Fotografía de David F. Sabadell
Artículo original publicado en elsaltodiario.com por David F. Sabadell
Tras lograr la eliminación del impuesto extraordinario que durante dos años logró redistribuir una mínima parte de los históricos beneficios derivados de la crisis energética bajo la amenaza de retirar inversiones, el oligopolio eléctrico ha vuelto a consumar un chantaje que pone en jaque a la transición energética. Endesa, Iberdrola y EDP han dejado caer que no desembolsarán todo el dinero previsto —casi 3.000 millones de euros— para ampliar y mejorar las redes de distribución eléctrica, al borde de la saturación por el aumento de la electrificación. ¿El motivo? La disconformidad con la tasa de retribución financiera aprobada en diciembre por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). “Que las redes no se desarrollen es el veneno para que la transición verde no avance”, advierte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
Para entender la extorsión hay que retroceder semanas en el calendario. Cada cuatro años, en España se fija un modelo retributivo a las inversiones en las redes, las infraestructuras que permiten transportar y distribuir la electricidad desde los centros de generación (centrales eléctricas) hasta los usuarios finales (hogares, industrias, comercios).
La red eléctrica en España se divide en transporte y distribución, con propiedad mixta. La red de transporte (alta tensión) es gestionada por Red Eléctrica de España (Redeia), con participación mayoritaria del Estado (SEPI). La red de distribución (baja tensión) es 100% privada y está controlada por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.
Estas empresas reciben una tasa de retorno por sus inversiones, dinero que sale de las facturas de todos los usuarios. El porcentaje de esta tasa lo fija la CNMC, ente que tiene como misión principal promover y defender el “buen funcionamiento del mercado” equilibrando los intereses de los consumidores y de las compañías. En diciembre, la CNMC dio a conocer la cifra para el periodo 2026-2031: 6,58%, 100 puntos básicos más que la tasa del anterior plan (5,58%). ¿El problema? Las eléctricas pedían un suelo de 7,5% “como garantía de rentabilidad para acometer las elevadas inversiones necesarias en la modernización y adaptación de la red eléctrica”.
Fernando Ferrando: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”
La respuesta empresarial no se hizo esperar: han adelantado que las inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio van a ir a “mercados más competitivos”, con mejores tasas. El recorte, según ha adelantado elEconomista, asciende a 2.800 millones de euros.
“Esto es muy grave. Si las redes no se amplían, el plan energético, el plan económico y las oportunidades de la transición energética de España desaparecen. La transición energética es electricidad. Y si no hay capacidad en redes, no podemos crecer en electricidad. Por tanto, las renovables no van a crecer, los centros de datos no se podrán ejecutar, la industria nueva no se podrá reconvertir a ser más eléctrica, no habrá vehículos eléctricos, etc. En otras palabras, seguiremos siendo un país que depende de los modelos de combustión”, describe Ferrando sobre el impacto de esa desinversión.
88% de saturación
Las redes de distribución eléctrica de buena parte de España están completamente saturadas o a punto de saturarse. Los mapas de capacidad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP reflejan prácticamente un tercio de las provincias con un 100% de los nudos de la red ocupados, es decir, ya no admiten nueva demanda para conectarse.
Los datos actualizados a enero de 2026 —desde el año pasado las compañías están obligadas a revelar esta información— muestran que las redes de distribución eléctrica de España están al 88,2% de su capacidad total en conjunto.
El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%.
Sergio Bonati, de WWF: “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”
La patronal de las grandes distribuidoras eléctricas, Aelec, advirtió a finales de diciembre que el estado de las solicitudes de acceso y conexión preliminar en 2025 confirman que sólo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen.
Sergio Bonati, responsable del programa de clima y energía de WWF, explica que la ampliación de las redes es “fundamental para la transición energética”. Se necesita para acoger más renovables y electrificar sectores clave, como el transporte, la industria, o la climatización, rubros que todavía están muy lejos de estar descarbonizados. “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”, resume.
Coincide Cecilia Foronda, directora de energía y personas de la organización Ecodes. Recuerda que para el 2050 se busca que la electrificación de la demanda sea casi del 90 %. “Con lo cual, eso quiere decir que nuestra red eléctrica tiene que ser muchísimo más potente para subir toda la distribución de la mayor demanda eléctrica”, explica.
Ferrando hace una analogía con las carreteras y los coches para dimensionar la importancia de las redes eléctricas. “Esto es como decir que vamos a crecer en dos millones de vehículos y no hay carreteras donde ir”, compara. Y repite: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”.
El melón que nadie quiere abrir
Ferrando, ingeniero Superior Industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 40 años en el sector de las energías renovables. En su opinión, este “chantaje” de las eléctricas es una parte del problema. El melón, dice, es estructural, de modelo. Y ninguna fuerza política se anima, ni siquiera, a revisarlo.
Explica que las redes eléctricas son un “monopolio natural”. No son elementos de mercado. ¿Cuál es el problema de España? Que el monopolio natural se ha desarrollado con un oligopolio empresarial: más del 80% de las redes eléctricas de distribución pertenecen a dos compañías, Endesa e Iberdrola. “¿Qué significa esto? Que aunque sea un monopolio natural y sea básico para el desarrollo de la política energética y económica del país, la decisión de invertir la tienen los propietarios de las redes existentes”.
“Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco”, cuestiona Ferrando
El asterisco, aclara este experto, es que las inversiones en redes, al ser un monopolio natural, son actividades reguladas. “Es decir, a ti te pagan por la inversión que has hecho, no por si esa inversión que tú has hecho está funcionando a tope o está funcionando al 50%. No es una retribución de mercado, nada tiene que ver la evolución del sector eléctrico, si se consume más, se consume menos”.
El dato no menor, agrega en su explicación, es que una actividad regulada “no tiene riesgo”. Es decir, está avalada por el mercado y por el Estado. “Lo primero que nos tendríamos que poner a discutir es que el 7,5% que pedían las compañías eléctricas es una sobreretribución en función de las características que tiene la inversión. Así lo entiende la CNMC”, subraya.
Lo que las empresas no cuentan es que las amortizaciones de las inversiones “dejan de estar retribuidas, pero la parte que los usuarios hemos pagado no es propiedad nuestra, sigue siendo propiedad del sector eléctrico”. “Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco. Porque las redes las hemos amortizado pagándolas los usuarios. Lo lógico es que esas redes acaben en algún momento siendo públicas. Pero no. Estamos hablando de activos que son propiedad de quien los ejecutó y no de quien los pagó”, cuestiona.
Pero hay más, detalla Ferrando. Si una compañía no presenta sus planes de inversión porque considera que no están bien retribuidos, “no existe ninguna capacidad por parte del Estado para buscar una alternativa a esas inversiones”. Debería existir —puntualiza— una regulación que por ley permita “habilitar procedimientos para que sea el Estado o un tercero quien asuma la ampliación de las redes en estos casos”.
“Si tú Endesa o Iberdrola no lo quieres invertir escudándote en la libertad de mercado, yo como Estado tendría que poder habilitar procedimientos para que las inversiones se cumplan. Este mecanismo no existe. Ni tampoco hay voluntad política de que exista”, afirma Ferrando.
La Fundación Renovables, a través de las redes sociales, llama a “no permitir que las eléctricas ejecuten este chantaje”. Su presidente prefiere sacar este término de la discusión, porque las eléctricas tienen una fuerza para negociar y el Gobierno no tiene en su poder ninguna capacidad para quitarle esa fuerza. ¿Cuál es el problema de esta encerrona? “Que estamos hablando de un bien de primera necesidad”.
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