El gobierno turco ha iniciado un proceso de expropiación forzosa de tierras pertenecientes a comunidades cristianas y yazidíes en el sureste del país, argumentando necesidades de desarrollo energético. La medida afecta a varias localidades de la región, donde se concentran las minorías religiosas, y ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como un nuevo episodio de persecución.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Central Solar G2, un proyecto fotovoltaico que ocupará terrenos en el pueblo caldeo de Aynwardo, en la provincia de Mardin. Según fuentes locales, las autoridades turcas han declarado la expropiación como de interés público, lo que permite acelerar el proceso sin necesidad de consentimiento de los propietarios.
Reacciones de la comunidad cristiana
El diputado cristiano en el Parlamento turco, George Aryo, ha denunciado la situación ante la Cámara, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta del Ejecutivo. Aryo afirma que estas expropiaciones se están produciendo de forma sistemática y que afectan desproporcionadamente a las minorías, mientras que las tierras de propiedad turca musulmana no se ven afectadas con la misma intensidad.
El gobierno utiliza el desarrollo energético como excusa para desplazar a las comunidades cristianas y yazidíes de sus tierras ancestrales en el sureste, una región donde el Estado turco ha aplicado históricamente políticas de homogeneización étnica y religiosa.
La comunidad yazidí, que ya sufrió un genocidio a manos del Estado Islámico en 2014, ve ahora cómo sus propiedades son confiscadas bajo un pretexto legal, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos humanos.
Un patrón recurrente
No es la primera vez que Ankara recurre a la expropiación forzosa para proyectos de infraestructura en zonas de minorías. En los últimos años, varias comunidades cristianas y yazidíes han perdido tierras para la construcción de presas, carreteras y ahora plantas solares. La organización cristiana internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada ha documentado al menos una docena de casos similares desde 2020.
El gobierno turco defiende que los proyectos energéticos son necesarios para el desarrollo del país y que las expropiaciones se realizan conforme a la ley, ofreciendo compensaciones económicas. Sin embargo, los afectados denuncian que las indemnizaciones son insuficientes y tardan años en pagarse, lo que equivale a un despojo encubierto.
La situación en Aynwardo es especialmente significativa, ya que la central solar G2 ocupará una extensión de tierras que los caldeos han habitado durante siglos. Sin la posibilidad de recurrir ante los tribunales con garantías, la comunidad teme que este sea el primer paso de una política de limpieza étnica progresiva en la región.
