El medio de investigación estadounidense 404 Media ha demandado al Immigration and Customs Enforcement (ICE) para acceder al contrato de la agencia con la empresa israelí de ciberespionaje Paragon, especializada en spyware capaz de irrumpir de forma remota en teléfonos móviles y acceder a mensajes de aplicaciones cifradas. Según ha denunciado el medio, la agencia federal está redactando prácticamente toda la información sensible, lo que limita el escrutinio público sobre las herramientas de vigilancia adquiridas por el Gobierno estadounidense.

Un litigio por la transparencia

La demanda, presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), busca obtener los documentos que detallen el alcance del acuerdo entre ICE y Paragon. Sin embargo, la respuesta de la agencia ha sido tan restrictiva que, según 404 Media, la información no redactada es casi inexistente. El caso pone a prueba los límites de la transparencia gubernamental frente a la alegación de seguridad nacional y la opacidad en la adquisición de tecnologías de intrusión.

Paragon, empresa con sede en Israel, ha comercializado su spyware a múltiples gobiernos, y su software ha sido vinculado a operaciones de vigilancia masiva. ICE, por su parte, es la agencia federal encargada de la inmigración y la seguridad fronteriza, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos civiles ante el posible uso de herramientas de hacking contra inmigrantes y activistas.

Implicaciones legales y políticas

El litigio se enmarca en una escalada de esfuerzos judiciales para exponer los contratos gubernamentales de spyware. En Estados Unidos, los tribunales han tenido que decidir en ocasiones anteriores si las exenciones de seguridad nacional pueden justificar el secreto absoluto sobre las capacidades técnicas de estas herramientas. La redacción masiva de los documentos en este caso sugiere que el alcance del contrato y las funcionalidades exactas del software están siendo clasificados al máximo nivel.

«Es imposible saber qué ha comprado realmente ICE con nuestro dinero», declaró un portavoz de 404 Media, en referencia a la falta de transparencia. La organización ha anunciado que continuará con el litigio y que recurrirá si la respuesta de ICE no se ajusta a los requisitos legales. El caso podría sentar un precedente sobre cuánto puede ocultar el Gobierno en la adquisición de tecnologías de interceptación.

La Brigada Aragón I, la unidad pesada más reciente del Ejército de Tierra español, conmemora estos días el 40 aniversario de su creación. Constituida formalmente como brigada en enero de 2017 tras un proceso de reorganización de las fuerzas terrestres, sus orígenes se remontan al 1 de junio de 1986, cuando se creó la Brigada de Caballería Castillejos II, de la que ha heredado capacidades y estructura.

El actual jefe de la unidad, el general de brigada Francisco Javier Calero Perea, al mando desde noviembre de 2025, ha impulsado varios actos conmemorativos a lo largo de estas semanas. La brigada, con base en la localidad zaragozana de San Gregorio, es una de las piezas clave de la Fuerza Terrestre del Ejército español, especializada en combates de alta intensidad.

Cuatro décadas de evolución

Desde su fundación como brigada de caballería, la unidad ha experimentado diversas adaptaciones orgánicas hasta convertirse en la actual Brigada Aragón I. Su capacidad pesada, basada en carros de combate Leopard 2E y vehículos de infantería Pizarro, la sitúa como una de las unidades más potentes del Ejército de Tierra.

La Brigada Aragón I es el resultado de un largo proceso de transformación que ha buscado optimizar las capacidades de las fuerzas acorazadas y mecanizadas españolas, según fuentes del Ministerio de Defensa.

Los actos programados incluyen una jornada de puertas abiertas, un desfile militar y una ceremonia institucional a la que está previsto que asistan autoridades civiles y militares. Con esta conmemoración, la unidad reafirma su compromiso con la defensa nacional y su preparación para los desafíos del futuro.

Hace algo más de un año, la multinacional portuguesa Altri anunció que pretende construir una macroplanta de celulosa junto al río Ulla en Palas del Rei (Lugo), con apoyo de la Xunta y con financiación europea. De salir adelante, además del impacto visual en un tramo del Camino de Santiago, la planta extraerá del Ulla 46 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo humano de una ciudad como Vigo, de los que devolverá 30 millones de litros depurados pero aún contaminados y a diferente temperatura. Además, expulsará a la atmósfera tanto dióxido de carbono como el que emiten 21.500 coches, junto a cenizas, partículas y otros gases elevadamente tóxicos.

Frente a esta noticia, todos los municipios entre Palas del Rei y la ría de Arousa, donde desemboca el Ulla, se han organizado en una campaña llamada ‘Altri Non’, que ha logrado el apoyo de la mayoría de las gallegas. Se trata de un movimiento popular, ecologista y de defensa de la tierra que, aunque puede recibir el apoyo de varios partidos políticos de izquierda, se organiza al margen de estos por parte de vecinas y activistas. En el último año han convocado manifestaciones masivas, recolecta de firmas, presentado alegaciones al proyecto, colgado pancartas por todas las comarcas, etc. y han logrado convertirse en una de las luchas más visibles de los últimos tiempos.

Hace unos meses, lograron su primera victoria: el proyecto de Altri no recibió los fondos europeos que solicitó, lo cual hace que su viabilidad peligre. La empresa, por su parte, asegura que cumple con todos los requisitos, culpa a la campaña de su fracaso y todavía no se da por vencida, por lo que las vecinas deben seguir alertas.

La tierra se defiende

‘Altri Non’ nos recuerda a varias otras campañas de vecinas que se organizan para defender su tierra de iniciativas empresariales que la pretenden destruir, como la lucha contra la construcción del embalse de Itoiz (Navarra) en los 80-90, liderada por la Coordinadora de Itoiz o el ‘Nunca Mais’ (Galiza) en los 2000.

Si nos vamos a ejemplos más recientes, podemos encontrar el de ‘Salvemos Canal Roya’ (Pirineo aragonés), que se oponía a la interconexión mediante túneles de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal. Después de una larga campaña con manifestaciones históricas en Jaca y Zaragoza, festivales de música y cientos de acciones de protesta, de recibir el apoyo mediático de sectores científicos, deportivos, de organizaciones ecologistas y sociales, pasando por miles de pancartas colgadas en pueblos y hogares de todo el Alto Aragón, en 2023 la Diputación de Huesca pidió la redistribución de los fondos europeos para otros fines. Es curioso cómo tantos de estos proyectos empresariales hechos a sí mismo encallan en cuanto no reciben jugosas subvenciones europeas.

También tiene motivos para el optimismo la campaña que se opone a la construcción de una filial del museo Guggenheim en la reserva de la biosfera de Urbaibai (Bizkaia). A principios de diciembre de 2025, los promotores anunciaron la probable retirada del proyecto, que se ha encontrado con la oposición frontal de las vecinas de los municipios colindantes, por su impacto ecológico y la turistificación masiva que ya vienen sufriendo. Entre los motivos citados se encuentran las trabas administrativas, la contestación social, el coste político que puede suponer y el riesgo reputacional para el universo Guggenheim. Sin embargo, ésta no era la primera vez que intentan sacar adelante el museo (hubo un primera intento en 2008), por lo que nada impide que intenten volver a la carga de nuevo en 2027, tras las elecciones. Por ello, ‘Guggenheim Urdaibai Stop’ permanecerá alerta.

La entrada La campaña ‘Altri Non’ continúa su lucha aparece primero en Todo Por Hacer.