• Ecologistas en Acción y la asociación CANS lamentan la inactividad y falta de implicación de las administraciones para llevar a cabo la unión de las localidades de El Puerto de Santa María, Rota Chipiona y Sanlúcar con una Vía Verde cuya factibilidad ya ha sido confirmada en un estudio realizado por la Fundación de Ferrocarriles Españoles.

Un grupo de ciclistas llegados de las cuatro localidades afectadas han celebrado la 12ª Marcha ciclista reivindicativa por la construcción completa de la Vía Verde desde el Puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrameda.

La concentración se ha producido este año al lado del trazado del antiguo ferrocarril frente a la venta Vaca en El Puerto de Santa María. El grupo de El Puerto ha realizado un recorrido en paralelo a los terrenos por los que debe discurrir la Vía Verde desde la Estación del ferrocarril hasta las inmediaciones de la Base Naval de Rota. Las localidades de Rota y Chipiona ya pueden disfrutar de los tramos construidos de vía verde en sus términos municipales aunque necesitan de reparaciones tanto en la señalética, arbolado como en su trazado por falta de mantenimiento. Sanlúcar al igual que El Puerto apenas han conseguido avances en los tramos de vía verde en sus términos municipales que siguen sin construirse.

La Diputación Provincial de Cádiz, a través del área de Transición Ecológica viene promoviendo desde el año 2017 la construcción completa de la Vía Verde Entre Ríos, para lo que sufragó el Estudio de Factibilidad elaborado por la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Una vez que el estudio de factibilidad fue favorable consiguió crear un grupo motor formado por asociaciones ecologistas, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Adif y la propia Diputación para unir fuerzas y remar todos en la misma dirección.

Parecía que existía voluntad por las partes de conseguir este objetivo, pero el tiempo nos ha demostrado lamentablemente que las administraciones tienen dificultades para ponerse de acuerdo. Pueden más por los intereses partidistas que el interés general máxime cuando tienen que ponerse de acuerdo varias de ellas como es el caso.

Con respecto a los tramos a construir en las localidades de El Puerto y Sanlúcar (Unos 25 km) llevamos años atascados sin lograrse los necesarios acuerdos entre el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) y los respectivos ayuntamientos para la cesión de la traza para la construcción de la Vía Verde. Más lamentable es el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que llega incluso a firmar un acuerdo precisamente con Adif para la cesión de suelo para la construcción de un aparcamiento sobre un tramo del trazado de la antigua vía del tren por donde debe discurrir la futura vía verde.

Por otra parte la Delegación Territorial de Fomento que tiene proyectos para llevar a cabo dos tramos de vía verde anexos a la A492 (Variante de Rota) como complemento del desdoble no nos facilita información ni sabemos sobre sus intenciones en cuanto a licitaciones y comienzo de obras.

A pesar de todos los inconvenientes y el paso del tiempo, los grupos ecologistas seguimos esperanzados en conseguir el objetivo final que no es otro que sea realidad el hecho de disponer de un recurso ambiental y sostenible que una las cuatro localidades. Esta vía verde, cuando sea realidad, podrá ser disfrutada tanto por los ciudadanos residentes como por turistas que pueden acercarse en tren con su bicicleta e iniciar el recorrido en la Vía Verde Entre Ríos por los paisajes que en su día atravesó el antiguo tren de la costa.

Deben de ser conscientes las administraciones de las bondades de esta infraestructura, que además de poder ser financiada con fondos de la administración central, atraería un turismo ambiental hoy en aumento y que complementa el de sol y playa. Son muchas personas aficionadas que recorren las vías verdes de España y que dan vida a territorios despoblados.

Al parecer según información facilitada por la Diputación de Cádiz, se va a convocar próximamente el grupo motor para la construcción de la Vía Verde Entre Ríos. En esa reunión vamos a proponer la firma de convenios parciales con Adif para la construcción del tramo urbano de vía verde en el término de El Puerto de Santa María así como el tramo de Sanlúcar de Barrameda, la reparación de los tramos ya construidos de Rota y Chipiona así como reuniones con la Delegación Territorial de Fomento en Cádiz para impulsar la ejecución de los proyectos de vía verde paralelos a la A491 ya redactados por la delegación pendientes de financiación.

Concentración en la puerta del Ayuntamiento de El Puerto

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• Las labores de limpieza y mantenimiento que se están llevando a cabo en el trazado del carril ciclista de la ruta EuroVelo a su paso por la Playa de Cortadura vuelven a poner de manifiesto el grave impacto ambiental que esta infraestructura provoca sobre el frágil sistema dunar de la zona.

La actuación, que consiste en la retirada periódica de arena acumulada sobre el firme, supone una alteración continua del funcionamiento natural de las dunas, ecosistemas de alto valor ecológico que desempeñan un papel esencial en la protección de la costa frente a temporales, la fijación de sedimentos y la conservación de especies de flora y fauna adaptadas a este entorno.

Para AGADEN-Ecologistas en Acción el carril ciclista se construyó en una zona especialmente expuesta a los vientos de levante y a los temporales marítimos, lo que provoca una constante invasión de arena sobre la plataforma. Esta circunstancia obliga a realizar limpiezas frecuentes con maquinaria pesada, incrementando la presión sobre el ecosistema y generando un elevado coste económico de mantenimiento.

Numerosos colectivos ciudadanos y expertos en ordenación del territorio han cuestionado desde el inicio la idoneidad de este trazado, al considerar que su utilidad real es limitada y que existían alternativas más lógicas, seguras y sostenibles.

La opción más razonable habría sido integrar la ruta por el saco interno de la Bahía de Cádiz, aprovechando corredores ya consolidados y zonas menos sensibles desde el punto de vista ambiental. Esta alternativa habría evitado la afección directa sobre el sistema dunar y reducido significativamente los costes de conservación.

Cada episodio de fuertes vientos de levante o de temporales obliga a nuevas intervenciones de limpieza para garantizar la transitabilidad del carril. Estos trabajos, financiados con recursos públicos, representan un sobrecoste continuo que pone en duda la eficiencia de la inversión realizada.

Además del gasto económico, estas actuaciones generan una paradoja evidente: una infraestructura concebida bajo criterios de movilidad sostenible requiere un mantenimiento intensivo y recurrente que compromete precisamente uno de los espacios naturales más valiosos del litoral gaditano.

Desde AGADEN-Ecologistas en Acción se afirma que la situación actual demuestra la necesidad de revisar el trazado de la EuroVelo en este tramo y adoptar soluciones compatibles con la conservación del entorno. La protección del sistema dunar debe prevalecer frente a decisiones de planificación que, lejos de responder a criterios de sostenibilidad, han derivado en un problema ambiental y económico permanente.

La Bahía de Cádiz dispone de alternativas viables para el desarrollo de la movilidad ciclista sin comprometer su patrimonio natural. Apostar por recorridos interiores y menos expuestos es una decisión más sensata, eficiente y respetuosa con el territorio.

La promoción del uso de la bicicleta es una herramienta fundamental para avanzar hacia modelos de transporte más sostenibles. Sin embargo, estos proyectos deben diseñarse con rigor técnico, sensibilidad ambiental y responsabilidad en el uso de los fondos públicos.

Pese al empeño sin razón de la Junta de Andalucía, la experiencia de este tramo de la EuroVelo demuestra que no toda infraestructura ciclista es, por sí misma, sostenible. Cuando su implantación exige intervenciones constantes sobre un ecosistema frágil y genera costes recurrentes, resulta imprescindible reconsiderar su localización y priorizar soluciones que armonicen movilidad y conservación.

Para AGADEN-Ecologistas en Acción la pregunta clave es: ¿Cuánto nos cuestan a los contribuyentes las obras del mantenimiento imposible de un carril sobre las dunas?  Pues la friolera de 815.476,19 euros, casi un tercio de lo que costó construirlo. ¿Hasta cuándo este despilfarro?

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• La adjudicación de “Bandera Azul” no significa calidad ambiental ni calidad de las aguas de una playa, solo servicios turísticos. 

Protesta contra los vertidos de aguas residuales en las playas de Sanlúcar de Barrameda

Las 32 “Banderas Azules” para playas en la provincia de Cádiz en el año 2026 (una más que el año pasado):

1. Algeciras: Getares
2. Barbate: Zahara de los Atunes
3. Cádiz: La Caleta, La Cortadura-Poniente, La Victoria, Santa María del Mar
4. Chiclana: La Barrosa, Sancti Petri
5. Chipiona: Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Canteras, La Ballena (recupera), Micaela, Regla
6. Conil: El Roche, La Fontanilla, Los Bateles
7. El Puerto de Santa María: Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina (tramo Vistahermosa-Las Redes), Valdelagrana
8. Rota: Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo, Rompidillo-Chorrillo
9. San Fernando: Camposoto-El Castillo
10. San Roque: Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Puerto Sotogrande, Torreguadiaro
11. Vejer de la Frontera: El Palmar

(Los nombres de las playas son tal como aparecen en los “galardones” de “Banderas Azules”)

De nuevo debemos salir al paso de la publicación del informe de “Banderas Azules” de este año por no reunir los requisitos mínimos de rigor, solvencia e independencia. Se trata de galardones fraudulentos enfocados meramente a resaltar el reclamo turístico de las playas elegidas.

Esta concesión se creó en 1985 para certificar puertos deportivos en Francia y se amplió en 1987 a playas y puertos de toda Europa, con la subvención de la Comisión Europea. Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) es la asociación que gestiona las banderas en España, pero nadie fuera de nuestro país da un valor especial a estas banderas, porque no es un sello que un turista asocie a excelencia. Las “Banderas Azules” hace tiempo que no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la UE; son promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a las empresas turísticas, aunque cuenten con la complicidad de gobiernos autonómicos y locales. Las analíticas de la Consejería de Salud en las que se basan estos seudogalardones solo identifican microorganismos fecales y aspecto visual, sin caracterizar otras sustancias peligrosas como hidrocarburos y metales pesados. El impacto del Cambio Climático y su efecto erosivo en las playas es ignorado.

Se trata de “galardones” que carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos, no realizan inspección rigurosa alguna y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas.

Los premios de “Banderas Azules” solo indican la existencia de servicios para los bañistas, pero no reconocen una verdadera gestión ambiental y conservación de los estos frágiles sistemas costeros. Este tipo de premios no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los bañistas en playas artificiales y urbanas, que últimamente se extienden a puertos deportivos y embarcaciones turísticas.

Como ejemplo de incoherencia y falta de rigor en esta concesión, este año, al igual que en 2025, hay por lo menos diez playas gaditanas con “Banderas Azules” que no debieran exhibir este galardón:

• La Costilla, en Rota, sufre vertidos puntuales, y sobre todo en la playa de Rompidillo-Chorrillo. La playa del Puntalillo alberga chiringuitos playeros en el mismo cordón dunar, una playa que debe ser natural en vez de urbana.
• La Ballena, en Chipiona, por no respetar su cordón dunar, sometido a pisoteo, y por recibir del arroyo Chapitel aguas sucias.
• Fuentebravía, en El Puerto de Santa María, por haber construido edificaciones en la misma playa y tenerse que alimentar de arena de forma artificial. Esta playa estuvo cerrada hace seis años por contaminación de aguas fecales.
• Cortadura, en Cádiz (no sabemos por qué le acompaña el nombre de Poniente), por sufrir un Eurovelo desde El Chato hasta Torregorda que sepulta el sistema dunar, innecesario y con aterramientos constantes.
• Santa María del Mar, también en Cádiz, padece desde hace años el impacto de un emisario de aguas pluviales mal ejecutado y en permanente erosión; seguimos esperando que la Junta de Andalucía ejecute las obras necesarias para la reparación del colector.
• La Barrosa, en Chiclana, por el desparrame urbanístico que arrastra este municipio, con la saturación de una playa que ha sobrepasado su capacidad de carga, y chiringuitos en pleno sistema dunar.
• Sancti Petri, en Chiclana, que soporta todos los veranos con el Concert Music Festival una acumulación de coches, unida a la contaminación acústica y lumínica, insostenibles.
• Roche, en Conil, con una depuradora privada solo con tratamiento primario, sin licencia de vertido y con un emisario submarino sin la longitud preceptiva; una situación crónica, a la espera de que una nueva estación de bombeo conecte con la prevista nueva depuradora de Conil.
• El Palmar, en Vejer, atestado de urbanizaciones ilegales, 2.500 viviendas irregulares o ilegales y total ausencia de depuración de aguas de las viviendas ilegales.
• Zahara de los Atunes, entidad local autónoma de Barbate, con un proyecto urbanístico, Sierrezuela Playa, recalificando 262.463 m² (casi la misma extensión que el pueblo actual) en la parte derecha de la desembocadura del Río Cachón. Este proyecto pretende construir 107 viviendas o apartamentos turísticos de lujo en terrenos rústicos clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural. Además, la Junta prohibió el baño en la playa en julio de 2024 por vertidos residuales de la depuradora de Atlanterra en 50 metros a cada lado del vertido.
• Getares, en Algeciras, porque sufre una crónica pérdida de arena, siendo realimentada artificialmente, además de sufrir vertidos cuando los bombeos no funcionan. Recurrentemente se ve inundada por mareas de algas invasoras que impiden el baño y el disfrute tranquilo en la arena.
• Las playas de San Roque, Alcaidesa-El Faro y Cala Sardina, con valores ecológicos notables, están siendo invadidas por aparcamientos y chiringuitos, desnaturalizándolas sin remedio.

Emplazamos a los municipios litorales a que no pierdan el tiempo (y el dinero) persiguiendo estos falsos “galardones” y se afanen en hacer frente a los dos máximos desafíos para nuestras playas: ofrecer soluciones a la subida del nivel del mar y demás consecuencias indeseables del Cambio Climático, y depurar íntegramente todas las aguas residuales que van a parar al mar.

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• La plataforma Salvemos lo Público ha convocado una manifestación en defensa de la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones, los servicios sociales, el medioambiente, la industria y los medios de comunicación públicos.
• La concentración ha partido desde la Plaza de Asdrúbal y ha recorrido el centro de la ciudad hasta la Plaza de San Juan de Dios, donde se ha leído un manifiesto en defensa de los servicios públicos como pilar fundamental de una sociedad justa e igualitaria.

La plataforma, que aglutina a colectivos ciudadanos, profesionales y organizaciones de la provincia y de toda Andalucía, presenta en esta convocatoria un documento de propuestas concretas en ocho ámbitos —sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, pensiones, medioambiente y transporte, industria y empleo, y medios de comunicación públicos— elaborado con la participación de personas expertas, trabajadoras y trabajadores de los sectores afectados y asociaciones ciudadanas.

En un momento en que los partidos hacen campaña, la ciudadanía quiere que los servicios públicos estén en el centro del debate. No pedimos imposibles: pedimos que se cumpla la ley y que los recursos públicos sirvan al bien común.

Salvemos lo Público ha extendido la plataforma al conjunto de Andalucía, ante la constatación de que los problemas que vive la provincia de Cádiz —listas de espera, deterioro de centros educativos, falta de vivienda asequible, pensiones insuficientes, desindustrialización— son compartidos por el resto del territorio andaluz.

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