, como la integración de múltiples módulos en un repositorio extenso o la depuración a gran escala. En las pruebas internas de MiniMax, el modelo habría obtenido resultados superiores a los de GPT-4 de OpenAI y Gemini de Google en indicadores como tasa de finalización de tareas y precisión en la generación de código funcional. La empresa no ha facilitado cifras concretas, pero fuentes cercanas al sector citadas por la agencia Sputnik confirman que el rendimiento marca un hito en la capacidad de la IA china.

El lanzamiento se produce en un contexto de endurecimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados a China, lo que ha obligado a las empresas chinas a optimizar sus algoritmos y a desarrollar hardware propio. MiniMax, fundada en 2021 por exempleados de Tencent y Alibaba, ha logrado sortear estas limitaciones mediante técnicas de entrenamiento más eficientes y el uso de clústeres de servidores locales.

Implicaciones geopolíticas

La superioridad técnica de M3 en el ámbito de la codificación tiene implicaciones directas en la carrera por la supremacía digital entre Pekín y Washington. Según analistas del sector, la capacidad de generar software de forma autónoma y a escala podría acelerar el desarrollo de aplicaciones militares y de vigilancia, así como reducir la dependencia de China de herramientas occidentales. El Gobierno chino ha identificado la inteligencia artificial como una prioridad nacional en su plan quinquenal, y empresas como MiniMax reciben apoyo a través de subvenciones y programas de colaboración con universidades.

La noticia ha sido recibida con cautela en los círculos tecnológicos estadounidenses. Expertos consultados recuerdan que los benchmarks internos no siempre reflejan el rendimiento en entornos reales, y que OpenAI y Google continúan liderando en áreas como la comprensión del lenguaje natural y la multimodalidad. No obstante, el avance de MiniMax confirma que la brecha tecnológica entre China y Occidente se estrecha, y que el próximo hito en inteligencia artificial podría llegar desde Pekín.

 

Vermú

Sábado 23 de mayo, 13:00 h

Plaza Mayor, Peñas de San Pedro (Albacete)

Entrada: libre

 

Vermú presenta su tercer disco “Los zagales”.

Un disco que la banda considera como el más libre que ha hecho.

"Los zagales" es un homenaje a ellos mismos y por eso se han despojado de prejuicios en cuanto a estilos y tendencias y se han enfocado en hacer lo que les apetecía. Hay rock, folk, pop, rumba…y buenas letras. Letras que nos llaman a huir del ruido actual y poner el foco en el lado más humano y natural de la vida.

Producido por Manuel Cabezalí, el álbum trae un cambio en el sonido de la banda acercándose más al pop-rock sin dejar de lado ni perder la esencia del sonido Vermú y esos toques de folclore que lo caracterizan.  

2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Ha pasado un mes desde que el Parlamento israelí (Knéset) aprobó la ampliación del uso de la pena de muerte, con la indignante imagen de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder de la ultraderecha, celebrando con champán tan siniestro acontecimiento. Desde entonces, la actualidad, marcada por la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, ha desviado la atención sobre el alcance de esta ley, mientras Israel sigue bombardeando Gaza pese al alto el fuego formal, en plena crisis humanitaria, y en Cisjordania se intensifican tanto la violencia militar como los ataques de colonos, en un clima de total impunidad. 

Paradójicamente, un día antes de la aprobación de esta ley, el diario Haaretz informaba de que un tribunal de Jerusalén se negaba a mantener en prisión al joven colono Yunin Levi, acordando su arresto domiciliario a pesar de las imágenes en las que se le ve claramente disparando al activista palestino Awdah Hathaleen, colaborador del documental ganador del Oscar No Other Land, que denuncia los ataques de colonos y soldados israelíes contra la comunidad palestina de Masafer Yatta.

Esta ley no puede entenderse como un endurecimiento penal más dentro del marco de la seguridad nacional de Israel. Estamos ante un cambio de una enorme trascendencia en un sistema que ha ido consolidando, a lo largo de décadas, la discriminación y la violencia estructural contra los palestinos y palestinas. En este sentido, debe ser analizada como la culminación de un engranaje jurídico e institucional que vulnera frontalmente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Al establecer dos regímenes jurídicos diferenciados, la norma profundiza en el apartheid. Por un lado, permite a los tribunales militares en la Cisjordania ocupada imponer la pena capital por mayoría simple, incluso sin la petición de la fiscalía; por otro, amplía la competencia de los tribunales civiles para aplicar la muerte bajo criterios ideológicos tan ambiguos como la «intención de negar la existencia del Estado de Israel». La Ley de Pena de Muerte está claramente diseñada para que la ejecución por ahorcamiento recaiga exclusivamente sobre la población palestina.

Conforme establece el IV Convenio de Ginebra, en tiempos de guerra y ocupación, la imposición de la pena de muerte está sujeta a garantías procesales reforzadas que esta ley obvia de forma deliberada. Dictar sentencias de muerte por mayoría simple, eliminando el derecho al indulto y exigiendo la ejecución en un plazo de 90 días, no solo es incompatible con los estándares internacionales, sino que constituye una violación grave que podría tipificarse como un crimen de guerra. Así lo han manifestado, entre otros, Volker Türk (Alto Comisionado para los DDHH) o Francesca Albanese (Relatora Especial para Palestina), junto a organizaciones de defensa de los derechos Humanos, como Amnistía Internacional. 

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, también vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Israel es parte, puesto que la ampliación de la pena de muerte contradice abiertamente las limitaciones a “los delitos más graves” y el respeto a las garantías estrictas de debido proceso. 

Además, para comprender plenamente el alcance de esta ley, resulta imprescindible situarla en el contexto en el que será aplicada: un momento en el que la Corte Internacional de Justicia examina si Israel está vulnerando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 en Gaza. A ello se suma la Opinión Consultiva de 2024, en la que el propio tribunal ya concluyó que determinadas políticas israelíes en el territorio palestino ocupado contravienen normas fundamentales del derecho internacional, incluida la prohibición de la segregación racial y el apartheid. En este escenario de perpetración de un genocidio y de violación sistemática de los derechos humanos, es imposible considerarlo una medida aislada, sino como parte de un patrón más amplio por el que Israel debe responder ante instancias internacionales. 

Por tanto, es un paso más en la consolidación de este entramado jurídico e institucional que articula ocupación, anexión ilegal de territorios y violencia estructural contra la población palestina, marcada por una profunda deshumanización, y cuya persecución ahora se pretende completar con la Ley de Pena de Muerte. 

Frente a esta deriva es injustificable la inacción de la comunidad internacional y, particularmente, de Unión Europea. Lejos de actuar conforme a sus propios principios, ha optado por mantener el Acuerdo de Asociación con Israel incluso después de reconocer que vulnera su cláusula de derechos humanos. La negativa a suspenderlo, pese al llamamiento expreso de países como España, Irlanda y Eslovenia, y al respaldo de amplios sectores sociales y diplomáticos europeos, evidencia hasta qué punto pesan más los intereses geopolíticos y económicos. El bloqueo de Alemania y su “razón de Estado” junto a Italia y Francia, no solo desacredita el discurso europeo en materia de derechos humanos, sino que refuerza un mensaje de impunidad en un momento histórico, de extrema gravedad.

Por ello, no bastan las declaraciones ni la retórica hueca. La Unión Europea debe adoptar medidas concretas si no quiere ser un mero “espectador” o, incluso, ser cómplice de esta atrocidad. Suspender el Acuerdo de Asociación con Israel es hoy el mínimo exigible, junto con la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales y la ruptura de relaciones de todo tipo. Si la Unión Europea aspira a conservar alguna credibilidad como garante de derechos, este es un momento decisivo para demostrarlo: no solo están en juego los derechos de la población palestina, sino la vigencia misma de los valores que dice defender y la pervivencia de un orden internacional basado en normas. Estar a la altura ahora no es una opción política, es una exigencia histórica.

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El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.

Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.

Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.

Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.

Excluidos los colonos que cometan asesinatos

Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.

Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.

La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.

Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.

Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.

La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.

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Jack Amo

Domingo 15 de marzo, apertura: 11:30 h

IFAB Albacete

 

 

Este domingo es un día grande para la familia albacetista. La Federación de Peñas del Albacete Balompié ha programado una mañana de actividades, con un DJ y el grupo Jack Amo como actuación estelar.