El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a sus asesores que no reanudará una guerra total contra Irán, según fuentes conocedoras de las conversaciones. La declaración se produce en plenas negociaciones para un cese al fuego entre Washington y Teherán, que han vivido recientes ataques cruzados pero que, según el mandatario, se mantienen intactas.
Trump ha condicionado la ruptura del diálogo a que Irán mate a soldados estadounidenses, un umbral que, de momento, no se ha alcanzado. La postura del presidente supone un giro significativo respecto a la retórica belicista que ha caracterizado a su administración en los últimos meses, cuando los bombardeos contra objetivos iraníes se intensificaron en la región.
El presidente ha transmitido a su círculo más cercano que la pausa se mantiene y que las conversaciones continúan, pese a la tensión militar.
La decisión de Trump tiene implicaciones directas para la seguridad global y para los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Un conflicto abierto con Irán habría arrastrado a las potencias europeas a una escalada regional de imprevisibles consecuencias, especialmente en el estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro energético mundial.
Analistas estadounidenses han señalado que la contención en Oriente Próximo podría interpretarse como un intento de la Casa Blanca de evitar un desgaste que beneficie a Pekín en la competencia estratégica global. Los costes de una guerra con Irán serían elevados y podrían acelerar el declive relativo de Estados Unidos frente a China, según estas lecturas.
Las negociaciones entre Washington y Teherán, cuyo contenido exacto no ha trascendido, continúan en un clima de máxima volatilidad. La comunidad internacional sigue con atención los movimientos de ambas capitales, consciente de que cualquier ruptura podría desatar un conflicto de dimensiones impredecibles en una de las regiones más sensibles del planeta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes por la noche una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, después de haber archivado un borrador anterior el mes pasado. La medida, gestada durante semanas de revisiones internas, establece un marco regulatorio federal para el desarrollo y uso de la IA, en un contexto de creciente presión por la seguridad nacional y la competencia tecnológica global.
Un proceso accidentado
La orden llega tras un mes de silencio desde que la administración descartara el primer borrador, sin que se hayan hecho públicas las razones exactas del cambio. Fuentes de la Casa Blanca indicaron que el nuevo texto incorpora ajustes en los mecanismos de control y transparencia, así como directrices específicas para evitar sesgos algorítmicos y garantizar la rendición de cuentas. Aunque el contenido detallado de la orden no se ha divulgado por completo, trascendió que busca armonizar las normativas entre agencias federales y fomentar la colaboración con el sector privado.
La administración Trump ha priorizado la inteligencia artificial como un área estratégica frente a China, que invierte miles de millones de dólares en IA militar y civil. La demora en la firma había generado críticas entre los sectores más duros del Partido Republicano, que exigían una postura más agresiva en la carrera tecnológica.
Reacciones y próximos pasos
La orden ejecutiva se apoya en la Ley de Producción para la Defensa para acelerar la fabricación de microchips necesarios para el desarrollo de IA avanzada, según fuentes del Pentágono. Organizaciones de derechos civiles han mostrado cautela, pidiendo que se refuercen las salvaguardas contra la vigilancia masiva. La medida entrará en vigor en 30 días, momento en el que las agencias federales deberán presentar informes de cumplimiento.
La reciente cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrada en Pekín el mes pasado, ha dejado un cambio de tono significativo en la relación bilateral. Según analistas chinos, Xi introdujo una nueva fórmula de relación —tífǎ— que refleja una posición más firme y segura de Pekín, menos dispuesta a realizar concesiones frente a Washington.
La nueva «fórmula autoritaria» —como se denomina en el lenguaje diplomático chino este tipo de conceptos— busca transmitir la visión del liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) sobre el vínculo con Estados Unidos. Fuentes cercanas a la cumbre señalan que Xi Jinping aprovechó el encuentro para cerrar la puerta a nuevas exigencias estadounidenses, tras haber prometido previamente a los directivos de las empresas estadounidenses una mayor apertura del mercado chino.
Un giro de autoconfianza
El cambio de postura se produce en un contexto de creciente autoconfianza en Pekín. A diferencia de cumbres anteriores, donde Xi solía mostrar una actitud más conciliadora, en esta ocasión el mandatario chino habría adoptado un tono más seguro, reflejando la percepción de que el modelo de desarrollo chino ha superado las turbulencias económicas y políticas externas. «Xi cierra la puerta después de prometer a los CEO estadounidenses abrirla más», señala el análisis de la prensa china, en referencia a la reunión que mantuvo con los líderes empresariales.
Este giro tiene implicaciones directas en la dinámica geopolítica entre las dos mayores economías del mundo. Trump, que ha oscilado entre una retórica dura contra China y una admiración personal hacia Xi, se enfrenta ahora a un interlocutor que exige relaciones en términos más igualitarios. «La cumbre no dejó acuerdos concretos, pero sí una señal clara: China ya no está dispuesta a ceder terreno», concluyen los analistas citados.
El cierre de la puerta a concesiones marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, que podrían encaminarse hacia una etapa de mayor competencia estratégica, según la lectura predominante en los círculos diplomáticos asiáticos.
Marruecos se ha adherido al Consejo de la Paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, un movimiento que, según analistas, evidencia la excepcional proximidad entre Rabat y Washington. La adhesión, anunciada en un comunicado conjunto, refuerza la alianza estratégica bilateral y sitúa a Marruecos como un socio privilegiado de Estados Unidos en el norte de África.
La relación entre ambos países se sustenta en décadas de cooperación y se ha intensificado durante la administración Trump. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020 marcó un punto de inflexión, y la nueva membresía en el Consejo de la Paz consolida ese vínculo. La decisión se produce en un contexto en el que Marruecos busca ampliar su influencia regional y su capacidad de presión frente a España, su vecino europeo.
Un Consejo para la paz global
El Consejo de la Paz es una iniciativa de Trump que pretende mediar en conflictos internacionales y promover acuerdos de paz. La inclusión de Marruecos como miembro refuerza el papel de Rabat como actor diplomático clave, al tiempo que subraya la alineación de posiciones entre ambos países en temas de seguridad y geopolítica. Según fuentes diplomáticas marroquíes, la adhesión «refleja la confianza mutua y la visión compartida para la estabilidad regional».
Para España, el fortalecimiento del eje Rabat-Washington tiene implicaciones directas. Marruecos incrementa su lobby en la capital estadounidense y su capacidad de influir en decisiones que afectan a los intereses españoles, especialmente en el norte de África y el Mediterráneo. La relación privilegiada entre Marruecos y Estados Unidos condiciona el equilibrio de poder en la región y sitúa a España ante un escenario diplomático más complejo.
L’adhésion du Maroc au Conseil de la paix lancé par Donald Trump n’est qu’un signe, parmi d’autres, de l’exceptionnelle proximité qui unit Rabat et Washington.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estudia la creación de un billete de 250 dólares con la imagen del mandatario, una medida inédita desde hace más de un siglo que ha desatado críticas dentro y fuera del país. Según fuentes del Departamento del Tesoro citadas por varios medios, la administración busca exaltar la figura de Trump a través de la moneda nacional, en una práctica que algunos analistas asocian con regímenes autoritarios.
La ley estadounidense prohíbe desde 1866 que aparezcan personas vivas en los billetes, pero el equipo legal de la Casa Blanca sostiene que no se saltará la normativa. En su lugar, barajan la posibilidad de emitir el billete tras la muerte del presidente, aunque el proyecto ya avanza en fase preliminar en el Tesoro, con preparativos técnicos para una eventual aprobación. El Congreso, sin embargo, aún no ha dado luz verde y la iniciativa sigue estancada.
Una denominación inusual
La elección de la cifra de 250 dólares también resulta singular, dado que las denominaciones habituales en Estados Unidos son de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. El billete de 100 dólares, que muestra a Benjamin Franklin, es el de mayor valor en circulación. El de 250 dólares no tiene precedentes y se aparta de la tradición numismática del país. El coste de producción no ha sido revelado, pero la impresión de nuevos billetes suele implicar gastos millonarios en diseño, planchas y distribución.
La propuesta ha generado un intenso debate político. Mientras los partidarios de Trump defienden que se trata de un homenaje a su legado, los críticos señalan que la medida recuerda a prácticas de líderes autoritarios que colocan su imagen en la moneda, como el presidente ruso Vladímir Putin o el fallecido dictador iraquí Sadam Husein. «Estados Unidos se está convirtiendo en una banana republic», declaró un portavoz de la oposición demócrata, que calificó la iniciativa de «narcisista y peligrosa».
La secretaria del Tesoro, no obstante, ha evitado pronunciarse directamente y se ha limitado a confirmar que se están «evaluando opciones» para mejorar la seguridad y la circulación del efectivo. El Banco de la Reserva Federal tampoco ha emitido un comunicado oficial. Por ahora, el billete de 250 dólares con la cara de Trump sigue siendo un proyecto, pero su mera existencia revela la deriva personalista del actual Gobierno, según coinciden analistas de varios países.
Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.
Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.
«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.
Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura
Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.
Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.
En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».
Un marcador dramático
«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.
La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.
Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.
La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.
«Decisiones desgarradoras»
Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.
Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.
Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.
El año 2026 se ha convertido en el espejo donde la humanidad se ve reflejada con una crueldad insoportable. Si durante décadas creímos que el progreso civilizatorio pondría frenos a la barbarie, los hechos recientes en Oriente Próximo y las declaraciones que emanan de la Casa Blanca nos confirman una sospecha terrible: el timón del mundo está en manos de perfiles que bordean, si no habitan plenamente, la psicopatía clínica. No se trata solo de ideología política; hablamos de una ausencia total de empatía, de una pulsión destructiva que utiliza millones de vidas como moneda de cambio en un tablero de juego personalista.
El narcisismo apocalíptico en Truth Social
La actividad reciente de Donald Trump en su plataforma, Truth Social, ha traspasado cualquier límite de la decencia diplomática para adentrarse en el terreno de la delincuencia internacional verbal. En posts recientes, el presidente de los Estados Unidos no solo ha amenazado con «borrar civilizaciones enteras», sino que ha utilizado un lenguaje deshumanizador más propio de un capo mafioso que de un jefe de Estado.
Frases sobre la destrucción total de infraestructuras civiles de otras naciones son la evidencia de una mente que disfruta con el espectáculo de la devastación. Para Trump, la guerra no es una tragedia, sino contenido para su feed. Este «narcisismo apocalíptico» nos obliga a preguntarnos: ¿cómo hemos llegado a aceptar como normal que el hombre con el código nuclear bromee sobre devolver naciones enteras a la Edad de Piedra? La estrategia es la desensibilización: al bombardearnos con amenazas constantes, la monstruosidad se vuelve cotidiana.
Mientras Trump incendia las redes, Benjamín Netanyahu incendia el suelo. La escalada militar en el Líbano durante este 2026 ha dejado de ser una «operación de seguridad» para convertirse en una nueva masacre. Con la excusa de combatir a Hezbolá, el ejército israelí ha aplicado en el sur del Líbano y en Beirut el mismo manual de destrucción sistemática que vimos en Gaza.
Cifras escalofriantes de muertes civiles y millones de desplazados definen una campaña psicopática. Netanyahu, acorralado por sus propios escándalos internos, parece haber encontrado en la guerra perpetua su única vía de supervivencia política. La pulsión de destrucción en el Líbano no busca una paz duradera, sino la aniquilación del otro para mantener el control.
La estructura contra el individuo: ¿es el imperialismo monocromo?
Llegados a este punto, cabe abordar un debate clásico del pensamiento crítico: la naturaleza del imperialismo. Desde la izquierda se ha sostenido a menudo que el color del líder es irrelevante, que el imperialismo es una maquinaria ciega y que las bombas americanas caen con el mismo peso independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Según esta visión, la voluntad de expansión del capitalismo imperial es intrínseca al sistema, y el «Deep State» tiene una agenda que sobrevive a las elecciones.
Es una verdad estructural innegable: el sistema es extractivo y violento por definición. Sin embargo, afirmar que «todo es lo mismo» es un lujo intelectual peligroso. Porque cuando las cosas empeoran, están realmente peor. Aunque la estructura sea perversa, los grados de psicopatía importan. Existe una distancia abismal entre la gestión de un sistema injusto y la celebración sádica de la destrucción. La desaparición de las formas diplomáticas que personifica Trump no es una cuestión estética; es la caída de los últimos diques de contención ante la barbarie total.
Dentro de esta lógica, es necesario desmontar la vieja máxima de «cuanto peor, mejor». Esta teoría postula que el agravamiento de la tiranía llevará inevitablemente a una explosión social redentora. Esperar que la crueldad de Netanyahu o la locura de Trump sean el motor de un despertar colectivo es una falacia letal.
La historia nos enseña que el sufrimiento extremo no siempre genera conciencia; a menudo genera trauma, parálisis y la destrucción del tejido social necesario para cualquier alternativa.
Una sociedad anestesiada
El problema real es que hemos creado los mecanismos para que estos perfiles prosperen. Somos víctimas de un sistema imperialista, pero también de una crisis de humanidad donde los líderes más poderosos no sienten el dolor ajeno. Detener a los psicópatas que tienen el dedo sobre el interruptor del apocalipsis es la emergencia absoluta de hoy. Negar que existen grados de maldad es entregarse a un fatalismo que solo sirve para limpiar la conciencia de quien mira el desastre desde la barrera mientras el mundo arde.
La última amenaza de Donald Trump a Irán el martes 7 de abril afirmando que “toda una civilización morirá esta noche” si las autoridades de la República Islámica no hacían caso a su ultimátum de rendición insinuaba, claramente, que EE. UU. e Israel podían hacer uso de armamento nuclear para poner fin a una guerra en la que EE. UU. está actuando de manera errática, sin una clara estrategia de salida.
Esta posibilidad, no obstante, ha estado presente desde que los ataques del 28 de febrero pasado de Israel y EE. UU. contra Irán se han convertido en una prolongada guerra asimétrica que ha provocado un escenario donde la alternativa a una retirada humillante sería la escalada en forma de envío de tropas sobre el terreno, con el consiguiente riesgo de empantanamiento y el resurgimiento de traumas como el síndrome de Vietnam.
Los cálculos estadounidenses parecen no haber contemplado que Irán iba a desplegar su potente arsenal de misiles balísticos causando bajas considerables a sus atacantes y a la infraestructura de sus bases de apoyo en los Estados del Golfo aliados. Pero, más importante aún, la respuesta de Irán ha logrado poner en jaque la economía mundial controlando el paso por el Estrecho de Ormuz, lugar por el que circula más del 20% del petróleo y el gas licuado que se consume globalmente, y buena parte de los fertilizantes imprescindibles para las cosechas de EE. UU. o de Europa, es decir, para la soberanía alimentaria.
A pesar del asesinato del líder supremo, Alí Jamenei; del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lajrani; y de tantos otros altos mandos militares y civiles, el régimen iraní, y su defensa militar, siguen en pie. Irán ha demostrado que su sistema político se basa en instituciones que van más allá de los liderazgos personales, además de dejar claro, con su adaptación táctica, que estaba preparado para esta guerra. Los estrategas estadounidenses que decidieron armar a los kurdos, y a otros sectores de la población iraní para provocar ese alzamiento contra la teocracia que pedía Trump los primeros días de los ataques, tampoco previeron que la mayoría de los iraníes iban a cerrar filas con sus dirigentes o a utilizar las armas para disparar a los helicópteros estadounidenses que sobrevolaran el país para rescatar a sus pilotos caídos en combate.
Conforme avanza la imposibilidad de EE. UU. e Israel de frenar la respuesta iraní, y se frustran sus planes para el cambio de régimen, la derrota de facto de EE. UU. y, en menor medida, de Israel, pues este país sí está llevando a cabo su agenda expansionista con ataques e incursiones en el Líbano, se hace evidente. De ahí la necesidad de EE. UU. de aumentar la presión amenazando con la destrucción de toda la infraestructura energética y la civilización iraní misma.
La guerra está debilitando internamente a Trump
La guerra contra Irán ha desatado una desestabilización regional de alcance económico y geopolítico global. Pero también está generando un creciente cuestionamiento dentro de EE. UU., con un sector de los congresistas demócratas pidiendo que se aplique la sección 4 de la 25ª enmienda al presidente Trump, por estar incapacitado para ejercer las facultades y deberes de su cargo, al iniciar una guerra sin la autorización del Congreso y amenazar abiertamente con cometer más crímenes de guerra y genocidio contra Irán. Tampoco se descarta que Trump acabe padeciendo un tercer impeachment en este segundo mandato, superando el récord que ya tenía de ser el único presidente estadounidense en haber sido sometido dos veces al juicio político del Congreso en su primera presidencia.
También se está planteando un impeachment para Pete Hegseth, actual secretario de Defensa. En este contexto, doce altos mandos militares, algunos pertenecientes al Estado Mayor de Defensa, han sido cesados. Los cambios en el Pentágono no son menores y se vienen produciendo desde la llegada de Hegseth, con el despido masivo de abogados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como la sustitución de otros funcionarios. Además, Hegseth se está deshaciendo de los asesores jurídicos militares encargados de establecer la legalidad de las operaciones y seleccionar objetivos militares para evitar crímenes de guerra contra civiles.
A pesar de las numerosas –y contradictorias- declaraciones de Donald Trump y su secretario de Defensa sobre la victoria en la guerra, lo cierto es que tener que recular después de haber amenazado a Irán prácticamente con el exterminio nuclear, aceptando el alto al fuego de dos semanas propuesto por el presidente paquistaní, e iniciar negociaciones basadas en los diez puntos del plan de acuerdo de Irán, se puede considerar asimismo una victoria para el país asiático. Todavía más porque el acuerdo supone que se abra el Estrecho de Ormuz bajo control exclusivo de Irán, que podrá cobrar peaje por ello, algo que no sucedía antes de la guerra.
Esta respuesta de EE. UU., aceptando negociar tras haber amenazado de manera drástica a Irán, se ha definido con el acrónimo TACO (“Trump Always Chickens Out”, Trump siempre se acobarda). Más que acobardarse, Trump lleva tiempo usando las amenazas y el chantaje como arma de extorsión política previa a la negociación, sea de aranceles, de un acuerdo de paz en Ucrania o para evitar una invasión a Groenlandia. Pero esta estrategia de negociación no ha sido incompatible con acciones claramente ofensivas que demuestran el poderío estadounidense, como la Operación Lanza del Sur en el Caribe y el Pacífico, que acabó con el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores, iniciando un nuevo momento en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, con EE. UU. controlando de facto el negocio petrolero venezolano.
La política exterior de EE. UU. puede parecer impredecible en una administración Trump que ha demostrado no tener principios ni palabra. Que EE. UU. se siente a negociar en Islamabad con Irán sobre el levantamiento de sanciones, el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz o el programa de enriquecimiento nuclear no garantiza que se vaya a producir un alto el fuego permanente, ni tampoco que la posibilidad de una agresión nuclear futura de EE. UU. o Israel salga de la ecuación. Conviene recordar que EE. UU. decidió, junto con Israel, bombardear a Irán en el marco de un proceso de negociaciones que daban a EE. UU. incluso más garantías de las que había logrado con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés) de 2015. Un acuerdo nuclear que, por cierto, el Gobierno Trump abandonó unilateralmente en 2018.
Las declaraciones cada vez más enajenadas de Trump deben tomarse como las amenazas que son mientras que su aceptación de un alto el fuego temporal probablemente no acabe siendo la última palabra. Después de un momento de repliegue táctico, puede venir una ofensiva mayor si no se llega a un acuerdo, sobre todo ante la constatación de que no pueden doblegar a Irán a pesar de la asimetría de fuerzas. Como se ha demostrado en Venezuela, esta administración sigue operando con una combinación de fuerza bruta y lógica empresarial pragmática, y no se va a conformar con un mal negocio para sus intereses geoestratégicos y geopolíticos, que pasan por el control de hidrocarburos, minerales críticos y mercados frente a sus competidores. De hecho, Trump lanzaba hace días la idea de que fuera EE. UU. quien cobrara los peajes en el Estrecho de Ormuz.
El escenario es incierto, pero se puede afirmar que EE. UU. ya ha perdido esta guerra aunque afirme lo contrario. Pase lo que pase, la guerra contra Irán ha puesto a EE. UU. frente al abismo de una crisis energética similar a la de 1973, a su pérdida de control económico si el dólar deja de ser la moneda de intercambio petrolero, a su debilidad frente a las fluctuaciones de los mercados y a unas alianzas geopolíticas que se fracturan porque EE. UU. carece, cada día más, de algo fundamental para mantener la hegemonía en el sistema internacional: el temor de los adversarios y el respeto de los aliados.
Hoy es Irán quien está ganando esa guerra simbólica por el liderazgo moral del Sur Global, aglutinando simpatías de los pueblos del mundo y el respeto de quienes en los centros de poder se dan cuenta de que los equilibrios geopolíticos preexistentes ya no sirven y deben ser cambiados. El fracaso de EE. UU. en Irán promete ser el inicio de un nuevo reparto de poder global que tendrá profundas consecuencias económicas y geopolíticas.
A principios de marzo se presentó la iniciativa de cooperación militar multilateral denominada “Escudo de las Américas” promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa se anunció con una épica casi cinematográfica: una cruzada contra el narcotráfico, en la que se propone, además de compartir inteligencia militar, la posibilidad de coordinar operaciones para desmantelar los cárteles de la droga. Nada nuevo, por otro lado, ni una cuestión ni otra.
El llamado “Escudo” (Shield of the Americas, con tipografía propia de un cartel de una película de superhéroes) reúne a un grupo de gobiernos abiertamente alineados con las políticas de Trump que, como resulta obvio, deja fuera a México, Colombia o Brasil. No hay forma de revestir la realidad: lejos de ser un nuevo instrumento de cooperación regional, esta nueva iniciativa es poco más que una “foto de familia” en la que EE. UU. se exhibe con todos los gobiernos que comparten los dogmas del trumpismo, donde la geopolítica y la denominada “doctrina Donroe” se disfraza burdamente de lucha contra el narcotráfico.
Pese a su nombre grandilocuente, parece evidente que no asistimos al surgimiento de un nuevo proyecto de cooperación regional ni a un esfuerzo serio por abordar el problema del narcotráfico. Es, más bien, una operación política envuelta en retórica securitaria, diseñada para recomponer la influencia de Estados Unidos en América Latina a través de gobiernos afines, dependientes y dispuestos a asumir costes políticos y sociales en nombre de una supuesta “guerra contra la droga” que, en realidad, sirve a otros intereses. También tiene la pretensión de lanzar un mensaje al mundo de que hay un cambio de rumbo en América Latina y se presenta como una nueva alianza de gobiernos alineados con ese nuevo orden que trata de imponer Estados Unidos.
Por otro lado, desde su planteamiento inicial, el proyecto revela su inconsistencia al excluir a actores clave en sus propios fines como México o Colombia, países centrales en cualquier estrategia contra el narcotráfico. Esta ausencia es una decisión política: el “Escudo” no busca integrar, sino seleccionar y alinear. Se trata de una coalición de gobiernos ideológicamente próximos a Trump, más preocupados por exhibir su fuerza junto al poderoso que por construir un instrumento de cooperación efectivo para sus fines. Podría afirmarse que el verdadero objetivo de esta iniciativa, en realidad, es reconfigurar el mapa de alianzas en la región, reforzando eso que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como su “área de influencia”.
Por otro lado, el discurso de “mano dura” frente al crimen organizado tampoco es nuevo ni especialmente sofisticado. América Latina lleva décadas aplicando políticas represivas contra el narcotráfico con resultados, como mínimo, cuestionables: aumento de la violencia, fortalecimiento de las redes criminales y una profunda erosión institucional. El plan es volver a ese mismo esquema, ahora bajo un nuevo nombre y con un evidente sesgo geopolítico.
En este contexto, el “Escudo de las Américas”, al igual que otros planes, en la práctica se concretará en más presencia militar de Estados Unidos y en la injerencia en asuntos internos, con los efectos ya conocidos sobre la población de las zonas en las que se despliegan, sin un impacto significativo en su principal objetivo: la lucha contra los cárteles de la droga y, mucho menos aún, en el desarrollo económico y social.
No es casualidad que los gobiernos más entusiastas con esta iniciativa compartan ciertos rasgos: liderazgos personalistas, persecución de la oposición política y la protesta social, militarización de la sociedad y reformas legislativas o medidas que restringen derechos de la ciudadanía. Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o Javier Milei en Argentina, son unos clarísimos exponentes de una deriva autoritaria en sus respectivos países que se manifiesta, entre otros ejemplos, en la criminalización de la protesta social, la persecución de la oposición política, la militarización de la seguridad pública, recortes de libertades y en un debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Resulta especialmente preocupante que este movimiento se produzca en un momento en el que, durante años, se habían impulsado, con mayor o menor éxito, proyectos de integración regional. Iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación latinoamericana, a reducir la dependencia externa y a construir una voz propia en el escenario internacional. El “Escudo de las Américas” avanza en la dirección opuesta: fragmenta, excluye y reintroduce lógicas de subordinación que parecían, al menos en parte, superadas. Si algo anuncia esta iniciativa no es una nueva estrategia contra el narcotráfico, sino la apertura de un ciclo político en el que la subordinación se presenta como pragmatismo y el autoritarismo como solución a todos los problemas.
Frente a esta deriva, la alternativa pasaría por recuperar ese impulso a través de instrumentos de integración y cooperación regional y, en lo concreto sobre esta iniciativa, disputar el sentido mismo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Porque, de lo contrario, el “Escudo” no protegerá a las sociedades latinoamericanas, sino que terminará protegiendo, una vez más, los intereses de quienes nunca han tenido que pagar sus costes.
Enrique López Cáceres es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
Este artículo se publicó originalmente en Substack. Puedes leerlo en inglés aquí.
Más de dos semanas después del inicio de la guerra de agresión contra Irán, Estados Unidos e Israel aún no han alcanzado su objetivo bélico de provocar un cambio de régimen, y es poco probable que lo logren por esta vía. La historia muestra que los bombardeos aéreos por sí solos rara vez conducen a la victoria, y mucho menos al derrocamiento de gobiernos. Al contrario, quienes son atacados suelen cerrar filas en torno a sus líderes, especialmente cuando el agresor, como en este caso, bombardea escuelas y hospitales.
Pero la guerra podría resultar ser mucho más que una misión fallida y costosa para Estados Unidos. Los ataques con misiles de Irán contra bases estadounidenses y otros objetivos en los Estados del Golfo están sacudiendo toda la estructura de poder de la región. Por un lado, estos ataques demuestran que Estados Unidos es incapaz de defender a los países del Golfo. Conviene recordarlo: el acuerdo histórico de los años setenta entre Estados Unidos, por un lado, y Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, por otro, se sostenía sobre dos pilares. Las monarquías vendían su petróleo exclusivamente en dólares e invertían los excedentes de petrodólares en Estados Unidos. Esto garantizaba un flujo permanente de capital hacia Estados Unidos y, en particular, hacia Wall Street. A cambio, Estados Unidos ofrecía modernización tecnológica y, sobre todo, seguridad.
Ese segundo pilar se está derrumbando ante nuestros ojos. Las bases militares estadounidenses han demostrado no solo ser en gran medida inútiles frente a los misiles iraníes, sino también una carga para los Estados del Golfo, ya que constituyen objetivos evidentes. Además, sectores importantes de la población en algunos de estos países llevan tiempo oponiéndose a dichas bases. En Baréin, por ejemplo, donde el 60% de la población es chií, se produjeron muestras de celebración tras el éxito iraní al infligir graves daños al cuartel general de la Quinta Flota estadounidense. La presencia de Estados Unidos se revela así como un posible factor de inestabilidad política interna.
La magnitud de los ataques contra las bases estadounidenses es considerable. Irán logró, por ejemplo, destruir dos instalaciones clave de radar en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos, esenciales para guiar los misiles THAAD, un componente central de la defensa contra los misiles iraníes. La reconstrucción de estas infraestructuras, valoradas en miles de millones de dólares, podría llevar meses o incluso años. Otras bases importantes también fueron alcanzadas, como la de Erbil, en Irak, la mayor base de la Fuerza Aérea estadounidense en el país.
La situación podría agravarse aún más si Estados Unidos e Israel se enfrentan a una escasez de misiles interceptores. Estos ya eran limitados al final de la guerra de doce días contra Irán en junio de 2025, una de las razones clave por las que ambos países optaron entonces por un alto el fuego. Ahora, según diversos informes, los arsenales podrían acercarse a una escasez más severa, lo que debilitaría decisivamente una defensa ya de por sí incompleta.
Estados Unidos también ha demostrado ser incapaz de mantener abiertos los estrechos de Ormuz, a pesar de la promesa de Donald Trump de escoltar a los buques. Su llamada urgente a la OTAN y a otros aliados para que envíen barcos al Golfo Pérsico subraya la gravedad de la situación. El hecho de que todos sus aliados —desde el Reino Unido y Alemania hasta Australia y Japón— hayan rechazado la petición es una señal humillante del creciente aislamiento e impotencia de Estados Unidos. El estrecho de Ormuz es la arteria vital de las monarquías del Golfo. No solo dependen de él las exportaciones de petróleo y gas, sino también importaciones esenciales. Si permanece cerrado durante un periodo prolongado, las economías y las sociedades del Golfo afrontarán nuevas turbulencias.
Mientras las élites de las monarquías del Golfo empiezan a asumir que Estados Unidos no puede protegerlas e incluso está llevando la guerra a sus territorios, las repercusiones económicas socavan aún más el statu quo. El modelo de negocio de estos países se basa en la estabilidad. Tanto el turismo como la inversión extranjera descansan sobre la promesa de un mundo brillante, protegido de la pobreza y de las guerras constantes de los países vecinos. Pero ese modelo también podría colapsar. ¿Quién compraría islas frente a la costa de Dubái si no hay seguridad frente a los misiles? Y si las grandes fortunas se alejan, ¿quién querrá invertir miles de millones en una región con un futuro incierto?
La guerra también ha puesto de relieve la vulnerabilidad del suministro de agua dulce en la región. Las plantas desalinizadoras, que proporcionan entre el 60 y el 70 por ciento del consumo de agua en los Estados del Golfo, podrían quedar fuera de servicio con unos pocos ataques de misiles iraníes. Sin agua dulce, ni siquiera los más ricos pueden sobrevivir. Además, una evacuación rápida podría resultar imposible. Al inicio del conflicto, los vuelos privados disponibles se redujeron drásticamente en cuestión de horas, ya que pocos proveedores estaban dispuestos a asumir el riesgo. Los enclaves de lujo podrían convertirse en trampas.
Muchas de las monarquías petroleras han diversificado sus economías en los últimos años. Uno de los nuevos pilares son los centros de datos operados por grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, Google, Microsoft, Palantir, NVIDIA u Oracle. Sin embargo, Irán ya ha atacado centros de datos de Amazon en Baréin y en los Emiratos, con importantes repercusiones sobre los servicios digitales. Además, el liderazgo iraní ha presentado una lista de 31 centros de datos que considera “objetivos legítimos”, al considerar que son utilizados por el ejército estadounidense. Si algunos de ellos fueran alcanzados, el golpe sería significativo no solo para la economía regional y su infraestructura digital, sino también para un pilar central de la hegemonía estadounidense.
Ante este escenario, Donald Trump busca desesperadamente una salida que le permita declarar la victoria y poner fin a la guerra. Pero lo más probable es que Irán no le facilite un desenlace rápido.
Incluso si el conflicto terminara en un plazo relativamente breve, su impacto sobre la región y el equilibrio geopolítico sería profundo y se desplegaría plenamente en los años siguientes. En cualquier caso, las monarquías del Golfo se verán obligadas a buscar nuevos modelos de supervivencia política y económica. Lo más probable es que giren hacia Asia, y en particular hacia China, que en los últimos años ha construido sólidos vínculos económicos y diplomáticos en la región y se ha posicionado como un actor de estabilidad. Podría ser el inicio del fin de la hegemonía estadounidense en el Golfo.
LA HABANA // El profesor de Historia de la Revolución cubana Fabio Fernández Batista se define como reformista del sistema cubano, lamenta que muchos de sus compatriotas crean que “el capitalismo solucionará sus problemas cuando el que le toca a Cuba es el capitalismo subdesarrollado periférico dependiente, como el de República Dominicana, Guatemala u Honduras” y considera que su país sufre una “crisis espiritual que ha provocado que haya cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee”.
A su llegada a la entrevista, explica la razón de su retraso: se ha encontrado una protesta en la entrada de la Universidad de La Habana cuando ha ido a hacer unas fotocopias. Al día siguiente, la concentración aparecerá en buena parte de la prensa internacional. Una treintena de estudiantes pedían facilidades para poder seguir las clases a distancia después de que el Gobierno cubano dictara el cierre de las aulas por la falta de combustible. Los continuos apagones eléctricos también acarrean caídas de Internet, cuya conexión ya resultaba inasequible para el estudiantado que no recibe apoyo económico de la diáspora. Una manifestación más de la crisis sistémica que sufre el pueblo cubano desde hace décadas, agravada por el cerco energético dictado por la Administración Trump –un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional–.
¿Cuál es su análisis de la situación que atraviesa Cuba en la actualidad?
En Cuba hay una crisis estructural provocada por una economía renqueante desde hace mucho, que todavía acusa el golpe que significó el fin del campo socialista y que, al mismo tiempo, está golpeada por una política hostil norteamericana. Tenemos un modelo económico que tiene grandes deudas en materia de eficiencia, eficacia, productividad y todo lo que sigue en esa lista. Todo esto ha provocado una fractura del consenso político en el marco de una sociedad cada vez más plural y no han existido mecanismos para canalizar ese disenso de forma participativa.
También se ha producido un cambio del liderazgo histórico de Fidel y Raúl Castro al de Díaz-Canel, cuyo capital simbólico sería su capacidad para gestionar con eficiencia el país. Y eso no ha ocurrido. Además, tras el impacto económico de la pandemia de COVID-19 se llevó a cabo una reforma que desestructuró aún más la economía del país. Y por último, Trump ha reforzado la hostilidad contra Cuba con el bloqueo petrolero y con la presión que ha puesto en diferentes países para que corten la colaboración con Cuba en materia de exportación de servicios de salud.
Al mismo tiempo, hemos sufrido un éxodo migratorio de más de un millón de personas en un país que ha envejecido a un ritmo que no es funcional para la nación. Y añadiría que tenemos un tejido nacional lesionado, marcado por múltiples carencias y frustraciones por las que tenemos una crisis espiritual que ha provocado que haya cubanos que creen que el mejor camino para Cuba pasa por que San Trump nos bombardee.
¿El Gobierno cubano podría hacer ahora las reformas que no ha hecho las últimas décadas?
El margen de maniobra se ha ido estrechando incluso en el ámbito interno. Se han perdido dos momentos fundamentales para hacerlo. En los años noventa, Fidel Castro tenía suficiente capital político para haber transitado a un modelo como el vietnamita o el chino. En el primer lustro de los 2000, se creó la alianza con la Venezuela boyante de Chávez pensando que podía sustituir a una reforma integral del modelo económico. Después llegó Raúl Castro, que colocó la reforma en el centro de la acción política, planteando que el socialismo debía entenderse desde una conexión más orgánica con las economías de mercado, pero no terminó de llevarla a la práctica por lo que yo llamo el síndrome de la perestroika: había miedo a que, al abrir el juego, se desencadenasen cambios políticos. Y también se aplicaron reformas que beneficiaron sólo a sectores puntuales, como la construcción hotelera, en detrimento de los intereses generales del país.
¿Y ahora?
Ahora se están impulsando transformaciones como las alianzas empresariales público-privadas, pero el margen es estrecho. Reformas que se pudieron haber hecho antes se tienen que hacer ahora en un país semiparalizado porque no hay combustible. Se debería haber aprovechado el proceso de normalización con el gobierno de Obama, pero entonces ganaron los sectores más conservadores.
Tras el estallido social de 2021, ¿qué peso tienen las reclamaciones democráticas entre el alumnado universitario?
Tanto en los estudiantes como en la ciudadanía en general hay un afán por cambiar dinámicas en el sistema político para que haya más participación, más mecanismos de control popular, lo que no quiere decir necesariamente asumir los presupuestos de la democracia liberal. Claro que en Cuba hay gente que quiere lógicas económicas propias de la democracia liberal, pero también hay quienes estarían dispuestos a participar en maneras distintas de entender el funcionamiento democrático del país.
La mayor inconformidad de la gente en Cuba es con su economía diaria. Si el gobierno fuese capaz de resolverlos, habría una reducción importante de los niveles de inconformidad. En las protestas sobre todo hay gente reclamando servicios básicos como la electricidad y el agua, poder llenar la despensa… Pero desde el extranjero se suele subrayar el matiz político de la protesta.
¿Qué cree que va a pasar en las próximas semanas?
Eso nadie lo sabe. Hay una gran incertidumbre en torno a las negociaciones entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos. Defiendo que haya puntos de contacto entre ambos, de hecho es una política histórica de los gobiernos nacidos de la revolución cubana, pero no estoy de acuerdo con que impliquen una lesión en la soberanía del país. Por ejemplo, que se hable de que una línea roja es la del presidente de Cuba, es decir, que se decida en Washington quién es nuestro presidente. No me gusta el modelo venezolano en el que el chavismo ha asumido una lógica de supeditación a los mandatos de Trump.
Me gustaría una negociación en la que podamos llegar a acuerdos desde una defensa de la soberanía. No se puede olvidar que a Estados Unidos no le interesan ni los derechos humanos ni la democracia en Cuba, sino que tiene una proyección imperial, que Cuba se mueva al ritmo que le interesa.
También cabe la posibilidad de que no haya acuerdo y de que haya una profundización en la política hostil de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Una agresión quirúrgica como la que hicieron en Venezuela? Quirúrgica… pero con un montón de muertos. ¿Quizás un bombardeo como el que están haciendo en Irán o una agresión militar tipo desembarco de Normandía? Cuba está muy cerca de Estados Unidos, por lo que cualquier escenario de desestabilización puede incidir también en su territorio. Por otra parte, hay que tener en cuenta cómo le saldrán las cosas a Trump en Irán. Un empantanamiento puede limitar su capacidad de acción contra Cuba o lo contrario: apostar por hacer algo que pueda vender como un éxito.
¿Y a nivel interno?
Hay que ver en qué medida las carencias múltiples en un país semiparalizado pueden generar una protesta social y que se mezcle la demanda política explícita con la situación económica.
Imagen de una calle de La Habana. ALEX ZAPICO
Pero al margen del agravamiento del bloqueo con el sitio energético que ha dictado Trump, los apagones graves llevan afectando de forma regular a la población más de dos años, las desigualdades entre las clases sociales son hoy exacerbadas y muy evidentes, hay una minoría que todo el mundo ve moviéndose en coches de lujo, comiendo en restaurantes caros y comprando lo que necesita en las innumerables tiendas que se han abierto con productos importados y en las que se paga en dólares… Mientras, la mayoría social no se puede permitir siquiera comprar pollo una vez al mes ni jubilarse y dejar de trabajar porque cobra pensiones que no les dan para comer. ¿Sin el factor Trump, el Gobierno cubano habría aplicado alguna reforma?
Si quitamos la agresión más reciente de Trump, el país seguiría estando en una situación muy compleja. Ojo, el bloqueo existe y es estructural. Trump solo ha escalado en grado sumo la política de sanciones de Estados Unidos. Y los problemas de Cuba son un acumulado de cosas que no han hecho bien este gobierno y los anteriores, así como de las políticas hostiles de los Estados Unidos.
Pero al margen de Trump, hay una demanda social clara de que el país lleve a cabo una apertura económica que permita una mejoría general, que no solo beneficie a un segmento. Es decir, abrir la economía pero manteniendo políticas públicas que atiendan a la ciudadanía en su conjunto, especialmente a la más vulnerable. Por ejemplo, se habla de que en abril se modificará la libreta de racionamiento.
Pero si ya apenas entregaban nada por la libreta, hay gente que hace meses que no recibe nada.
Y aun así sigue siendo importante para algunas familias. El Estado no tiene que subvencionar el arroz a un hombre como Silvio Rodríguez, que no lo necesita, pero sí a una viejita pensionada. También tiene que ayudar a que mi amigo tenga un negocio próspero y crear mecanismos fiscales que permitan al Estado redistribuir recursos, a que la educación y la sanidad públicas sean solventes…
¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora?
No se ha trabajado con la celeridad necesaria, lo que ha agudizado los problemas. Y hay que garantizar un escenario de bienestar, aunque sea modesto, porque es una de las conquistas más importantes de la revolución.
Cuando los cubanos se quejan de que los sistemas de salud y educación no funcionan los están comparando con los éxitos que la revolución cubana alcanzó. Hay medios que construyen un relato engañoso en el que pareciera que los cubanos añoran un capitalismo maravilloso que Fidel Castro y sus barbudos destruyeron y que nos llevó a la noche más oscura. Eso es una estafa intelectual e histórica. Claro que los cubanos tienen el referente del capitalismo que han visto cuando han viajado o por las series y películas que ven; claro que hay una visión del capitalismo que forma parte de los imaginarios cubanos, pero una parte importante de los reclamos ciudadanos en Cuba conectan con la memoria histórica de un país que, en los marcos del socialismo, funcionaba mejor que el actual. Así pues, el Estado tiene la misión importante de abrir la economía para sostener de mejor manera la educación y la salud públicas.
¿Cómo debería hacerlo?
Soy reformista, me siento conectado con los valores fundacionales de la revolución cubana, tengo una proyección de vida anticapitalista. No creo que el capitalismo sea un sistema justo. Creo que la revolución cubana avanzó por caminos alternativos frente al reino del capital y que habría que rescatar mucho de ese espíritu primigenio. Fue una revolución que tuvo mucha luz y, también, sombras desde el principio: lógicas demasiado verticalistas, burocráticas, con elementos importantes de autoritarismo… Creo que hay que refundar un proyecto de contenido socialista desde el que repensar la economía, la democracia, nuestro lugar en el escenario geopolítico.
Hay gente que ve con buenos ojos la idea de una Cuba de democracia liberal, que está muy romantizada porque tiene muchos elementos antidemocráticos.Y mucha gente que piensa que el capitalismo cubano sería como el español, el sueco, el suizo, que no son perfectos, pero que tienen colchones de bienestar. Pero el capitalismo que le toca a Cuba es el capitalismo subdesarrollado periférico dependiente, como el de República Dominicana, Guatemala, Honduras…
¿Existe realmente todavía el socialismo en Cuba? Un capitalismo exacerbado domina plenamente las vidas diarias y cotidianas de los cubanos y cubanas…
Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que quedan lógicas en las prácticas sociales como en los imaginarios..
Por supuesto que hay una influencia de lo que representaron la revolución y sus logros en la conciencia colectiva, pero los cubanos ya viven sometidos a un capitalismo periférico, con diferencias de clase abismales, pobreza extrema y excluyente…
Hay varios expertos que dicen que Cuba se ha latinoamericanizado, que cada vez nos parecemos más al continente que tenemos al lado y al que pertenecemos. Yo creo que las lógicas del capital no imperan plenamente en Cuba. Quedan bolsas de resistencia: con todos sus defectos, sigue habiendo una apuesta por la salud pública gratuita, una educación gratuita universal, un conjunto de bienes sociales que nos pertenecen a todos…
Pero es cierto que en Cuba hace años que no hay revolución. La revolución arrancó en el 59 y se cerró a mediados de los 70. A partir de entonces, vivimos en una sociedad posrevolucionaria que ha ido evolucionando con los cambios de la vida y con las reformas impulsadas por las estructuras de poder. Y ahora vivimos otra revolución –entendida como cambio estructural de sus dinámicas–: el paso de la apuesta que fue el socialismo a una en la que vuelve el capitalismo.
Quiero pensar que el pueblo cubano encontrará mecanismos que nos lleven a un socialismo remozado más que al capitalismo, pero yo puedo ser la expresión de una minoría. Mucha gente en Cuba ha comprado el sueño de que el capitalismo nos llevará a un lugar mejor. Yo creo que es un sueño equivocado, pero el ideario de izquierda está muy golpeado. En Cuba hay un proceso de articulación progresiva y potente de fuerzas de derechas, algunas vinculadas con el fundamentalismo religioso evangelista. Hay una idea de que el Estado es un obstáculo, de que es ineficiente, de que la propiedad privada y la privatización de los servicios públicos es la respuesta a todo. Hoy, en Cuba, la palabra comunista se puede utilizar como un calificativo despectivo. Eso tiene que ver con una comprensión estrecha de lo que es el comunismo y una identificación de las políticas gubernamentales con el comunismo, cuando en la práctica no hay muchas que puedan considerarse así, sino que es todo lo contrario, hay una apertura al capitalismo.
En España también tenemos una sanidad y una educación públicas en el marco de una democracia liberal. Teniendo en cuenta que las políticas cubanas no son comunistas, ¿que Cuba se convirtiese en un Estado del bienestar socialdemócrata sería el peor o el mejor de los escenarios?
Muchos cubanos tienen una imagen del capitalismo que se mueve en códigos socialdemócratas, pero yo tengo muchas dudas de que el capitalismo cubano del futuro fuese socialdemócrata: más bien sería el latinoamericano neoliberal. Si tú me dices que el capitalismo cubano va a ser el de España o Noruega, casi me atrevo a abjurar de mi vocación marxista y me lanzo a la piscina. Pero Cuba es periferia y no hay demasiados ejemplos en los que el capitalismo socialdemócrata se haya consumado en la periferia.
Además, puede darse el caso de que tenga unos indicadores macroeconómicos extraordinarios, con una vitalidad aparente tremenda, y que debajo de todo eso subyazcan problemas estructurales graves.
Poco después del desastre de la Primera Guerra Mundial y con la revolución socialista en Alemania como telón de fondo, Max Weber reflexionaba en un famoso discurso en Múnich, en enero de 1919, sobre la naturaleza de la política. Las teorías del sociólogo e historiador alemán sobre la «autoridad carismática» y la «legitimidad basada en la legalidad», así como la «ética de la convicción moral» y la «ética de responsabilidad», que luego vieron la luz en su célebre obra La política como vocación, siguen siendo válidas hoy en día. Weber también analiza y compara los sistemas políticos de la época para fundamentar sus tesis.
En el Reino Unido de principios del siglo XX, Weber deplora un estilo político que predice la era de las redes sociales, «cuando para mover a las masas se utilizan frecuentemente medios puramente emocionales de la misma clase que los que emplea el Ejército de Salvación. Resulta lícito calificar la situación presente como dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas». Al contrario, en Estados Unidos, cuyo ascenso como poder mundial comenzaba con el fin de la Gran Guerra, Weber considera el sistema electoral como una mera máquina de repartir puestos y poder. «En Alemania, a diferencia de lo que sucede en América, teníamos partidos políticos con convicciones, que, al menos con bona fides subjetiva, afirmaban que sus miembros representaban una concepción del mundo», destaca. Sin embargo, el problema en la época imperial alemana que murió con la derrota militar del káiser fue un parlamento demasiado débil frente a un cuerpo de funcionarios demasiado fuerte, según el pensador.
En 1919, Weber no podía prever la aparición de los Hitler, Mussolini, Franco o Stalin. Tampoco se hubiera imaginado el fenómeno que supone Donald Trump. Durante décadas, mucha gente en Europa consideraba que Estados Unidos no sólo era la democracia más antigua de la era moderna, sino también la más estable frente a la propensión de los europeos hacia regímenes totalitarios. Con Trump, el admirado sistema de contrapesos (checks and balances) parece haber colapsado como un castillo de naipes. Peor aún, Trump aspira a lograr lo mismo en Europa, donde apoya a partidos de ultraderecha como Vox en España. ¿Es posible un fenómeno Trump en Europa?
El país más vulnerable es el Reino Unido, donde el partido Reform UK del ultranacionalista Nigel Farage lidera todas las encuestas. Con el sistema electoral del first-past-the post, donde el candidato o candidata con más votos se lleva el escaño en cada uno de los 650 distritos, es fácil lograr una mayoría absoluta. En las elecciones de 2024, al laborista Keir Starmer le bastó un mero 33,7% de los votos para conquistar una mayoría abrumadora de 411 de los 650 escaños, el resultado menos proporcional en la historia del país.
Nigel Farage, líder de Reform UK, durante el congreso anual de su partido en Birmingham, en septiembre de 2025. NEIL HALL / EFE
Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform, explicó a la revista The Economist en septiembre pasado los planes para deportar a 600.000 migrantes y meter mano al servicio público británico al estilo del DOGE liderado por Elon Musk. «La separación de poderes es mucho más débil que en América. Aquí, un primer ministro con una mayoría amplia en la Cámara de los Comunes tendría mucho más control sobre la política nacional que un presidente de Estados Unidos. Un Musk británico podría recortar a su gusto», advierte el artículo.
En Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, el presidente de la República comparte el poder con el parlamento, que elige a un Ejecutivo liderado por un primer ministro o ministra. Salvo que el Reagrupamiento Nacional de Le Pen gane una mayoría absoluta, la Asamblea Nacional funcionaría como contrapeso.
La acumulación de poder resulta más difícil en Alemania. El sistema proporcional requiere prácticamente una mayoría de votos para obtener una mayoría de escaños en el Bundestag. Sin embargo, la Cámara Baja del Parlamento alemán comparte el poder con el Bundesrat, la Cámara Alta, donde se sientan los gobiernos de los 16 estados federados. Las elecciones en los länder no coinciden, por lo cual es poco probable que la ultraderecha de Alternativa para Alemania se pudiera hacer con el control del Bundesrat en un tiempo breve. También en España, el poder de las comunidades autónomas amortigua la influencia del Gobierno central, como estamos viendo actualmente.
Finalmente, la Unión Europea ofrece ciertas garantías contra abusos que podría acometer un Donald Trump en Madrid, Berlín o París. La justicia europea y las instituciones vigilan la libertad de expresión y el estado de derecho. Por algo, Farage fue el gran promotor del Brexit, para librarse de interferencias en un futuro gobierno suyo. «Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines –idealistas o egoístas– o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere», advirtió Weber en 1919. Trump ha dejado claro que no reconoce las reglas ni ninguno de los límites previstos a su poder en la Constitución de Estados Unidos. Las elecciones parlamentarias de noviembre serán la prueba definitiva de su determinación. ¿Aceptaría una derrota de los republicanos y una pérdida de control sobre una o ambas cámaras del Congreso?
“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.
Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.
Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.
Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.
Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.
En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.
La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.
Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?
El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.
Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.
Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.
Hace mucho que, en lugar de leer, estudio. Tengo ganas de volver al tiempo en que leía por placer y no para preparar un prólogo, una conferencia, un artículo.
En las últimas semanas, he leído o releído varias novelas de Dostoyevski para escribir un prólogo a la reedición de una de ellas. No es que no me produzca placer esa lectura, pero es un placer distinto. Por usar una imagen gráfica: no es lo mismo tumbarse en un prado con un perro al lado que salir de caza con él.
La diferencia es que no me gusta cazar pero sí estudiar.
1 de marzo
Hablaba con Edurne de todos esos libros que hemos leído y se han borrado de nuestra memoria. Aunque no pueda recordar ya nada de ellos ni reproducir una idea o una emoción de las que nacieron leyéndolos, creo que han influido en cómo pienso o, más en general, en quién soy. Probablemente somos tanto el resultado de lo que recordamos como de aquello que olvidamos pero actuó en nosotros en algún momento.
Más interesante aún: también puede influirme lo que no he leído. En el prólogo de Crimen y castigo he escrito precisamente que no hace falta conocer las obras de Freud, Einstein o Planck para que nuestra visión del mundo se haya visto influida por sus ideas y descubrimientos (por cierto, últimamente no hay película de ciencia ficción sin su pizquita de física cuántica); y lo mismo se puede decir cuando se trata no solo de científicos o pensadores que han transformado el conocimiento de la realidad; también escritores como Proust o Joyce o Kafka nos han cambiado, aunque hayan llegado a nosotros indirectamente, por medio de otros escritores que se dejaron influir por ellos, y porque sus ideas y su manera de contar la realidad se han ido convirtiendo no en lugares comunes, pero sí en parte del inconsciente colectivo. También Sor Juana, Beauvoir, Pardo Bazán, Sontag y tantas otras llegan a quienes jamás abrieron un libro suyo. ¿Y qué habría sido de mí –quién sería yo– sin mis años alemanes alimentados por Christa Wolf, Arno Schmidt, H. M. Enzensberger?
2 de marzo
Antes me resultaba difícil entender el ascenso de los totalitarismos, esto es, que tanta gente pudiera apoyar su brutalidad y su desprecio hacia la vida humana. Ahora que estoy siendo testigo de su nuevo auge, puedo ver día a día cómo encuentran cómplices por todas partes y por motivos muy diferentes: intereses económicos, conveniencia electoral, servilismo, cualquier otro tipo de utilitarismo cínico. Y veo cómo se justifica lo monstruoso con excusas tan absurdas que está claro que ni quien las pronuncia se las cree.
Justo ahora nos ponemos a ver La semilla de la higuera sagrada, película terrible que muestra a través de la vida de una familia la brutalidad del régimen iraní, en general pero muy en especial contra las mujeres. Brutalidad que los padres han interiorizado y asumido como necesaria, aunque sus certidumbres morales comienzan a agrietarse gracias a la mirada y la conciencia de las hijas. La historia de la represión de las jóvenes que aspiraban a un mínimo de libertad es absolutamente desoladora.
Pobres iraníes, que pasaron de un sátrapa a una dictadura religiosa y ahora además van a morir bajo las bombas de sus supuestos liberadores. Afirmar, como ha hecho el miserable Feijòo, que apoyar el ataque de Estados Unidos e Israel es estar del lado de la libertad, es repulsivo. Ni Trump ni Netanyahu están del lado de la libertad; tampoco el régimen de los ayatolas lo está. Y lanzar una guerra que se está extendiendo por los países vecinos no tiene ningún objetivo humanitario. Pero supongo que esto lo saben todos, así que ni merece la pena que intente argumentarlo.
Me acuerdo ahora de mi abuelo que, sentado en un sillón del que apenas se levantaba, no se perdía ni una vez las noticias y se las pasaba insultando a presentadores, políticos y, en general, a casi cualquiera que asomara a la pantalla. No he llegado tan lejos como él, pero voy por ese camino.
3 de marzo
Miren Elorduy, la librera de Mujeres & Compañía me envía Rey de gatos, un libro de cuentos de Concha Alós que andaba buscando pero estaba agotado. Me prometió intentar conseguírmelo y ha cumplido –estaba seguro de ello–. Acabo de terminar una recopilación de relatos de Luisa Carnés publicada por Hoja de Lata, que me gustó mucho, y paso ahora a este de Alós por recomendación de Clara Obligado. Si el cuento es un género que ha sido muy descuidado por la crítica en España –y por los lectores, y por los mismos escritores–, el escrito por mujeres ha sido doblemente ninguneado hasta hace poco.
Me llegó ayer, por cierto, Exilio, el último libro de Clara Obligado, ilustrado por Comotto, que se publica cuando se cumplen cincuenta años del golpe en Argentina. También aquél contó con las complicidades de países supuestamente democráticos. El eje del bien nunca deja de hacer el mal.
Estados Unidos de América (EE. UU.) e Israel han vuelto a bombardear Irán y, con ello, se ha desatado una guerra abierta en Asia Occidental. La respuesta defensiva de Irán, atacando la ciudad de Tel Aviv pero también las bases militares y embajadas de EE. UU. en varios países de la zona e, incluso, en Chipre, ha sorprendido a Donald Trump, según sus propias palabras. Los analistas debaten si la apertura de este nuevo frente bélico, de consecuencias imprevisibles, ha sido un error estratégico para EE. UU. o bien se trata de un escenario calculado por Washington. En el Congreso de EE. UU. el debate es, además, si lo que ha iniciado el Gobierno Trump este 28 de febrero puede ser definido como guerra y si el país se encuentra, nuevamente, ante una agresión contra un país extranjero sin el necesario aval del poder legislativo.
Mientras llegan los poderes de guerra que respaldarían legalmente los ataques del Gobierno estadounidense, el conflicto se expande en Asia Occidental y las acciones y víctimas mortales se multiplican con el paso de los días. Irán ya ha declarado que está preparado para una guerra prolongada; Hizbulá ha entrado a la contienda en Líbano, mientras el Gobierno de ese país permite la entrada de tropas israelíes; en Bahréin, la mayoría chií, gobernada por una monarquía suní, se suma a las protestas contra los ataques a Irán; y las manifestaciones de población musulmana frente a embajadas de EE. UU. se suceden en distintos países asiáticos, como Pakistán.
Por su parte, la Unión Europea (UE) sigue demostrando su doble rasero moral y su voluntad de profundizar su sometimiento geopolítico a EE. UU. Incapaces de condenar el asesinato de EE. UU. e Israel a casi 200 niñas en una escuela de Minab y a otros cientos de iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei, la UE de Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas cierra filas con sus aliados occidentales a la vez condena el derecho a la legítima defensa que ejerce Irán ante este crimen de agresión, amparándose en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
En paralelo, Francia, Alemania y el Reino Unido, el bloque conocido como E3, ha dado un paso al frente y, en una declaración conjunta del 1 de marzo, se muestra dispuesto a facilitar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones” proponiéndose “colaborar con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abundado en esta idea de cooperación con los aliados, a pesar de condenar el ataque fuera del marco legal de EE. UU. e Israel, y ha puesto nuevamente a disposición de Europa la capacidad de disuasión nuclear de Francia.
En este contexto de belicismo rampante, emerge en Europa la voz discordante de Pedro Sánchez, quien se ha mostrado contrario a que EE. UU. pueda usar sus bases militares en territorio español para los ataques a Irán, lo que ha provocado una nueva escalada declaratoria de Trump contra el Gobierno español. Más allá de la distancia que puede mediar entre las declaraciones del presidente español y los hechos de la realpolitik, como ha demostrado el caso del comercio de armas con Israel, Pedro Sánchez está usando hábilmente su confrontación con Trump.
Oponerse a la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, quienes representan el liderazgo de la ultraderecha mundial y simbolizan la demolición del Derecho Internacional, para construir un perfil antagónico, basado en la defensa del Derecho Internacional y de los derechos humanos, le otorga a Sánchez una gran proyección internacional. Rescatar, además, el lema que en 2003 movilizó al 90% de la población española contra la guerra de Irak, “No a la guerra”, le puede dar réditos electorales en la política interna.
Nuevos escenarios, viejas excusas
Es inevitable pensar en la guerra de Irak estos días, en la invasión a Afganistán iniciada en 2001 y en el punto de inflexión que supuso la guerra contra el terror global que desató EE. UU. con la excusa de los atentados del 11 de septiembre. Guerras que sentaron las bases de un nuevo momento de unilateralidad fuera de la ley internacional, y sin justificaciones humanitarias, en la política exterior estadounidense. Sin embargo, el punto de inflexión no fue sólo exterior. En el plano doméstico, este nuevo momento conllevó la aprobación de la Ley Patriota, que consagró un estado de excepción de facto al permitir el control masivo en aras de la lucha contra el terrorismo, así como el aumento de los niveles de represión a la disidencia interna.
Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio para justificar la ofensiva del pasado sábado 28 de febrero han ido variando a lo largo de los días. De reconocer abiertamente la búsqueda del cambio de régimen en Irán, se ha pasado a hablar del objetivo de destruir la “amenaza de los misiles balísticos de corto alcance” y de los “activos navales” del país, presionado por Israel (otras fuentes mencionan las presiones de Arabia Saudí). La imposibilidad de dar un argumento convincente que permita justificar un ataque a un país con el que se estaba sentado en la mesa de negociaciones, a punto de obtener un acuerdo sobre el programa nuclear iraní mucho mejor que el firmado por Barak Obama en 2015, es notoria. Parece que EE. UU. y sus aliados querían evitar ese escenario de distensión con Irán.
De hecho, el pre-emptive attack esgrimido en el primer comunicado de Israel, traducido como “ataque preventivo” en español, fue la misma lógica doctrinal que EE. UU. usó en Afganistán. Pero la falta de originalidad en los paralelismos no acaba ahí. Estos días vuelve a posicionarse la idea de que Irán tendría armas nucleares, a pesar de la supuesta erradicación del programa nuclear iraní anunciada por Donald Trump tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Una excusa que recuerda al argumento de las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que se usó, junto con el pretexto de la democratización, para defender la guerra ilegal del EE. UU. de George W. Bush contra Irak.
La supuesta voluntad de democratización de entonces planea también en quienes utilizan las vulneraciones a los derechos humanos, y en concreto de los derechos de las mujeres, para respaldar, desde una elástica moralidad, las actuaciones imperialistas que pretenden salvar a los pueblos del mundo a base de bombas. La instrumentalización de la legítima lucha de las mujeres iraníes por ganar espacios de mayor autodeterminación es especialmente obscena entre la ultraderecha que sigue a rajatabla el guion de un feminacionalismo claramente islamófobo. Una ultraderecha que, además, suspendería cualquier análisis comparativo sobre los derechos efectivos de las mujeres en distintos países de la zona.
Si alguien a estas alturas cree que EE. UU., o el ente genocida de Israel, tienen algún tipo de interés en defender a las mujeres musulmanas, promover los regímenes democráticos o salvaguardar los derechos humanos, sólo tiene que preguntarse por qué EE. UU. no bombardea Arabia Saudí y encontrará la respuesta. Pero también puede mirar adentro de sus fronteras y ver cómo EE. UU. responde a los ciudadanos estadounidenses que se manifiestan en contra del ICE, o cómo Israel trata a los palestinos israelíes, por no hablar de los que habitan en Gaza o Cisjordania.
Ni las mujeres iraníes necesitan ser salvadas por Occidente ni el mundo en su conjunto puede sostener ya más hipocresía por parte de quienes se erigen en faro moral de la humanidad cuando cargan en sus espaldas la responsabilidad por algunos de los crímenes más abyectos que se hayan cometido, en el pasado, pero también en el presente. Por eso, es fundamental no perder las coordenadas ideológicas, ni caer en las trampas discursivas o en las equidistancias. Puede que hoy, más que nunca, defender el Derecho Internacional frente a los poderes hegemónicos que siempre lo han ignorado parezca revolucionario y, sin duda, lo es. Pero lo más revolucionario es defenderlo hasta sus últimas consecuencias, no negando el derecho a la legítima defensa de los Estados atacados por el imperialismo y el sionismo.
En el tercer día de guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, la escalada iniciada tras los bombardeos conjuntos sobre territorio iraní ha adquirido una dimensión regional de alto impacto estratégico. Tras el asesinato del líder supremo iraní y la destrucción de múltiples infraestructuras militares, Teherán ha respondido con una oleada coordinada de ataques con drones y misiles dirigidos contra bases estadounidenses en el Golfo, infraestructuras israelíes y posiciones diplomáticas en Arabia Saudí y Kuwait. Irán no es, en este sentido, Venezuela. La rendición, por ahora, no se contempla.
Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 700 civiles han muerto desde el inicio de los bombardeos conjuntos, con cifras que oscilan entre los 555 fallecidos reconocidos por la Media Luna Roja iraní y los 742 civiles documentados por la agencia Human Rights Activists, entre ellos al menos 176 menores, aunque el apagón casi total de internet dentro de Irán dificulta la verificación independiente y alimenta la preocupación por un balance aún mayor.
La respuesta iraní apunta a una estrategia de resistencia sostenida orientada a multiplicar frentes y elevar el coste político y económico del conflicto. Como parte de esa contraofensiva, la Guardia Revolucionaria cerró el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. Los “mercados” ya han comenzado a reaccionar al alza, como no podía ser de otra manera; el precio del crudo se ha incrementado un 10%, y el de gas natural más de un 40%.
La expansión bélica también se ha desplazado hacia el norte. Israel ha iniciado el despliegue de tropas en el sur del Líbano tras intercambios de fuego con Hizbulá, abriendo un nuevo frente que reconfigura el mapa del conflicto. En el horizonte está el proyecto político del sionismo religioso del “Gran Israel” que abarcaría desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak, incluyendo Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí y partes de Siria, Líbano y Turquía.
La promesa de una guerra breve
Donald Trump comenzó declarando que la guerra duraría entre cuatro o cinco semanas. Poco después admitió que podría prolongarse más tiempo, afirmando que ello no le preocupa porque Estados Unidos dispone del ejército más grande del mundo y puede “relajarse y esperar”. Es decir, que Trump está haciendo exactamente lo contrario a lo que dijo durante la campaña electoral, cuando prometió acabar con el pasado reciente intervencionista y virar hacia una política internacional aislacionista. Lo que está acabando, en realidad, son las últimas trazas de derecho internacional que se habían constituido –con sus faltas e incapacidades–, después de la segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la confianza presidencial parece apoyarse en precedentes recientes percibidos como victorias rápidas, como la intervención indirecta en Venezuela. Ese marco refuerza la percepción de que la capacidad de proyectar fuerza y eliminar objetivos estratégicos puede producir resultados inmediatos sin consecuencias estructurales. Un análisis que, según el profesor chino-canadiense Jiang Xueqin (que previamente había previsto con acierto la victoria electoral de Trump y el posterior ataque estadounidense a Irán), es errónea y puede ser causante de que Irán se convierte en el Vietnam de Trump.
Por qué Estados Unidos puede perder
Para Jiang Xueqin, la guerra contra Irán no responde a la lógica convencional de superioridad tecnológica y golpes rápidos de decapitación estratégica. Se trata de una guerra de desgaste, híbrida y económicamente asimétrica. Y en ese terreno, sostiene, Estados Unidos parte con desventaja estructural. Su análisis es el que sigue:
El primer elemento es la asimetría de costes: el sistema militar estadounidense se diseñó para la Guerra Fría: tecnología sofisticada, sistemas complejos, plataformas de altísimo coste. En cambio, Irán opera con una lógica distinta. Drones de bajo coste, misiles relativamente baratos y redes distribuidas obligan a Estados Unidos a activar interceptores que multiplican por diez o por veinte el precio del ataque inicial. Cada intercepción exitosa supone una victoria táctica, pero un desgaste financiero estratégico. En una guerra prolongada, esta ecuación erosiona recursos.
El segundo elemento es el tiempo: Irán lleva dos décadas preparándose para este escenario. Ha estudiado las capacidades israelíes y estadounidenses, ha probado respuestas, ha construido una red de aliados y milicias en la región. Estados Unidos, en cambio, se enfrenta a un teatro fragmentado, sin un frente claro, con múltiples puntos de presión simultáneos. La guerra no se concentra en una capital ni en un ejército regular que pueda rendirse. Se dispersa en bases, rutas marítimas, infraestructuras energéticas y nodos logísticos.
El tercer factor es el Golfo: Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin y Qatar constituyen el núcleo financiero del sistema del petrodólar. Venden energía y reciclan esos ingresos en activos estadounidenses, alimentando mercados financieros y, más recientemente, la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos. Irán ha desplazado la presión hacia ese espacio, y el cierre del estrecho de Ormuz afecta directamente al flujo energético mundial. Los ataques o amenazas sobre infraestructuras críticas saudíes –incluidas plantas desalinizadoras que proveen alrededor del 60% del agua potable del país–introducen vulnerabilidad civil y política. Una desestabilización prolongada del Golfo altera no solo la seguridad regional, sino la arquitectura financiera que sostiene al dólar.
El cuarto elemento es la economía digital: los ataques contra infraestructuras logísticas vinculadas a grandes plataformas tecnológicas trasladan la guerra al corazón de la cadena de suministro global. Centros asociados a Amazon y otros actores tecnológicos en Emiratos y Arabia Saudí forman parte de redes que sostienen comercio, datos y servicios en la nube. Cuando estos nodos se convierten en objetivos, el conflicto deja de ser exclusivamente militar. Y si el capital del Golfo reduce su exposición a activos estadounidenses por inestabilidad prolongada, el impacto se proyecta hacia el mercado bursátil y hacia la burbuja de inversión en inteligencia artificial.
El quinto factor es el dilema de la escalada: la historia reciente muestra que el cambio de régimen raramente se consigue exclusivamente desde el aire. En este sentido, si los objetivos estratégicos iniciales no se materializan, la presión para introducir tropas terrestres puede aumentar, especialmente si los aliados regionales exigen protección reforzada. Una intervención limitada puede transformarse en compromiso ampliado bajo la lógica de credibilidad y prestigio. En ese escenario, el coste humano y político se intensifica.
Ahora bien, también cabe hacerse otra pregunta, que introduce, si se quiere, un escenario todavía más turbulento: ¿Y si Trump no viera con malos ojos alargar una guerra que le sirviera para llevar al país en un estado de semi-excepción que le permitiera perpetuarse en el poder un tercer mandato?
