La organización incorpora nuevas objeciones sobre el principio de proximidad, los efectos acumulativos, las emisiones de metano, la gestión del digestato, el cambio climático y los riesgos para los recursos hídricos.

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un amplio escrito de alegaciones solicitando a la Junta de Andalucía la denegación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de macroplanta de biogás y biometano promovido por AGR Biogas, S.A. en el término municipal de Benacazón, junto al entorno de Doñana.

La organización considera que el expediente presenta importantes deficiencias técnicas, ambientales y jurídicas que impiden acreditar la viabilidad ambiental de una instalación diseñada para tratar 140.000 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos, equivalentes a unas 560 toneladas diarias.

Entre las principales alegaciones figura el incumplimiento del principio de proximidad, recogido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto no identifica el origen real de los residuos ni acredita que exista disponibilidad suficiente de materia prima en el entorno de la planta, lo que hace prever un intenso transporte de residuos desde otros territorios, incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero, el tráfico pesado y los impactos asociados.

La organización también cuestiona la ausencia de un análisis riguroso de los efectos acumulativos que tendría esta instalación junto a otras plantas de biogás proyectadas en la provincia, así como la falta de un estudio completo sobre las emisiones de olores, las emisiones fugitivas de metano y el balance climático global del proyecto.

Las alegaciones advierten igualmente de los riesgos derivados de la gestión del digestato, principal residuo generado por estas instalaciones. Ecologistas en Acción señala que el expediente no acredita disponer de superficie agrícola suficiente para absorber las más de 310.000 toneladas anuales de digestato previstas, ni incorpora un balance agronómico que garantice que su aplicación no provocará contaminación por nitratos o afecciones a acuíferos y cauces públicos.

Otro de los aspectos destacados hace referencia a la vulnerabilidad del entorno. La parcela limita con el arroyo Pino Enano, se asienta sobre el acuífero Majaberraque y se encuentra próxima a la Cañada del Pozo, en una zona donde la protección de los recursos hídricos adquiere una especial relevancia. Además, el entorno alberga numerosas especies protegidas y la planta se sitúa dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, a escasa distancia de la Reserva de la Biosfera de Doñana y del Corredor Verde del Guadiamar.

Las alegaciones incorporan además nuevas consideraciones relativas al riesgo de accidentes industriales, la ausencia de garantías financieras para asegurar el desmantelamiento de la instalación y la restauración ambiental, la ocupación permanente de suelo agrario fértil y la insuficiente evaluación de la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

Para Ecologistas en Acción, el modelo de macroplantas de biogás basado en la concentración de grandes cantidades de residuos resulta incompatible con una verdadera economía circular y favorece la expansión de la ganadería industrial intensiva.

José Luis Bueno, portavoz de ADTA Ecologistas en Acción, ha señalado que “la transición energética no puede utilizarse para justificar proyectos sobredimensionados que trasladan los impactos ambientales al territorio y a las poblaciones cercanas. Si una planta necesita traer residuos desde largas distancias para ser viable, deja de responder al modelo de proximidad que exige la legislación ambiental”.

Bueno ha añadido que “el expediente tampoco demuestra que pueda gestionarse de forma segura el enorme volumen de digestato que se producirá, ni evalúa adecuadamente los riesgos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad o la calidad de vida de la población. No basta con producir biometano; también hay que demostrar que todo el proceso es ambientalmente sostenible”.

Ecologistas en Acción recuerda que estas alegaciones se suman a las presentadas por los Ayuntamientos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar y al creciente rechazo vecinal que está despertando el proyecto en distintos municipios del Aljarafe, donde continúa ampliándose la movilización ciudadana en defensa del territorio y del entorno de Doñana.

Por todo ello, la organización solicita a la Junta de Andalucía que deniegue la autorización ambiental del proyecto al considerar que no ha quedado acreditada su compatibilidad con la protección de los recursos naturales, la salud ambiental y los principios que inspiran la normativa europea y estatal sobre economía circular.

La entrada Ampliamos alegaciones contra la macroplanta de biometano del Aljarafe con nuevos argumentos técnicos aparece primero en Ecologistas en Acción.

Diez años respirando gasolina: los informes forenses confirman que la contaminación por hidrocarburos ha dañado la salud del vecindario de Coria del Río

Ecologistas en Acción denuncia que unas 4.000 personas continúan viviendo sobre un suelo contaminado mientras las administraciones mantienen paralizada la descontaminación y siguen sin hacer públicos los últimos análisis de calidad del aire [Vídeo de la contaminación].

Diez años después del inicio de uno de los mayores episodios de contaminación por hidrocarburos registrados en una zona residencial andaluza, la Justicia dispone ya de informes forenses que establecen una relación directa entre la exposición continuada a sustancias tóxicas y los daños en la salud de parte del vecindario de la barriada Guadalquivir de Coria del Río.

Para Ecologistas en Acción, esta conclusión supone un punto de inflexión en un caso marcado durante una década por la lentitud administrativa, la falta de coordinación institucional y la ausencia de medidas eficaces para proteger la salud pública. Mientras tanto, alrededor de 4.000 personas continúan viviendo en un barrio donde persiste el olor a gasolina y donde la contaminación del suelo, el subsuelo, las aguas y el aire sigue sin resolverse.

Los nuevos informes del Instituto de Medicina Legal, incorporados al procedimiento judicial en junio de 2026, respaldan las denuncias que las personas afectadas vienen realizando desde hace años y coinciden con las conclusiones recogidas en el informe de la Fiscalía General del Estado de 13 de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales.

Según dicho informe, el origen de la contaminación se sitúa en una fuga detectada en 2017 en un depósito de la estación de servicio Zamarrilla. El combustible habría alcanzado un emisario de aguas que atraviesa la barriada a través de una conducción deteriorada con grietas, extendiendo la contaminación por el subsuelo hasta afectar al entorno urbano, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir.

El informe de la Fiscalía incorpora además un estudio elaborado por Inerco en octubre de 2019 que describe la presencia de un hidrocarburo altamente degradado que llevaría aproximadamente diecisiete años descomponiéndose bajo el barrio, una circunstancia que incrementa su toxicidad y evidencia la prolongada permanencia del foco contaminante.

Una emergencia ambiental y sanitaria que continúa abierta

Ecologistas en Acción recuerda que numerosas personas han padecido durante estos años enfermedades, síntomas persistentes y graves problemas de salud que han motivado múltiples evaluaciones médicas y forenses. Buena parte del vecindario ha colaborado voluntariamente con la investigación judicial, poniendo su propia salud al servicio de la ciencia para esclarecer las causas de esta contaminación.

La organización denuncia que los informes forenses se han elaborado con un número limitado de informes médicos remitidos por la Junta de Andalucía y lamenta especialmente que entre la documentación aportada no existan informes correspondientes a menores afectados.

A ello se suma la falta de transparencia institucional. Los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire siguen sin hacerse públicos, pese a haber sido reclamados formalmente tanto por la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir como por Ecologistas en Acción.

Diez años de retrasos y responsabilidades pendientes

La organización ecologista considera especialmente grave que la recuperación de los suelos contaminados continúe bloqueada diez años después del inicio del problema. A su juicio, la descontaminación debería haber constituido la primera prioridad de todas las administraciones implicadas.

El procedimiento judicial continúa abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, mientras diferentes administraciones —entre ellas la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa— siguen personadas en un procedimiento de enorme complejidad.

Para Ecologistas en Acción, durante estos años ha predominado la defensa de intereses administrativos y reputacionales sobre la protección efectiva de la ciudadanía. La organización lamenta igualmente que el grupo de trabajo creado por el Parlamento de Andalucía en 2025, del que quedaron excluidas las organizaciones vecinales y ecologistas, terminara disolviéndose sin ofrecer soluciones concretas. Tampoco llegó a materializarse el protocolo sanitario específico anunciado entonces para personas afectadas por contaminación industrial.

«La ciencia confirma lo que el vecindario lleva diez años denunciando»

El portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González, afirma que:

«La ciudadanía nunca exageró. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública. Hoy los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento.»

González añade que «resulta inaceptable que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado.»

Ecologistas en Acción exige actuaciones urgentes

Ante las nuevas evidencias científicas y judiciales, Ecologistas en Acción reclama:

• La publicación inmediata de los resultados de las mediciones de calidad del aire.
• El inicio urgente de la descontaminación integral del suelo, el subsuelo y las aguas afectadas.
• Un seguimiento sanitario especializado para todas las personas expuestas, con especial atención a la población infantil.
• La máxima transparencia informativa por parte de todas las administraciones implicadas.
• La depuración de las responsabilidades administrativas, políticas y, en su caso, penales que correspondan.

La organización ecologista reitera su compromiso de seguir acompañando a la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir y considera que este caso representa uno de los mayores ejemplos de injusticia ambiental registrados en Andalucía, donde durante una década miles de personas han convivido con una contaminación persistente sin que las administraciones hayan ofrecido una solución efectiva.

Dossier notas prensa EEA (enlaces)

• Emergencia sanitaria en la barriada guadalquivir de Coria De Río (marzo 2026)
• Apoyamos la iniciativa legislativa para incrementar el rigor en el control de las fugas de hidrocarburos en las estaciones de servicio (octubre 2025)
• Muertes por envenenamiento masivo en Coria del Río (Art. análisis, opinión y acción (marzo 2025)
• Simulamos un vertido  de gasóleo en la delegacion de medio ambiente de la capital hispalense  (marzo 2025)
• Contaminación de aguas y suelos en Coria del Río: no cesa  el goteo de personas afectadas (abril 2024)
• El vecindario de la barriada guadalquivir de coria del rio necesitan medicos especialistas en tóxicos (noviembre 2023)
• Lentitud procesal ante la peligrosidad de posibles pozos negros en el subsuelo de Coria del Río (octubre 2023)
• El velero Diosa Maat contra los gases toxicos de Coria del Río (2022)
• La contaminación por hidrocarburos en coria del rio no solo afecta a la salud de las personas (febrero 2020)

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• La Junta de Andalucía ha abierto el trámite de información pública para la autorización de una macroplanta de biogás y biometano que pretende tratar hasta 140.000 toneladas anuales de residuos.
• El anuncio, publicado en el BOJA el pasado 1 de junio, ha provocado una creciente inquietud entre la ciudadanía de Bollullos de la Mitación, Benacazón y otros municipios del Aljarafe, donde ya se está articulando una respuesta vecinal e institucional frente al proyecto.

La preocupación ha ido en aumento tras conocerse diversas deficiencias detectadas por el propio Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que ha trasladado oficialmente sus objeciones durante el procedimiento administrativo. Entre ellas destaca la proximidad de la instalación al entorno de Doñana, ya que la ubicación proyectada se encuentra a tan solo 240 metros de los límites de la Reserva de la Biosfera, uno de los espacios naturales más emblemáticos y protegidos de Europa.

Las alegaciones municipales también cuestionan la calidad de la documentación presentada por la empresa promotora. Según denuncia el consistorio, el estudio no refleja adecuadamente la realidad poblacional del entorno, al omitir la existencia de la urbanización La Juliana, situada a menos de tres kilómetros de la planta proyectada. En esta zona residen miles de personas y se ubican diversos centros educativos, circunstancias que no habrían sido correctamente consideradas en la evaluación de impactos.

Otro de los aspectos que generan preocupación es el posible impacto sobre la salud pública. Los estudios de olores aportados por la promotora son considerados insuficientes por parte de las personas afectadas y de la administración local, al entender que no analizan de forma rigurosa las molestias y riesgos que podrían derivarse de una instalación de estas dimensiones en un entorno habitado.

La movilidad constituye igualmente uno de los focos de conflicto. El funcionamiento de la planta requeriría la entrada y salida continua de camiones de gran tonelaje cargados con residuos orgánicos, lo que podría traducirse en un incremento significativo del tráfico pesado, del ruido, de las emisiones asociadas al transporte y de los riesgos para la seguridad vial en la comarca.

A ello se suman las dudas sobre la compatibilidad urbanística y paisajística del proyecto. Las alegaciones presentadas consideran que la instalación resulta difícilmente compatible con los valores agrarios, territoriales y paisajísticos que caracterizan al Aljarafe y que forman parte de la identidad histórica de la comarca.

Ante esta situación, vecinas, vecinos y colectivos sociales están impulsando la creación de una plataforma ciudadana en coordinación con alcaldías de municipios afectados. Entre sus prioridades figura la organización de una campaña masiva de presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública, cuyo plazo finaliza treinta días hábiles después de la publicación del proyecto. Paralelamente, se estudian diferentes iniciativas de movilización social pacífica para visibilizar el rechazo existente en el territorio.

El debate trasciende, sin embargo, el ámbito local. El auge de las plantas de biogás se ha convertido en uno de los fenómenos más significativos de la política energética española de los últimos años. Numerosos colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas advierten de que buena parte de estas infraestructuras están vinculadas al crecimiento de modelos de ganadería y agricultura industrial intensiva, altamente dependientes de la generación masiva de residuos.

Las plantas de biogás utilizan como materia prima estiércoles, purines, residuos agrícolas, lodos de depuradora, residuos orgánicos urbanos y determinados residuos industriales para producir gas destinado al mercado energético. Aunque sus promotores presentan estas instalaciones como una herramienta para la economía circular y la transición energética, cada vez más territorios cuestionan sus impactos ambientales, sociales y paisajísticos, especialmente cuando se proyectan cerca de núcleos habitados o espacios naturales de elevado valor ecológico.

La expansión del sector está siendo especialmente rápida. España ha pasado de contar con apenas 39 plantas operativas en 2016 a más de 200 en la actualidad. Los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevén un crecimiento aún mayor durante los próximos años, acompañado de inversiones multimillonarias. Sin embargo, a medida que aumenta el número de proyectos, también crece la contestación social en numerosos municipios que reclaman una planificación territorial más rigurosa, mayores garantías ambientales y una evaluación transparente de los efectos acumulativos de estas instalaciones.

La controversia abierta en el Aljarafe se suma así a un debate cada vez más presente en distintos puntos del Estado: cómo compatibilizar la producción energética con la protección del territorio, la salud de las poblaciones locales y la conservación de espacios naturales de extraordinario valor ecológico como Doñana.

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La organización ecologista denuncia posibles irregularidades en la tramitación urbanística que habrían favorecido al Real Betis Balompié con un grave perjuicio para el patrimonio municipal y abre la vía penal contra los usos terciarios y especulativos en los estadios deportivos.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo.

La organización considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.

La denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente por parte de Ecologistas en Acción, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026.

Según la organización ecologista, del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía.

Dos bloques principales de irregularidades

La denuncia se fundamenta esencialmente en dos grandes cuestiones.

La primera hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, altamente cuestionable.

La organización recuerda que parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y que el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación.

Además, la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia. En opinión de Ecologistas en Acción, ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad.

El segundo bloque de irregularidades denunciadas se refiere a la valoración económica de la operación

Según la organización, la permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones.

Asimismo, Ecologistas en Acción considera especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo.

La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación.

El informe del Secretario General ya advirtió de las dudas jurídicas

La denuncia recuerda igualmente que el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó importantes reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación.

Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras.

Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.

La Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades

Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.

La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.

Un precedente para frenar la mercantilización de los estadios

Para Ecologistas en Acción, este procedimiento trasciende el caso concreto del estadio Benito Villamarín y constituye un precedente de enorme relevancia sobre el creciente proceso de transformación de grandes equipamientos deportivos en complejos inmobiliarios y comerciales mediante operaciones urbanísticas que pueden comprometer el patrimonio público.

La organización considera que este modelo favorece intereses privados mediante la utilización de suelo público destinado originalmente al interés general y entiende que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por Juan de la Rosa, refleja una forma de gestionar el urbanismo más orientada a satisfacer determinados intereses económicos que a garantizar la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de la ciudadanía.

Por ello, Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.

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Informe estatal de calidad del aire 2025: resultados para Sevilla

• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que toda la población de Sevilla y su área metropolitana estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites legales.
• Los peores registros de mala calidad del aire se registraron en las estaciones de Torneo, Ranilla y Santa Clara en la ciudad de Sevilla y el Aljarafe en el área metropolitana.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición de calidad del aire instaladas en todo el Estado español, entre ellas 11 situadas en la provincia de Sevilla. Entre sus principales conclusiones, destacan:

• El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima.
• Durante 2025, la calidad del aire en Sevilla se mantuvo estable pero no mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono.
• El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 96 % de la población de Sevilla y su área metropolitana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
• Considerando la normativa actualmente vigente, las estaciones de Torneo, Santa Clara, Ranilla y Bermejales en Sevilla y en Alcalá de Guadaíra superaron los límites de partículas en suspensión PM10 y PM2,5. También las estaciones de Santa Clara y el Aljarafe referido al ozono los registros estuvieron por encima de los obsoletos límites legales actuales.
• Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, el aire contaminado afectó a la totalidad de la población.

La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 4.000 en Andalucía. Según el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL) se podría evitar más de 600 muertes en Sevilla por la mala calidad del aire. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.

Ecologistas en Acción realizó entre 2024 y 2025 campañas de medición de NO2 en los entornos de los centros escolares de Sevilla capital y el área metropolitana concretamente en las del Aljarafe y los Alcores, con el resultado de que la población educativa está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881.

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es reducir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eficiente y de fuente renovables. Además de la activación real de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), no se comprende la propuesta de modificación de la normativa, pactada entre PP y Vox, que introduce una nueva regulación sancionadora para la ZBE de la Cartuja y contradice los principios establecidos en el Real Decreto 1052/2022, que fija los requisitos mínimos para garantizar su eficacia.

Ecologistas en Acción también se congratula con el Ayuntamiento de Sevilla por el anuncio sobre la peatonalización de parte de Triana (calles Pureza, Betis, etc.) y del centro histórico, una medida que coincide con lo planteado en el antiguo “Plan Respira” y que responde a varios de los criterios necesarios para la declaración de una Zona de Bajas Emisiones. Esta actuación supone un avance en una de las reivindicaciones que la organización lleva defendiendo desde hace años. Según el alcalde parece decidido a acabar con la fama de que Sevilla sea la única capital andaluza que no restringe el tráfico en su Casco Antiguo.

Informe completo y resumen

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• La organización ecologista presenta una demanda en la que incorpora buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas. 

Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de septiembre, al considerar que vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.

La demanda cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que desde el inicio de la tramitación han mostrado su oposición a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming. Estos usos, según denuncian, son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario.

Uno de los principales fundamentos del recurso es que el Estudio de Ordenación se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que habilitó la implantación de dichos usos terciarios y comerciales desvinculados del uso deportivo. Esta modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal, por lo que la organización ecologista considera que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada.

Entre los motivos de la demanda figuran, además, diversas deficiencias técnicas y legales que coinciden en gran medida con las alegaciones presentadas por las entidades vecinales durante el procedimiento de información pública. En concreto, se denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 % al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano.

Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla al Real Betis Balompié SAD constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.

En este sentido, la organización recuerda la advertencia realizada por un técnico jurista durante la tramitación del expediente, quien alertó del riesgo de consolidar “un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía”.

Con este recurso judicial, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden la necesidad de que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos.

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Diversos colectivos sociales, sindicales, ecologistas y en defensa de la paz representados en la Plataforma STOP Feria de Armas se han concentrado esta mañana frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) para mostrar su rechazo a la celebración de la feria ADM 2026 Aerospace and Defense Meeting, evento internacional vinculado a la industria militar y armamentística.

La protesta, celebrada a las puertas del recinto donde se desarrolla el encuentro empresarial, ha denunciado el respaldo institucional que recibe la industria de guerra por parte de administraciones públicas andaluzas y locales, así como el papel de Sevilla como sede de una feria destinada a promover negocios relacionados con armamento, tecnología militar y sistemas de defensa.

Entre los participantes, financiadores y patrocinadores del evento se encuentran empresas con vínculos directos con casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y complicidad con el genocidio en Gaza y otros conflictos armados (Accenture, Howmet Aerospace y Dassault Systems).

Durante la concentración, las personas participantes han exhibido pancartas y coreado lemas en favor de la paz y contra la militarización, reclamando que los recursos públicos se destinen a necesidades sociales y ambientales en lugar de favorecer la expansión de la industria armamentística.

Las organizaciones convocantes han señalado que este tipo de eventos contribuyen a normalizar el negocio de la guerra en un contexto internacional marcado por conflictos armados, desplazamientos forzosos y graves crisis humanitarias. Asimismo, han recordado el elevado impacto ambiental asociado a la industria militar, tanto por su consumo energético y de materiales como por su contribución a las emisiones contaminantes y al deterioro ecológico.

Los colectivos participantes consideran incompatible impulsar ferias de armamento mientras se agravan problemas sociales como la precariedad, la crisis de vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la emergencia climática.

Con esta movilización, las entidades convocantes han querido reafirmar su apuesta por una cultura de paz, la cooperación entre los pueblos, la justicia social y la transición ecológica, mostrando su rechazo a que Sevilla continúe siendo escaparate de la industria militar internacional.

SEVILLA NO QUIERE ARMAS

Otro año más, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla impulsan una nueva Feria de Armas al servicio de la industria de la guerra, donde las empresas armamentísticas harán grandes negocios y obtendrán enormes beneficios económicos.

Frente a ello, diferentes colectivos sociales llaman a rechazar el aumento del gasto militar y la financiación pública de la industria bélica, recordando que el Estatuto de Autonomía apuesta por una Andalucía de Paz y de cooperación entre los pueblos.

Denuncian que los recursos públicos y los fondos europeos no deben destinarse a la industria armamentística —bajo el eufemismo de “defensa”— mientras continúan faltando inversiones en sanidad, educación, vivienda, dependencia, agricultura y servicios públicos esenciales.

Por ello, hacen un llamamiento al pueblo sevillano a mostrar su protesta y rechazo.

NO A LA GUERRA
NO A LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS

Concentración: Martes, 19 de mayo de 2026.
Hora: 11:30 h.
Lugar: Frente al FIBES. Avda. Alcalde Luis de Uruñuela (Sevilla)

Participa y difunde.

SEVILLA NO QUIERE ARMAS

Otro año más, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla impulsan una nueva Feria de Armas al servicio de la industria de la guerra, donde las empresas armamentísticas harán grandes negocios y obtendrán enormes beneficios económicos.

Frente a ello, diferentes colectivos sociales llaman a rechazar el aumento del gasto militar y la financiación pública de la industria bélica, recordando que el Estatuto de Autonomía apuesta por una Andalucía de Paz y de cooperación entre los pueblos.

Denuncian que los recursos públicos y los fondos europeos no deben destinarse a la industria armamentística —bajo el eufemismo de “defensa”— mientras continúan faltando inversiones en sanidad, educación, vivienda, dependencia, agricultura y servicios públicos esenciales.

Por ello, hacen un llamamiento al pueblo sevillano a mostrar su protesta y rechazo.

NO A LA GUERRA
NO A LA INDUSTRIA DE LAS ARMAS

Concentración: Martes, 19 de mayo de 2026.
Hora: 11:30 h.
Lugar: Frente al FIBES. Avda. Alcalde Luis de Uruñuela (Sevilla)

Participa y difunde.

Diversos colectivos sociales, sindicales, ecologistas y en defensa de la paz representados en la Plataforma STOP Feria de Armas se han concentrado esta mañana frente al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) para mostrar su rechazo a la celebración de la feria ADM 2026 Aerospace and Defense Meeting, evento internacional vinculado a la industria militar y armamentística.

La protesta, celebrada a las puertas del recinto donde se desarrolla el encuentro empresarial, ha denunciado el respaldo institucional que recibe la industria de guerra por parte de administraciones públicas andaluzas y locales, así como el papel de Sevilla como sede de una feria destinada a promover negocios relacionados con armamento, tecnología militar y sistemas de defensa.

Entre los participantes, financiadores y patrocinadores del evento se encuentran empresas con vínculos directos con casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y complicidad con el genocidio en Gaza y otros conflictos armados (Accenture, Howmet Aerospace y Dassault Systems).

Durante la concentración, las personas participantes han exhibido pancartas y coreado lemas en favor de la paz y contra la militarización, reclamando que los recursos públicos se destinen a necesidades sociales y ambientales en lugar de favorecer la expansión de la industria armamentística.

Las organizaciones convocantes han señalado que este tipo de eventos contribuyen a normalizar el negocio de la guerra en un contexto internacional marcado por conflictos armados, desplazamientos forzosos y graves crisis humanitarias. Asimismo, han recordado el elevado impacto ambiental asociado a la industria militar, tanto por su consumo energético y de materiales como por su contribución a las emisiones contaminantes y al deterioro ecológico.

Los colectivos participantes consideran incompatible impulsar ferias de armamento mientras se agravan problemas sociales como la precariedad, la crisis de vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la emergencia climática.

Con esta movilización, las entidades convocantes han querido reafirmar su apuesta por una cultura de paz, la cooperación entre los pueblos, la justicia social y la transición ecológica, mostrando su rechazo a que Sevilla continúe siendo escaparate de la industria militar internacional.

Convocatoria de la Marcha contra la base militar de Morón por la Plataforma Andalucía por la Paz contra el rearme y la guerra.

NO A LA GUERRA. OTAN NO BASES FUERA

– Día: 18 de abril de 2026.
– Hora: 12 h.
– Lugar: Cruce de la Nena. Intersección carretera A-360/SE-5203

Andalucía en pie a Morón, por la Paz, por el desmantelamiento de las bases de la muerte, por nuestros derechos y por los servicios públicos.

¡Gastos militares para casas, escuelas y hospitales!
¡No a la Guerra!

#18AbrilBasesFuera
#18AbrilAndalucíaSinOTAN

Paremos el genocidio ¡¡Palestina libre!!
NO A LA GUERRA.

Destrucción, bombas y misiles de Israel y Estados Unidos provocando una crisis económica mundial. El genocidio de Gaza ya no es primera página, ya no existe, se olvida.
En Marchena, NO.
Concentración 178 en Marchena.

Día: Viernes, 27 de marzo de 2026.

HORA: De 19 h. a 19:30 h.

Lugar: Calle San Pedro.

«Se el cambio que quieres ver en el mundo».

Marchena por la Paz ¡ÚNETE!

No al Rearme. No al Genocidio.

El sábado 28 de marzo celebraremos en Sevilla el primer Festival por la Paz.

Un festival con música, teatro y poesía gracias a músicos y actores que compartirán su arte por la Paz, contra el rearme y contra el genocidio del pueblo palestino.

Con este evento celebraremos también el Día de la Tierra Palestina, una conmemoración en la que los palestinos abrazan las tierras de sus ancestros, su identidad y su existencia.

Vente al Alamillo a un acto de reivindicación y arte por la PAZ con Teatro La Tralla y la música de:

Dj Makei

Alfonso del Valle

Miguel Bueno

LucCas

Noemí Martínez Chico

Gautama del Campo

Las Asarvahá

Back Noise

Futuro compás

¡No faltes!

La entrada es gratuita.

Y también habrá comida y bebida.

Parque del Alamillo (Explanada del Hórreo)

Sábado 28 de marzo de 2026

De 11:30h a 19:00h

¡La cultura es resistencia!

No al Genocidio Palestina Libre. Ni terrorismo ni genocidio.

Rechazamos tajantemente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial.

Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro.

Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional.

Y llamamos a toda la sociedad a acudir el próximo sábado 14 de marzo a todas las concentraciones convocadas por la plataforma https://pararlaguerra.es/ en más de 150 poblaciones de todo el país.

https://mambru.info/llamamiento-conjunto-de-objetores-y…/

Chipre, Iniciativa para la Objeción de Conciencia en Chipre
Grecia, Asociación de Objetores de Conciencia Griegos
Turquía, Observatorio de la Objeción de Conciencia Objection
Israel, New Profile, Mesarvot

Fuente: https://vicdaniret.org/joint-call-from-conscientious…/

09.03.2026

Nosotros y nosotras, voces contra la guerra de Turquía, Chipre, Grecia e Israel, alzamos una voz común contra los ataques en curso en Irán y la expansión del conflicto. Esta voz clama no es por el poder de los Estados y los ejércitos, sino por la libertad de los propios pueblos.

Cada nuevo ataque, cada nuevo frente, supone un mayor peligro para la población civil de toda la región. Bajo los bombardeos, las sirenas y las evacuaciones forzadas, la gente lucha simplemente por sobrevivir. A medida que se expande la geografía de la guerra, se reduce el espacio para la paz, la libertad de expresión y la democracia.

La guerra se impone no solo en los campos de batalla, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana. El colapso económico, la división social, la contaminación acelerada y un clima permanente de miedo son las cadenas invisibles que el militarismo impone a las sociedades. Rechazamos estas cadenas.

Los ataques contra Irán corren el riesgo de encender un fuego que envuelva a todo Oriente Medio. Desde el Líbano hasta Chipre, desde el Golfo hasta Turquía, esta guerra amenaza el futuro común de todos los pueblos. La paz no es solo una exigencia para Irán, es una exigencia para toda la región.

Esta solidaridad es un llamamiento a la paz que traspasa fronteras. La seguridad de los pueblos no es resultado de las políticas bélicas de los gobiernos, sino de su propia organización, debate y apoyo mutuo. Los Estados fabrican la guerra; los pueblos defienden la vida.

Rechazamos la reproducción de la violencia y nos esforzamos por fortalecer la seguridad y la estabilidad sociales.

Las políticas bélicas debilitan las condiciones de vida de las sociedades, mientras que las soluciones orientadas a la paz amplían la libertad, sostienen la vida y profundizan la solidaridad. La ocupación y la agresión solo pueden
generar nuevas crisis; la paz asegura el futuro común de los pueblos.

Hoy, la voz que alzamos es un llamamiento a proteger el futuro. Ampliemos las geografías de
la paz, no de la guerra. El futuro compartido de los pueblos debe construirse no bajo la sombra de
las armas, sino a través de la libre voluntad de las propias comunidades.

¡Objeción de conciencia y resistencia al servicio militar, por la paz!

• La organización denuncia que la ofensiva militar perpetrada por Estados Unidos e Israel supone una grave agresión contra la legalidad internacional y el orden mundial.
• La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Granada manifiesta su firme rechazo a la guerra desencadenada en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel al margen de cualquier convenio y en abierta contradicción con la legalidad internacional y condena con firmeza la guerra desencadenada.

Esta intervención militar supone una grave agresión que no solo afecta a un país concreto, sino que pone en riesgo el propio orden internacional al imponer la ley del más fuerte sobre la lógica, la moral y la legalidad.

Ecologistas en Acción recuerda que las guerras provocan un sufrimiento humano incalculable y una devastación ambiental de enormes dimensiones. Los conflictos armados destruyen vidas, territorios, ecosistemas, infraestructuras básicas y comprometen durante décadas las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.

Cuando las grandes potencias actúan fuera de cualquier marco legal, el mensaje que se lanza al mundo es devastador: que la fuerza militar puede sustituir al derecho y que la violencia puede imponerse sin consecuencias. Este camino solo conduce a una mayor inestabilidad global y a un peligro creciente para la humanidad y el planeta.

Ecologistas en Acción es una organización ecopacifista y comparte el sentimiento mayoritario de la sociedad española: las guerras no son la solución. Por ello exige el cese inmediato de las acciones militares, vengan de donde vengan, y la apuesta decidida por la diplomacia, la cooperación y el respeto al derecho internacional.

Asimismo, considera imprescindible que estado español abandone alianzas militares de carácter belicista como la OTAN y apueste por una política internacional basada en la paz, la neutralidad, la justicia entre los pueblos y la defensa del planeta.

Frente a la lógica de la guerra, defendemos la lógica de la vida, la paz y la legalidad internacional.

Comunicado del comité ejecutivo de la IRG: ¡Detengan las guerras, silencien las bombas!

Las guerras y las escaladas en todo el mundo continúan cicatrizando a las comunidades y desestabilizando regiones enteras. Justo ayer, el estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán agregó otro frente a un panorama global ya marcado por la devastación en Sudán, la destrucción en Ucrania, el genocidio en Gaza, los bombardeos implacables en Yemen y los ataques aéreos en el Líbano. Ahora, Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra Irán, arrastrando a Oriente Medio a otro ciclo de destrucción.

Los asaltos que comenzaron el 28 de febrero no son ataques aislados; son actos de agresión que amenazan con engullir a toda la región. La represalia de Irán contra las bases estadounidenses ya ha ampliado el conflicto, llevando a Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania e Israel a la espiral de violencia. Millones de civiles en todo el mundo están ahora atrapados bajo la sombra de la guerra.

Las políticas agresivas de los Estados Unidos e Israel están transformando el Medio Oriente en un campo de batalla, borrando cualquier posibilidad de diálogo y estabilidad. Al mismo tiempo, la escalada de Irán corre el riesgo de convertir esta confrontación en una ola de violencia contra los pueblos que viven dentro y alrededor de sus fronteras. Esta espiral militarista no es sólo una violación del derecho internacional y el principio de protección civil, sino que también plantea la aterradora posibilidad de una guerra nuclear. El mundo no puede permitirse tal catástrofe.

Ninguna justificación puede legitimar bombardeos que ignoren la vida humana, y parece que incluso se ha intentado una pequeña explicación coherente: esta es la guerra por el bien de la guerra. Ningún cálculo estratégico puede excusar la transformación de regiones enteras en zonas de guerra. Lo que hay que hacer hoy es claro y urgente: la guerra debe terminar, los bombardeos deben cesar, los civiles deben ser protegidos, el derecho internacional debe ser respetado, y todas las partes deben comprometerse a dialogar en lugar de la destrucción.

La paz debe establecerse no sólo para el pueblo de Irán sino para todos los pueblos de la región. Nuestro llamado es intransigente: detener los ataques, silenciar las armas, evitar la propagación de la guerra y rechazar el camino del militarismo. La solidaridad, la justicia y la paz no son opcionales, son responsabilidad compartida de la humanidad, y deben ser defendidos contra la maquinaria de la guerra.

Original en Inglés en la página de la IRG:  https://wri-irg.org/en/node/42880?fbclid=IwY2xjawQSqxFleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeh0Ti_ncEQVrEyFI8RhYpK_StJvIaS02XxK6ERbAdBLb3KdTMnGcE-Pp9KwM_aem_-uIaQrFbg8250xRmvIi1gg

Hoy volvemos a salir a las calles en todo el Estado, y hoy nos concentramos aquí,  delante de la base naval de Rota, por el pueblo palestino.

Su lucha por la vida, la dignidad y la justicia es también la nuestra.

Estamos aquí para denunciar 78 años de colonización, ocupación militar, apartheid y genocidio del régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino.

Estamos aquí porque la impunidad continúa.

Porque las complicidades continúan.

Y porque la solidaridad no se detiene.

Hoy seguimos clamando: No en nuestro nombre.

Y no estamos en un lugar cualquiera para hacerlo.

Rota no es un espacio neutral.

Esta base militar es un enclave estratégico del entramado bélico global liderado por Estados Unidos, un nodo fundamental de la OTAN y una pieza clave de la logística militar en el Mediterráneo. Desde aquí se proyecta poder militar, se facilitan despliegues, se sostienen alianzas armadas. Aquí se materializa la responsabilidad directa de nuestros gobiernos en guerras que destruyen pueblos enteros. Esta base forma parte del engranaje que sostiene el genocidio del pueblo palestino.

Y esa responsabilidad no es abstracta ni lejana.

Aquí, aviones militares cruzan nuestro cielo.

Barcos de guerra atraviesan nuestro mar.

Soldados se concentran en esta base militar.

Y sabemos que este mismo poder militar es el que arrasa Gaza, el que bombardea, el que asedia, el que mata.

Nada de esto es casual. Responde a una estrategia política y colonial bien definida, con responsables concretos.

El plan impulsado por Donald Trump junto al régimen israelí no es un plan de paz. Es una nueva imposición colonial, que busca legitimar el genocidio, la anexión y la limpieza étnica. Pretende rediseñar Palestina sin el pueblo palestino, reduciéndola a enclaves fragmentados, sin soberanía ni futuro.

El futuro de Palestina solo puede decidirlo el pueblo palestino.

Pese al llamado “alto el fuego”, Israel sigue asesinando, bombardeando, bloqueando la entrada de ayuda humanitaria. Ha convertido el invierno en otra arma de guerra. En la Franja de Gaza, niñas y niños están muriendo de frío, mientras la lluvia y el viento inundan tiendas precarias donde sobreviven personas desplazadas una y otra vez, después de haber perdido sus casas, sus barrios, sus familias.

El genocidio continúa también en Cisjordania, donde la violencia extrema de colonos armados, protegidos por el ejército israelí, se ha intensificado como nunca. Pueblos enteros están siendo destruidos, las detenciones arbitrarias se multiplican y la limpieza étnica avanza día tras día.

Mientras todo esto ocurre, los Estados que se dicen democráticos siguen sosteniendo la maquinaria de guerra. Estados Unidos, actor central del genocidio, utiliza bases como esta para mantener su poder militar global. España, a través de acuerdos militares y de defensa, sigue formando parte de esa arquitectura bélica. Y eso nos interpela directamente.

Más de dos años de exterminio retransmitido en directo y del colapso del derecho internacional tienen consecuencias globales. La impunidad se expande. Vemos cómo Donald Trump, partícipe directo del genocidio contra el pueblo palestino, actúa con total impunidad también en otros territorios. Por eso decimos con claridad: luchar por la libertad de Palestina es luchar por la libertad de todos los pueblos.

A esta violencia se suma ahora un nuevo ataque: la prohibición de al menos 37 ONG internacionales que prestan ayuda humanitaria en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Esta decisión implica el cierre de hospitales de campaña, la interrupción de la distribución de alimentos y agua, el colapso de la atención psicosocial y la desaparición de mecanismos básicos de protección para la infancia y las personas más vulnerables.

Privar de ayuda humanitaria a una población bajo asedio es un crimen más.
Y criminalizar la solidaridad es otra cara del genocidio.

Nuestra presión popular ha dado algunos resultados. Desde barrios, universidades, centros de trabajo y espacios culturales, los pueblos estamos diciendo alto y claro que no vamos a normalizar relaciones con un Estado genocida. Cada boicot, cada acción, cada denuncia eleva el coste político de la complicidad.

Pero no es suficiente.

El Gobierno español y muchas instituciones siguen colaborando con Israel y sus empresas, manteniendo relaciones económicas, militares, diplomáticas, culturales y académicas. Siguen existiendo excepciones, opacidad y puertas traseras que permiten que el comercio de armas y la cooperación militar continúen.

Esa complicidad mata.

Las amenazas de Estados Unidos contra los países que impiden el atraque de buques que alimentan el genocidio son chantaje político. Impedir el tránsito de material militar no es una opción política: es una obligación legal según el derecho internacional humanitario y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En la noche de Navidad, el gobierno de coalición cedió a la presión de la empresa militar Airbus y activó la cláusula de excepcionalidad del Real Decreto‑Ley para adquirir material de defensa y doble uso destinado a Israel, bajo el argumento de intereses industriales y estratégicos. Mientras se proclama apoyo al pueblo palestino, se legitima, de facto, el genocidio.

Esta decisión es ilegal, ilegítima e inmoral. El derecho internacional es claro: ante un genocidio, los Estados tienen la obligación de no colaborar ni facilitar crímenes internacionales. Tras dos años en las calles exigiendo el fin del comercio de armas con Israel, la doble moral del Gobierno queda patente al combinar gestos diplomáticos con excepciones al embargo, priorizando beneficios económicos y estratégicos sobre la vida humana.

Cumplir el derecho internacional y no ser cómplices de un genocidio no es negociable, se cumple, aun cuando implique resistir presiones o amenazas de cualquier potencia. Las bases militares, los puertos, los acuerdos de defensa y las excepciones legales no pueden estar por encima de la vida.

Por eso estamos hoy aquí, delante de esta base militar.

Porque nuestro silencio también sería complicidad.

Porque cada acto cuenta.

Porque cada boicot importa.

Porque cada presión funciona.

Exigimos:

• Fin al genocidio: retirada israelí, entrada de ayuda humanitaria, juicio a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, liberación de todas las personas presas palestinas y derecho al retorno a las palestinas palestinas.
• Embargo integral y retroactivo de armas a Israel, que incluya venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad.
• Ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel.
• Sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional.
• Derogación de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de quienes defienden los derechos humanos.

¡Embargo de armas integral y ruptura total de relaciones con Israel!
 Desde el río hasta el mar, Palestina será libre.