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AnteayerKolectivas

Alto TLC UE-México

21 Mayo 2026 at 09:00
Por: Arturo

No mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-MNo mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-M

Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

  1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

  1. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

  1. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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El ISDS es una amenaza para nuestro futuro

27 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

Fotografía: Reproducción de grafiti de banksy

Manifiesto de la Sociedad civil en contra del Sistema de disputa entre inversor y estado.

El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles. 

Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS. 

El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio  e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones. 

Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación. 

Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.

Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas. 

Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.  

Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo. 

Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales.  La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes.  La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.

Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:

  • Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
  • Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
  • Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
  • Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
  • Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Organizaciones firmantes

Global and regional

  1. 350.org
  2. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
  3. Amnesty International
  4. bilaterals.org
  5. CAN Europe
  6. CANLA (Climate Action Network Latin America)
  7. Caritas Europa
  8. Center for International Environmental Law (CIEL)
  9. Centroamérica Hub de Finanzas Sostenibles
  10. CIDSE
  11. Corporate Europe Observatory (CEO)
  12. E3G
  13. European Environmental Bureau
  14. European Trade Justice Coalition
  15. Financial Transparency Coalition
  16. Focus on the Global South
  17. Friends of the Earth Europe
  18. Friends of the Earth International
  19. Global Forest Coalition
  20. GRAIN
  21. Greenpeace
  22. IBON International
  23. JASS – Just Associates
  24. JESC-Jesuit European Social Centre
  25. Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment
  26. Nordic Climate Justice Coalition
  27. Oxfam International
  28. Pacific Network on Globalisation
  29. Peace Brigades International (PBI)
  30. Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC
  31. Protección Internacional Mesoamérica
  32. Red Europea Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
  33. Resource Justice Network
  34. Society for International Development (SID)
  35. Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
  36. Third World Network
  37. Transnational Institute
  38. We Don’t Have Time
  39. Yes to Life No to Mining

National

  1. 350 Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  2. Campaign Againbst Foreign Control of Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  3. Coal Action Murihiku, Aotearoa New Zealand
  4. Coal Action Network Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  5. Greenpeace Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  6. Lifestock inc Ltd, Aotearoa New Zealand
  7. Ngā Toki Whakarururanga, Aotearoa New Zealand
  8. Sustainable North Trust, Aotearoa New Zealand
  9. Zero Waste Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  10. Armenian Environmental Front volunteer initiative, Armenia
  11. AidWatch, Australia
  12. Australian Conservation Foundation, Australia
  13. Australian Fair Trade and Investment Network, Australia
  14. Australian Forests & Climate Alliance (AFCA), Australia
  15. Australian Manufacturing Workers Union, Australia
  16. Australian Religious Response to Climate Change, Australia
  17. Bushfire Survivors for Climate Action, Australia
  18. Climate Action Burwood/Canada Bay, Australia
  19. Climate Action Monaro, Australia
  20. Climate Action Network Australia, Australia
  21. Climate Emergency Australia, Australia
  22. Climate Reality Project Australia & Pacific, Australia
  23. Combined Retired Union Members Association (CRUMA), Australia
  24. Currie Country Social Change Aboriginal Corporation, Australia
  25. Darebin Climate Action Now, Australia
  26. Friends of the Earth Australia, Australia
  27. GeneEthics, Australia
  28. Jubilee Australia, Australia
  29. Lighter Footprints, Australia
  30. Migrante Australia of New South Wales, Australia
  31. Nature Conservation Council of NSW, Australia
  32. New South Wales Nurses & Midwives’ Association, Australia
  33. NSW Retired Teachers’ Association, Australia
  34. Parramatta Climate Action Network, Australia
  35. Peoples Climate Assembly, Australia
  36. SEARCH Foundation, Australia
  37. Social Responsibilities Committee Anglican Church Southern Queensland, Australia
  38. South Coast Labour Council, Australia
  39. Sutherland Shire Environment Centre, Australia
  40. Tax Justice Network Australia, Australia
  41. Union Aid Abroad – APHEDA, Australia
  42. Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, Australia
  43. Victorian Trades Hall Council, Australia
  44. Vote Earth Now, Australia
  45. AK Europa, Austria
  46. Anders Handeln Austria, Austria
  47. Attac Austria, Austria
  48. GLOBAL 2000, Austria
  49. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
  50. Transform! at, Austria
  51. 11.11.11, Belgium
  52. achACT, Belgium
  53. ACV-CSC, Belgium
  54. ATTAC Belgium, Belgium
  55. Broederlijk Delen, Belgium
  56. Centre Tricontinental (CETRI), Belgium
  57. CNCD-11.11.11, Belgium
  58. Entraide & Fraternité, Belgium
  59. Fédération des services sociaux, Belgium
  60. Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium
  61. Solsoc, Belgium
  62. vzw Climaxi, Belgium
  63. Fundación Internet Bolivia, Bolivia
  64. Fundación Solón, Bolivia
  65. Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino PAAC, Bolivia
  66. SOMOS SUR, Bolivia
  67. TerraJusta, Bolivia
  68. Instituto EQUIT – Gender, Economy and Global Citizenchip, Brazil
  69. REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brazil
  70. Dukingire Isi Yacu (DIY), Burundi
  71. Association for Solidarity through Humanitarian Imperative Action International, Cameroon
  72. Green Development Advocates (GDA), Cameroon
  73. Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Canada
  74. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
  75. Attac Québec, Canada
  76. BC Casa Vancouver Island, Canada
  77. Black Environmental Initiative, Canada
  78. Canadian Association of the Club of Rome (CACOR), Canada
  79. Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada
  80. Canadian Interfaith Fast For the Climate, Canada
  81. Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Canada
  82. Citizens Climate Lobby Canada, Canada
  83. Climate Action Network Canada (CAN-Rac), Canada
  84. Common Frontiers, Canada
  85. Grandmothers Act to Save the Planet (GASP), Canada
  86. Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
  87. Legal Advocates for Nature’s Defence, Canada
  88. Maquila Solidarity Network, Canada
  89. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
  90. Mining Injustice Solidarity Network, Canada
  91. MiningWatch Canada, Canada
  92. National Union of Public and General Employees (Canada), Canada
  93. Trade Justice Network, Canada
  94. Chile Mejor sin TLC, Chile
  95. Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Colombia
  96. Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
  97. Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia
  98. LazosTech, Colombia
  99. Magazín de la Amazonía y Moviccapp, Colombia
  100. Observatorio Ambiental Ciudadano – Veeduría Ciudadana, Colombia
  101. Shambala, Colombia
  102. Youth Council – La Primavera – Vichada, Colombia
  103. Shujaa-Initiative, Congo DRC
  104. Colombia Solidarity, Denmark
  105. CRAC, Denmark
  106. Den Grønne Ungdomsbevægelse, Denmark
  107. Fossilfri Fremtid, Denmark
  108. Frie Bønder Levende Land (Danish La Via Campesina), Denmark
  109. NOAH – Friends of the Earth Denmark, Denmark
  110. Amigas de la Tierra, España
  111. ATTAC España, España
  112. Colectivo Sur Cacarica, España
  113. Confederación General del Trabajo, España
  114. Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española, España
  115. Ecologistas en Acción, España
  116. Enginyeria sense Fronteres, España
  117. Enginyeria sense fronteres de les Illes Balears, España
  118. Fundación Vida Sostenible, España
  119. Intersindical Solidària, España
  120. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España
  121. Medicusmundi Spain, España
  122. Observatori del Deute en la Globalització (ODG), España
  123. Recortes Cero, España
  124. REVO Prosperidad Sostenible, España
  125. Salva la Selva, España
  126. Unión Universal Desarrollo Solidario, España
  127. Austrian Trade Union Federation, Europe
  128. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Fiji
  129. Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France
  130. Attac France, France
  131. BLOOM, France
  132. CliMates, France
  133. Confédération paysanne, France
  134. France Amérique Latine, France
  135. France Nature Environnement, France
  136. GAFE-France, France
  137. MABD, France
  138. Notre Affaire A Tous, France
  139. Reclaim Finance, France
  140. Veblen Institute, France
  141. Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia
  142. Andy Gheorghiu Consulting, Germany
  143. Attac Berlin, Germany
  144. Attac Germany, Germany
  145. BUND Regionalverband Nordschwarzwald/ D, Germany
  146. CADEHO Menschenrechtskollektiv, Germany
  147. FDCL – Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany
  148. German NGO Forum on Environment and Development, Germany
  149. Hamburger Energietisch e. V., Germany
  150. Hondurasdelegation, Germany
  151. Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Germany
  152. Misereor, Germany
  153. Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
  154. PowerShift e.V., Germany
  155. Stiftung Asienhaus, Germany
  156. Umweltinstitut München e.V., Germany
  157. Weltladen Hailer, Germany
  158. Zukunftsrat Hamburg, Germany
  159. NatureFriends Greece, Greece
  160. Residencia Pacífica La Puya, Guatemala
  161. Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras
  162. Red de abogadas defensoras de derechos humanos, Honduras
  163. National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary
  164. Association for Promotion Sustainable Development, India
  165. Samata, India
  166. The Future We Need, India
  167. Aceh Wetland Forum, Indonesia
  168. Coalition Against Mining in Aceh, Indonesia
  169. Ekologi Maritim Indonesia, Indonesia
  170. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
  171. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia
  172. KRuHA – people’s coalition for the right to water, Indonesia
  173. Puanifesto, Indonesia
  174. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
  175. Think Inc Indonesia Legal Office, Indonesia
  176. Afri (Action from Ireland), Ireland
  177. Christian Aid Ireland, Ireland
  178. Comhlámh, Ireland
  179. Communities Against the Injustice of Mining (CAIM network), Ireland
  180. Earth Restore, Ireland
  181. Financial Justice Ireland, Ireland
  182. Friends of the Earth Ireland, Ireland
  183. Green Greystones, Ireland
  184. National Council for People with Disabilities (NCPD), Ireland
  185. Trócaire, Ireland
  186. ATTAC Italia, Italy
  187. Fairwatch, Italy
  188. Rinascimento Green, Italy
  189. Community Action For Health And Development (CAHED), Kenya
  190. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Luxembourg
  191. Mouvement Ecologique, Luxembourg
  192. Seniors for Climate Luxembourg, Luxembourg
  193. Consumers’ Association of Penang, Malaysia
  194. Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), Malaysia
  195. Friends of the Earth Malta, Malta
  196. GeoComunes, México
  197. MIRA Feminismos y Democracias, México
  198. Otros Mundos Chiapas, México
  199. Procesos Integrales para la Autogestion de los pueblos, México
  200. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
  201. Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
  202. Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), México
  203. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, México
  204. Justiça Ambiental JA!, Mozambique
  205. Both ENDS, Netherlands
  206. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
  207. Handel Anders! (Dutch Trade Justice Coalition), Netherlands
  208. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands, Netherlands
  209. OECD Watch, Netherlands
  210. Platform Duurzame en Solidaire Economie, Netherlands
  211. Working group Food Justice, Netherlands
  212. Nigerian Women Agro Allied Farmers Association, Nigeria
  213. Policy Alert, Nigeria
  214. Renevlyn Development Initiative, Nigeria
  215. Handelskampanjen, Norway
  216. Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá
  217. Ecological Society of the Philippines, Philippines
  218. Legal Rights and Natural Resources Center – Friends of the Earth Philippines, Philippines
  219. Sibuyanon Against Mining, Philippines
  220. Polish Zero Waste Associaion, Poland
  221. Campo Aberto, Portugal
  222. CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, Portugal
  223. Ecomood Portugal, Portugal
  224. Extinction Rebellion Minho, Portugal
  225. GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, Portugal
  226. Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, Portugal
  227. TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal
  228. ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Portugal
  229. ActionAid International Senegal, Sénégal
  230. ONG Solidarité Ci Sutura, Sénégal
  231. Umanotera, Slovenia
  232. Alternative Information & Development Centre (AIDC), South Africa
  233. Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Sweden
  234. Alliance Sud, Switzerland
  235. Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, Switzerland
  236. Public Eye, Switzerland
  237. Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE Foundation), Tanzania
  238. TATIC, Tanzania
  239. Baloos Foundation, Timor Leste
  240. Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago
  241. Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC), Uganda
  242. ABColombia, United Kingdom
  243. Action for Southern Africa (ACTSA), United Kingdom
  244. Balanced Economy Project, United Kingdom
  245. CAFOD, United Kingdom
  246. Campaign against Climate Change, United Kingdom
  247. Compassion in World Farming, United Kingdom
  248. Corporate Justice Coalition, United Kingdom
  249. Debt Justice UK, United Kingdom
  250. Earth Thrive, United Kingdom
  251. EcoNexus, United Kingdom
  252. Encountering Existence Ltd, United Kingdom
  253. Environmental Justice Foundation (EJF), United Kingdom
  254. Environmental Network for Central America (ENCA), United Kingdom
  255. Faith for the Climate, United Kingdom
  256. Fire Brigades Union, United Kingdom
  257. Fresh Eyes, United Kingdom
  258. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
  259. Friends of the Earth Scotland, United Kingdom
  260. Fuel Poverty Action, United Kingdom
  261. Gaia Foundation, United Kingdom
  262. Global Justice Now, United Kingdom
  263. Global Witness, United Kingdom
  264. Green New Deal Rising, United Kingdom
  265. Greenpeace UK, United Kingdom
  266. Labour Behind the Label, United Kingdom
  267. London Mining Network, United Kingdom
  268. Mothers Rise Up, United Kingdom
  269. Oxfam GB, United Kingdom
  270. PCS Union, United Kingdom
  271. Positive Money, United Kingdom
  272. Stamp Out Poverty, United Kingdom
  273. Tipping Point UK, United Kingdom
  274. Trade Justice Movement, United Kingdom
  275. War on Want, United Kingdom
  276. Weald Action Group, United Kingdom
  277. 350 Bay Area Action, United States
  278. 350 Wisconsin, United States
  279. Alliance for Global Justice, United States
  280. Center for Economic and Policy Research (CEPR), United States
  281. Cross Border Network for Justice & Solidarity, United States
  282. Denver Justice and Peace Committee, United States
  283. Earth Ethics, Inc., United States
  284. Earthworks, United States
  285. Global Justice Ecology Project, United States
  286. Indigenous Research Center of the Americas, United States
  287. Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
  288. Institute for Policy Studies – Global Economy Project, United States
  289. Latin America Solidarity Coalition, United States
  290. Local Futures, United States
  291. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), United States
  292. NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, United States
  293. Nicaragua Solidarity Coalition, United States
  294. Portland Central America Solidarity Committee (PCASC), United States
  295. Public Citizen, United States
  296. Rethink Trade, United States
  297. Rochester Committee on Latin America, United States
  298. SAFES, United States
  299. Sierra Club, United States
  300. Sisters of Mercy of the Americas – Washington DC Justice Team, United States
  301. Trade Justice Education Fund, United States
  302. United Church of Christ, United States
  303. Cross border organizing working group / line 5 coalition, United States and Canada
  304. REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Uruguay
  305. NatureWize Vietnam, Vietnam
  306. Yemeni Observatory for Human Rights, Yemen
  307. Climate Action Network Zimbabwe, Zimbabwe

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170 organizaciones denuncian la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur al vulnerar principios democráticos fundamentales

27 Febrero 2026 at 17:07

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.

· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».

· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

“Un desprecio a la democracia”

Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.

Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud. 

“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.

Impactos sociales y climáticos ignorados

Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.

En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.

Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

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Carta abierta al Consejo y a la Comisión contra la aplicación provisional de UE-Mercosur

24 Febrero 2026 at 20:12
Por: Arturo

Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,

Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.

El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.

La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.

La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.

Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo. 

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