La justicia de la República Centroafricana investiga un presunto complot golpista contra el presidente Faustin-Archange Touadéra, según informaron fuentes judiciales este miércoles en Bangui. El caso afecta a dos ministros del Gobierno centrafricano y a otras personas del entorno presidencial, en una trama que revela las luchas de influencia en el seno del poder.
Investigación en curso
La Fiscalía de Bangui se ha hecho cargo de las acusaciones de conspiración, que apuntan a un intento de desestabilización del Ejecutivo de Touadéra, en el poder desde 2016 y reelegido en 2020 en medio de una grave crisis de seguridad. El proceso judicial se encuentra en fase preliminar, sin que se hayan realizado detenciones hasta el momento, según precisaron fuentes próximas a la investigación.
El caso ha generado una fuerte conmoción en la capital centroafricana, donde el control del presidente sobre las facciones armadas y los actores políticos sigue siendo frágil. Touadéra ha sobrevivido a varios intentos de golpe desde su llegada al poder, el último de ellos en enero de 2021, cuando una coalición de grupos rebeldes avanzó sobre Bangui y fue repelida con la ayuda de fuerzas ruandesas y rusas.
Luchas internas en el poder
La revelación del supuesto complot pone de relieve las tensiones internas dentro del círculo de poder de Touadéra. En los últimos meses, diversas fuentes diplomáticas habían señalado la existencia de divisiones entre distintas facciones del Ejecutivo, en un contexto de creciente influencia de actores extranjeros —especialmente Rusia y Ruanda— en la seguridad y la economía del país.
La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo a pesar de sus recursos minerales (diamantes, oro y uranio), vive sumida en un conflicto armado desde 2013. La presencia de asesores rusos, conocidos como instructores, y de la misión de la ONU (MINUSCA) ha sido clave para la supervivencia del régimen de Touadéra. Sin embargo, la influencia rusa ha generado recelos entre algunos sectores políticos y en la comunidad internacional.
De confirmarse las acusaciones, el caso podría agravar la inestabilidad en un país que sigue luchando por consolidar sus instituciones democráticas. La Presidencia centrafricana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la investigación.
