Para los sectores que sostienen la huelga lo que está en juego, afirman, es el futuro mismo de la enseñanza pública valenciana y su capacidad para seguir garantizando una educación universal, inclusiva, democrática y de calidad para toda la ciudadanía.

A falta de una liquidación definitiva de los gastos, la única cifra oficialmente reconocida como financiación pública directa es la de unos 5 millones de euros, aunque el coste total asumido por las administraciones será bastante mayor una vez se contabilicen todos los recursos públicos movilizados para garantizar el desarrollo de la visita.

Tras su presentación en la Fiscalía General y Fiscalía General en Bengasi, el fiscal decide prorrogar la detención de lxs 10 compañerxs del convoy argelino-tunecino y devolverlos a la detención de inmigración ilegal.

El nuevo reglamento permitirá a los Estados miembros deportar a personas migrantes a lo que se denomina como 'centros de retorno' en terceros países distintos a los de su origen y será inmediatamente aplicable tras su entrada en vigor.

La manifestación de este domingo se suma a una larga cadena de movilizaciones en defensa de la sanidad pública madrileña. Lejos de remitir, el conflicto parece seguir creciendo al calor de unas listas de espera que continúan aumentando y de un modelo sanitario cuya orientación genera cada vez más contestación social.

El trabajo de Juan Carlos Rois en Tortuga analiza el gasto militar español de 2025 y sostiene que las cifras oficiales muestran solo una parte del dinero realmente destinado al ámbito militar. Según su investigación, el gasto militar efectivo habría superado los 66.000 millones de euros, muy por encima de lo que aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa o de lo que contabilizan organismos internacionales como el SIPRI.

pesar de la superioridad tecnológica y armamentística de Estados Unidos, Irán logró convertir su resistencia en una victoria política. La estrategia iraní, basada en ataques asimétricos, drones y presión sobre el suministro energético internacional, consiguió elevar el coste económico y diplomático del conflicto hasta hacer inviable una escalada prolongada de EEUU.

Desde su entrada en vigor en 2015, las sanciones acumuladas rozan ya los 2,5 millones y la recaudación se acerca a los 1.500 millones de euros. Una década de multas, identificaciones y procedimientos administrativos que numerosos colectivos consideran incompatibles con un régimen que se autodenomina democrático.

La movilización fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y contó con el respaldo de sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos feministas, ecologistas y antirracistas. La marcha recorrió el centro de la capital y marcó el inicio de una “oleada de movilizaciones” una campaña estatal con movilizaciones en más de 30 ciudades del Estado durante el mes de junio.