Ante la admisión a trámite del Tribunal Supremo de los recursos presentados por los gobiernos de España, Aragón y Navarra y la empresa Geolcali contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que con fecha 30 de septiembre de 2024 dictó sentencia estimando nuestro recurso, anulando y dejando sin efecto la Orden Foral 124E/2022 del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, la Resolución 56/2021 de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, al ser contrarias al Ordenamiento Jurídico, con las consecuencias inherentes a dicha anulación, desde los colectivos firmantes de este comunicado manifestamos lo siguiente:

En síntesis el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso por entender que existe interés casacional objetivo sobre estas dos cuestiones:

1. Determinar, en relación con el ejercicio de la acción popular en asuntos medioambientales derivada de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, si es posible esgrimir en vía de recurso contencioso administrativo motivos de impugnación que no consisten en infracción de normas medioambientales.
2. Determinar si una Comunidad Autónoma es competente para otorgar una concesión de explotación minera derivada de un previo permiso de investigación referido a cuadriculas mineras ubicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, aun cuando dicha concesión pertenezca a un proyecto de explotación único que abarque el territorio de más de una Comunidad Autónoma, determinando en su caso el régimen de competencias en tales supuestos.

El siguiente trámite será que los recurrentes, gobiernos y empresa, formulen el recurso de casación propiamente dicho. Para ello cuentan con un plazo de 30 días desde el traslado del auto del Tribunal Supremo.

Queremos aclarar, para evitar malos entendidos o interpretaciones interesadas más vinculadas a intereses económicos privados y especulativos y que han sido reflejadas en algunos medios de comunicación, que el relato real y verdadero de la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Supremo son los dos puntos señalados más arriba que sin quitar importancia a los mismos, no ocultan ni solucionan sobre el proyecto de explotación de Mina Muga las carencias y falta de muchos de los permisos, que no están vigentes. Citaremos alguno de ellos: tiene anulada la licencia de la bocamina en Undués de Lerda y la autorización urbanística para la licencia de la fábrica en Sangüesa. Ya hemos solicitado la anulación de la licencia de actividad y obras de la fábrica. También está paralizada la invasión que pretenden de los montes de utilidad pública.

El TSJN no se ha pronunciado sobre la DIA porque es competencia del TSJM al ser una resolución del Ministerio.

Estamos ante una fase preliminar de tramitación y que aún en el caso de que les dieran la razón, quedan todas las cuestiones administrativas y medioambientales de fondo: la DIA, etc…, que están recurridas y estarían pendientes de resolver.

Desde los colectivos firmantes mantenemos nuestra unión y planteamientos para seguir trabajando en la necesaria e imprescindible lucha y defensa del territorio y medioambiente de nuestra tierra, frente a este proyecto especulativo del extractivismo minero vinculado a intereses ajenos a Navarra y Aragón.

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• Ecologistas en Acción exige mantener el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, adaptando los pliegos para priorizar la producción local, de temporada y ecológica.
• La organización califica de “esperpento racista” y “profunda ignorancia” las declaraciones de las derechas, que eliminan el programa usando la importación extranjera como excusa, mientras alimentan con soja deforestada a millones de cerdos en Aragón.
• El ecologismo social recuerda que el modelo que defienden PP y VOX expulsa a la agricultura familiar y se sostiene sobre la explotación laboral de jornaleros y jornaleras migrantes.

Ante el anuncio de la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón (VOX), de suspender de forma fulminante el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, Ecologistas en Acción muestra su más absoluto rechazo y denuncia la preocupante hipocresía, incompetencia y demagogia racista que sostiene esta decisión del ejecutivo de coalición PP-VOX

Para la organización ecologista, suspender este programa con la excusa de evitar el consumo de peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto no es un acto de patriotismo agrario, sino la constatación de un fracaso de gestión absoluto: “El Gobierno de Aragón es el único responsable de redactar los pliegos de condiciones de los concursos públicos. Si en las escuelas aragonesas se ha repartido fruta importada, ha sido por la incapacidad de la Administración para aprobar unos pliegos con criterios ambientales y de proximidad rigurosos, que favorezcan de forma legal y directa a la agricultura y ganadería de nuestros pueblos”.

Desmontando la hipocresía: soja transgénica, deforestación y el falso “patriotismo de plato”

La demagogia del Ejecutivo autonómico alcanzó su punto más álgido tras las polémicas declaraciones del diputado de VOX, David Arranz, quien en las Cortes de Aragón espetó un explícito “me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares“, en lo que Ecologistas en Acción califica como una deleznable muestra de racismo y provocación xenófoba dirigida a la comunidad musulmana.

Más allá del componente de odio, Ecologistas en Acción quiere desmontar técnicamente la monumental hipocresía económica de PP y VOX: “Defender la eliminación de la fruta importada mientras se exige el consumo masivo de porcino industrial denota una profunda ignorancia sobre cómo funciona el modelo del agronegocio que ambos partidos defienden”.

Además, la ganadería industrial —que representa casi la totalidad del porcino en Aragón, donde se hacinan más de nueve millones de cerdos al año— depende de forma absoluta de la importación masiva de piensos. Unos piensos elaborados con soja transgénica importada de la otra punta del mundo, cultivada a costa de la deforestación masiva de ecosistemas vitales como el Amazonas o el Cerrado en Brasil y Bolivia.

Ataque a la agricultura familiar y explotación en el campo

Este ataque al programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche no es un hecho aislado. Nada más llegar al Gobierno, PP y VOX modificaron de forma drástica la Ley de Agricultura Social y Familiar de Aragón con el único objetivo de desproteger a la pequeña producción local y abrir las puertas de par en par al acaparamiento de tierras por parte de grandes fondos de inversión especulativos y macroproyectos energéticos y agroindustriales.

Para Ecologistas en Acción, resulta perverso que las derechas promuevan el odio a lo extranjero también en los comedores escolares, mientras sostienen un modelo agrario industrializado que se lucra y sobrevive gracias a la precarización extrema y la explotación laboral de miles de personas migrantes en el campo.

“El modelo de PP y VOX expulsa a las familias agricultoras aragonesas mientras condena a las personas temporeras extranjeras a la vulnerabilidad habitacional y a condiciones de trabajo indignas en las campañas de recogida. La soberanía alimentaria no se consigue con discursos de exclusión, sino garantizando precios justos para los productores y plenos derechos laborales y sociales para los jornaleros que recogen nuestra comida”, añaden.

Las soluciones existen: Compra pública ecológica y comedores sostenibles

Frente al desmantelamiento de los servicios públicos y la parálisis institucional, Ecologistas en Acción, junto a la comunidad educativa, las AMPA y algunas organizaciones agrarias, recuerda que las soluciones reales están encima de la mesa y solo requieren voluntad política:

1. Pliegos de condiciones con criterios de proximidad. Se exige a la Administración pública que utilice las herramientas legales existentes (como la Ley de Contratos del Sector Público) para diseñar concursos que primen los canales cortos de comercialización, el residuo cero, la huella de carbono y los precios justos en origen. Además de ayudar a la agricultura local, la compra de fruta y verdura de proximidad es más saludable ya que el porcentaje de alimentos contaminados por plaguicidas es la mitad en los alimentos locales que en los importados, según datos oficiales investigados por Ecologistas en Acción en su informe ‘Directo a tus hormonas 2026’.
2. Alimentación sana y universal. El programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche debe reactivarse de inmediato bajo criterios de producción fresca, de temporada y, de forma prioritaria, ecológica. Además, este modelo debe extenderse de forma estructural al resto de la compra pública: comedores escolares diarios, residencias de mayores y hospitales.

Nacho Escartín, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Aragón dispone de un sector frutícola de primer nivel en comarcas como Valdejalón, el Bajo Cinca o la Comunidad de Calatayud, entre otras, que está perfectamente capacitado para abastecer a nuestras escuelas. Suspender el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche es una tremenda irresponsabilidad que paga la salud de la infancia aragonesa. Exigimos al Gobierno de Aragón que rectifique, que cese su discurso de odio y exclusión, y que empiece a trabajar de una vez por el bien común, la sostenibilidad y el futuro de nuestro territorio”.

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