Los montes no arden solos. Arden por décadas de abandono político, por el incumplimiento de la Ley de Montes y por una crisis climática agravada por quienes siguen frenando las políticas ambientales. Todo ello pone en jaque a las poblaciones rurales y la enorme biodiversidad de los espacios naturales.
Ecologistas en Acción del País Valenciano expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el incendio forestal que asola la Serra d’Espadà y que ya alcanza las 10.000 hectáreas. Queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad a quienes han tenido que abandonar sus viviendas, a quienes han perdido parte de su patrimonio y a toda la población que contempla con impotencia cómo se afecta gravemente un espacio natural de enorme valor ecológico, la Serra d’Espadà.
Asimismo, queremos reconocer y agradecer el extraordinario trabajo de bomberos y bomberas, brigadas forestales, agentes medioambientales, personal de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y voluntariado, que, con enorme profesionalidad y poniendo en riesgo su propia integridad, están haciendo todo lo posible para frenar un incendio de una intensidad extraordinaria.
Sin embargo, la solidaridad no puede convertirse en silencio y recordemos que, en el País Valenciano, el 68 % de las causas de los incendios forestales durante el periodo 2015-2024, son provocados por el ser humano debido a negligencias de todo tipo, como colillas, quema de rastrojos y restos de poda, incendiarios y pirómanos, intereses especulativos diversos, infraestructuras eléctricas en mal estado, urbanismo desbocado, etc.
Cada verano asistimos al mismo relato: se habla de «catástrofe natural», de «circunstancias excepcionales» o de «condiciones meteorológicas extremas». Pero la realidad es mucho más incómoda: los grandes incendios forestales son también consecuencia de decisiones políticas inadecuadas a nivel urbanístico, forestal, agrícola, social y rural, así como incumplimientos legales y de un modelo territorial profundamente insostenible.
La Ley de Montes establece la obligación de gestionar adecuadamente los terrenos forestales, reducir el riesgo de incendios y conservar los montes en condiciones que minimicen su vulnerabilidad. Estas obligaciones corresponden tanto a los propietarios forestales como a las administraciones públicas encargadas de garantizar su cumplimiento.
Sin embargo, durante años se ha permitido que miles de hectáreas cultivadas permanezcan abandonadas por la falta de rentabilidad económica, con la consiguiente acumulación de biomasa, mientras desaparecen la agricultura, la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales sostenibles que históricamente mantenían un paisaje diverso, en mosaico, y más resistente al fuego.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes incumplen sus obligaciones como propietarios. También corresponde a las administraciones municipales y a la Generalitat Valenciana, que tienen el deber legal de vigilar, planificar, inspeccionar y dotar de recursos suficientes a la prevención. Durante demasiado tiempo se ha preferido gestionar la emergencia antes que evitarla, manteniendo políticas de prevención y extinción de incendios que han quedado obsoletas con respecto a las características de los incendios actuales.
Llevamos décadas construyendo una política forestal que actúa cuando el monte ya está ardiendo. Se invierten cientos de millones de euros en sofisticados medios de extinción —absolutamente necesarios— mientras la prevención continúa siendo la gran olvidada de los presupuestos públicos. Por esa razón, desde Ecologistas en Acción priorizamos una mayor inversión en prevención que en extinción.
Para colmo se ha permitido ocupar el territorio de forma masiva con urbanizaciones, casas y casetas, tanto legales como alegales o claramente ilegales, construidas muchas de ellas en lugares inadecuados sin valorar el riesgo de incendios forestales y que, cuando arden el bosque, son objeto de defensa prioritaria (orden de prioridad: personas, núcleos habitados y, por último, el «medio natural»).
Pero existe otro responsable importantísimo que agrava cada verano la tragedia: la crisis climática. Las temperaturas extremas, las sequías prolongadas, la pérdida de humedad de los ecosistemas y los episodios de viento intenso están creando unas condiciones ideales en las que cualquier incendio puede transformarse en pocas horas en un megaincendio prácticamente imposible de controlar.
La comunidad científica lleva más de cinco décadas advirtiéndolo. Sin embargo, seguimos asistiendo al retraso de las políticas climáticas, a la expansión de infraestructuras que incrementan las emisiones, al crecimiento del tráfico motorizado, a la dependencia de los combustibles fósiles y al debilitamiento de las políticas de protección ambiental.
Negar la relación entre cambio climático y grandes incendios, o continuar retrasando las medidas necesarias para reducir las emisiones, significa aceptar que cada verano será más peligroso que el anterior.
El incendio que afecta a la Serra d’Espadà no debe analizarse como un hecho aislado. Forma parte de una nueva realidad climática para la que muchas administraciones siguen sin prepararse. Su biodiversidad se ha visto altamente dañada, con la pérdida de hábitats pratense y forestal de numerosas especies de invertebrados y vertebrados. Han muerto calcinados miles de especies cuya movilidad es reducida (insectos, anfibios, reptiles, etc.). Al coincidir con la época de cría, miles de pollos de especies de aves forestales se habrán visto seriamente afectadas, como insectívoras, rapaces diurnas y nocturnas, mamíferos como murciélagos, etc.
Muchas especies de aves insectívoras, como aviones, vencejos y golondrinas perderán sus fuentes de alimento tan necesarias para acabar con las polladas de los pueblos y ciudades, y para acumular grasa de cara a su inminente viaje migratorio a África. Y como no, miles de mamíferos desplazados o heridos. Se perderá flora endémica y amenazada, insectos polinizadores. ¡Las consecuencias de un macroincendio son dantescas!
Afortunadamente, la Serra d’Espadà verá, en poco años, cómo su vegetación y su arbolado formado por alcornoques rebrotará, pues se trata de una especie muy adaptada al fuego y de gran resistencia, teniendo una gruesa corteza de corcho que lo protege, con altos índices de supervivencia y rebrote; y las especies que han sobrevivido, poco a poco, irán colonizando sus tierras en función de su presencia de alimento.
Desde Ecologistas en Acción reclamamos un cambio radical de las políticas forestales y climáticas. Exigimos que la prevención deje de ser un discurso y se convierta en una prioridad presupuestaria permanente, con inversión estable durante todo el año en gestión forestal, restauración ecológica, recuperación del mosaico agroforestal, apoyo a la agricultura y ganadería extensivas, empleo forestal público y fijación de población en el medio rural.
Exigimos igualmente una política climática mucho más ambiciosa, capaz de reducir de forma efectiva las emisiones responsables del calentamiento global y de adaptar el territorio a unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas.
Cuando el incendio quede extinguido será necesario investigar rigurosamente sus causas y evaluar también si las obligaciones legales de prevención se estaban cumpliendo adecuadamente. La sociedad tiene derecho a conocer no sólo cómo empezó el fuego, sino también por qué alcanzó semejante capacidad destructiva.
La mayor muestra de respeto hacia quienes hoy se juegan la vida apagando las llamas consiste en impedir que dentro de unos meses vuelvan a enfrentarse a otro incendio de dimensiones similares. No basta con agradecer su trabajo, hay que cambiar las políticas que hacen que cada verano sea peor que el anterior.
Porque los montes no arden solos, el factor humano es determinante. Muchos de los incendios se generan en espacios antropizados y los montes arden cuando se abandonan, cuando no se cumple la legislación forestal, cuando se vacía el medio rural y cuando se sigue alimentando una crisis climática que convierte cada incendio en una amenaza cada vez más devastadora.La mejor política contra los incendios empieza mucho antes de que aparezca la primera llama.
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