• Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy 5 de junio, Ecologistas en Acción de la provincia de León hace pública la concesión de los premios Atila y Caballo de Atila para distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la crisis ecosocial.
• Como en años pasados, también distinguimos la mejor conducta con el premio Ecologista.

El veredicto del Jurado este año ha sido unánime:

ATILA 2026 ex aequo

Juan Carlos Suarez-Quiñones (Consejero saliente de Medio Ambiente de la Junta) y José Ángel Arranz Sanz (Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal) merecedores de esta distinción por ser los máximos responsables en Castilla y León de la gestión forestal y de la política de prevención y extinción de incendios forestales. Desempeño a todas luces nefasto, que propició el pasado verano el mayor desastre ecosocial y ambiental registrado hasta el momento en la provincia de León, con la muerte de 4 personas y la pérdida del 10% de toda la superficie forestal calcinada en tres semanas, afectando a especies amenazadas como el lobo, el oso o el urogallo, y a espacios de altísimo valor ecológico, como los Montes Aquilanos, las Sierras de la Cabrera, Alto Sil, Ancares, o el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Se ha destacado en la concesión de este premio la reincidencia de los galardonados que, a pesar de los incendios ocurridos en 2022 en la Sierra de La Culebra (Zamora), donde perdieron la vida otras 3 personas, siguieron recortando y privatizando los operativos de extinción, en vez de poner en marcha planes preventivos eficientes, que resultan imprescindibles en el contexto actual de cambio climático y abandono rural, los dos factores que agravan los incendios forestales y los convierten en megaincendios, o incendios de sexta generación, cuya extinción es prácticamente imposible.

HORDAS DE ATILA 2026

Se concede este año el galardón ORDAS DE ATILA al Sr. Suarez-Quiñones en reconocimiento a su trayectoria de 11 años al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Enumerar sus méritos sería interminable, solo la gestión negligente y continuada de los incendios forestales, le acreditan como el peor consejero de Medio Ambiente en las cuatro décadas de existencia de la Junta de Castilla y León, y le hacen digno merecedor de este premio extraordinario.

CABALLO DE ATILA 2026 ex aequo

Alfonso Arroyo González, Director General de Energía y Minas de la Junta, por autorizar el aprovechamiento de aguas subterráneas potencialmente contaminadas por los incendios forestales de 2025, para el abastecimiento de la planta embotelladora que proyecta en Quintana y Congosto, la empresa Pascual-Bezoya.

Jesús Méndez Férnandez, Jefe del Servicio de Medio Ambiente de León, por permitir la caza y la ganadería, a partir de los meses de abril y mayo de 2026, en los montes de la provincia de León quemados en agosto de 2025, en contra de la Ley de Montes, que prohíbe durante cinco años los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en terrenos forestales calcinados para que sea posible su regeneración.

ECOLOGISTA 2026

Bomberos forestales de Castilla y León, que ponen en riesgo sus vidas para preservar el Patrimonio Natural de nuestros pueblos y que siguen trabajando en la precariedad, con sueldos miserables, sin contar con la formación y la equipación material necesaria y sin el reconocimiento de su estatus profesional.

Con esta nota de prensa Ecologistas en Acción quiere manifestar su solidaridad y apoyo a cuantas reivindicaciones y acciones de protesta realicen los bomberos forestales de Castilla y León. Comunidad gobernada por dirigentes que maltratan al operativo en la lucha contra los incendios forestales; políticos que niegan el cambio climático y privatizan un servicio esencial que debería ser 100% público.

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En el contexto del genocidio de Israel en Gaza son un actor central unas 1.600 corporaciones privadas, que no solo se benefician de los resultados de la ocupación sino que son pieza central del capitalismo neocolonial.

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En ocasiones pareciera que no hay forma de caer más bajo, pero el actual gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza y Marco Rubio como secretario de Estado, ha lo grado lo imposible y ha llevado la palabra cinismo a una nueva definición que rebasa todo límite racional, pues estamos ante la farsa y la tragedia unidas como la analogía que Carlos Marx utilizara en 1852 para referirse a la particularidad de algunos hechos históricos, y es que ya el imperialismo estadounidense ha llegado a convertirse en una parodia ridícula de sí mismo.

Piden al Alcalde de León que dicte decreto de paralización de las obras que está ejecutando la UTE Red de Calor.

Ecologistas en Acción ha presentado, al SEPRONA de la Guardia Civil de León, denuncia contra los responsables de la UTE Red de Calor por ejecución de obras presuntamente ilícitas consistentes en movimiento de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga (Soto de Santa Olaja del barrio de Puente Castro) y desbroces en el cauce y zona de policía del río Torio.

La Asociación considera que la UTE no está legalmente autorizada para la ejecución de estas obras, porque el proyecto de la red de calor (fase I de la central térmica y fase inicial de la red de tuberías) aunque obtuvo licencia de obras el pasado 8 de mayo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, aún no ha sido licitado ni obviamente adjudicado legalmente a las empresas que forman la denominada UTE Red de calor.
En este sentido, el 11 de mayo la prensa local recogía las declaraciones del Consejero de Medio Ambiente en funciones, Sr. Juan Carlos Suárez-Quiñones, -de cuya Consejería depende la entidad SOMACYL promotora de la red de calor-, afirmando que “la Junta licitará las obras en las próximas semanas”.

Las obras denunciadas afectan a terrenos protegidos de la urbanización por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León, que los clasifica como rústicos con protección natural y especial, y que conservan a dia de hoy los valores naturales por los que obtuvieron esa protección. Si bien es cierto que, al tramitar y autorizar como Proyecto Regional (BOCYL de 18 de julio 2025) el complejo industrial que incluye la central térmica de la red de calor, se modifica el PGOU de León pasando el terreno afectado de rústico protegido a urbano consolidado, lo que ha llevado a esta Asociación a impugnar en vía judicial dicho PR, presentando el correspondiente recurso contencioso-administrativo que se sigue en el TSJ de Castilla y León.

Por otra parte, los desbroces en la orilla del Torio y trabajos en zona de policía de los ríos Torio y Bernesga, deben ser autorizados por la CHD, sin que tengamos conocimiento de que la UTE haya solicitado y obtenido los permisos preceptivos. Tampoco tenemos constancia de que CHD haya autorizado la colocación del vallado que corta el vial que bordea el río, limitando el tránsito de vehículos y personas por un camino frecuentado para el paseo y la práctica deportiva, por los vecinos y vecinas de los barrios próximos de La Lastra y Puente Castro.

Dado que los hechos denunciados pueden incurrir en delitos presuntos contra el medio ambiente, concretamente sobre la ordenación del territorio o delitos urbanísticos (Artículo 319 del Código Penal) con el agravante de afectar a suelos que han estado protegidos por el planeamiento urbanístico (desprotegidos por una resolución administrativa sub iudice) como es el Soto de Santa Olaja, y a bienes de dominio público protegidos por la legislación de aguas, como son los cauces, vegetación de ribera y zona de policía de los ríos Bernesga y Torio, se ha pedido al SEPRONA que investigue los hechos y al Alcalde de León que dicte orden de paralización cautelar de las obras, al menos hasta que sean licitadas y adjudicadas siguiendo los procedimientos legalmente establecidos.
Aprovechamos esta nota de prensa para apoyar la concentración de protesta organizada por los vecinos y vecinas de los barrios de Puente Castro y La Lastra que tendrá lugar este sábado a las 12 horas en la glorieta de la Avda. La Lastra de acceso a la zona deportiva de Puente Castro.

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El estudio de viabilidad es obligatorio con carácter previo a la licitación de las obras.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Alcalde, mediante escrito registrado esta mañana, y a la Corporación Municipal en Pleno, por carta a todos los concejales del gobierno y también de la oposición, que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que ha justificado el otorgamiento, por la Junta de Gobierno local el pasado viernes 8 de mayo, de la licencia de obras para la central de biomasa en Puente Castro, y para los primeros kilómetros de tuberías de la red de calor. Obras que, en declaraciones públicas del Consejero de Medio Ambiente en funciones, Sr. Suarez-Quiñones “la Junta licitará en las próximas semanas”.

Dada la magnitud de la inversión prevista, del tamaño de la central térmica proyectada (una gran instalación de combustión) y de la complejidad de la intervención urbanística que requiere el despliegue de la red de calor por todo el municipio, el informe o estudio de viabilidad solicitado, es vinculante y obligatorio con carácter previo a la licitación de las obras. La exigencia del informe de viabilidad viene impuesta por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (art. 247) y por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 7.4).

El Ayuntamiento tiene la obligación de evaluar la repercusión que tendrá la implantación de la red de calor en el presupuesto municipal a lo largo del tiempo. Obligación que viene reforzada porque el servicio que se oferta (agua caliente sanitaria y para calefacción) no es competencia directa del Ayuntamiento, sino de SOMACYL. El estudio de viabilidad no es una mera formalidad, debe ser funcional, y preceptivamente debe incluir:

• Previsiones de demanda: Sin embargo, no se conoce padrón de potenciales clientes.
• Fuentes de financiación: No se ha informado de las tarifas y costes de enganche que tendrán que asumir los usuarios. Por otra parte, las subvenciones públicas y/o créditos que se barajan son meras especulaciones.
• Costes de explotación: Son también desconocidos. Ni siquiera sabemos la procedencia de las 128.000 toneladas anuales de astillas de madera (no confundir con residuos forestales leñosos) que puede quemar la central térmica funcionando a pleno rendimiento, afectando a los ecosistemas forestales de la provincia.
• Inversiones necesarias: Desconocemos el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de la red de tuberías, cuyo proyecto no se ha sometido a información pública.
• Análisis de riesgos: Imprescindible en la evaluación de un proyecto que puede afectar a la estabilidad económica del municipio.

Cuestiones que los y las vecinas de León tienen derecho a conocer y que es obligatorio estudiar antes de proceder a la licitación de las obras, anunciada por el Sr. Suarez-Quiñones.

Así las cosas, la prensa local informaba el pasado lunes de que tres empresas estaban realizando movimiento de tierras en el Soto de Santa Olaja de Puente Castro, emplazamiento de la central de biomasa. Nos preguntamos: ¿Como es posible que las autoridades locales permitan ejecutar obras sin previa licitación y adjudicación? ¿Hay gobierno municipal? o es directamente la Junta a través de SOMACYL quién decide en León?

A la vista de las irregularidades que acumula un proyecto contaminante, innecesario y lesivo para los intereses de la ciudadanía leonesa, hay que seguir rechazándolo no solo en los tribunales de justicia, donde vecinos y ecologistas han interpuesto varios recursos contencioso-administrativos, sino también en las calles. Por eso aprovechamos esta nota de prensa para apoyar la próxima concentración de protesta convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro. Será este sábado 16 de marzo a las 12 horas, en la glorieta donde confluyen la avenida de la Lastra y la calle La Flecha, entrada a la zona deportiva de Puente Castro.

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• La Federación autonómica celebra en Burgos su Asamblea de Primavera para coordinar las luchas territoriales del próximo semestre.
• Se exige a la Junta de Castilla y León que deje de permitir la caducidad de miles de expedientes sancionadores por infracciones ambientales y que declare una moratoria para la instalación de renovables.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León celebró el sábado 9 de mayo, en Burgos, su Asamblea anual de primavera, un encuentro clave donde los grupos locales de la comunidad han coordinado sus estrategias para enfrentar los desafíos ecosociales que afectan al territorio.

Freno a la expansión descontrolada del biogás y biometano

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la aprobación de un proceso de debate para que la Federación adopte un posicionamiento firme ante el auge de las plantas de biogás y biometano. El problema de fondo se asocia a un sistema industrial de producción de alimentos que absorbe ingentes cantidades de recursos (agua, piensos industriales, energía) y genera enormes cantidades de emisiones a la atmósfera y de unos residuos líquidos, los purines, cuya gestión resulta difícil, habiéndose optado tradicionalmente por la incorporación al terreno como abono, si bien sin las debidas garantías y controles. Basándose en la experiencia de Valladolid y el trabajo de la plataforma Burgos se defiende, Ecologistas en Acción ha definido una serie de propuestas, que serán objeto de estudio, para que estas instalaciones tengan una implantación realmente sostenible y no se conviertan en un nuevo problema de salud pública y ambiental.

Denuncia de la amnistía ambiental de la Junta de CyL

La Asamblea ha mostrado su profunda indignación ante los datos recientes que confirman que la Junta de Castilla y León ha dejado caducar o prescribir miles de expedientes sancionadores por infracciones ambientales. “Es una dejación de funciones inaceptable que funciona como una amnistía de facto para los infractores”, han señalado durante la reunión. Así mismo, los distintos grupos locales de Ecologistas en Acción han compartido las diversas trabas que está poniendo la administración autonómica en el acceso a la información y a la participación, bloqueando el acceso a expedientes. Es por ello que la Federación ha acordado medidas para exigir responsabilidades y revertir estas situaciones de impunidad y falta de transparencia.

Contaminación por nitratos y emergencia hídrica

La calidad del agua sigue siendo una prioridad absoluta para la Federación. El grupo de Salamanca ha anunciado la reactivación de las mediciones de nitratos en el agua, una labor de ciencia ciudadana fundamental para denunciar la contaminación de los acuíferos y garantizar que los pueblos de la región tengan acceso a agua potable segura. Otros grupos, como el de Burgos, han compartido mediciones en municipios que sobrepasan con creces los límites establecidos, lo que le ha llevado a denunciar la situación ante la autoridad competente.

Moratoria a la instalación de renovables

Se ha ratificado la postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. La organización considera que es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Próximas actividades

La Federación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la Marcha Antinuclear el próximo 23 de mayo, para la cual se organizarán autobuses y apoyo logístico desde distintas provincias. Asimismo, se ha dado luz verde a una campaña de divulgación sobre el lobo ibérico mediante paneles informativos para fomentar la coexistencia y el respeto a esta especie emblemática.

Finalmente, la Asamblea ha explorado la posibilidad de nuevas alianzas y ha definido sus objetivos estratégicos para trabajar durante el próximo semestre, siempre de la mano de sus socias y socios quienes voluntariamente defienden el territorio y las injusticias sociales.

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• El recurso de Ecologistas en Acción ha motivado la sentencia que declara ilegales varios apartados que permitían transformar montes en cultivos agrícolas de forma amplia y poco justificada.
• Ecologistas en Acción Castilla y León ha logrado una importante victoria judicial tras la estimación parcial de su recurso contra el Decreto 9/2024 de la Junta de Castilla y León, que regula las autorizaciones de cambio de uso forestal.

El Tribunal declara nulos de pleno derecho varios de los elementos centrales del decreto, en concreto los apartados relacionados con declarar “cultivos de alto interés” los cultivos de regadío destinados a alimentación humana y otros que limitaban la protección de hábitats prioritarios únicamente a los catalogados como bosques. Los cultivos que requieran condiciones edáficas y/o climáticas especiales que solo se encuentran en superficies reducidas y que se dan cita en las parcelas en que se solicita el cambio de uso.

La sentencia además considera que la norma autonómica vulnera la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 3/2009 de montes de Castilla y León, que establecen que el cambio de uso forestal debe tener carácter excepcional cuando no responde a razones de interés general. El Tribunal considera que el Decreto impugnado, aunque reconoce formalmente esa excepcionalidad, en la práctica la desvirtúa al ampliar y normalizar los supuestos en los que se permite transformar terrenos forestales, especialmente para usos agrícolas.

En particular, la Sala rechaza que pueda considerarse excepcional cualquier cultivo de regadío destinado a alimentación humana, al tratarse de una categoría tan amplia que permite justificar cambios de uso en un gran número de casos. Del mismo modo, critica la vaguedad de otros supuestos incluidos en la norma, cuya falta de definición facilita una aplicación arbitraria.

La sentencia también cuestiona el uso de argumentos como el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero” para justificar estos cambios, al considerar que recurrir a este tipo de razones —propias del interés general— para autorizar transformaciones que no lo son evidencia la falta de justificación de la norma.

Asimismo, el tribunal advierte de que el decreto introducía una protección insuficiente de los hábitats de interés comunitario, al limitarla únicamente a los catalogados como bosques, dejando fuera otros ecosistemas igualmente valiosos como brezales o formaciones herbosas.

Otro de los aspectos destacados del fallo es el rechazo al concepto de “equivalencia ecológica” planteado en el Decreto, al considerar que no es posible equiparar ecosistemas forestales complejos con cultivos, ni garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos mediante este tipo de sustituciones.

El tribunal concluye que la falta de concreción de la norma vulnera el principio de seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad de la Administración recogidos en la Constitución.

La sentencia también descarta que el aumento de la superficie arbolada en Castilla y León justifique una flexibilización del cambio de uso forestal, recordando que la normativa vigente mantiene su carácter restrictivo.

Ecologistas en Acción ha aportado distintos informes científicos que alertaban del impacto potencial sobre hábitats protegidos y la importancia de estos hábitats abiertos para la conservación de distintos grupos de insectos en Castilla y León.

Esta sentencia deja claro que no se puede utilizar una norma autonómica para vaciar de contenido la protección del monte. El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla, y no puede justificarse con criterios ambiguos ni con argumentos que no responden a un verdadero interés general”, señalan desde Ecologistas en Acción.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación.

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Las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción, Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL) denuncian públicamente que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo.

A pesar de haber presentado diversas solicitudes formales (al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus), la administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregar los supuestos informes técnicos en los que afirma haber basado una decisión de extraordinaria gravedad: permitir la caza y el pastoreo en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las asociaciones firmantes cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes. Hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales.

El núcleo del problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado.

Tras los incendios del pasado verano, la Junta ha adoptado una decisión que supone, en la práctica, dejar sin efecto una prohibición expresa contenida en la normativa forestal. La legislación vigente (en particular, la normativa de montes aplicable en Castilla y León) establece con claridad la prohibición de la caza y el pastoreo durante un periodo mínimo de cinco años en terrenos forestales incendiados, con el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen.

La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura.

Esta opacidad resulta particularmente grave en materia ambiental, donde el acceso a la información no es una mera formalidad administrativa, sino un pilar esencial reconocido internacionalmente en instrumentos como el Convenio de Aarhus (1998) y desarrollado en España a través de la Ley 27/2006. La negativa a facilitar esta información no solo vulnera derechos fundamentales de participación, sino que erosiona los mecanismos de control sobre la actuación administrativa.

Las asociaciones firmantes advierten de que no se puede descartar que nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real, lo que podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales y exigen la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes.

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El agua mineral concedida al grupo Pascual Bezoya por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, en la localidad de Quintanilla de Flórez (Quintana y Congosto), procede del acuífero de la Maragatería que, según informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), está potencialmente contaminado por los incendios forestales que asolaron la provincia de León el pasado verano.

La Junta de Castilla y León otorga el aprovechamiento de medio millón de m³/año de agua, con la categoría de agua mineral natural, al grupo Pascual Bezoya procedente del acuífero subterráneo de la Maragatería sin tener en cuenta los informe de CHD que alertan sobre la repercusión en los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población ni la comprobación de la contaminación del acuífero.

Como ya informamos, tras los incendios forestales del pasado mes de agosto, Ecologistas en Acción de la provincia de León remitió sendos escritos a la Dirección General de Minas, responsable de la concesión y gestión de las Aguas Minerales y a la Confederación Hidrográfica del Duero como Organismo competente en materia de aguas, requiriendo la evaluación y control del estado, actual y futuro, de los acuíferos en las zonas afectadas por los incendios.

Atendiendo a esta solicitud, el organismo de cuenca remitió un documento señalando que, “en lo referente a las áreas afectadas por los incendios en la provincia de León, se han identificado las siguientes masas de agua subterránea potencialmente afectadas: La Tercia-Mampodre-Riaño (400001), La Babia-Luna (400002), Terciario Detrítico del Esla-Cea(400007) y La Maragatería (400012).”

Concluía el informe advirtiendo que “el potencial impacto de los incendios en las aguas subterráneas no se produce de forma inmediata, dado que para que los contaminantes asociados a cenizas y materia orgánica alcancen los acuíferos es preciso que se produzca la recarga, lo cual depende de la ocurrencia de precipitaciones significativas y de su infiltración a través del suelo y la zona no saturada”.

La Dirección General de Minas resolvió este requerimiento de Ecologistas en Acción argumentado que “no existe precepto legal que obligue a iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas de las Declaraciones de Agua Mineral otorgadas, ni de la suspensión cautelar de las mismas”, amparándose en la vigente Ley de Minas, una obsoleta norma preconstitucional del año 1973 que en ningún caso tiene en consideración el impacto sobre el medio ambiente de las explotaciones mineras.

Resulta inadmisible que se conceda la autorización de aprovechamiento de las aguas justificándolo con un informe vinculante de la Dirección General de Salud Pública anterior a la contaminación del acuífero, sin haber hecho la mínima comprobación posterior, cuando es evidente y conocido que las condiciones del agua han empeorado ostensiblemente y ni siquiera se puede prever cuándo se revertirán al estado anterior avalado por la DG de Salud Pública.

Además, el informe de CHD sobre la viabilidad del proyecto considera que la primera fase de 500.000 m³/año es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales, desde el inicio y durante todo el periodo de la concesión, de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población.

La Dirección general de Minas resuelve estas advertencias, otorgando el aprovechamiento condicionado a que el promotor, parte interesada en el proyecto, sea el responsable de estos controles, en vez de confirmar que estos condicionantes se cumplen.

En definitiva, se otorga el aprovechamiento sin comprobar ni garantizar el comportamiento de las presiones en los pozos artesianos que dan suministro a las poblaciones de la zona ni el estado de contaminación actual y futuro de estas aguas.

La adjudicación del aprovechamiento de agua mineral, además de privatizar el acuífero conlleva el establecimiento de un perímetro de protección de los terrenos, para impedir la contaminación de las aguas adjudicadas, en este caso la superficie aprobada es de más de 2.000 hectáreas, comprometiendo los terrenos del pueblo de Quintanilla de Flórez y colindantes.

Se le otorga al promotor el derecho sobre esos terrenos, públicos y privados, con el fin de impedir cualquier actividad que puedan afectar a las aguas, lo que supone una hipoteca real sobre unas parcelas que no se podrán utilizar, sin permiso del promotor, en las actividades agropecuarias propias de los usos de estos terrenos rústicos, además de movimientos de tierras, excavaciones, apertura de nuevos sondeos, etc., por lo que supone de facto una importante minusvalía de su valor actual, sin contraprestación alguna.

Ecologistas en Acción de león ha presentado Recurso de Alzada a la autorización del aprovechamiento, solicitando su suspensión.

Cabe destacar que la industria del agua embotellada se encuadra en un modelo especulativo que basa su rentabilidad en la explotación de un bien público y derecho humano como es el agua, cada vez más escaso, que la administración concede generosamente para un lucrativo negocio privado.

 

Recurso de alzada al sondeo Jamuz Bezoya

Asunto: RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas relativa a la autorización de aprovechamiento del agua mineral natural, recurso de la sección B), procedente del sondeo  con la denominación «Jamuz» n.º 81.151, situado en el término municipal de Quintana y Congosto (León). Expte.: SM 2023/374.

 

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La organización ratifica que solo apoyará los proyectos que garanticen la soberanía energética ciudadana y la protección del suelo agrario, exigiendo una moratoria inmediata para las plantas industriales.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha fijado su postura oficial ante el aluvión de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio. Tras una votación en su comité federal, la organización ha sido clara: es necesaria una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables, exceptuando únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana, como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

Un cambio de modelo: del extractivismo a la democratización

La organización defiende que la transición energética no debe ser una moneda de cambio que hipoteque el suelo agrario y el paisaje de Castilla y León para beneficiar a grandes empresas.

“Nuestra prioridad absoluta es que el foco se traslade a las instalaciones en tejados de polígonos, grandes aparcamientos y edificios públicos. No podemos seguir ocupando tierras de cultivo cuando tenemos miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas”, señalan desde la Federación.

Datos que avalan la saturación del territorio

La petición de moratoria no es arbitraria, sino que responde a la saturación energética que reflejan los datos consolidados de 2024:

• Exceso de objetivos: Castilla y León ya tiene un 92,8% de energía renovable en su mix, superando con seis años de antelación el objetivo del Gobierno de España para 2030 (81%).
• Superávit de exportación: La producción conjunta de eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 GWh, lo que supone cubrir el 121,1% de toda la demanda eléctrica regional.
• Red saturada: Mientras se proyectan nuevas macroplantas, hay 15.000 millones de euros en proyectos industriales bloqueados en la región porque la red eléctrica está saturada enviando energía hacia Madrid y otros grandes centros de consumo.

Justicia territorial y protección del suelo

Desde Ecologistas en Acción denuncian que la explosión fotovoltaica actual (especialmente en el eje Palencia-Zamora-León) busca aprovechar los nudos de red de las antiguas térmicas para evacuar energía fuera de la comunidad, sin dejar beneficios locales y bloqueando el desarrollo de la agroecología o el turismo sostenible.

Con esta postura, la organización busca:

• Protección de suelos de alto valor: Evitar la ocupación de tierras agrícolas por paneles a gran escala.
• Reducción del consumo: Priorizar la eficiencia para evitar que el crecimiento renovable alimente un consumo ilimitado.
• Seguridad jurídica: Garantizar el desmantelamiento y restauración de los terrenos cuando las instalaciones actuales cumplan su vida útil.

La Federación concluye que “el modelo de exportación masiva sin contraprestaciones está agotado”. Por ello, instan a las administraciones a detener la autorización de grandes parques y centrar todos los esfuerzos técnicos y económicos en el autoconsumo y las instalaciones de proximidad, las únicas que garantizan un beneficio real para las personas de Castilla y León.

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La última campaña de ciencia ciudadana de medición de calidad de aire de Ecologistas en Acción de Salamanca y la plataforma Barrios por el Clima de Salamanca revela que el 100% de los centros educativos de la ciudad supera los límites de NO2 recomendados por la OMS mientras el Ayuntamiento incumple la ley actual apoyándose en una estación oficial ubicada en una zona no representativa.

 

Los datos no engañan, así lo reflejan los resultados de medición de dióxido de nitrógeno (NO2): respirar en la puerta de un centro educativo en Salamanca es, hoy por hoy, un riesgo para la salud.

Este trabajo ha sido realizado en la ciudad por Ecologistas en Acción de Salamanca y la plataforma Barrios por el Clima de la que forman parte tanto Ecologistas en Acción como diversas asociaciones vecinales (ZOES, Garrido Contigo, Cuidamos Villamayor, Asociación de vecin@s de Tejares, Asociación vecinal Bretón, Asociación Los Alcaldes, El Volcán de Garrido, Asociación El Zurguen), otros colectivos como el Comité de Bici Urbana Guardabarros y el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y vecinos y vecinas a título individual.

Esta acción se integra en la quinta campaña de ciencia ciudadana de la coalición europea Clean Cities, una iniciativa clave para concienciar sobre la movilidad sostenible y el impacto del aire contaminado en la salud de las y los menores. En esta edición, se ha fiscalizado la calidad del aire en 412 puntos críticos de 66 municipios de todo el país, incluyendo el análisis detallado de los entornos escolares de Salamanca.

La dictadura del coche frente a los pulmones infantiles

Mientras la estación oficial de la calle La Bañeza marca unos cómodos 15,4 µg/m³, la realidad que vive la comunidad educativa a pie de aula es otra muy distinta. El informe compara los datos registrados en noviembre de 2025 con los tres grandes marcos de seguridad, y las cifras son alarmantes:

• Dos centros han roto la barrera del límite legal vigente de 40 µg/m³. El CPC San Juan Bosco (45,9 µg/m³) y el CEIP Juan Jaén (40,2 µg/m³) están hoy en una situación de ilegalidad que el Ayuntamiento de Salamanca no puede seguir ignorando.
• El 100% de los centros educativos medidos supera el límite de 10 µg/m³ recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso el CEIP Piedra de Arte (Villamayor), el más “limpio” de la muestra con 17,3 µg/m³, casi duplica lo que la ciencia considera seguro.
• Con la nueva Directiva Europea en el horizonte (límite de 20 µg/m³), el 85% de los centros escolares de la ciudad fracasaría, lo que obligará a una reducción drástica de emisiones en tiempo récord.

Esta brecha demuestra que la red de medición actual no está cumpliendo su función de proteger a las personas más vulnerables ya que no refleja la realidad de la calidad del aire salmantino. “No podemos decir que Salamanca tiene aire limpio cuando el 100% de los entornos escolares medidos superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud”, denuncian desde Barrios por el Clima.

 

Un informe hecho por las personas

La fuerza de este informe reside en la ciencia ciudadana: son las propias asociaciones y colectivos vecinales quienes han gestionado directamente los captadores y los han colocado en las puertas de los centros educativos. Esta metodología permite obtener una radiografía real y a pie de calle que la estación oficial, alejada del tráfico, no logra registrar. Al involucrarse en la recogida de muestras, la comunidad deja de ser pasiva para convertirse en protagonista de la vigilancia de su propio entorno, generando una base sólida para exigir políticas que prioricen la salud frente al coche.

A pesar de su carácter participativo, el proceso cuenta con un estricto rigor técnico. Las mediciones se han realizado mediante captadores pasivos de difusión, un sistema estandarizado y analizado por laboratorios acreditados que garantiza resultados fiables, contrastables y precisos. Este método, avalado a nivel europeo, asegura que los datos obtenidos en Salamanca no son simples estimaciones, sino una prueba científica de la exposición real que sufren las y los menores cada día al entrar en las aulas.

Existen medidas eficaces: solo falta voluntad política

Los datos de la campaña 2025 dejan en evidencia la actual planificación municipal. El CEIP Santa Catalina, ubicado dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es de los pocos que respira un aire algo más limpio (19,1 µg/m³), demostrando que la restricción del tráfico funciona. Sin embargo, los colegios con los peores datos de la ciudad han quedado fuera de esta protección. “La ZBE de Salamanca no se ha diseñado pensando en la salud, sino en el trámite administrativo y pensando en no molestar demasiado al coche”, denuncian desde la plataforma.

Para revertir esta situación, Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima exigen al Ayuntamiento un plan de choque real. Mientras ciudades en Reino Unido, Francia o Italia ya transforman sus entornos escolares, Salamanca sigue anclada en un modelo que prioriza el asfalto y el tráfico motorizado. Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Medición más representativa: exigir a la Junta de Castilla y León que aumente el número de medidores de calidad del aire y los sitúe en zonas con tráfico que puedan representar realmente el aire que se respira en la ciudad.
• Un plan integral de protección de los entornos escolares para reducir la contaminación atmosférica alrededor y peatonalizar (o pacificar al menos) las calles de alrededor.
• Incentivar la elección del colegio de barrio volviendo al sistema de distritos: evitar que se generen miles de desplazamientos innecesarios en coche, evitando el caos diario de dobles y triples filas en las puertas de los centros (especialmente en los concertados).
• Cero humos en la puerta: fomentar el acceso a pie, en bicicleta o transporte público al colegio o al instituto y eliminar los aparcamientos dentro de los recintos escolares.
• Entornos vivos y naturales: naturalizar los entornos escolares para mitigar el efecto “isla de calor” y transformar calles de tráfico en zonas verdes y áreas de juego.
• Movilidad activa: crear carriles bici seguros y caminos escolares que permitan a las familias dejar el coche en casa con garantías.
• Transporte público: incentivar su uso por parte de la población escolar (tanto del metropolitano como del municipal) prestando atención a los transbordos especialmente entre los dos modelos.

Salamanca se encuentra ante un reto sistémico y de salud pública. Con el 85% de los centros escolares por encima de los 20 µg/m³, la ciudad está hoy muy lejos de cumplir con la futura Directiva Europea. Los colectivos sociales insisten en que no basta con cumplir leyes obsoletas: es urgente proteger a la población infantil y juvenil para garantizar, por fin, que el derecho a respirar aire limpio no dependa del barrio en el que se estudie.

 

Municipios en las que se ha desarrollado la campaña 2025/2026. Enlace al mapa con todas las campañas y a los informes.

 

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