Ecologistas en Acción ha recibido notificación para comparecer y personarse en el recurso Contencioso Administrativo, que la asociación Ecología y Libertad ha interpuesto contra la Resolución de 19 de enero de 2026, de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno y amoniaco en el término municipal de Baltanás.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía notificó a Ecologistas en Acción, como parte, por haber participado durante toda la tramitación administrativa, para poder comparecer y personarse en el recurso contencioso que se ha iniciado contra la resolución de la Junta de Castilla y León por la que se ha concedido autorización ambiental para la instalación de una planta de hidrógeno y amoniaco que la empresa Green Capital Development 99 S.L.U pretende instalar en el polígono industrial de Baltanás, a escasos 500 metros del colegio público de infantil y primaria de la localidad.

Hemos considerado oportuno aceptar el emplazamiento y formar parte del procedimiento, aunque eso suponga actuar como parte co-demandada, ya que el recurso ha sido presentado por una asociación ajena a Ecologistas en Acción, y eso permitirá conocer cuales son las posible irregularidades denunciadas durante el proceso de tramitación del expediente para la concesión de la autorización ambiental por parte de la consejería de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio.

Además, consideramos una irregularidad palmaria haber concedido la autorización ambiental sin estar avalado, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, como se va a realizar el suministro de agua necesario para el funcionamiento de la planta, un millón de litros diarios, pasando por encima de este aspecto relevante e indicando que el suministro se hará a través de una captación directa desde el río Pisuerga a 14 kilómetros de distancia, también sin la preceptiva autorización del organismo de cuenca. Recordamos que la primera solicitud hecha por la empresa a la CHD para la autorización del pozo fue rechazada, habiéndose iniciado un nuevo procedimiento que deberá ser informado públicamente.

Desde Ecologistas en Acción aplaudimos y apoyamos la movilización que ha iniciado la Coordinadora Central Baltanás y animamos a continuar con la lucha poniendo el foco en los máximos responsables municipales que deben escuchar al pueblo para que, dentro de sus competencias siempre ajustadas a derecho, trabajen para rechazar un proyecto que es radicalmente contrario al modelo de desarrollo que hasta la fecha se había seguido, teniendo como principal referente la recuperación del barrio de las bodegas que quedará sin atractivo y con un desagradable tufo a amoniaco.

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• Ecologistas en Acción Ávila muestra su solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Burgohondo y agradece el trabajo del operativo de extinción y emergencias.
• La organización demanda adaptar la gestión forestal a la emergencia climática, poner ya planes de prevención y actuación local así como un plan integral de restauración de las zonas afectadas.

Ecologistas en Acción Ávila quiere trasladar su solidaridad a todas las personas afectadas por el incendio de Burgohondo, a la vez que reconocer el inmenso trabajo de los servicios de extinción y emergencias, agentes medioambientales, brigadas forestales, cuerpos de seguridad, voluntariado y todas las personas que están colaborando en la emergencia y en la atención a las personas evacuadas.

La organización lamenta profundamente la pérdida de viviendas, bienes y medios de vida, así como los daños ocasionados a espacios naturales de enorme valor, como la Reserva Natural del Valle de Iruelas y los pinares del Alto Tiétar.

Para Ecologistas en Acción, la magnitud de este incendio, que ya ha calcinado unas 50.000 Ha, debe marcar un punto de inflexión en la prevención y gestión del territorio. El cambio climático está generando temperaturas más elevadas, sequías y condiciones que favorecen incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Esta nueva realidad, se une al abandono rural y exige adaptar las políticas forestales y de prevención.

Prevención mucho más allá de simples desbroces

Las actuales condiciones exigen actuar estratégicamente sobre el territorio: recuperar el mosaico agroforestal, apoyar la ganadería extensiva y otras actividades rurales sostenibles, gestionar las zonas especialmente vulnerables y que son claves en la extinción de incendios.

Los pueblos deberían ser los primeros en ponerse al frente, asegurando tener planes de emergencia ante incendios. A pesar de sufrir cada año los incendios, la mayoría de los municipios de los valles del Tiétar y el Alberche ni siquiera cuentan con franjas de seguridad alrededor de los municipios. Algo que debería ser una prioridad en los presupuestos municipales, a juicio de la organización.

Ecologistas en Acción reclama también un urbanismo adaptado a la emergencia climática, que evite aumentar la exposición de viviendas y población en la interfaz urbano-forestal y que acabe con el urbanismo disperso, que resulta especialmente peligroso para las personas.

A escala más global, es crucial luchar contra el cambio climático, con políticas que abandonen el uso de los combustibles fósiles. Ya estamos viendo lo vulnerable que es nuestro país ante los fenómenos meteorológicos extremos, que seguirán agravándose si no se actúa.

Es imprescindible luchar contra la desinformación y los bulos. Desde la organización aseguramos que no hay ninguna norma que prohíba los desbroces ni que desde las organizaciones ecologistas los desaconsejan.

Finalmente, exigen un plan integral de restauración ambiental para las zonas afectadas, que proteja los recursos de agua, los suelos y garantice la supervivencia de especies de las zonas quemadas, como el buitre negro. Ante ese plan, es necesario abrir un debate sobre el tremendo riesgo de las viviendas en las zonas forestales, sobre todo las casas aisladas.

Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila:” En cuanto las llamas se apaguen debemos mirar hacia adelante.¡ Basta ya! O adaptamos la gestión del territorio a la emergencia climática, o tendremos incendios cada vez más difíciles de controlar y con consecuencias cada vez más devastadoras.

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El Mundial 2026 terminó: España campeona, pero el balón quedó manchado. Comercialización extrema, injerencia de Trump, veto a Irán, genocidio en Palestina, racismo lingüístico y una FIFA que premió al verdugo. El fútbol no es ajeno al imperio. La política siempre está en la cancha #Mundial2026 #FútbolYPolítica #Geopolítica #Palestina #Trump #FIFA #DeporteConConciencia

La Junta y el Ayuntamiento de Valderas tramitan el proyecto de una “Planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre” que promueve Tecnesis 3000, S.L.U., como si se tratara de una fábrica de explosivos de uso civil, y no como lo que es: una fábrica de armas de guerra cuya tramitación y autorización es competencia del Ministerio de Defensa.

Ecologistas en Acción de León ha pedido a la Junta el archivo del expediente, y al Ayuntamiento que paralice cualquier licencia que facilite la implantación de una fábrica de armas de guerra en Valderas.

Revisada la documentación contenida en el enlace facilitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el trámite de consultas a las personas interesadas, en el expediente de Evaluación de Impacto ambiental simplificada del proyecto se comprueba que se trata de una fábrica de “granadas de mortero y proyectiles de gran calibre, como el 155 milímetros, en varios modelos y producción de munición lista para suministro al cliente”. Con el beneplácito del Ayuntamiento de Valderas, que ha cedido terrenos en arrendamiento al promotor “Tecnesis 3000”, se tramita este proyecto aplicando el Real Decreto 130/2017 de Explosivos. Pero nos encontramos ante el proyecto de una fábrica de ARMAS DE GUERRA cuya autorización es competencia del Ministerio de Defensa, conforme establece el Real Decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Este reglamento considera que las armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros, las municiones para esas armas y las granadas de mortero, son armas de guerra.

La autorización de las fábricas de armas de guerra, como la que se pretende instalar en Valderas, se “atendrá a las disposiciones específicas que dicte el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Defensa”, estando la fabricación bajo la supervisión de la Dirección General de la Guardia Civil, y requerirá autorización especial, concedida por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que la comunicará a los Ministerios de Interior e Industria, previa instrucción y resolución, del correspondiente procedimiento regulado en el artículo 13 del Reglamento de Armas.

Por lo que se refiere a las autoridades locales, nos parece tan lamentable como irresponsable su predisposición a implantar, junto a la fábrica de explosivos existente “Orica Explosivos Industriales S.A.”, una fábrica de armas a gran escala. El nuevo proyecto eleva de manera exponencial el riesgo de sufrir, en las localidades próximas de Valderas, Villafer, Campazas y Gordoncillo, accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Ni los puestos de trabajo, que la documentación aportada no acredita, ni el arrendamiento de los terrenos por 74.000 €/año, justifica convertir el municipio de Valderas y su entorno en un polvorín con capacidad para almacenar 800 toneladas de material explosivo destinado a la guerra.

En cuanto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a la producción de armas, esta Asociación comprometida con el pacifismo activo, cree que no hay actividad humana que tenga peor impacto que las guerras y el uso de las armas que en ellas se emplean para destruir vidas humanas, ecosistemas y bienes materiales. Por eso, antes de autorizar una fábrica de armas, las autoridades responsables deberían realizar no una evaluación simplificada ni ordinaria, sino una evaluación AMPLIFICADA al potencial impacto destructivo de la producción a lo largo del tiempo. El balance debería servir para frenar el ecocidio suicida al que nos dirige la industria de la guerra.

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• Ante la creciente proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano en Castilla y León, Ecologistas en Acción Castilla y León ha aprobado un documento de posicionamiento en el que fija los criterios que considera imprescindibles para garantizar que estas instalaciones contribuyan realmente a una transición ecológica justa y no sirvan para consolidar un modelo de ganadería industrial insostenible.
• El documento parte de que el biogás y el biometano pueden desempeñar un papel en la gestión de residuos orgánicos, pero únicamente bajo criterios estrictos de sostenibilidad ambiental, planificación territorial, participación ciudadana y protección del medio rural.

Entre otras medidas, el posicionamiento reclama una planificación regional específica, una regulación más exigente sobre la ubicación y dimensión de las plantas, la protección de los suelos y los recursos hídricos, una gestión rigurosa del digestato y que estas instalaciones no se utilicen como argumento para mantener o ampliar la ganadería intensiva.

El posicionamiento completo puede consultarse en el documento adjunto debajo.

Asimismo, Ecologistas en Acción Castilla y León invita a colectivos sociales, administraciones y ciudadanía a utilizar la guía “Biogás y biometano. ¿Cómo evaluar los proyectos?”, una herramienta práctica para facilitar el análisis de este tipo de iniciativas mediante criterios ambientales, sociales y territoriales. La publicación ofrece un conjunto de preguntas clave para valorar cada proyecto caso por caso y distinguir aquellos que pueden aportar beneficios reales de los que perpetúan impactos ambientales y sociales.

Posicionamiento-de-EeA-CyL sobre biogás y biometano.

 

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La administración regional tiene en marcha desde 2023 un programa de radio marcaje de lobos en Castilla y León que podría estar proporcionando información contraria a los intereses ganaderos y cinegéticos.

Ecologistas en Acción formuló una petición de información a la Junta de Castilla y León sobre los lobos radio marcados en la región, contestada en abril de 2025, confirmando que en la Comunidad fueron radio marcados 11 ejemplares en la temporada 2023/2024 que proporcionaron 363 datos de información. De esos 363 datos, únicamente 15 lo fueron de predación sobre animales domésticos, lo que supone apenas el 4% del total de los daños del cánido.

Desde la Junta se ha reiterado que el marcaje de ejemplares de lobo con emisores GPS es una herramienta útil e importante para proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones y conocer el estado de conservación de la especie. También porque permite acumular información detallada para valorar el impacto de las actividades humanas potencialmente conflictivas con la conservación del lobo y resulta recomendable dirigir este marcaje al menos a un ejemplar por grupo familiar. Sin embargo, se desconocen los lobos que siguen enviando información en la actualidad.

El procesado de datos y de la información recopilada necesita tiempo, que ha sido suficiente para poder ofrecer unos resultados que ayuden a entender la información fundamental para determinar:

• Las cifras de predación sobre animales domésticos, además de su consumo principalmente como carroña.
• La mortalidad de los lobos radio marcados, que aproxime los datos de mortalidad de la especie.
• Los desplazamientos realizados por estos animales que sirvan para valorar la extensión de las áreas de campeo y establecer de manera más fiable el número de manadas.

Consideramos que los datos que están arrojando estos lobos radio marcados podrían indicar que existe una manifiesta contradicción con los datos de censo de lobo y de daños a explotaciones ganaderas ofrecidos por la Junta de Castilla y León durante los últimos años, siendo mucho menor el número de grupos familiares así como los daños a explotaciones ganaderas atribuidos de manera recurrente a la especie.

Las declaraciones del nuevo Consejero de Protección Ambiental ponen de manifiesto su nulo interés, así como capacidad, para la gestión de especies y espacios protegidos, flora y fauna, además de demostrar una nula sensibilidad para con el lobo y un posicionamiento de parte que no se corresponde con un cargo público que debe velar por el interés general, no solo el particular del sector agro-ganadero.

Ecologistas en Acción entiende que los ejemplares radio marcados podrían estar facilitando información fundamental para mantener la protección de la especie, lo que desbarataría la pretensión de la Junta de Castilla y León de poder autorizar la matanza de lobos en el territorio castellano y leonés.

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• El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que los 190.000 habitantes de Burgos estuvieron expuestos en 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites aprobados para 2030 por la Unión Europea.
• Las áreas urbanas de Burgos, Ponferrada y Valladolid superaron los nuevos límites legales de partículas o dióxido de nitrógeno. Pero la mayoría de las ciudades siguen sin implantar zonas de bajas emisiones ni protocolos frente a episodios eficaces.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 44 situadas en Castilla y León. Entre sus principales conclusiones, destacan:

• El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima. La ola de incendios forestales de agosto contribuyó a agravar la contaminación por partículas.
• La quema de petróleo alcanzó el año pasado su nivel más elevado desde 2011, impulsada por el mayor consumo de combustibles de aviación y de automoción. Si bien el uso de gas se mantuvo un 17 % por debajo del de 2019 y las fuentes renovables cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas.
• Durante 2025, la calidad del aire en Castilla y León mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono, alcanzando los niveles más altos de este contaminante desde 2019 y recuperando sus concentraciones medias previas a la pandemia de la COVID-19.
• El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado sólo afectó en 2025 a la población de la ciudad de Burgos, el 8 % de la población de Castilla y León.
• Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado afectó de nuevo el año pasado a la totalidad de la población y a tres cuartas partes del territorio regional.
• Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la totalidad de la población castellana y leonesa. Las partículas presentaron la peor situación en las áreas urbanas de Ponferrada y Valladolid, superando en sendas estaciones los nuevos valores límite diarios. El área urbana de Burgos incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Y en Íscar (Valladolid) se alcanzó la segunda peor situación en toda España durante el año pasado del cancerígeno benzo(α)pireno.
• El ozono sigue siendo el contaminante que presenta una mayor extensión y el más estrechamente ligado al cambio climático. No obstante, el Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono de la Junta de Castilla y León ha sido anulado por el Tribunal Supremo por carecer del necesario detalle territorial, debiendo elaborar el nuevo en el plazo de 6 meses.
• La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 450 en Castilla y León. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
• Ecologistas en Acción realizó en 2023 y 2025 sendas campañas de medición de NO2 en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las ciudades de la Comunidad, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Lo que además cuestiona su ubicación, por lo que la organización ambiental ha pedido su revisión para las estaciones urbanas de tráfico.
• La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eléctrico. También es necesario promover el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, reducir el uso del avión, acordar Áreas de Control de Emisiones ambiciosas para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, y una moratoria para las nuevas macrogranjas.
• Vencido hace tres años y medio el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, la mitad de ellas no han cumplido siquiera formalmente esta obligación. La Junta de Castilla y León y los principales ayuntamientos salvo Valladolid tampoco se han dotado de un protocolo de actuación eficaz frente a los episodios de mala calidad del aire.

 

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