Artículo original publicado en enriquedans.com por Enrique Dans

Que más de cincuenta países se reunan en Santa Marta, Colombia, en la primera conferencia dedicada específicamente a la transición fuera de los combustibles fósiles no es una extravagancia diplomática ni un gesto para la galería. Es, en realidad, la constatación de algo mucho más incómodo: que el sistema energético basado en carbón, petróleo y gas ya no puede seguir presentándose como sinónimo de estabilidad, seguridad o sentido común.

La propia organización del encuentro habla de una participación de más de 53 naciones entre los que se encuentra España, y su mera existencia revela hasta qué punto el debate ha cambiado de naturaleza: ya no se trata de discutir si conviene «reducir emisiones» en abstracto, sino de cómo se abandona, de manera justa y ordenada, una dependencia que se ha convertido en un riesgo sistémico.

Durante décadas, la industria fósil se ha vendido como supuesto garante de la seguridad energética. Era, supuestamente, lo firme, lo serio, lo disponible, frente a unas renovables caricaturizadas como intermitentes, inmaduras y casi decorativas. Basta mirar lo ocurrido con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para entender que esa narrativa se ha roto. El precio del Brent subió entre un 10% y un 13% en las primeras horas del conflicto hasta rozar los 82 dólares por barril, mientras la AIE calificaba la situación como «la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo». Europa podía tener «quizá seis semanas» de combustible de aviación si el bloqueo persistía, mientras en Asia varios gobiernos activaban medidas de emergencia como teletrabajo, restricciones de viajes oficiales, cierres escolares o semanas laborales de cuatro días para ahorrar combustible. Si eso es «seguridad», a lo mejor convendría revisar el diccionario.

Si alguien dudaba todavía de lo que significa esa dependencia en términos concretos, la crisis del estrecho de Ormuz lo ha aclarado de forma brutal: no solo se trata de gasolina o electricidad. Los precios spot del gas en Asia subieron más de un 140% tras el ataque al complejo de Ras Laffan en Qatar. Más del 30% de la urea mundial, el fertilizante que hace posible producir trigo y maíz a escala global, pasa por ese estrecho. Cuando se corta el suministro de gas, no sube el precio de llenar el depósito: sube el precio del pan.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que seguimos llamando «fiables» a unas fuentes de energía cuyo precio, suministro y disponibilidad dependen de estrechos marítimos, guerras regionales, petromonarquías, autocracias varias y cadenas logísticas que pueden romperse en cuestión de días. En realidad, los combustibles fósiles no ofrecen seguridad: ofrecen vulnerabilidad geopolítica aplazada. Y eso explica que la cita de Santa Marta no deba interpretarse como el delirio de un grupo de idealistas, sino como la respuesta racional de países que empiezan a comprender que la soberanía energética del siglo XXI no consistirá en encontrar el último barril, sino en dejar de necesitarlo.

A estas alturas, además, la discusión tecnológica está muy lejos de donde estaba hace apenas una década. La pregunta de si puede el mundo funcionar solo con renovables ya no pertenece al terreno de la especulación militante, sino al de la literatura científica consolidada. Un paper académico publicado en IEEE Access concluye que el 100% renovable es factible a escala global y a bajo coste. El artículo divulgativo de Helsinki Times basado en ese trabajo resume con bastante claridad algo que muchos llevamos tiempo defendiendo: solar, eólica, almacenamiento, electrificación, acoplamiento sectorial e hidrógeno para aquellos usos difíciles de electrificar forman ya una arquitectura coherente, no una colección de experimentos inconexos. Y sí, sobre esto mismo escribí ya en 2022, precisamente porque las excusas empezaban entonces a sonar viejas.

Lo interesante es que, desde entonces, la realidad ha seguido avanzando más deprisa que la conversación pública. Según el análisis global citado por AP a partir de datos de Ember, en 2025 las renovables superaron por primera vez un tercio de la generación eléctrica mundial, mientras el carbón cayó por debajo de otro tercio. Más importante aún: la electricidad limpia creció lo suficiente como para cubrir todo el aumento neto de la demanda, y solar más eólica llegaron a cubrir el 99% de ese crecimiento. Esto no significa que hayamos ganado nada de forma irreversible, pero sí que el relato de que las renovables son un «complemento» ha dejado de corresponderse con los hechos. Ya no están adornando el sistema: están empezando a redefinirlo.

Además, las dos variables que durante años sirvieron como refugio retórico de los inmovilistas, coste y almacenamiento, se están desmoronando. El coste de los módulos solares ha caído un 99% en las últimas cuatro décadas. El precio de las baterías de ion-litio ha bajado más de un 99% desde 1991. Y cuando una tecnología mejora y se abarata de ese modo, deja de ser una alternativa para convertirse en una trayectoria dominante. Por eso la cuestión ya no es si las renovables pueden competir: es cuánto tiempo más pretendemos seguir fingiendo que no han ganado ya gran parte de esa competición.

Por supuesto, un mundo sin combustibles fósiles no se construye solo con placas solares en los tejados y aerogeneradores en las costas. Requiere redes mucho más robustas, almacenamiento a distintas escalas, electrificación masiva del transporte y de la calefacción, rediseño industrial, flexibilidad de la demanda y vectores como el hidrógeno o los electrocombustibles para usos específicos donde la electrificación directa no baste. El informe Renewables 2025 de la IEA enlazado antes y las propuestas de IRENA para triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética antes de 2030 insisten en ello. Es decir: no estamos ante una transición simple, pero sí ante una transición perfectamente imaginable, modelizable y técnicamente abordable. Lo que falta no es física. Lo que falta es decisión política, alineación regulatoria y voluntad de enfrentarse a intereses creados.

Ahí es donde la discusión se vuelve realmente incómoda: porque si el obstáculo ya no es tecnológico, entonces hay que señalar a los responsables reales del retraso. Y esos responsables tienen nombres, balances y consejos de administración. La lógica del sector fósil sigue siendo brutalmente simple: como explicaba un reportaje de The Guardian, toda compañía quiere producir el último barril vendido. No el penúltimo. No uno menos por responsabilidad climática. El último. De ahí la importancia de intentar construir marcos políticos nuevos, como la Declaración de Belém o incluso la idea de un tratado de no proliferación fósil: no porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque ayudan a desplazar la norma social y política. Igual que ocurrió con otras industrias cuya legitimidad empezó a erosionarse antes de desaparecer o encogerse.

Lo utópico no es pensar en un mundo post-fósil. Lo utópico, en el peor sentido del término, es creer que podemos seguir quemando hidrocarburos como hasta ahora sin que el coste económico, social y geopolítico se nos lleve por delante.

La objeción habitual es que todo esto suena muy bien mientras no se hable de cemento, acero, fertilizantes, aviación o transporte marítimo. Pero precisamente ahí es donde la transición deja de ser un eslogan y pasa a ser una estrategia seria: electrificar todo lo electrificable, reservar las moléculas verdes para lo difícil, reducir despilfarros absurdos y reorganizar la demanda. No hay magia: hay ingeniería, planificación y prioridades. La alternativa, además, no es mantener el mundo tal como está, sino resignarnos a un sistema fósil cada vez más caro, más volátil, más litigioso, más subsidiado y más destructivo climáticamente.

La pregunta correcta, por tanto, no es si un mundo sin combustibles fósiles es posible. La evidencia disponible dice que sí lo es, y cada año con más claridad. La pregunta correcta es quién está dispuesto a acelerarlo y quiénes siguen trabajando, con subvenciones, lobby y propaganda, para retrasarlo todo lo que puedan. Porque el futuro energético ya no se decide entre lo posible y lo imposible, sino entre lo inevitable y lo bloqueado. Y cuanto antes entendamos que la dependencia fósil no es una garantía de prosperidad sino una forma de chantaje estructural, antes empezaremos a tratar las renovables no como una opción moralmente deseable, sino como lo que son: la infraestructura básica de una economía moderna, segura y civilizada.

La entrada El último barril se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Fotografía: Guillaume Périgois en Unsplash

La civilización europea (aquella que se forjó en el mármol de Atenas, se ordenó bajo el derecho de Roma, brilló en la elegancia de Viena y alcanzó su cima estética en el Renacimiento del siglo XV) no está simplemente en crisis: es víctima de una erosión sistémica. Lo que hoy conocemos como la estructura institucional de la Unión Europea se ha convertido en una arquitectura rígida, cada vez más alejada del interés ciudadano y crecientemente subordinada a lógicas financieras globales que desplazan el bien común. En un mundo que vira aceleradamente hacia la multipolaridad, donde nuevos bloques de poder emergen con soberanía real, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante.

Para que Europa recupere su esencia, debemos reconocer que las estructuras actuales han agotado su propósito histórico. La construcción de una Alternativa Continental no es solo una propuesta ideológica, sino una de las pocas vías reales que tiene el continente para recuperar protagonismo. Esta alternativa exige la superación del orden unilateral y la construcción de un espacio euroasiático soberano, cimentado en una formación humana de excelencia y una economía de soberanía productiva real.

El realismo de la fractura: La permanencia de los pueblos

Cualquier visión de futuro debe partir de un diagnóstico honesto del presente. La construcción de este espacio soberano choca hoy con la realidad de una fractura profunda entre Europa occidental y Rusia. Estas diferencias constituyen un problema grave cuya resolución no será inmediata; la situación geopolítica contemporánea ha levantado muros que tardarán años, quizás décadas, en derribarse.

Sin embargo, al abordar este conflicto, debemos elevar la mirada: los dirigentes políticos y sus decisiones son, por definición, temporales y transitorios. Las administraciones pasan, pero los pueblos permanecen. La identidad de una nación y su cultura están siempre por encima de la política de turno.

El reencuentro hacia una auténtica cooperación euroasiática debe ser un proceso gradual de desescalada y reconstrucción de la confianza. El imperativo de la unión responde a una necesidad histórica y estratégica que trasciende las crisis del presente. Sin la profundidad geográfica y energética del espacio ruso y la tradición humanista e industrial de Europa occidental, el continente seguirá siendo un escenario de disputa para potencias externas. Solo reconociendo los intereses compartidos podremos recuperar la capacidad de actuar como bloque coherente.

El desafío de la financiarización global

La reconstrucción europea requiere identificar los modelos que hoy limitan la soberanía de los Estados y que deben ser reemplazados por una estructura de gobernanza más equitativa. En primer lugar, la creciente influencia de la gran gestión de activos financieros globales. Fondos de inversión de escala sistémica (BlackRock) operan con lógicas de rentabilidad que con frecuencia entran en conflicto con los intereses de largo plazo de ciudadanos y Estados. Esta estructura debería dar paso a una gobernanza que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses de los fondos de inversión internacionales.

En segundo lugar, nos enfrentamos al riesgo de un tecno-feudalismo impulsado por actores del sector tecnológico (Peter Thiel y Elon Musk) que, bajo una retórica de innovación, promueven modelos donde la soberanía de los datos y las infraestructuras críticas queda en manos privadas. La Alternativa Continental rechaza este modelo: la tecnología debe servir a la ciudadanía y al interés general, no consolidar nuevas formas de monopolio.

El imperativo Euroasiático y la autonomía productiva

La superación del actual marco de dependencia es una condición necesaria para construir un espacio de mayor autonomía estratégica. La combinación de la capacidad industrial y tecnológica de Alemania, Francia e Italia con la inmensidad de recursos energéticos del espacio euroasiático crearía un bloque productivo sin precedentes. Esta vía es la única que podría sostener una voz propia frente a las grandes hegemonías externas. Para que esta soberanía sea real, la economía debe blindarse contra la especulación:

• Moneda Soberana Euroasiática: una unidad monetaria anclada a Activos Puros (reservas energéticas, producción industrial de alta tecnología, metales estratégicos, infraestructuras) que elimine la dependencia de la deuda fiduciaria y la volatilidad de los mercados de divisas.
• Blindaje de Servicios Públicos: la educación, la sanidad y los servicios sociales no pueden ser tratados como nichos de mercado. Su gestión debe responder a criterios de interés general.
• La Vivienda como Derecho: la vivienda debe ser reconocida como necesidad básica y pilar de la cohesión social, alejada de su función como activo puramente especulativo.
• Sectores Estratégicos: el acceso a la energía, el agua y las redes de comunicación se definen como patrimonio colectivo, no susceptible de gestión con lógica meramente especulativa.

El canon de la excelencia: belleza, verdad y ciencia

Nuestra respuesta al vacío cultural es el retorno al Canon de la Excelencia occidental y euroasiática. No podemos construir un futuro sin cimientos sólidos en el pasado. Reivindicamos la herencia del Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI: desde el Quattrocento temprano de Donatello, cuya revolución escultórica preparó el terreno para el Renacimiento clásico de Miguel Ángel y Rafael, hasta la síntesis plena de proporciones y humanismo que caracteriza a estos últimos. Reconocer la distancia generacional y estilística entre estos maestros no mengua su grandeza, sino que enriquece nuestra comprensión de una tradición en permanente diálogo consigo misma.

Recuperamos también la mirada de los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX (Monet, Renoir y tantos otros) que devolvieron a la pintura la capacidad de apreciar la belleza efímera del entorno natural. Junto a ellos, Camille Pissarro, nacido en las Antillas Danesas en 1830 y formado entre la tradición caribeña y la escuela parisina, enriqueció el movimiento con una sensibilidad singular que trasciende las fronteras nacionales y testimonia la fecundidad del diálogo entre culturas.

La soberanía se funda también en la palabra. No existe Europa sin Miguel de Cervantes, que nos legó la ética del idealismo frente al materialismo vulgar. Esta visión se enriquece con la profundidad de Fiódor Dostoyevski y León Tolstói, quienes comprendieron que el ser humano necesita raíces profundas para no ser arrastrado por el nihilismo. Regresamos igualmente a la razón como fundamento político: el imperativo moral de Immanuel Kant, la visión histórica de Hegel y el equilibrio institucional propuesto por Montesquieu, cuya influencia sobre el constitucionalismo moderno es inseparable de la Ilustración francesa en la que también participó Voltaire.

En el ámbito científico, honramos el legado de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, cuyos descubrimientos en física cuántica y relatividad nacieron de un pensamiento riguroso y de la libertad académica, no de la rentabilidad inmediata. Reivindicamos igualmente a Dmitri Mendeléyev, cuya sistematización del universo químico en la tabla periódica (1869) sigue siendo uno de los logros intelectuales más perfectos de la ciencia moderna, y a Konstantin Tsiolkovski, el pionero ruso de la astrofísica teórica y la cohetería, cuyas ecuaciones de propulsión (desarrolladas entre finales del siglo XIX y principios del XX) siguen siendo fundamento de la ingeniería espacial contemporánea.

Para ser verdaderamente soberanos, proponemos el desarrollo de una infraestructura digital euroasiática propia. No podemos permitir que nuestros datos y comunicaciones dependan de servidores extranjeros controlados por intereses ajenos al continente. La tecnología debe ser el nuevo acero de nuestra independencia estratégica.

Una nueva educación y resistencia cultural

Para formar a los ciudadanos del mañana, proponemos un sistema que proteja nuestra identidad cultural y prepare para el futuro tecnológico:

• El Legado Clásico como Soberanía Intelectual: recuperar el estudio del latín y el griego antiguo como ejercicios de libertad intelectual y acceso directo a las fuentes de nuestra civilización.
• Excelencia Tecnológica y Politécnica: la formación debe ser puntera en ciencias exactas e ingeniería. Queremos ciudadanos capaces de comprender tanto el pensamiento filosófico clásico como la arquitectura de la inteligencia artificial.
• Independencia Educativa: revisión crítica de las agendas ideológicas financiadas por fundaciones externas, devolviendo el espacio académico al debate plural y a la búsqueda honesta de la verdad.

Para contrarrestar la deriva cultural actual, se propone una estructura de diplomacia cultural a través de la Red de Organizaciones Culturales Euroasiáticas (ROCE):

• Centros de Pensamiento Independientes: espacios de resistencia intelectual inspirados en el papel histórico del Ateneo de Madrid, refugio de la inteligencia libre frente al dogmatismo durante los siglos XIX y XX, y que actualmente mantiene encendida la llama de una institución que ha sido cuna y escenario de algunos de los movimientos sociales, culturales y políticos más importantes de la historia de España. Estos nuevos centros funcionarán como foros de debate elevados donde la palabra sea soberana, desafiando los consensos fijados por las agendas globalistas y recuperando la autonomía del pensamiento civil frente al poder financiero y estatal.
• Mecenazgo Popular: creación de fondos ciudadanos para financiar el arte clásico, la arquitectura tradicional y los medios de comunicación independientes, rompiendo el monopolio de los grandes fondos de inversión sobre la cultura.
• El Eje de la Inteligencia: intercambio masivo de estudiantes y científicos para liderar la investigación biotecnológica ética y el desarrollo de la energía de fusión, protegiendo los descubrimientos europeos de lógicas extractivas de patentes.

El triunfo de la identidad

Las estructuras actuales deben ser superadas para que Europa renazca con plena consciencia de su historia y de sus responsabilidades. Ante el ascenso de un mundo multipolar, la Alternativa Continental representa una de las pocas vías para recuperar el control colectivo de nuestro destino. Frente a la financiarización sin límites y la dependencia tecnológica, debemos levantar el proyecto de una Eurasia fuerte, intelectualmente orgullosa y conectada con su herencia plural. Es el momento de que los pueblos vuelvan a caminar por la senda de la grandeza que ellos mismos construyeron.

La entrada Renacimiento de Europa: la encrucijada de una civilización se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en rebelion.org por Eric Toussaint

El año 2025 es considerado por los cristianos como un año del jubileo bajo la bandera de la anulación de la deuda. Con este motivo, el CADTM vuelve a publicar una serie de artículos sobre las anulaciones de deudas, las luchas por la condonación de la deuda y el papel de la deuda en los conflictos políticos, sociales y geoestratégicos a lo largo de la historia.

Hammurabi, rey de Babilonia, y las anulaciones de deuda

El Código de Hammurabi se encuentra en el Museo del Louvre de París. De hecho, el término “código” es inapropiado, pues Hammurabi nos legó más bien un conjunto de reglas y de juicios sobre las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El reino de Hammurabi, “rey” de Babilonia (situada en el Iraq actual), comenzó en 1792 antes de J.C. y duró 42 años. Lo que la mayor parte de los manuales de historia no señalan es que Hammurabi, como otros gobernantes de las ciudades-estado de Mesopotamia, proclamó en varias ocasiones una anulación general de las deudas de los ciudadanos con los poderes públicos, sus altos funcionarios y dignatarios. Lo que se ha llamado el Código de Hammurabi, fue escrito probablemente en 1762 antes de J.C. Su epílogo proclamaba que “el poderoso no puede oprimir al débil, la justicia debe proteger a la viuda y al huérfano (…) a fin de hacer justicia a los oprimidos”. Gracias al descifrado de los numerosos documentos escritos en cuneiforme, los historiadores han encontrado la huella incontestable de cuatro anulaciones generales de deuda durante el reinado de Hammurabi (en 1792,1780, 1771 y 1762 antes de J.C.).

En la época de Hammurabi, la vida económica, social y política se organizaba alrededor del templo y del palacio. Estas dos instituciones, muy imbricadas, constituían el aparato del estado, el equivalente a nuestros poderes públicos de hoy, en los que trabajaban numerosos artesanos y obreros, sin olvidar los escribas. Todos eran alojados y alimentados por el templo y el palacio. Recibían raciones de alimentación que les garantizaban dos comidas completas por día. Los trabajadores y los dignatarios del palacio eran alimentados gracias a la actividad de un campesinado al que los poderes públicos proporcionaban (alquilaban) tierras, instrumentos de trabajo, animales de tiro, ganado, agua para el riego. Los campesinos producían en particular cebada (el cereal de base), aceite, frutas y legumbres. Tras la cosecha, los campesinos debían entregar una parte de ella al estado como alquiler. En caso de malas cosechas, acumulaban deudas. Además del trabajo en las tierras del templo y del palacio, los campesinos eran propietarios de sus tierras, de su vivienda, de su rebaño y de los instrumentos de trabajo. Otra fuente de deudas de los campesinos estaba constituida por los préstamos concedidos a título privado por altos funcionarios y dignatarios a fin de enriquecerse y de apropiarse los bienes de los campesinos en caso de no pago de esas deudas. La imposibilidad en la que se encontraban los campesinos de devolver las deudas podía llevar igualmente a su reducción a la esclavitud (miembros de su familia podían igualmente ser reducidos a la esclavitud por deudas). A fin de garantizar la paz social, en particular evitando un deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, el poder anulaba periódicamente todas las deudas¹ y restauraba los derechos de los campesinos.

Las anulaciones generales de deuda se han escalonado en Mesopotamia a lo largo de 1000 años

Las proclamaciones de anulación general de deudas no se limitaron al reino de Hammurabi: comenzaron antes de él y se prolongaron después de él. Se tiene la prueba de anulaciones de deuda que se remontan al año 2400 antes de J.C., es decir seis siglos antes del reino de Hammurabi, en la ciudad de Lagash (Sumer), los más recientes se remontan a 1400 antes de J.C., en Nuzi. En total, los historiadores han identificado con precisión una treintena de anulaciones generales de deuda en Mesopotamia entre 2400 y 1400 antes de J.C. Se puede seguir a Michael Hudson² cuando afirma que las anulaciones generales de deuda constituyen una de las características principales de las sociedades de la Edad del Bronce en Mesopotamia. Se encuentran por otra parte en las diferentes lenguas mesopotamicas expresiones que designan estas anulaciones para borrar la deuda y poner las cuentas a cero: amargi en Lagash (Sumer), nig-sisa en Ur, andurarum en Ashur, misharum en Babilonia, shudutu en Nuzi.

Estas proclamaciones de anulación de deuda eran ocasión de grandes festividades, generalmente en la fiesta anual de la primavera. Bajo la dinastía de la familia de Hammurabi fue instaurada la tradición de destruir las tabletas sobre las que estaban inscritas las deudas. En efecto, los poderes públicos tenían una contabilidad precisa de las deudas en tabletas que eran conservadas en el templo. Hammurabi muere en 1749 antes de J.C., tras 42 años de reinado. Su sucesor, Samsuiluna, anula todas las deudas con el estado y decreta la destrucción de todas las tabletas de deudas salvo las que se refieren a deudas comerciales.

Cuando Ammisaduqa, el último gobernante de la dinastía Hammurabi, accede al trono en 1646 antes de J.C., la anulación general de las deudas que proclama está muy detallada. Se trata manifiestamente de evitar que ciertos acreedores se aprovechen de algunos fallos. El decreto de anulación precisa que los acreedores oficiales y los cobradores de impuestos que han expulsado campesinos deben indemnizarles y devolverles sus bienes bajo pena de ser ejecutados. Si un acreedor ha acaparado un bien por presión, debe restituirlo y/o pagarlo por entero, si no lo hace es condenado a muerte.

Como consecuencia de este decreto, se pusieron en pie comisiones a fin de revisar todos los contratos inmobiliarios y eliminar los que estaban afectados por la proclamación de anulación de deuda y de restauración de la situación anterior, statu quo ante. La puesta en práctica de este decreto era facilitado por el hecho de que, en general, los campesinos espoliados por los acreedores continuaban trabajando en sus tierras aunque éstas se hubieran convertido en propiedad del acreedor. A partir de ahí, anulando los contratos y obligando a los acreedores a indemnizar a las víctimas, los poderes públicos restauraban los derechos de los campesinos. La situación se degradará un poco más de dos siglos más tarde.

Los límites de los actos de anulación de las deudas

En Mesopotamia, durante la Edad del Bronce, los esclavos por deudas eran liberados pero no los demás tipos de esclavos (en particular los que eran prisioneros de guerra).

Los actos de anulación de deuda no deben ser presentados como decisiones que hicieran progresar la emancipación social, se trataba de restaurar el orden anterior, que incluía numerosas formas de opresión. Sin embargo, sin embellecer la organización de estas sociedades de hace 3000 a 4000 años, hay que subrayar que los gobernantes intentaban mantener una cohesión social evitando la constitución de grandes propiedades privadas, tomando medidas para que los campesinos mantuvieran un acceso directo a la tierra, limitando el aumento de las desigualdades, vigilando el mantenimiento y el desarrollo de los sistemas de riego. Michael Hudson subraya, por otra parte, que la decisión de declarar la guerra correspondía a la asamblea general de los ciudadanos y que el “rey” no tenía el poder de tomar la decisión.

Parece que, en la cosmovisión de los mesopotamios de la edad del bronce, no hubo creación original por un dios. El gobernante (ruler), confrontado al caos, reorganizó el mundo para restablecer el orden normal y la justicia.

Después de 1400 antes de J.C., no se ha encontrado ningún acto de anulación de deuda. Las desigualdades se reforzaron y desarrollaron fuertemente. Las tierras fueron acaparadas por grandes propietarios privados, la esclavitud por deudas se enraizó. Una parte importante de la población emigró hacia el noroeste, hacia Canaan con incursiones hacia Egipto (los faraones se quejaban por ello).

A lo largo de los siglos que siguieron, considerados por los historiadores de Mesopotamia como tiempos obscuros (Dark Ages) -a causa de la reducción de las huellas escritas-, se tienen sin embargo pruebas de luchas sociales violentas entre acreedores y endeudados.

Egipto: la piedra Rosetta confirma la tradición de las anulaciones de deuda

La piedra Rosetta de la que se apropiaron miembros del ejército napoleónico en 1799 durante la campaña de Egipto fue descifrada en 1822 por Jean-François Champollion. Se encuentra hoy en el British Museum en Londres. El trabajo de traducción fue facilitado por el hecho de que la piedra presenta el mismo texto en tres lenguas: el egipcio antiguo, el egipcio popular y el griego del tiempo de Alejandro Magno. El contenido de la piedra Rosetta confirma la tradición de la anulación de las deudas que se instauró en el Egipto de los faraones a partir del siglo VIII antes de J.C., antes de su conquista por Alejandro Magno en el siglo IV antes de J.C. Se lee en ella que el faraón Ptolomeo V, en 196 antes de J.C., anuló las deudas debidas al trono por el pueblo de Egipto y más allá.

Aunque la sociedad egipcia del tiempo de los faraones fuera muy diferente de la sociedad mesopotámica de la Edad del Bronce, se encuentra la huella evidente de una tradición de proclamación de amnistía que precede a las anulaciones generales de deuda. Ramsés IV (1153-1146 antes de J.C.) proclamó que quienes huyeron podían volver al país. Quienes estaban encarcelados eran liberados. Su padre Ramsés III (1184-1153 antes de J.C.) hizo igual. Hay que señalar que en el 2º milenio, parece que no había esclavitud por deudas en Egipto. Los esclavos era prisioneros de guerra. Las proclamaciones de Ramsés III y IV concernían a la anulación de los atrasos de impuestos debidos al faraón, la liberación de los presos políticos, la posibilidad para las personas condenadas al exilio de volver al país.

Solo a partir del siglo VIII antes de J.C. se encuentran en Egipto proclamaciones de anulación de deudas y de liberación de los esclavos por deudas. Es el caso del reinado del faraón Bocchoris (717-711 antes J.C.), cuyo nombre fue helenizado.

Una de las motivaciones fundamentales de las anulaciones de deuda era que el faraón quería disponer de un campesinado capaz de producir suficientes alimentos y disponible cuando fuera necesario para campañas militares. Por estas dos razones, era necesario evitar que los campesinos fueran expulsados de sus tierras por la influencia de los acreedores.

En otra parte de la región, se constata que los emperadores sirios del primer milenio antes de J.C. adoptaron igualmente la tradición de anulación de las deudas. Lo mismo ocurrió en Jerusalén, en el siglo V antes de J.C. Como prueba, en 432 antes de J.C., Neemías, ciertamente influenciado por la antigua tradición mesopotámica, proclama la anulación de las deudas de los judíos endeudados hacia sus ricos compatriotas. Es en esa época cuando se redacta la Torah. La tradición de las anulaciones generalizadas de deuda formará parte de la religión judía y de los primeros textos del cristianismo vía el Levítico que proclama la obligación de anular las deudas cada siete años y en cada jubileo, es decir, cada 50 años.

Conclusión

Hoy, la devolución de la deuda constituye innegablemente un tabú. Es presentada por los jefes de estado y de gobierno, los bancos centrales, el FMI y la prensa dominante como inevitable, indiscutible, obligatoria. Los ciudadanos y ciudadanas deberían resignarse al pago de la deuda. La única discusión posible es sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios a fin de conseguir suficientes medios presupuestarios para mantener los compromisos tomados por la nación endeudada. Los gobiernos que han pedido prestado han sido elegidos democráticamente, los actos que han realizado son por tanto legítimos. Hay que pagar.

Es esencial atravesar la pantalla de humo de la historia contada por los acreedores y restablecer la verdad histórica. Anulaciones generalizadas de deuda han tenido lugar de forma repetida en la historia. Esas anulaciones corresponden a diferentes contextos. En el caso que acabamos de evocar, las proclamaciones de anulación generalizada de deuda eran tomadas a iniciativa de gobernantes preocupados por preservar la paz social. En otros casos, las anulaciones fueron resultado de una lucha social exacerbada por la crisis y el ascenso de las desigualdades. Es el caso de Grecia y Roma antiguas. Otros escenarios hay que tomar en cuenta también: la anulación de deuda decretada por países endeudados que plantean un acto soberano unilateral, la anulación de deuda concedida por los vencedores a un país vencido o/y aliado… Una cosa es cierta: a escala histórica, la deuda juega un papel motor en numerosas grandes conmociones sociales y políticas.

Traducido por Alberto Nadal

Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM de Bélgica, www.cadtm.org, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La Deuda o la Vida, Editorial Icaria, Economía, ISBN: 9788498883848, Año Publicación: 2011, páginas: 336, que recibió el Prix du livre politique à la Foire du livre politique de Liège en 2011). Último libro publicado, Damien Millet et Eric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.

La entrada La amplia tradición de anulación de deudas en Mesopotamia y en Egipto del 3º al 1º milenio a. de C. se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Rezgar Akrawi

El manifiesto publicado por Palantir Technologies no es un documento técnico ni una visión económica. Es un documento político explícito que anuncia una nueva etapa en la trayectoria del capitalismo digital, una etapa en la que ha abandonado la pretensión de neutralidad y ha decidido quitarse la máscara para mostrar su rostro ideológico completo. Palantir no es un caso aislado, es una de las grandes empresas tecnológicas condenadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por su participación en facilitar deportaciones forzadas, vigilancia masiva y persecución de disidentes. Informes documentados revelan una asociación directa entre ella y el ejército israelí, junto a empresas como Google, Amazon y Microsoft, en el suministro de sistemas de datos y focalización utilizados en operaciones militares contra Gaza, lo que la convierte en cómplice efectiva de crímenes de guerra documentados contra civiles palestinos.

Es una declaración de clase sobre un proyecto de alianza fascista digital que no se apoya únicamente en la violencia tradicional, sino en la vigilancia y la represión digital, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la supresión de la disidencia mediante métodos imperceptibles pero de enorme impacto. Una alianza que hoy se encarna en su forma más evidente en el trumpismo, sus coaliciones y sus guerras agresivas.

Peter Thiel, cofundador de Palantir y mayor impulsor de la carrera política de Trump, no es simplemente un hombre de negocios que apoya a un candidato político. Es el cerebro ideológico que otorga a este proyecto su lógica, ve en la democracia tradicional un obstáculo ante el proyecto de la élite tecnológica, y ha declarado públicamente que el capitalismo y la democracia liberal son incompatibles. Esta alianza no es casualidad ni una convergencia pasajera, es un encuentro objetivo entre dos proyectos que comparten un único objetivo: concentrar el poder en manos de una camarilla financiera y política que cree poseer un «derecho natural» a gestionar las sociedades.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia

Esta alianza encuentra hoy su traducción institucional en el movimiento de aceleración tecnológica que incluye a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y otros. Lo que los une es su posición de clase y el interés común: eliminar cualquier restricción regulatoria o democrática que limite su capacidad de acumulación, dominación y expansión del control.

El manifiesto de 22 puntos: una lectura del contenido de clase

Palantir publicó un resumen del libro de su director ejecutivo Alexander Karp, «La República Tecnológica», en medio de una amplia reacción mundial y una creciente indignación política que superó millones de visualizaciones en pocos días. Sin embargo, la indignación no debe limitarse a la reacción emocional, porque el manifiesto es en esencia una hoja de ruta de clase que merece una lectura izquierdista precisa que vaya más allá de la mera condena.

El manifiesto fue construido con una precisión arquitectónica consciente, no al azar. Hay puntos que parecen moderados o humanitarios en apariencia, como el llamado a la tolerancia con los políticos en su vida personal, o a no regocijarse con la derrota del adversario. Estos puntos no son inocentes ni accidentales, son la fachada calculada que seduce al lector vacilante y otorga al manifiesto una imagen «equilibrada» antes de revelar su verdadero rostro. Esto es lo que los estudios ideológicos denominan la estructura del consenso fabricado: te dan una dosis de palabras razonables para que tragues con ellas la dosis venenosa. Por ello, lo que parece lógico en el manifiesto no es evidencia de su equilibrio, es evidencia adicional de su astucia. Sin embargo, todos estos puntos son utilizados como cobertura para hacer pasar una agenda ideológica integral que vincula todas estas preocupaciones con el proyecto de armamento, dominación y jerarquía civilizacional.

El punto primero afirma que «la élite de ingenieros de Silicon Valley está moralmente obligada a participar en la defensa de la nación». Este encuadre moral no es inocente. Cuando el contrato militar y de seguridad se presenta como un «deber moral», la presión social se convierte en un mecanismo para obligar a ingenieros y programadores a servir al aparato de guerra y represión, y toda voz disidente dentro de las empresas tecnológicas es silenciada en nombre del «patriotismo». Esto es una conversión de la conciencia individual en una mercancía al servicio del Estado militar-securitario y sus instituciones de espionaje.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva

El punto segundo llama a «rebelarse contra la tiranía de las aplicaciones», es decir, rechazar la tecnología de consumo en favor de sistemas de seguridad y militares más profundos. Esto no es una crítica al capitalismo de consumo como podría parecer, es un llamado a redirigir la eficiencia tecnológica hacia la máquina de guerra y vigilancia en lugar del mercado del entretenimiento.

El punto quinto establece que «la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, la pregunta es quién las construirá». Esta lógica determinista cerrada tiene como objetivo eliminar cualquier debate sobre el rechazo al armamento tecnológico desde la raíz. Cuando la elección se formula como «nosotros o el enemigo», se cancela la posibilidad de decir «no a las armas en absoluto». Es la misma lógica que utilizaron los gobiernos de la Guerra Fría para silenciar los movimientos de paz y restringir las organizaciones izquierdistas, y ahora regresa con ropaje digital.

El punto sexto exige que «el servicio nacional sea un deber general», y llama a reconsiderar el sistema de ejército voluntario en favor del servicio militar obligatorio. Este llamado revela claramente el rostro fascista clásico del manifiesto: cuando el Estado es incapaz de generar una voluntad espontánea de participar en sus guerras, recurre a la coacción institucional y la llama «responsabilidad compartida». Y lo más significativo es que la empresa que exige a los jóvenes sacrificar sus vidas en defensa de «Occidente» recauda al mismo tiempo miles de millones de dólares en contratos de guerras en las que esos jóvenes mueren. El deber es para todos, las ganancias son para la minoría.

El punto decimoséptimo afirma que «Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta». Esta propuesta parece pragmática en apariencia, pero en su esencia es una ampliación de las atribuciones de las empresas de seguridad privadas para superar el papel del Estado y convertirse en una fuerza de control social independiente, que opera con la lógica del beneficio y no con la lógica del derecho, la justicia independiente y la rendición de cuentas democrática.

El punto vigésimo exige «resistir la intolerancia generalizada contra la fe religiosa». Este punto no nace de una defensa genuina de la libertad de creencia, es una utilización oportunista del discurso religioso para construir una alianza ideológica con las corrientes conservadoras más susceptibles de ser movilizadas detrás de proyectos bélicos. La historia nos enseña que todo proyecto fascista necesitó una alianza con la institución religiosa para conferir al violencia un carácter sagrado, y eso es lo que persigue este punto bajo la cobertura de «libertad de fe».

El punto vigésimo primero es el más revelador sobre la dimensión ideológica profunda, cuando establece que «algunas culturas han producido un avance vital mientras que otras siguen siendo disfuncionales y retrógradas». Esta frase no es una opinión cultural pasajera, es el fundamento teórico del racismo colonial civilizacional que justifica la dominación, la ocupación y el asesinato de pueblos bajo la cobertura de la «gestión racional de la civilización». Esta lógica no difiere en esencia de «la carga del hombre blanco» que justificó el colonialismo en siglos pasados, y hoy se reproduce con el lenguaje de los algoritmos y los macrodatos. Y lo que la hace más peligrosa que su predecesora es que no necesita fuerzas coloniales visibles, le basta con una base de datos y un algoritmo de focalización.

Algoritmos de la muerte y la sociedad de vigilancia

No es posible leer este manifiesto al margen de lo que ocurre en las guerras contemporáneas. Informes periodísticos e investigativos han revelado el uso de sistemas de inteligencia artificial construidos por Palantir en listas de objetivos que han resultado en masacres contra civiles en Gaza. Lo que la empresa denomina «sistema de focalización inteligente» es en la práctica una máquina para gestionar el asesinato con eficiencia industrial. El asesinato no necesita una decisión humana responsable, necesita un algoritmo, datos suficientes y luz verde de un aparato que no está sujeto a ninguna rendición de cuentas democrática. Lo más importante en este contexto es que el uso de estos sistemas no puede separarse del discurso que justifica clasificar comunidades enteras como atrasadas o como una amenaza. El crimen no comienza con la bomba, comienza con la clasificación. Cuando comunidades enteras son definidas como un peligro, las operaciones de asesinato y focalización de civiles se convierten en «gestión de seguridad» y no en un crimen cuyos autores deben rendir cuentas.

Y lo más peligroso que las aplicaciones militares directas es lo que puede describirse como la «sociedad de vigilancia»: cuando el individuo sabe que está siendo vigilado en todo momento, y que cada una de sus interacciones digitales es registrada y analizada, comienza a ejercer vigilancia sobre sí mismo. Modifica su discurso, evita los temas sensibles, se aleja de las ideas radicalmente disidentes. Esta autovigilancia voluntaria debilita los movimientos izquierdistas, progresistas y las organizaciones laborales desde adentro sin necesidad de arrestos directos. Por ello, el llamado del manifiesto a una «comprensión profunda del comportamiento humano» como condición de seguridad es en realidad un llamado a construir un sistema integral para desarticular la acción política colectiva antes de que surja, y para predecir el comportamiento de protesta y desmantelarlo de antemano antes de que se convierta en un movimiento organizado.

Revelando el silencio obrero: la alternativa necesaria frente al fascismo digital

Lo llamativo en el manifiesto de Palantir, y lo verdaderamente sospechoso, es que no menciona ni una sola palabra sobre los trabajadores, los sindicatos, el derecho a la organización, la huelga. En un documento que habla de «la élite de ingenieros», el «deber moral» y las «culturas atrasadas», no hay lugar para los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales que construyen estos algoritmos, los operan y viven bajo el peso de la misma vigilancia. Este silencio no es pasajero. Es un reconocimiento implícito de que el proyecto tecnológico fascista no puede enfrentarse a la pregunta de los trabajadores, porque los trabajadores solos, si se organizan, son capaces de detener por completo las líneas de producción de la muerte. La huelga general en Silicon Valley, o incluso en las propias oficinas de Palantir, es la pesadilla de este proyecto. Por ello, apoyar los sindicatos de trabajadores tecnológicos y vincular su lucha con una lucha global es un acto de resistencia de primer orden.

La cuestión fundamental no reside en cómo se utiliza la tecnología, es una cuestión de quién la posee y quién determina sus objetivos. La tecnología no se convertirá en una herramienta de liberación mientras permanezca en manos de los monopolios digitales aliados con los proyectos de la derecha, la guerra y la represión. Cualquier debate serio debe partir de la necesidad de la propiedad colectiva comunitaria de la infraestructura digital, y de someter los algoritmos y la inteligencia artificial a un control democrático genuino que represente los intereses de las masas trabajadoras y no de las élites monopolistas. Este camino tampoco se completa sin una campaña organizada para desarmar tecnológicamente a estos monopolios: boicotear sus servicios, revelar sus contratos secretos, llevar a sus responsables ante los tribunales internacionales por complicidad en crímenes de guerra, y presionar a las instituciones públicas para que corten sus relaciones con estas empresas. Cada contrato gubernamental con este sistema es una financiación directa de la máquina de asesinato y deportación, y detener este flujo financiero es la primera línea de confrontación.

El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia, la represión y la jerarquía civilizacional para proteger esta alianza de cualquier amenaza popular. La única diferencia es que las herramientas de este fascismo hoy son los algoritmos, los macrodatos y la inteligencia artificial, y eso es lo que lo hace más hermético y más difícil de resistir.

La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva. Es una cuestión eminentemente política, y parte de una lucha histórica sobre quién controla el futuro y la conciencia humana: la minoría monopolista aliada con los proyectos de asesinato y represión, o las masas trabajadoras que deben imponer su autoridad sobre las herramientas que moldean sus vidas y su destino.

La entrada El fascismo digital, cuando el capital monopolista se une a la extrema derecha se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Este reportaje se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».

La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.

«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».

En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.

Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.

Escuelas destruidas

Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.

Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.

En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.

Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.

Nuevos libros

La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.

Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.

Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.

La entrada Siria: volver a clase tras la guerra se publicó primero en lamarea.com.

Artículo original publicado en france.attac.org por Frédéric Lemaire

Dos de los puntos fuertes de Attac, desde finales de la década de 1990 en adelante, fueron la precisión de sus análisis críticos del neoliberalismo, la globalización y la financiarización, así como la amplitud de sus propuestas para abordarlos. Attac contribuyó a refutar la idea de que no existía alternativa (el famoso TINA de Margaret Thatcher), demostrando en cambio que otro mundo era posible.

Hoy nos enfrentamos a otro dilema: el del capitalismo autoritario, que acompaña al auge de la extrema derecha, catalizado por la victoria de Trump en Estados Unidos. Se está produciendo una transformación global de nuestras economías y sociedades, aparentemente solo en oposición a la ortodoxia neoliberal.

La transformación autoritaria del capitalismo parece estar afectando a todos los sectores de la economía y la sociedad. En materia de comercio, el libre comercio y el multilateralismo superficial promovidos por el neoliberalismo se ven desafiados por el neomercantilismo de Trump (del cual los aranceles son una herramienta). Esta tendencia se acompaña de una creciente subyugación de las economías, en Europa y en todo el mundo, a las potencias hegemónicas.
Las multinacionales, desde las tecnológicas hasta las de combustibles fósiles y las industrias extractivas, colaboran estrechamente con gobiernos de derecha y ultraderecha. Ejercen presión para desmantelar las normas sociales, ambientales y sanitarias (tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, véanse los Paquetes Ómnibus ). Pero también buscan cada vez más financiación pública y posiciones dominantes que les permitan eliminar toda competencia.

En el ámbito financiero y monetario, las finanzas autoritarias y opacas, lideradas por los fondos de cobertura , están ganando cada vez más protagonismo a expensas de los mercados regulados, incluso cuando la regulación es mínima. En el ámbito monetario, las criptomonedas están abriendo nuevas vías para la privatización de la moneda, beneficiando a los gigantes tecnológicos.

Una tendencia autoritaria global

Estas transformaciones económicas forman parte de una tendencia autoritaria global: mayor represión de los movimientos sociales, políticas racistas y antimigrantes, cuestionamiento de los derechos fundamentales, el derecho internacional, los principios democráticos y la separación de poderes, aumento del gasto militar, normalización de la agresión imperial…

Aunque aparentemente contraria a la ortodoxia neoliberal, esta transformación autoritaria del capitalismo radicaliza sus principios mediante el aumento de la violencia . No se limita a ciertos países gobernados por la extrema derecha, como Estados Unidos, sino que se observa en todo el mundo. Se beneficia de las alianzas cada vez más descaradas entre la derecha y la extrema derecha.
En Estados Unidos, la segunda administración Trump y el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que actúa como su fuerza motriz, encarnan a la perfección la coherencia general de un proyecto autoritario y global. El nuevo poder estadounidense parece decidido a fomentar el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en todo el mundo y, con este fin, recurre a todo tipo de injerencias.

En la Unión Europea, fue la alianza entre las fuerzas de derecha y de extrema derecha la que hizo posible, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la aprobación del paquete ómnibus que socava el deber de vigilancia; la extrema derecha se encuentra en una posición de fuerza en la UE para imponer la agenda del capitalismo autoritario .

También en Francia, el centro extremo y la derecha están allanando el camino a la extrema derecha.

En Francia, los sucesivos gobiernos de los últimos años han demostrado que el proyecto de Macron es perfectamente compatible con la evolución autoritaria del capitalismo, no solo en términos de represión, sino también en cuanto al endurecimiento de las políticas a favor de los ricos, las empresas y el medio ambiente (leyes presupuestarias, el caso Duplomb, etc.). En varias ocasiones, el partido de Macron, la derecha y la Agrupación Nacional han votado conjuntamente a favor de medidas reaccionarias . Al hacerlo, el centro extremo y la derecha allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder. Su sumisión a los ultrarricos, incluido Bernard Arnault, quien ha expresado su simpatía por Donald Trump , contribuye a esta permeabilidad.

En otras palabras, el capitalismo autoritario no es un modelo alternativo marginal; se está consolidando como un modelo con ambiciones hegemónicas . En la década de 2000, Attac y el movimiento antiglobalización contribuyeron a construir un análisis crítico, a unir movimientos de resistencia y a desarrollar propuestas y modelos alternativos frente a la globalización neoliberal. En el período crucial que estamos viviendo, nuestra organización debe volver a desempeñar este papel de desarrollo y unión contra la transformación autoritaria del capitalismo.

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Fotografía: El filósofo Eudald Espluga, que publica ‘Imagina el fin’.M. Font

Artículo original publicado en publico.es por Marc Font

Hablamos con el filósofo, que publica el ensayo ‘Imaginar el fin’, donde cuestiona la idea del colapso inevitable y defiende las narrativas apocalípticas como una herramienta para la «ruptura y transformación» hacia «futuros posibles».

Imaginar el fin. Pensamiento apocalíptico para un futuro potstcapitalista (editado por Paidós en castellano y por Raig Verd en catalán) es el documentadísimo ensayo del filósofo Eudald Espluga (Girona, 1990) que cuestiona la idea de que vamos hacia a un colapso inevitable, fruto de la expansión de unos relatos colapsistas que, entre otros elementos, dificultan la movilización y la acción colectiva para avanzar hacia otros escenarios.

Nos reunimos con Espluga en la sede de la editorial Raig Verd  para conversar sobre una obra en la que defiende la necesidad de cambiar los relatos y, por tanto, los marcos de debate y discusión para plantear lo que considera unos “futuros posibles” con soluciones que ya existen. Que, a grandes rasgos, suponen realizar una transición hacia una sociedad postcapitalista.

Sin negar la evidencia de unos datos científicos que constatan que «estamos en un momento de cambio de época», el filósofo apuesta por los relatos apocalípticos como herramienta emancipadora que, a diferencia del colapso, nos puede llevar a la movilización colectiva, a las alianzas entre diferentes sectores y a una «transformación radical».

P. Sin negar que estamos en un momento de policrisis global -climática, geopolítica, energética o económica-, ‘Imaginar el fin’ cuestiona la idea de que el colapso sea inevitable. De entrada, ¿por qué cree que aparentemente esta idea parece haberse hecho hegemónica?

R. Porque en los últimos años, tanto en los medios de comunicación como en los medios audiovisuales, ha habido una proliferación de discursos y de proyecciones, a través de películas, series o relatos, de toda clase de representaciones de este fin del mundo que están muy encaradas a mostrar esta policrisis. Los datos son los que son, pero lo que quería cuestionar es que de estos datos no surge un relato cultural hegemónico de por sí, sino que de los datos a las representaciones sociales y políticas que nos hacemos de este fin del mundo o de la posibilidad del colapso hay una codificación cultural y social.

Las fantasías del colapso me parecen una forma muy estrecha de representar esta realidad que amenaza nuestra forma de existencia

Quería cuestionar cómo tanto las visiones más hegemónicas, y podemos pensar en películas o en series, sean de zombis o tipo The Last of Us, hasta determinados relatos políticos que enfocan que podemos hacer frente a la emergencia climática, la falta de recursos energéticos o la situación bélica actual también derivada de la cuestión económica, siempre están filtradas por lo que llamo fantasías del colapso. Y me parece una forma muy estrecha de representar antropológicamente, éticamente, políticamente e, incluso, ontológicamente los modos posibles de navegar esos datos y esa realidad que amenaza nuestra forma de existencia.

P. Supongo que un factor que lo puede explicar es que imaginar un mundo que se acaba no deja de ser una narrativa muy efectista, ¿no?

R. Sí, evidentemente todas son efectistas, pero la dimensión de sentir que estamos en el tiempo del fin creo la podemos tener en una narrativa colapsista o en una narrativa más de imaginación apocalíptica. Para mí, lo definitorio no es el efectismo de este «estamos en el fin de los tiempos», que por datos estamos en un momento no sé si del fin de los tiempos en los términos que lo conceptualizamos, pero sí en un momento de transformación brutal. A mí me gusta mucho lo que plantea Lizzie Wade, que parte desde una perspectiva arqueológica y dice que para que haya un apocalipsis no basta con una gran catástrofe, no basta con la destrucción de ciudades, de formas de vida y de más, sino que esta destrucción tiene que ser relativamente rápida y tiene que provocar una transformación simbólica en la autopercepción de una comunidad sobre sus formas de vida.

Hay una destrucción y cambios bastante rápidos para que simbólicamente nos planteemos que nos encontramos en una situación de fin de los tiempos

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

P. Unos relatos, por otra parte, que benefician mucho a las tesis de la extrema derecha.

R. Efectivamente, porque básicamente lo que esto acaba propiciando es que si antropológicamente asumimos que somos egoístas por naturaleza y que el hombre es un lobo para el hombre, la consecuencia es que si el colapso o cualquier forma de crisis ecosocial se tiene que transformar en esta guerra, lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para el momento del colapso. Y aquí es donde entran las tesis de la extrema derecha y donde vemos estas narrativas survivalistas o preparacionistas, con las que consideran que te tienes que entrenar mucho físicamente, en plan cryptobro, también está la parte de criptomonedas, que es como ante una posible caída de los mercados y de las instituciones tradicionales tenemos que ir a las cadenas propias, y también el hecho de llevar esas mochilas de 70 litros con las navajas, el DNI plastificado, la tienda de campaña y todo lo que necesitarás para sobrevivir en caso de que haya un gran apagón o una falta de recursos.
​
​Para mí esto es muy grave porque estas cuestiones ligadas a una narrativa preparacionista ya no son tan de nicho y, por ejemplo, cada vez ves más estas mochilas y, casi siempre, los que las llevan van con símbolos fascistas. Me parece muy interesante que haya esta unión casi entre el preparacionismo y la extrema derecha porque esto se traslada a políticas públicas a través de los partidos de extrema derecha y los que no lo son. Este imaginario colapsista va más allá de ellos, y hace un año o poco más la Unió Europea recomendaba que hiciéramos kits de supervivencia.

El discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en los Estados Unidos es una política preparacionista

Haciendo un análisis un poco a lo basto de la situación geopolítica que tenemos ahora, con los bombardeos en Irán y todo lo que está haciendo de política exterior Estados Unidos, se puede entender en esta clave de la nación que debe prepararse para asegurarse los recursos en un mundo en el que habrá escasez de petróleo y habrá una escasez energética fuerte. E, incluso, esta protección se traslada en tesis de defensa de de la población blanca en clave supremacista. Todo el discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en Estados Unidos, allí con las actuaciones de la ICE y las deportaciones masivas, también es una política preparacionista de si vamos hacia un mundo que colapsa, necesitamos vivir en esta fortaleza, en este Estado búnker para defendernos de los invasores.

P. Seguramente los casos más extremos de este preparacionismo serían los proyectos de búnkeres para megamillonarios o las huidas hacia el espacio también de este colectivo, que al final numéricamente son muy pocos y, en buena parte, responsables directos de las crisis sistémicas que sufrimos.

R. Sí, sí, totalmente. Me parece muy interesante lo que dice un autor como Ben Ware, que plantea que ante estos relatos colapsistas se genera una doble actitud, que he intentado reseguir en el libro. Si el miedo que tienes es que en dos días o en quince fallen todas las cadenas de distribución y al final no te acabe llegando agua potable a casa, no haya medicamentos en los hospitales, etc, y que todo el mundo esté compitiendo por ello, es decir, si has comprado el relato del colapso o acabas con la pasividad nihilista y, por tanto, como el mundo se tiene que ir a la mierda pues hedonismo puro y nos entregamos a lo que quede y venga a quemar fósiles hasta que no quede mañana; o acabas con la hiperactividad narcisista, que es la que encontramos en esta doble vía de los escapistas. Ya sea o nos vamos a un búnker o todas las ideas de Elon Musk y compañía con esta voluntad de ir a construir a Marte lo que no has querido en la Tierra.

Si has comprado el relato del colapso, acabas con la pasividad nihilista o con la hiperactividad narcisista

P. En un momento escribe que «el cierre imaginativo en torno al colapso ha limitado salvajemente las maneras de acercarnos al futuro». Es decir, que ensanchar este imaginario de futuro es un paso imprescindible para actuar y para generar unas respuestas colectivas a la situación actual.

R. Sí, completamente, por eso el título del libro. Y por eso vuelvo a esta frase tan repetida y tan pesada de «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». Pero al final, Fredric Jameson, en el origen la cita, no defiende la frase, sino que tras analizarla y dar muchas vueltas lo que dice es que quizás lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo llegar al fin del capitalismo a través del relato sobre el fin del mundo. Y es aquí donde le interesa la lógica apocalíptica porque tiene ese juego dialéctico entre una destrucción o un cambio de un modelo social. Y a mí me interesaba ver como sin renunciar a este horizonte escatológico y sin dejar de pensar estas problemáticas reales de la policrisis [que tenemos], se podían empezar a generar relatos que no solo fueran esperanzados, sino que aprovecharan este momento de transición y de complejidad.

P. Ligado a esto, en un momento del libro cita a Rebecca Solnit que defiende que la acción está determinada por la visión. Es decir, que nuestra manera de ver el mundo determina lo que podemos hacer y, por tanto, si no ofreces un relato esperanzador que plantee un futuro diferente difícilmente actuarás.

R. Totalmente, pero es verdad que después de que Mark Fisher publicara el libro Realismo capitalista y se empezara a discutir sobre ello, han empezado a aparecer muchos pensadores en los últimos 10-15 años que sí hacen un ejercicio de imaginación proyectiva de cómo pueden ser estos escenarios diferentes. Por ejemplo, es muy interesante la propuesta del comunismo de lujo completamente automatizado. Es un poco una locura porque parte de asumir la base más radical del pensamiento capitalista de un Elon Musk y asumir que por la ley de Moore habrá un crecimiento exponencial en el desarrollo de las tecnologías y eso nos permitirá en el lapso de 15 o 20 años llegar a un estado de abundancia total. Hasta el punto de que podremos crear carne sintética y, por tanto, podremos dejar de matar animales y seguir comiendo toda la carne que queramos, o que podremos tener un sistema energético 100% renovable y seguir gastando y consumiendo la misma cuota de energía habiendo renunciado a las energías fósiles. Es una propuesta muy interesante y muy discutible, pero que al mismo tiempo nos confronta con esa necesaria imaginación de futuros que no se rijan por las lógicas del presente.

O lo mismo, por ejemplo, con el socialismo de medio planeta, que propone que se necesita renaturalizar medio planeta y, por tanto, los humanos tenemos que habitar sólo en la mitad del planeta. Y que en esa mitad haya una reducción muy grande del consumo de energía, que se repartirá por cuotas y será sólo de origen renovable, que toda la sociedad adoptará una dieta vegana, y a partir de ahí habrá un sistema de planificación socialista que repartirá los trabajos. Para mí, estas eran como las primeras propuestas para salir un poco de los debates que estaban ya un poco entroncados sobre el decrecimiento y muy encarados en la idea de colapso.

Solnit nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando

R. Estas propuestas encajarían perfectamente en la idea de cambiar la visión para cambiar la acción, pero en la medida que eran proyecciones utópicas de una transformación tan total lo que me parece interesante de Solnit es que en su libro no mira como utopías de transformación a muy largo plazo, sino que nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando. Mirando los movimientos sociales, desde los años 70 hasta la actualidad, lo que hace es ver cosas que en su momento percibimos, dice ella, como un éxito sin victoria. Como, por ejemplo, que no hemos conseguido acabar con el cambio climático construyendo un huerto urbano, pero de golpe lo que podía parecer solo para una pequeña comunidad autogestionada empieza a ser una política urbana adoptada por ayuntamientos y por instituciones más amplias. Podríamos pensar lo mismo con los refugios climáticos. O podemos ir escalándolo en propuestas más generales, por ejemplo, a mí la de superilla me parece muy clara, porque en Barcelona la tenemos muy presente, pero lo mismo se ha estado haciendo en parte en Nueva York, y en parte pasó con la ciudad de los 15 minutos en Francia.

Y la reticencia y el rechazo que ha habido por parte de sectores de la derecha y de la extrema derecha a estas políticas, con el argumento de que puedas ir donde quieras con tu vehículo privado de gasolina, no es solo una batalla urbanística o de ciudad, es una batalla por el modelo. Porque cuestionas la esencia misma de la cosmovisión de la extrema derecha según la cual tú tienes derecho a tus cosas, a tu propiedad, a tu acceso,… El modelo de las transformaciones urbanísticas me parece muy evidente, pero hay muchos otros que se han propuesto, por ejemplo, en el campo de la vivienda.

P. Seguramente mucha gente que lea el libro se sorprenderá de que la tesis que defiende es que el apocalipsis «no es la narración cataclísmica de una destrucción total, sino una historia de transformación radical». Por lo tanto un «tiempo de ruptura, una puerta abierta al cielo que nos narra otros futuros posibles». ¿Por dónde pasarían estos futuros?

R. Primero, las cosas que ya tenemos sobre la mesa o que ya se están haciendo y que se pueden hacer a una escala mucho mayor. Y después transformaciones en clave de la vivienda o, por ejemplo, este momento geopolítico que nos encontramos con la subida del precio del petróleo, hace que de golpe tengas otra mirada hacia la transición energética y que esté mucho más politizada de lo que lo había sido antes. Para mí, de golpe, la transformación energética ya no pasa a ser solo cambiar tu coche por un Tesla, por así decirlo, y esa idea de la descarbonización sin intentar cambiar la sociedad, sin que cambie nada, sino entender que la batalla por la transformación energética es una transformación por el modelo. Y que la apuesta por las renovables y por las energías limpias es una apuesta antifascista de una forma muy evidente.
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​En la vivienda, propuestas como las que ya estamos viendo de cooperativas de viviendas me parecen muy interesante. Pero autoras como Helen Hester van más allá, y en el libro Contra el realismo doméstico, plantea que empecemos a reflexionar sobre las nuevas formas de construcción de viviendas y, por ejemplo, si tiene sentido que en un edificio de ocho plantas y cuatro pisos por planta todo el mundo tenga una cocina o tenga una lavadora. ¿Por qué no vamos hacia cantinas públicas o hacia supermercados públicos donde la distribución de los alimentos sea de productos de proximidad?

De repente, la transformación energética es una batalla para cambiar el modelo y una apuesta antifascista

Creo que esta transformación, esta transición hacia la sociedad postcapitalista, debe darse en estas instituciones que estén a medio camino entre lo que hasta ahora ha sido el mercado y lo que entendemos por espacio público. Un nuevo modelo que no debemos imaginar como este comunismo completamente automatizado, sino como una idea de lujo público que no sea una idea tan futurista, sino que esté mucho más arraigado. El ejemplo más evidente de lujo público que tenemos y al que nos hemos acostumbrado y no reflexionamos mucho sobre ello son las bibliotecas. Tienes acceso a prácticamente todo, puedes estar en ellas sin que nadie te diga nada, es de las instituciones que mejor refleja la diversidad social, es un lugar de estancia, de juego,… Si el modelo de las bibliotecas de lujo público lo podemos trasladar a supermercados públicos, a cantinas públicas, a lavaderos, a otros modelos de organizar los cuidados y el trabajo productivo y reproductivo, creo que aquí hay un poco esta clave de transformación urbana e, incluso, de la relación entre lo urbano y lo no urbano donde para mí pasa la imaginación de estos nuevos futuros.

P. Estos futuros tienen un vínculo con los relatos colapsistas hechos desde las tesis del decrecimiento, en el sentido de defender la necesidad de romper con el actual modelo económico.

R. Para mí es clave. Cuando cuestiono los relatos colapsistas no es porque no exista la necesidad de ese cambio, sino precisamente porque creo que lo que debe hacer el cambio de relato es marcar las formas de creación de esa agencia colectiva o esa agencia política. Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas como decíamos. O, incluso, hacia propuestas como el comunismo del desastre, a partir de modelos de decrecimiento basados en el colapso. O la idea casi pseudoanarquista de pensar que una vez caigan las instituciones solo en comunidades pequeñas y ruralizadas podremos encontrar la solución a este momento de colapso.

Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas

Y, por ejemplo, una de las cosas que puede ser más problemáticas de la tesis del libro es que creo que la solución debe ser urbana o en gran parte debe pasar por lo urbano, que es donde vive la mayoría de la población. Si no queremos acabar adoptando las teorías problemáticas que si la gran sustitución o las tesis lamarckistas y eugenésicas, creo que nos tenemos que replantear cómo vivimos en estas ciudades, cómo consumimos y cómo nos organizamos en general a nivel de transporte público.

P. ¿Entiendo que con el planteamiento de soluciones ya existentes y, por tanto, que se ven posibles, también quiere buscar que el relato sea más atractivo para gran parte de la población, lo que facilitaría la movilización?

R. Bueno, es que justamente creo que, además de atractivo, tiene que dar motivos y tiene que facilitar esta movilización. Por eso cuando vuelvo al apocalipsis bíblico lo hago no solo por una cierta fascinación, sino porque, aunque no lo hayamos leído, todos tenemos en la cabeza unas imágenes que movilizan una imaginación y lo que busco es despertar un poco esa imaginación, llevándolo mucho a lo que fue durante tiempo su lectura. No tanto en el momento de su escritura, cuando era muy difícil que por sí solas aquellas iglesias cristianas se rebelaran contra el imperio, pero sí en movimientos que van desde el siglo V hasta el XV. Lejos de lo que pensamos hoy por los memes tipo «el milenarismo va a llegar», los movimientos milenaristas no son sectas de locos, sino que utilizan el carácter profético o las promesas de este mundo mejor [del apocalipsis], no como una forma de abandonar la acción, porque ya llegará en otra en otra vida, sino para movilizarse y buscar alianzas entre sectores depauperados ante la injusticia presente.

La extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar movilización y alianzas entre diferentes sectores

Hay muchos movimientos que terminan en grandes revueltas campesinas y en un cuestionamiento muy fuerte de las autoridades feudales o de una burguesía incipiente. Y son movimientos que, de hecho, llegan hasta el siglo XVIII-XIX con movimientos anticoloniales. Y justamente la extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar esta movilización, esta concentración de las agencias colectivas. Porque percibir el fin del mundo como una posibilidad real pero al mismo tiempo como la posibilidad de un mundo mejor, es lo que puede acabar generando estas alianzas entre diferentes sectores, de clases bajas, clases depauperadas, sectores industriales, etc.

P. En cierto modo esta defensa de la organización y la necesidad de una respuesta colectiva une, o así lo interpreto yo, Imaginar el fin, con su anterior libro, No seas tú mismo, cuando apostaba por buscar soluciones políticas y, por tanto, colectivas a los malestares generalizados de la sociedad.

R. Sí, para mí es claramente como esta evolución, incluso en la idea del doomer que también es una línea que conecta bastante. Al final, No seas tú mismo cuestionaba un poco que los problemas que sufrían los jóvenes hoy fueran generacionales. De lo que hablaba era de la emergencia de unos nuevos problemas, como por ejemplo el relacionado con el capitalismo de plataformas, que de acuerdo lo vemos muy acentuado en los millenials y un poco en los zetas, pero eso no quiere decir que esa misma cancelación del futuro que vemos no afecte a las otras generaciones o que el capitalismo de plataformas no afecte a todo el mundo. Si miramos Airbnb y lo que está generando en la ciudad pues sí, los jóvenes tenemos problemas de vivienda, pero es una afectación muy intergeneracional.
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​Lo que hago ahora es ir un poco más allá y ver como muchos de estos problemas en la situación presente han rebasado incluso las estructuras políticas clásicas y, por tanto, los problemas ya no se pueden enmarcar solo en el contexto más o menos estrecho de este neoliberalismo. Sino que muchas de las tesis que ya se han convertido en una realidad política evidente, como las de la ilustración oscura que han influido muchísimo en políticos como J.D. Vance y la administración Trump o en tecnomillonarios tipo Elon Musk o Peter Thiel, van directamente en contra de la democracia. Buscan la imposición de unos dictadores CEO que rijan los Estados como si fueran empresas, gobiernos corporativistas que en la práctica ya los estamos viendo. Cuando los servicios de defensa se hacen a través de los programas de Peter Thiel y Palantir pues estamos viendo como ya se está produciendo esto.
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​Por lo tanto, creo que el tipo de amenaza que tenemos hoy es tan grande o es sustantivamente capaz de amenazar la situación existencial del presente que me parecía importante volver a pensar la relación entre política y escatología. Al igual que en el pasado había sucedido, por ejemplo, con la cuestión nuclear, y que había llevado a Susan Sontag o a Günther Anders considerar durante la época de la Guerra Fría que había como una transformación filosófica de las herramientas políticas mediante las cuales teníamos que enfrentar los problemas que vivíamos.

P. Es decir, ¿hay una especie de salto de escala en los objetivos de esta tecnomillonarios que van más allá de los meramente económicos?

R. Creo que con el crecimiento de la inteligencia artificial estamos en un momento de toda una transformación tecnológica de este capitalismo de plataformas, que ha ido más allá. Ya no se rige por esta falsa idea del libre mercado y del neoliberalismo, con la libre competencia de empresas, si no que estamos en un escenario monopólico. Y, además, lo que hace es pensar al Estado como una de las armas principales para transformar el mundo y asegurar la emergencia de un mundo diferente en clave neoconservadora. De hecho, Ben Tarnoff y Quin Slobodian acaban de publicar un libro que se llama Muskism, donde dicen que olvidémonos de decir que son neoliberales o que son anarcocapitalistas. Tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado, que es también lo que plantea Donatella Di Cesare en su libro Tecnofascismo.

Los tecnomillonarios como Elon Musk tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado

Me parece muy interesante dejar de pensar en ellos como millonarios capitalistas que lo que hacen es querer ganar dinero, que sí lo quieren ganar, pero que el modelo que tienen detrás es una ideología de Estado totalitario. Por lo tanto, ya no es solo pensar el capitalismo de plataformas por cómo genera esta individualidad, sino que tenemos que ir a mirar las empresas y cómo funcionan estas plataformas y las soluciones políticas que tenemos que traer no son «yo me desconecto, me borro las redes sociales y vivo offline». Cuando Palantir está armando el ejército de Estados Unidos, da igual que tú no tengas Meta o Instagram.

P. Ya para terminar, a pesar del contexto de policrisis, o precisamente por eso, no sé si a la vez tiene la sensación de que hay un embrión de una cierta revuelta ciudadana a través de la movilización popular, sobre todo en el ámbito de la vivienda, en el que no sólo se cuestiona el modelo dominante, sino que también se plantean alternativas y horizontes diferentes.

R. Sí y me parece fundamental porque, además, creo que una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido precisamente la de transformación del relato, porque los problemas de la vivienda a día de hoy son sensiblemente diferentes de los que había post crisis del ladrillo en 2008. Desde el principio, el Sindicat de Llogateres ha sido capaz de trazar mediáticamente y explicar también socialmente a todo el mundo que hay la emergencia de una nueva clase rentista. Y que se trata de un problema que va más allá de las decisiones individuales que hacemos nosotros al comprarnos una casa o al asumir un alquiler más o menos caro, sino que los desahucios que se están produciendo responden a unas lógicas que son completamente especulativas y que no tienen que ver con la relación que debe tener supuestamente una vivienda para asegurar un derecho, sino que se acaban convirtiendo en bienes de consumo. Y, por tanto, puede generar esta movilización social porque el relato que marca dirige mucho hacia dónde va la acción.

Una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido la de transformación del relato sobre vivienda

Si defiendo algo en el libro es que debemos cambiar los relatos para que en otras luchas que son prioritarias para nuestra supervivencia, como la emergencia climática, la defensa de un modelo de ciudad, de un modelo de instituciones públicas muy concreto o de un modelo de transición de energías renovables, entre otras, también se produzcan cambios de marcos que sean capaces de generar esas agencias colectivas que vayan destinadas a una confrontación política amplia. Y no a una lógica que puede acabar muchas veces en una división más dentro de la propia izquierda, de si tenemos que tender más hacia un modelo de decrecimiento, cuando menos renovables, si las tenemos que poner aquí o allá. Debemos tender más hacia esta repolitización de las propias herramientas para hacer un frente amplio.

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Fotografía: Imagen del sistema de pagos brasileño PIX PIX

Artículo original publicado en eldiario.es por Bernardo Gutiérrez

En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

Los sucesivos impactos en el mercado global de los combustibles fósiles primero derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y posteriormente en Irán y el golfo Pérsico, están alterando los mercados de los combustibles fósiles (petróleo, gas y derivados): Mercados estructuralmente oligopólicos y afectados por problemas de progresivo agotamiento y encarecimiento. Sucede todo esto de acuerdo con una máxima de la mano invisible: a mercados revueltos, ganancias de especuladores¹.

Todo ello aconseja evitar al máximo su uso (por sus impactos inflacionistas y sobre la soberanía energética) sin olvidar que, aunque nada de esto sucediese, el evitar las emisiones de CO2 asociadas a su uso debiera considerarse un objetivo social irrenunciable. Y, en consecuencia, las medidas que se adopten para evitar los impactos referidos no debieran frenar este objetivo. Como tampoco debieran provocar efectos redistributivos regresivos.

A la luz de lo que precede paso a evaluar a continuación las medidas adoptadas² por el Gobierno de España el pasado día 20 de marzo de 2026. Lo haré en relación a cuatro ejes que considero estratégicos y prioritarios para, al reforzar nuestra soberanía y resiliencia energética, minimizar los posibles efectos inflacionistas derivados de estos shocks energéticos sobre los que no tenemos apenas control. Una evaluación centrada en las razones que en cada caso se justifican.

PRIMER EJE

Desacoplar el traslado del encarecimiento del gas natural en la fijación del precio marginalista de la electricidad.

En España (datos de Red Eléctrica) las fuentes no renovables (sobre todo gas en ciclos combinados y nuclear) suponen por término medio entre el 30% y el 40% de las energías primarias para generación de electricidad. Aunque, en concreto, el gas natural apenas supone de media el 11 %.

En esta situación el precio del gas natural -por mucho que se encarezca- no debiera condicionar de forma sustancial el precio de la electricidad³. Sobre todo cuando en España sufrimos un reciente colapso⁴ -nada menos que un apagón total- que encaja como un guante en los manejos especulativos del oligopolio eléctrico⁵ (y del gas) sobre como y cuando activar los ciclos combinados en función de la demanda y del precio.

Para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas se debe implementar un sistema que ajuste el de la electricidad -para el consumidor doméstico- generada en cada momento a una media ponderada de los distintos aportes para la generación, sin que el gas natural pueda ponderarse en el precio final más allá del 20 %. Este sí sería un tope efectivo y no otros por bien intencionados sobre el papel que sean.

Así, por ejemplo, una propuesta de grandes consumidores para desacoplar el precio del gas en la tarifa eléctrica (AEGE o UNESID) podría concretarse en que para las Tecnologías Inframarginales (Renovables, Nuclear, Hidráulica) su precio se fije mediante contratos a largo plazo basados en su coste real de generación más un beneficio razonable. Y para las Tecnologías de Respaldo (Gas/Ciclos Combinados) estas plantas cobren el precio marginal del gas cuando sea necesario que entren en el sistema para cubrir la demanda.

El sistema actual supone unos beneficios caídos del cielo para los operadores por los precios percibidos de los consumidores⁶ (sobre todo domésticos). Mientras que, al mismo tiempo, dichos operadores aplican unos precios pagados por los excedentes vertidos a la red a sus clientes de la cuarta parte de los percibidos. Lo que constituye un notable desincentivo para el despliegue de las energías renovables fotovoltaicas por parte de los hogares, siendo así que para evitarlo estos excedentes debieran computarse en unidades físicas a compensar por los operadores.

El Decreto no incide para nada en estas dos cuestiones y apenas dulcifica con rebajas fiscales (art. 39) sobre la electricidad la bola de nieve inflacionaria (y de beneficios caídos del cielo) de los dos mecanismos citados (precios percibidos / precios pagados). Lo que tiene -como veremos- efectos negativos (costes de oportunidad) sobre la electrificación de usos ahora fósiles (en el transporte y la calefacción sobre todo). No se avanza así como se podría en “medidas estructurales destinadas a acelerar la electrificación de la economía española” o en “reforzar la competitividad de la electricidad frente a las alternativas fósiles”

Con lo que, mientras no se supriman ambos mecanismos de fijación de precios, procedería aplicar una fiscalidad extraordinaria⁷ sobre los generadores/operadores, que conformen un fondo público que impulse comunidades energéticas⁸ (solares, eólicas, biomasa) así como un patrimonio público de hidroeléctricas y centrales de bombeo.

Un enfoque éste preferible al de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) con las que el Decreto (art. 14 y ss.) podría sin duda facilitar una mayor oligopolización del sector, saltándose las usuales prevenciones ambientales (por ejemplo en repotenciación de parque eólicos o para nuevas centrales de bombeo). Subordinando aún más a la iniciativa privada nuevas facilidades del Decreto, como cuando en él “se establece expresamente la declaración de utilidad pública del almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo”.

SEGUNDO EJE

Potenciar el uso del transporte colectivo de viajeros (ferroviario, cercanías, metro, autobús) frente al privativo por automóviles

El actual sistema de abono único de 60 y 30 euros (y otros complementarios) ya tienen este objetivo, si bien debieran reforzarse en la medida en que las frecuencias, la puntualidad, la seguridad y los trayectos disponibles se amplíen. Para así incrementar la penetración de esta clase de movilidad frente a la privativa, sobre todo por carretera, que sigue siendo la dominante (sobre el 80%) y, sobra decirlo, la menos resiliente ante el shock energético actual (además de ser ambientalmente catastrófica). Porque, conviene recordar ahora, el Decreto reconoce nuestra “dependencia energética exterior en torno al 67-70% del consumo energético total, especialmente en ámbitos como la climatización de edificios, el transporte o determinados procesos industriales”

Sin embargo el Decreto se limita a reducir la fiscalidad de los combustibles (gasolinas, gasóleos, etc.) (art. 38) para amortiguar la bola de nieve inflacionista, aunque al hacerlo (y al no desacoplar del gas -como vimos- los precios de la electricidad) no favorece reducir el actual 80 % de la movilidad privativa por carretera. Un efecto que se produce incluso si se tratase de hacerlo con automóviles eléctricos, y no digamos en formatos de transporte colectivo electrificado. De hecho el desacoplar los precios de la electricidad -tal como se plantea en el primer eje de este análisis- sería el mejor “programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados que impulse al máximo la demanda”, al facilitar y abaratar sus consumos energéticos.

Porque para avanzar en el formato alternativo es una prioridad social la modernización y ampliación de una red de cercanías ya desbordada por la demanda y por la obsolescencia⁹. Una prioridad que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29). Pero de la que no se habla en este Decreto.

No me extraña que la Fundación Renovables disienta del enfoque que en este punto asume el Decreto: “lamentamos que se haya incluido una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, ya que esto supone un incentivo al consumo de combustibles fósiles y lanza una señal contradictoria con la política energética. Tampoco compartimos la rebaja del IVA para el combustible, siendo algo que debería utilizarse únicamente para hogares vulnerables y sectores estratégicos”.

TERCER EJE

Transferir cargas de mercancías de la carretera al ferrocarril para evitar el colapso climático y la vulnerabilidad logística actual

En la actualidad la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías es del 4 %, muy por debajo del objetivo del 10 % marcado para 2030 (informe CNMC), con lo que cualquier ayuda a los combustibles para el transporte de mercancías por carretera debe considerarse contradictoria con este objetivo.

Siendo así que la reducción de la fiscalidad a los carburantes y las ayudas directas a su compra que se recogen en el Decreto en favor del transporte por carretera¹⁰, si bien buscan mitigar la bola de nieve inflacionaria derivada del encarecimiento los precios del petróleo, son contradictorias con el incremento de la cuota del ferrocarril. Siendo esta la única transición estructural que permitiría desacoplar de forma radical el transporte de mercancías de dicha espiral (con efectos positivos en muchos otros sectores).

Lejos de ello, las importantes ayudas al sector del transporte en carretera que incluye el Decreto aún se consideran insuficientes por la patronal del sector (FENADISMER). Un síntoma de que -de continuar el encarecimiento del petróleo- podríamos estar ante un saco sin fondo. Más aún cuando la logística del transporte de mercancías (con las ventas online y a domicilio) se está haciendo más y más dependiente de la carretera con condiciones decididas por los grandes distribuidores (como, y no solo, Amazon).

Aunque de nuevo sucede que al no avanzar en el primero de los ejes de este análisis, y al tiempo reducir el impacto de los precios de los carburantes, se alimenta un círculo no virtuoso contra la mejora de dicha cuota. Lo que también es contradictorio con la mejora de la diversificación modal de la cadena de suministros dentro del mercado español. Una diversificación modal (hacia el ferrocarril) que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29).

Pero de lo que tampoco se habla en este Decreto. A pesar de que a día de hoy el Decreto reconoce que “el transporte de mercancías por carretera constituye una actividad esencial para el normal funcionamiento de la cadena de suministro”. Reitero: la palabra “ferrocarril” apenas aparece tres veces en este Decreto y nunca en relación a este eje.

CUARTO EJE

Limitar los apoyos a la tarifa eléctrica en usos electro intensivos a los niveles -y sectores estratégicos- ajustados a nuestra autonomía industrial, pero no para exportación

Conviene recordar aquí que mientras el consumo doméstico de electricidad en España en 2024 fue de 74,7 millones de Mwh, el consumo industrial ascendió a 116,5 millones, de los cuales un tercio corresponde a los llamados sectores electro intensivos (siderurgia, aluminio, química y cemento). A los que ahora se estarían añadiendo los centros de datos.

De reducirse estos consumos electro intensivos industriales (solo hasta niveles de producción ajustados a las necesidades de la demanda interna) se abriría un margen para destinar esta electricidad hacia la sustitución de los actuales consumos de gas para calefacción doméstica¹¹. Asegurándose entonces una autonomía real de aprovisionamientos para esta calefacción, y que -además- sus precios se muevan al margen del mercado global del gas. En esta perspectiva sobra decir que cualquier ayuda o rebaja del coste de la electricidad para estos usos electro intensivos que incluya productos exportados por estos sectores debiera considerarse contraproducente.

Por ello cabe decir que las medidas incluidas en el Decreto para suavizar el impacto de los precios de la electricidad en estos sectores industriales¹² son, en primer lugar, contraproducentes con la necesaria reducción de estos consumos y, en segundo lugar, debieran considerarse prescindibles en la medida en que los precios percibidos por los generadores/operadores eléctricos se desacoplasen de los precios del gas natural tal como aquí se propuso.

Si hay que felicitarse -por pasiva- de que el Gobierno haya dejado de predicar con tanto énfasis como venía haciendo sobre la alternativa del hidrógeno verde¹³ en este Decreto, un síntoma de que esta burbuja especulativa podría estarse afortunadamente desinflando.

*

En su conjunto debo concluir que las medidas del Decreto conforman una contradictoria mezcla entre las coyunturales y las estructurales. Porque en las coyunturales por acción (rebajas fiscales, ayudas directas) o por omisión (ausencia de cambios en la tarifa eléctrica) se define un marco poco favorable a la necesaria aceleración de la transición energética que el Gobierno dice defender para así avanzar en nuestra soberanía energética. Lo que el Decreto concreta como “sustitución de combustibles fósiles por electricidad renovable en ámbitos como la climatización, el transporte o los procesos industriales”. Una soberanía cada vez más urgente si reparamos en nuestra creciente dependencia de gas e hidrocarburos de un proveedor tan poco fiable como los Estados Unidos. Siendo así que si bien con estas medidas algo se frena a corto plazo la actual ola inflacionaria, tampoco se garantiza en absoluto que tal con tención se pueda mantener a medio plazo.

Frente a esta estrategia las propuestas de la oposición de derechas al Gobierno buscan aprovechar el shock externo para profundizar en la defensa a fondo y sin límites del complejo fósil-nuclear (con Repsol en la Casa Blanca o una Iberdrola pronuclear, por poner dos ejemplos). Por un lado con rebajas fiscales aún mayores que produzcan una progresiva asfixia de los recursos y los servicios públicos y, por otro, ampliando la apuesta por la opción nuclear en una electrificación subordinada a los intereses fósiles. Sin, por supuesto, embridar la fijación marginalista de precios ni los oligopolios de los carburantes.

Para avanzar hacia propuestas que no sean contradictorias -como las actuales el Gobierno- esperemos que en futuros Decretos sobre este asunto, se ocupen de esterilizar el impacto del gas en el precio de la electricidad, posibilitando así una mayor electrificación de la movilidad tanto para pasajeros como para mercancías, y también para la calefacción doméstica. Embridando al mismo tiempo los despilfarros electrointensivos. Solo así se definiría una senda clara para escapar de la ratonera fósil-nuclear en la que seguimos atrapados. Atrapados ahora en este shock, que no parece vaya a acabar pronto, y a otros que sin duda vendrán. Porque, cuando se quiere abandonar una droga, no conviene abaratar su precio sino dejar de consumirla.

El Gobierno, al no querer enfrentar este dilema, en el Decreto 7/2026 se subordina al voto afirmativo de la derecha catalana y a la abstención de la española (y a sus capitalismos de amiguetes). Con eso gana Sánchez, agónicamente, tiempo político, pero me temo que al coste de engordar una creciente marea social, convencida de que son esas derechas las que “saben” y deben gestionar el actual shock fósil y militar externo. Dentro de un mes veremos la otra puerta de esa ratonera cuando se debata y vote el Decreto 8/2026.

Albino Prada es miembro del Consejo Científico de Attac España. Su último ensayo se titula “El regreso de China. La globalización imposible” (Universidade de Vigo, 2025).

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Fotografía: Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Artículo original publicado en ctxt.es por Gabriel Zucman

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.

Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.

Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.

Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.

Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.

Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.

***

A partir de los años ochenta, las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX,  pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.

En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.

La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.

Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.

El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.

Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.

***

Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.

Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.

Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.

Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.

Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).

Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.

Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.

***

¿Qué hacer?

En 2022, la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.

No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.

Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.

De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.

El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.

Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.

Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.

Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.

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Fotografía: Palestinos desplazados caminan sobre los escombros de los edificios derrumbados en el campamento de Al-Bureij. DPA vía Europa Press.

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Alberto Fraguas Herrero

Las guerras atentan contra la vida en su mas amplia acepción. No solo provocan desgraciadas pérdidas individuales sino profundas brechas de degradación ecológica. Es una actitud de verdadero asedio a la biosfera pues ésta alberga recursos útiles para cada parte del conflicto. No toca aquí hablar de estas estúpidas y asesinas ultimas guerras, de su sinsentido derivado de las nuevas geopolíticas psicopatológicas, pero sí de algunas derivadas que también matan, que también destrozan vidas, el ecocidio como parte del genocidio.

Históricamente las guerras miden su coste lógicamente en vidas humanas perdidas, desestructuración territorial y colapsos económicos, pero también tienen una nueva métrica en la destrucción que conllevan: la huella ecológica que se debe considerar antes, durante y después del conflicto que envenena el agua, la tierra, el aire y el suelo durante generaciones.

A menudo pensamos que la guerra es un choque violento de ejército por territorio, recursos naturales o incluso ideología. Sin embargo, existe un choque más silencioso, persistente y ubicuo: la ofensiva contra los sistemas biológicos, sociales y psicológicos que sostienen la vida, que la desarrollan, que la perpetúan. Esta guerra no se libra con pólvora o misiles sino con la indiferencia, con la explotación dominante neocolonial. Se libra con una visión del mundo contra la vida en si misma, priorizando lo inanimado, lo tecnológico sobre lo orgánico.

Huella Ecológica de la guerra

La guerra altera el equilibrio de la naturaleza de múltiples maneras y su afección tiene directa incidencia en la salud humana (la salud es integral, es una “única salud”, ambiental y humana).

Las talas generalizadas de arbolado y los incendios forestales son frecuentes en épocas bélicas y con ello se altera el régimen hídrico al mismo tiempo que se contamina el suelo y el agua por partículas sólidas y metales pesados, con frecuencia por minas terrestres y municiones sin explotar. Estamos viendo como el agua es precisamente uno de los vectores ambientales más sensibles a nivel ecosocial y por tanto los más asediados. La destrucción de embalses, desaladoras, estaciones de bombeo, canales, son objetivos de ataques de EEUU e Israel en su guerra con Irán, como también lo son las fuentes de origen, ríos, lagos, etc… que albergan un delicado equilibrio biológico a su vez.

Bombardeos masivos, incendios forzados (en ocasiones con productos químicos específicos), espumas químicas contra incendios altamente contaminantes, inundaciones provocadas, etc… obviamente no son inanes para el entorno ambiental y son perdurables décadas enteras afectando de manera irremediable las economías locales durante muchos años. En Gaza, por ejemplo, suelo y agua (y por ende la agricultura) están absolutamente degradados. Los sistemas de saneamiento y depuración de aguas han sido destrozados así como la nula gestión de residuos urbanos a los que añadir la ingente cantidad de restos de demoliciones, escombros, muchos de ellos contaminados con amianto y otros productos tóxicos. Todo ello provoca graves problemas sanitarios (la OMS informó de casi 180.000 casos de problemas respiratorios y diarreas en niños a los 3 meses de iniciarse el conflicto de Gaza).

Por otra en cuanto a su incidencia en la crisis climática, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente estimó que los sectores militares son responsables del 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (pongamos como referencias el turismo con un 8% y todo el sector residencial con un 11%), unas emisiones que no quedaron consideradas en el Acuerdo de París aduciendo los países firmantes reservas de seguridad.

Pero además las emisiones atmosféricas derivadas de las guerras producen contaminaciones agudas muy graves por liberación de sustancias químicas al destruirse numerosas y estratégicas instalaciones industriales con lluvia ácida inducida por productos sulfatados que alteran el pH de las precipitaciones locales. Durante la guerra de Golfo en 1991 la destrucción de pozos petrolíferos liberó medio millón de toneladas de contaminantes (incluidos  metales pesados de los proyectiles  como plomo, antimonio y mercurio) con alta persistencia en suelo y aguas subterráneas. Las grandes cantidades de municiones con metales pesados y uranio empobrecido, así como productos químicos explosivos son devastadores para los ecosistemas naturales… y sociales donde el ser humano vive.

En el caso del último asalto del “sionismo trumpiano” en Irán, un país ya de por sí con graves problemas ambientales con una ciudad como Teherán entre las más contaminadas del mundo está siendo particularmente dañino para los ecosistemas con una “lluvia negra” producida por los ataques a refinerías y depósitos de petróleo, aerosoles de hidrocarburos y partículas sólidas con liberación masiva de SO₂, NO x y millones de Tn de CO₂[1]; derrames de petróleo (por el Estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial), daños en desalinizadoras que amenazan el abastecimiento de la población y alteración de la calidad del agua con filtraciones a unos acuíferos ya con un stress hídrico que están a punto de colapsar (Irán se hunde 20 cm al año por falta de acuíferos).

Si a estos añadimos el impacto nuclear, mucho más allá de la explosión con los riesgos del “invierno nuclear”, radiaciones ionizantes (isótopos de larga vida: Cesio-137, Estroncio-90) que son absorbidos por suelo y huesos causando daños genéticos durante generaciones el “No a la Guerra” se convierte en un enorme grito de “Sí a la Vida”.

Pero no es solo los efectos en sí del conflicto. También su preparación es dañina. Hoy vemos que los misiles son la nueva panacea bélica. Estos misiles requieren de materiales, tierras raras y metales (aluminio y titanio), cuya extracción supone contaminar aguas y tierra por décadas. Asimismo los propulsores tienen productos muy contaminantes (como el perclorato amónico) que son altamente cancerígenos alterando también la capa de ozono. Incluso en la realización de las pruebas para garantizar su siniestra eficacia se liberan gases tóxicos y metales (plomo, antimonio) y muchos de estos misiles terminan en el fondo del mar.

La paradoja de la reconstrucción.

Tras los conflictos viene la reconstrucción (que es lo que hace que suba el PIB), pero esta no solo resuelve o corrige impactos sino que genera otros nuevos y en ocasiones empeora los existentes. No, la guerra no tiene reconstrucción posible, solo hacer algo menos lesivos sus efectos.

Millones de toneladas de hormigón, acero, metales varios, generados en la devastación deben gestionarse en vertederos, no siempre ubicados en sitios adecuados. Muchos edificios derribados tienen asbesto (amianto), plomo de tuberías y otras sustancias tóxicas.

La huella de carbono por la reconstrucción aumenta por las nuevas actividades. La producción de cemento y acero son grandes generadores de CO₂, el transporte pesado y la logística de acarreo de materiales incrementan el consumo de combustibles fósiles, las maderas para encofrados y otras estructuras implican deforestar bosques, la grava y arena saldrán de canteras y graveras con una funcionalidad de alto impacto en los lechos fluviales que son frecuentemente dañados al priorizar una “reconstitución a la normalidad” sobre el cuidado ecológico. Una reconstrucción que no es tal si tenemos en cuenta los ecosistemas.

El Ecocidio como Quinto Crimen

El Derecho Internacional Humanitario prohíbe el uso del medio ambiente como arma, esto es, prohíbe los ataques deliberados contra el medio ambiente natural, y en particular la destrucción de recursos naturales y el uso de técnicas de modificación ambiental (tales como el empleo de herbicidas para alterar el equilibrio ecológico de una región). Asimismo, exige que las partes en conflicto contemplen si existe la posibilidad de causar daños ambientales antes de decidir un ataque.

El marco legal que vincula a la Corte Penal Internacional (CPI) con el ecocidio se encuentra en un punto de inflexión histórico. Históricamente el medio ambiente ha sido el “huérfano del derecho (!) de guerra. Sin embargo algo está cambiando.

Actualmente la CPI solo tiene competencias sobre 4 crímenes: Genocidio, Crímenes de lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y el Crimen de Agresión. La única mención al medio ambiente se da en el Artículo 8 (2) (b) (IV) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

“Lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará … daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que sean manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea”.

Esta definición esta acotada  por:

• Contexto: solo aplica en conflictos armados internacionales (crímenes de guerra).
• Umbral: Se requiere en una triple condición que el ataque cause daños “extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar anticipada.
• Limitación: No protege al medio ambiente en tiempos de paz, que es donde ocurre la mayor parte de la destrucción ecológica masiva.
• La proporcionalidad es un factor subjetivo en base a supuestas “ventajas militares”.

No obstante existe un movimiento global para enmendar el Estatuto de Roma e incluir el Ecocidio como crimen autónomo.

En 2021, un panel de expertos internacionales (convocado por la Fundación Stop Ecocide) redactó una definición jurídica para ser incorporada como el Artículo 8  del Estatuto de Roma:

“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado con conocimiento de que existen probabilidades sustanciales de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Elementos claves son por tanto:

• Daño Grave: Deterioro, destrucción o pérdida adversa y significativa de cualquier elemento del medio ambiente.
• Extenso: Daño que va más allá de una zona geográfica limitada, trasciende fronteras o afecta a todo un ecosistema o a un gran número de seres humanos.
• Duradero: Daño irreversible o que no puede recuperarse mediante regeneración natural en un período razonable.

Para que el ecocidio sea una realidad jurídica en la CPI, debe seguirse el proceso largo. Aunque el soporte legal crece, existen obstáculos significativos. Soberanía Económica: muchos Estados temen que la criminalización del ecocidio afecte industrias extractivas clave (minería, petróleo, agricultura intensiva); Causalidad: probar el vínculo directo entre un líder (político o empresarial) y un daño ecológico específico es complejo bajo los estándares de derecho penal; Jurisdicción: grandes emisores de carbono y potencias industriales (como EEUU, China o India) no son miembros de la CPI.

¿Qué está pasando ahora? A pesar de que la CPI aún no lo juzga de forma autónoma, el actual Fiscal de la CPI ha emitido directrices para priorizar crímenes ya existentes (como crímenes de guerra o lesa humanidad) que se cometan mediante la destrucción del medio ambiente o la explotación ilegal de recursos naturales. El camino está abierto.

Conclusión: No hay Justicia Ambiental o Climática sin Paz

La guerra entre Irán, EEUU e Israel demuestra que el medio ambiente no es una víctima colateral, sino un objetivo estratégico y, simultáneamente, la mayor víctima silenciosa.

Mientras el mundo intenta limitar el calentamiento global a 1,5^ºC, las operaciones militares en unas pocas semanas pueden borrar años de esfuerzos de descarbonización civil.

La comunidad internacional debe avanzar hacia la criminalización del ecocidio y la inclusión obligatoria de las emisiones militares en los tratados climáticos. Sin esto, la protección del planeta será imposible mientras las potencias sigan quemando el futuro en los campos de guerra y no de vida.

La entrada Ecocidio, otra cara del genocidio: la naturaleza como campo de batalla se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Ilustración: Guerra, estrecho de Ormuz, comercio mundial / Pedripol 

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

Si la guerra continúa y no se pone fin al bloqueo de Ormuz, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real

En la historia económica reciente se produce reiteradamente un mismo fenómeno: quienes marcan las directrices de la política económica reaccionan tarde o con error. No porque sean incompetentes, sino porque actúan con sesgos ideológicos, utilizan modelos equivocados y se fijan en indicadores equivocados.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la crisis del Golfo Pérsico y entender por qué ocurre es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado.

Dos fuentes de error

A mi juicio, hay dos causas que explican la ceguera con que se enfrentan a los problemas económicos quienes diseñan y orientan la política económica.

La primera tiene que ver con los modelos económicos que utilizan. Como acaba de mostrar Steve Keen para el caso que nos ocupa, no incorporan con realismo el efecto que tienen los choques energéticos sobre la producción y eso les lleva a subestimar las consecuencias que tienen sobre la economía real.

Es una limitación muy grave y merece un análisis propio, pero no la voy a abordar en este artículo.

Aquí voy a explicar una segunda causa de ceguera y error: leer la realidad tomando excesivamente en consideración los indicadores financieros. Unos indicadores que generalmente producen (por las razones que voy a explicar enseguida) una imagen de la situación sistemáticamente más tranquilizadora que la que realmente existe. 

Una metáfora para entendernos

Imaginemos que se produce un accidente que bloquea el acceso de bienes y servicios a nuestro pueblo o ciudad y que sólo se dispone del 40 % de los que habitualmente consumen las viviendas y empresas. Los vecinos tratarán de aprovisionarse, racionarán su consumo, los bienes escasearán y es muy posible que muchas tiendas y empresas paralicen su actividad.

El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo

Imaginemos que, para saber cuál es la situación real en la que nos encontramos y tomar medidas, en lugar de fijarnos en las cantidades y en los precios del momento presente, miramos un tablero en donde aparecen los que se espera que tengan los bienes dentro de tres meses, cuando nos dicen los técnicos que ya se habrá arreglado el problema y recuperado el acceso. 

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Estrecho de Ormuz. El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo. Sin embargo, los mercados financieros –el tablero donde nos dicen que miremos– fijan precios no en función de la gravedad de lo que ocurre ahora, sino considerando que el problema es manejable y temporal.

Un ejemplo simple y claro para que lo entiendas: el 13 de abril, el precio del crudo físico (el que se podía comprar en nuestro pueblo tras el bloqueo en la metáfora que acabo de poner) era de 132,74 dólares por barril. El precio del contrato de futuros para junio (el que los mercados pensaban que tendría en ese mes) era de 99,36. Una divergencia que refleja expectativas de una muy rápida normalización.

Qué es el Estrecho de Ormuz y qué está pasando allí

El Estrecho de Ormuz tiene apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho y por allí pasa normalmente una cuarta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo, una quinta parte del gas natural licuado global, y volúmenes enormes de otros productos y materias primas fundamentales para la alimentación y la industria mundial.

Como sabemos, desde finales de febrero quedó prácticamente cerrado, las grandes navieras suspendieron sus tránsitos y el tráfico de barcos cayó hasta niveles casi puramente testimoniales. 

Semejante bloqueo en el suministro de fuentes de energía y materias primas esenciales producirá un impacto prácticamente proporcional en la capacidad de producir bienes y servicios de todo tipo en todo el planeta. Sin embargo, los indicadores financieros no señalan que el efecto vaya a ser demasiado grande o peligroso y la pregunta, por tanto, es cómo puede ser eso posible.

Es cierto que podría argumentarse que estos precios financieros reflejan factores como la existencia de reservas estratégicas, la capacidad de otros productores para aumentar la oferta o la experiencia histórica de interrupciones breves en el suministro. Pero estas interpretaciones descansan en supuestos que no parece que se estén cumpliendo en la situación actual: que los ajustes serán rápidos, que los cuellos de botella serán limitados y que los efectos sobre la producción serán lineales y reversibles. 

La desnaturalización de los mercados de futuros 

El indicador financiero que más pesa en la lectura de esta crisis es el precio en los mercados de futuros de los recursos que se han bloqueado en Ormuz. Y para entender por qué este indicador está fallando hay que entender, primero, qué es un mercado de futuros, para qué fue creado y qué ha pasado con él.

Estos mercados nacieron con una función muy útil, permitir que los productores y empresas pudieran hacer frente con cierta seguridad a la incertidumbre que siempre lleva consigo la variación de los precios a lo largo del tiempo. Permitían que una empresa, un agricultor o un transportista, por ejemplo, fijaran hoy el precio de lo que iban a necesitar dentro de un determinado periodo de tiempo. Así podían planificar con seguridad y enfrentarse al riesgo de cambios en el precio.

Sin embargo, esos mercados fueron siendo dominados por operadores que, en realidad, no necesitaban petróleo, ni azufre, ni gas, ni café, ni ningún producto real. Son fondos de inversión, bancos y especuladores que compran y venden esos contratos exclusivamente para ganar dinero con la diferencia de precio entre el momento de la compra y el de la venta. Sin ningún interés en la materia prima en sí, y sin necesidad de protegerse de nada.

Los mercados de futuros se han ido convertido en instrumentos especulativos donde los precios son el resultado de apuestas

El resultado ha sido que los mercados de futuros han dejado de ser lo que eran, es decir, instrumentos para que la economía real gestione el riesgo futuro. Se han ido convertido, por el contrario, en instrumentos especulativos, en donde los precios son el resultado de las apuestas que realizan (hoy día mediante algoritmos y a velocidad vertiginosa) quienes solamente buscan ganar dinero con el movimiento siguiente (que a veces ellos mismos pueden provocar).

Estos especuladores no ganan dinero analizando lo que va a pasar en la economía real dentro de seis meses, sino anticipándose al próximo titular, al próximo anuncio político, al próximo tuit presidencial, es decir, en función casi exclusiva de lo que ocurre en el muy corto plazo.

Por qué los mercados futuros están infravalorando el peligro

Cuando los mercados de futuros se convierten en máquinas de apostar al próximo anuncio político, o sobre cualquier otra que permita ganar más dinero en el menor tiempo posible, sus señales sobre lo que puede estar ocurriendo en la economía real se vuelven imprecisas y sistemáticamente engañosas. 

En estos momentos, hay al menos tres razones concretas que explican por qué están proporcionando señales equivocadas e infravalorando el peligro que realmente amenaza a la economía global.

La primera es que estos mercados no funcionan como un mercado normal donde mucha gente compra y vende en igualdad de condiciones. Están dominados por un puñado de grandes bancos y fondos de inversión o incluso por algoritmos que manejan cantidades de dinero tan enormes que cuando apuestan en una dirección, el precio se mueve hacia donde hayan indicado. Son ellos quienes marcan la señal.

Y a esos grandes operadores les interesa apostar a que el conflicto se resolverá pronto por una razón muy concreta: si apostaran a la catástrofe y acertaran, ellos también perderían. Una crisis energética prolongada hundiría la economía global, y con ella todas sus otras inversiones —acciones, bonos, préstamos… 

Apostar a la resolución rápida, en cambio, es apostar a que el juego continúa. A que los mercados siguen funcionando. A que habrá oportunidad de comprar barato ahora y vender caro después. Por eso, cuanto más dinero entra apostando a la normalización, más tranquilizadora es la señal que emiten los futuros. Y esa señal es la que acaba en los telediarios, en los análisis de los gobiernos y en la opinión pública.

La segunda razón es que los modelos que usan estos mercados para fijar precios están construidos sobre datos históricos. Y en la historia, todos los cierres del Estrecho de Ormuz han sido breves. El mercado aplica esa experiencia pasada como probabilidad futura, como si lo ocurrido antes fuera una guía fiable para lo que ocurrirá ahora. Pero esta situación no tiene precedente histórico comparable. La escala del cierre, su duración, la combinación de factores que lo rodean son nuevos. El modelo mira al retrovisor para conducir hacia adelante.

Finalmente, la tercera razón es que el cierre del Estrecho no solo produce el corte de una determinada cantidad de suministro de productos –petróleo, gas, azufre, helio…– cuyos precios se pueden registrar en el momento presente o estimar en el futuro, y sobre los que, por tanto, se pueden realizar las apuestas en las que se basan los indicadores financieros. Además, produce efectos sobre la economía real que esos indicadores sencillamente no pueden percibir ni transformar en contratos que se compren y vendan: el agricultor que no puede sembrar porque no llega el fertilizante, la fábrica que para porque no tiene insumos, el país que raciona electricidad porque no llega el gas… Esos daños no tienen precio en ningún mercado. No cotizan en ningún sitio. No existen para el sistema financiero.

El mercado construye su imagen del futuro solo con las piezas que puede ver. Y deja fuera, sistemáticamente, todos los demás daños. Su señal no es falsa, pero es estructuralmente incompleta. Y una señal incompleta sobre una crisis de esta magnitud es tan peligrosa como una señal falsa.

Finanzas que hacen negocio si el peligro no se ve

A esto que ocurre en el (desnaturalizado) mercado de futuros hay que añadir algo más. Al sistema financiero en su conjunto le interesa que la guerra sea percibida como un riesgo manejable y temporal, y no como algo que puede dar lugar a una catástrofe sistémica si no se detiene pronto.

Los fondos de cobertura son fondos de inversión que ganan dinero con los cambios a muy corto plazo de los precios o, en general, con las variaciones inmediatas en las condiciones de los mercados. Hay plataformas que mueven miles de millones de dólares apostando sobre eventos geopolíticos –si habrá o no un alto el fuego, si se atacará tal o cual infraestructura, si asesinarán a un determinado líder…–. Y quienes tienen en sus carteras las acciones de las grandes empresas petroleras y armamentísticas –en gran medida esos mismos grandes fondos que dominan los mercados de futuros– ganan dinero con cada nuevo cambio de situación.

Pues bien, lo que necesitan todos esos operadores es que el juego especulativo no se detenga. Y eso sólo puede ocurrir si la guerra –en este caso– es percibida como algo manejable. Si se procesara correctamente la gravedad de lo que está ocurriendo en el Golfo, los precios se dispararían de forma caótica, las posiciones basadas en deuda se liquidarían en cascada y el negocio especulativo colapsaría junto con todo lo demás.

La trampa 

Durante décadas nos han querido convencer de que el estado de la economía se deduce de los indicadores financieros. Si la bolsa sube, es que las cosas van bien. Si el precio del petróleo no se dispara, es que la crisis energética no es tan grave. Si los índices se mantienen, es que los fundamentales aguantan.

Si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal serán insuficientes

Ahí está la ceguera y, por qué no decirlo, la trampa: los indicadores financieros sirven para conocer las expectativas de quienes tienen capital para apostar, pero engañan cuando se trata de percibir lo que ocurre en la producción real, en los ciclos agrícolas, en las cadenas de fabricación o con el día a día de las personas y empresas que no participan en los mercados financieros.

Se trata de un error que, en esta ocasión, puede dar lugar a consecuencias muy peligrosas. Si la guerra continúa y no se pone fin al bloqueo rápidamente, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper, como en otras ocasiones, por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real. Si es así, si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar, los transportistas se paralizan y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal y monetaria serían claramente insuficientes para hacer frente a la situación. No habrá banco central que pueda arreglar el desaguisado dando cientos de miles de millones a los bancos o modificando los tipos de interés, ni gobiernos con recursos para frenar la hecatombe.

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Fotografía: El 7 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra las instalaciones urbanas de almacenamiento de combustible de Teherán, concretamente contra los depósitos de Shahran, en el oeste de la capital. Hamid Vakili 

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Juan Laborda

Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada bajo la administración de Donald Trump con el apoyo de Benjamin Netanyahu, representa una violación flagrante del derecho internacional y un punto de inflexión en el orden mundial. Este conflicto ilegal (al no contar con defensa propia legítima ni autorización del Consejo de Seguridad) constituye un “crimen de agresión”, descrito en los juicios de Núremberg como “el crimen internacional supremo” que contiene todo el mal de la guerra. La propia justificación brindada por Trump, alegando una supuesta amenaza inminente del programa nuclear iraní (evoca los falsos pretextos de la invasión de Irak en 2003), mostrando un desprecio cínico por la legalidad internacional. Las consecuencias geopolíticas son profundas: autores como Emmanuel Todd señalan que esta guerra evidencia la disolución del liderazgo occidental y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el sistema global.

Todd advierte que estamos ante el inicio de una “Tercera Guerra Mundial”, con Occidente atacando a potencias emergentes, y compara la debacle estadounidense con la caída de la URSS. De hecho, Todd afirma que en este nuevo conflicto “los ataques provienen de EEUU”, atribuyendo a Washington el papel agresor que antaño tuvieron los regímenes fascistas. En su análisis, la derrota estratégica de Occidente conduce al colapso de la civilización occidental, con síntomas como la desconexión de las élites respecto de la realidad. Este giro histórico marca el fin de la pretensión moral de Occidente para liderar el mundo, ya que viola las normas que dice defender. No es casual que figuras como Sheldon S. Wolin hayan descrito la deriva interna de Estados Unidos como un “totalitarismo invertido”, en el cual las instituciones democráticas se vacían mientras el Estado, controlado por unas pocas élites y corporaciones, persigue un poder sin límites y guerras permanentes. Wolin observó ya durante la ocupación de Irak que EEUU proyectaba una imagen de imperio y superpotencia que, lejos de exportar democracia, estaba erosionando su propia democracia interna en pos de un Estado autoritario.

En este contexto, la guerra contra Irán simboliza la ruptura definitiva: un Occidente que abandona la legalidad internacional y cuyos líderes – Trump, Netanyahu y sus colaboradores – podrían incluso enfrentar la condena de la historia (y en teoría, de la justicia internacional) por crímenes de guerra y agresión. Aunque la Corte Penal Internacional enfrenta límites jurisdiccionales (EE.UU. e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma), la mera posibilidad de un juicio por crímenes de guerra subraya la gravedad de la transgresión. En suma, esta guerra ilegal no solo desestabiliza Oriente Medio; también consuma la pérdida de legitimidad de Occidente, abriendo paso a un orden internacional post-occidental más multipolar y desafiante.

Impacto económico y soluciones poskeynesianas: inflación, fiscalidad y control de precios

Las consecuencias económicas de la guerra –en particular el aumento brusco de los precios de la energía (petróleo, gas) y de productos agrícolas básicos– han sacudido a la economía mundial. Los choques de oferta bélicos disparan la inflación de costes y amenazan con recesiones. Frente a este escenario, los economistas postkeynesianos proponemos una serie de soluciones heterodoxas, enfocadas en la intervención activa del Estado para estabilizar precios y sostener la demanda, en contraposición a las recetas neoliberales pasivas.

Aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada

En primer lugar, se enfatiza el uso de la política fiscal activa y los estabilizadores automáticos. Siguiendo la tradición de Hyman Minsky, un “Gobierno Grande” debe permitir déficits masivos en crisis para poner un suelo bajo la caída económica. Minsky argumentaba que un elevado gasto público y transferencias (como seguros de desempleo) actúan como amortiguadores automáticos que evitan depresiones profundas. En la crisis actual, esto implica aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada. Los estabilizadores automáticos (seguro de paro, impuestos progresivos) ya están diseñados para aumentar el gasto público en recesiones sin requerir nuevas leyes, proporcionando un estímulo inmediato.

En segundo lugar, los postkeynesianos proponemos controles estratégicos de precios y políticas de ingresos para frenar la inflación por el lado de los costes. A diferencia de la ortodoxia que rehúye la intervención o solo propone bajadas de impuestos que benefician a unos pocos, aumentando la extracción de rentas, economistas como John Kenneth Galbraith y Minsky han defendido controles selectivos cuando grandes oligopolios ya fijan precios a su antojo. Un ejemplo actual serían topes a los precios de la energía y alimentos esenciales durante la emergencia: al estar estos sectores dominados por pocos actores, el Estado puede limitar incrementos abusivos sin arriesgar desabastecimiento. De hecho, “las empresas ya controlan precios, por lo que no es difícil para el gobierno controlar lo que ya está controlado” refiriéndonos a mercados concentrados. Durante 2022-2023, varios países aplicaron topes al precio de la electricidad o gasolina con resultados muy positivos, señalando el camino de la intervención. Minsky, por su parte, no descartaba congelaciones salariales y de precios temporales pactadas – las clásicas políticas de ingresos, para frenar espirales inflacionarias de salarios y márgenes empresariales. La clave es combinar estas medidas con otras políticas para evitar efectos adversos (por ejemplo, subsidios a productores si se controla el precio final, para que mantengan la producción).

Tercero, los postkeynesianos enfatizan la inversión pública y la planificación de la producción en sectores críticos. Ante el encarecimiento de hidrocarburos, un Estado emprendedor puede invertir aceleradamente en energías alternativas (renovables, nuclear) para reducir la dependencia y estabilizar los costos energéticos a mediano plazo. De igual forma, puede financiar directamente aumentos de producción agrícola (o liberar reservas estratégicas de alimentos y energía) para compensar la escasez provocada por la guerra. Nicholas Kaldor propuso en los años 60 del siglo pasado un enfoque visionario: crear reservas internacionales de materias primas y hasta una moneda de reserva basada en commodities, de modo que los precios de productos clave se mantuvieran estables. Esa idea –revitalizada por Kaldor en 1964 durante la primera UNCTAD– buscaba estabilizar ingresos de países exportadores y contener la inflación importada en países consumidores, controlando la subida de precios con reservas públicas de alimentos y energía a nivel mundial. En la coyuntura actual, una versión actualizada podría ser acuerdos internacionales para aumentar la producción de petróleo (vía países OPEP+) o granos (vía corredores seguros) combinados con compras y ventas coordinadas de reservas para suavizar los precios.

En cuarto lugar, los economistas poskeynesianos planteamos medidas distributivas para enfrentar la inflación de guerra. Dado que gran parte de la reciente inflación proviene de “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) en sectores oligopólicos favorecidos por la escasez, una solución es gravar esos beneficios extraordinarios y redistribuirlos. Un estudio poskeynesiano reciente (Wildauer et al., 2023) analizó distintas respuestas a un shock de precios energéticos y halló que la política más efectiva para contener la inflación sin destruir empleo fue redistribuir las ganancias extraordinarias a los trabajadores mediante impuestos a beneficios inesperados. En otras palabras, un “windfall tax” a petroleras, eléctricas o exportadores agropecuarios – cuyos precios se dispararon por la guerra – y destinar esa recaudación a aliviar a consumidores (vía subsidios, cheques energéticos o bajadas de otros impuestos) ayuda a frenar la espiral inflacionaria reduciendo márgenes empresariales excesivos, sin recurrir a la vía ortodoxa de provocar una recesión.

Esta estrategia poskeynesiana aborda la inflación como un “conflicto distributivo” –un tira y afloja entre beneficios y salarios– por lo que procura ajustar ese balance (vía impuestos y transferencias) en lugar de simplemente subir tipos de interés y enfriar la economía. Autores como Steve Keen apoyan enfoques no convencionales donde el control de la inflación no recaiga solo en el banco central, sino en políticas fiscales dirigidas y regulación, señalando que la inflación actual no proviene de una demanda sobrecalentada sino de choques de costos y de la arquitectura financiera que amplifica esos choques.

Todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado

Finalmente, es esencial mencionar que todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado (pactos de precios y salarios), que invierte directamente y que regula mercados clave. Lejos de “crowding out”, este enfoque sostiene que una presencia estatal fuerte es necesaria para stabilizar un capitalismo propenso a crisis, tal como Minsky teorizó en su hipótesis de inestabilidad financiera. Jan Kregel, seguidor de Minsky, destaca que, sin controles públicos, los mercados financieros tienden a exacerbar las fluctuaciones en lugar de amortiguarlas, y esto es evidente en la volatilidad de materias primas sin regulación. En resumen, la receta poskeynesiana ante el caos económico desatado por la guerra pasa por fiscalidad expansiva, control de precios estratégicos, inversión estatal y reparto equitativo de cargas, en lugar de confiar ciegamente en la contracción monetaria o la “mano invisible”, o meras bajadas de impuestos que solo beneficia a unos pocos. Se trata de rescatar el papel de la política económica democrática para proteger a las mayorías frente a la inflación y el desabastecimiento, evitando así que el coste de la guerra lo paguen los trabajadores y consumidores más vulnerables.

Desfinanciarización y reforma energética: frenar la especulación y rediseñar el mercado eléctrico

Un elemento crítico agravante de la actual crisis de precios es la financiarización de las materias primas y la desregulación de los mercados energéticos en décadas recientes. De ello ya hemos hablado largo y tendido en estas líneas, pero nadie hace nada. Petróleo, gas, trigo y otros commodities esenciales no solo se compran para consumo, sino que se negocian masivamente en mercados de futuros y derivados por inversores puramente financieros. Esta especulación intensiva ha amplificado los picos de precios durante la guerra: los fondos de inversión y banco añaden demanda artificial y volatilidad Los postkeynesianos llevamos tiempo advirtiendo de estos peligros. Jan Kregel, por ejemplo, sostiene que la entrada de actores financieros “no tradicionales” (fondos indexados, ETFs (exchange-traded funds), grandes bancos) en los mercados de alimentos y energía durante los 2000s fue un factor clave tras el alza de precios 2006-2008 y nuevamente en la guerra de Ucrania y en la crisis actual. Su análisis muestra cómo la especulación puede desvincular los precios de la oferta y demanda reales: los precios futuros suben por la “burbuja” financiera y arrastran los precios spot al alza, perjudicando tanto a consumidores como a países importadores pobres.

Para combatir esta financiarización desestabilizadora, los poskeynesianos proponemos reformas regulatorias profundas: volver a separar la banca comercial de las actividades especulativas (reinstituir elementos de la ley Glass-Steagall), imponer límites estrictos de posición a los fondos en mercados de futuros (evitando que un mismo actor acapare contratos de trigo o crudo), exigir mayores márgenes de garantía para frenar el apalancamiento en derivados, y prohibir instrumentos puramente especulativos como los fondos indexados de commodities que compran sin intención de uso físico. Adicionalmente, se aboga por mayor transparencia y regulación internacional: por ejemplo, una base de datos pública de inventarios globales y flujos de commodities, coordinada por la ONU, para disipar rumores y prevenir compras de pánico. Algunos economistas sugieren reactivar el espíritu de acuerdos previos (como el desaparecido Commodity Stabilization Corporation planteado por Keynes y Kaldor) adaptado al siglo XXI, creando consorcios internacionales que intervengan en mercados clave: comprando futuros cuando los precios se desploman por debajo de costos (sosteniendo a productores) y vendiendo reservas cuando hay picos especulativos (protegiendo a consumidores). Esto implicaría dotar de fondos a instituciones globales para operar como “market maker” de último recurso en materias primas esenciales, análogo a un banco central, pero para bienes físicos.

En el sector energético, la guerra ha evidenciado evidentes fallos del modelo liberalizado, en especial el sistema marginalista de precios eléctricos vigente en muchas regiones (por ejemplo, en la Unión Europea). En este mecanismo, el precio mayorista de la electricidad lo marca la última central necesaria para cubrir la demanda (habitualmente centrales de gas de costo alto), de modo que cuando sube el gas, toda la electricidad se paga al precio más caro. En 2022, con el gas por las nubes tras la escalada bélica, países europeos vieron el precio eléctrico multiplicarse varias veces, otorgando beneficios extraordinarios a generadores inframarginales (renovables, nuclear, hidráulica, con costes bajos) que cobraban precios inflados muy por encima de sus costes. Es la gran “estafa” del mercado marginalista, pues las eléctricas obtuvieron rentas inesperadas millonarias a costa de consumidores y pequeñas comercializadoras. Los poskeynesianos nos sumamos a las voces que denuncian este diseño de mercado, argumentando que un bien esencial como la energía no debería dejarse a una subasta volátil que premia la especulación y el poder de mercado.

Las propuestas de rediseño del mercado eléctrico incluyen varias medidas interrelacionadas. Primero, desacoplar el precio de la electricidad del gas. Por ejemplo, pagar a los generadores inframarginales (renovables, nuclear) un precio fijo o por costes promedio a largo plazo, en lugar de pagarles el precio marginal instantáneo. Así se evitaría que una punta en el gas encarezca todo el pool eléctrico. Durante la crisis de Ucrania, España y Portugal lograron una excepción temporal (tope al gas) para limitar el precio considerado del gas en el mercado eléctrico, reduciendo artificialmente el precio final. Una reforma permanente podría establecer mercados separados o mecanismos de compensación para desligar tecnologías baratas de la espiral especulativa del gas.

Una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados

En segundo lugar, tarifas reguladas y contratos a largo plazo: potenciar contratos bilaterales de largo plazo a precios estables entre productores y consumidores, incluso con participación pública. Si bien la UE propuso fomentar estos contratos, hacerlo sin más regulación simplemente traslada el problema al mercado a plazo, donde también hay especulación y barreras de entrada. En cambio, se sugiere que el Estado actúe como intermediario. Por ejemplo, una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados, garantizando estabilidad de precios y financiando nuevas inversiones verdes.

En tercer lugar, límites al comercio especulativo de energía: restringir la participación de agentes puramente financieros en los mercados mayoristas de electricidad y gas. Los poskeynesianos abogamos porque sólo productores, distribuidores y consumidores cualificados (grandes industrias) puedan operar en dichos mercados, para reducir la liquidez especulativa que amplifica la volatilidad. Asimismo, implementar cortes temporales cuando los precios diarios suban excesivamente sin causa fundamental, evitando picos aberrantes.

Finalmente, regulación de la propiedad y la competencia: luchar contra el oligopolio eléctrico. La propuesta poskeynesiana incluye fortalecer las empresas públicas de energía o crear nuevas donde no las haya, para introducir competidores sin afán de lucro que moderen los precios. También realizar auditorías de costos en las empresas dominantes, detectar prácticas de manipulación de precios (por ejemplo, retirar capacidad para forzar subidas) y sancionarlas con dureza. Incluso se plantea la renacionalización parcial de redes o activos estratégicos, dado que la energía es un bien público. Estas medidas estructurales enfrentan la oposición de las corporaciones, pero apuntan a recuperar el control democrático sobre un sector vital.

La filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales

En síntesis, la filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales. Frente a la doctrina neoliberal que desde los años 90 liberalizó estos mercados bajo la premisa de eficiencia (premisa desmentida por los hechos, pues los precios se han vuelto más inestables y propensos a burbujas) se propone una vuelta a mecanismos mixtos público-privados. Esto significa mercados más regulados, con intervención pública directa para estabilizar precios y asegurar suministro, y con menos intermediarios financieros buscando extracción de rentas. Al fin y al cabo, como señala Jan Kregel, la especulación desenfrenada no solo causa injusticia social inmediata (hambre, pobreza energética) sino que distorsiona la estructura productiva de países enteros, generando booms artificiales seguidos de colapsos que impiden un desarrollo sostenible. Poner freno a estas dinámicas requiere valor político para enfrentarse a los intereses creados de Wall Street y las grandes energéticas, pero los postkeynesianos argumentamos que es imprescindible para evitar que las leyes del mercado desregulado socaven el bienestar de las naciones. La guerra ilegal contra Irán, con sus repercusiones económicas, ha servido en última instancia para exponer las debilidades del sistema global actual –tanto en lo geopolítico como en lo económico– y ha dado renovada fuerza a estas ideas de reforma. Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados. Pero que no se preocupen los extractores de rentas, el occidente decadente no hará nada de esto.

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Fotografía: La vacuna del Oeste. En Barrio del Oeste. Salamanca

Cómo la industria obstaculiza la regulación de las sustancias químicas tóxicas

Informe publicado por CIEL (Center for International Enviromental Law) y Corporate Europe Observatory

La contaminación por sustancias químicas tóxicas es una crisis que afecta al mundo entero. ¹ Se han identificado en total 350.000 sustancias químicas y mezclas diversas en los inventarios de los países y regiones, ² y las pruebas demuestran que muchas de las sustancias químicas industriales son dañinas para la salud de las personas. ³

A pesar de que existe cada vez mayor evidencia de la presencia de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente y en el organismo humano, las brechas regulatorias aún abundan. ⁴ Si bien existen diversas razones que explican esta situación, un factor clave que contribuye a la brecha regulatoria es el uso de diferentes tácticas engañosas por parte de los fabricantes para seguir produciendo y comercializando productos tóxicos.

Dese el tabaco a los combustibles fósiles, del plástico a las sustancias químicas, hay un largo historial de intereses corporativos y de sus aliados que emplean tácticas engañosas para evitar la regulación de los productos dañinos. A continuación, se enumeran algunas de las tácticas más habituales: ⁵

• No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: cuando una investigación interna de una empresa revela información perjudicial sobre sus productos, en muchas ocasiones dicha información no se comparte con el público en general, ni con los reguladores, o se oculta adrede. ⁶
• Menoscabo de la ciencia independiente y realización de investigaciones que favorezcan a los intereses corporativos: se financia a los académicos para que promuevan hallazgos amigables para la industria, se seleccionan las conclusiones por conveniencia y se refuerzan los hallazgos amigables en el discurso público o con vistas a influir en los procesos legislativos; ⁷ se critica el diseño de estudios independientes o se vuelven a analizar datos sobre la base de parámetros nuevos a fin de obtener resultados que respalden las pretensiones respecto de la inocuidad de sus productos; ⁸ se realizan análisis que inducen al error a modo de generar soluciones engañosas; ¹⁰ no se revelan las fuentes de financiamiento de la industria ni los conflictos de interés en las investigaciones académicas. ¹¹
• Señalamiento de «otras causas» como generadoras de los daños: se desvía la culpa de un producto o de una industria mediante la cita de otras causales alternativas para los impactos negativos. ¹²
• Intimidación de científicos independientes que son usados como blanco de críticas: se desacredita a determinados autores y se acosa e intimida a científicos que publican estudios que echan luz sobre los impactos en la salud de un producto industrial específico. ¹³
• Desarrollo de campañas de RR.PP.: se difunden mensajes en favor de la industria para redefinir la narrativa en torno a los productos. ¹⁴
• Utilización de grupos fachada: se financian grupos de base falsos (una práctica que se conoce como «astroturfing») y se reclutan participantes para darle credibilidad a las narrativas amigables para la industria y promoverlas. ¹⁵
• Aprovechamiento de vacíos legales o engaño al sistema: se identifican y aprovechan las lagunas en la legislación, mediante una elusión deliberada de las normas, o una conspiración dentro de la industria para evitar la regulación. ¹⁶
• Énfasis en los costos económicos por sobre todos los demás: se manipulan datos para distorsionar los análisis de beneficios en función de los costos, lo que lleva a una sobreestimación de los costos de la regulación y una subestimación de los beneficios. ¹⁷

Cuando la industria genera dudas, realiza cabildeos con los reguladores y políticos, y presenta de forma engañosa sus productos como «seguros» a fin de demorar, limitar o impedir la regulación en el ámbito nacional, regional o global, lo hace a expensas del medio ambiente y de la salud de las personas. ¹⁸

A menudo las empresas se presentan como socios esenciales en la formulación de las políticas ¹⁹ ya que tienen acceso exclusivo a los datos sobre las sustancias químicas que utilizan, y en muchas ocasiones alegan la «confidencialidad». ²⁰ Sin embargo, los registros históricos indican un patrón de participación deshonesta en los procesos de políticas y de regulación mediante el ocultamiento de datos y su manipulación, o a través de intentos por desacreditar la ciencia independiente que da a conocer los daños que pueden generar sus productos. El secreto y la confidencialidad comerciales no deben usarse como excusas para integrar a los fabricantes y cabilderos en los procesos de formulación de políticas y en los órganos de toma de decisiones. Las empresas y sus asociaciones comerciales no deben tener la posibilidad de influir en la formulación de políticas respecto de las sustancias dañinas que fabrican, ni tampoco en el marco más amplio de políticas sobre sustancias químicas. Las instituciones deben desarrollar políticas sólidas sobre conflicto de intereses a fin de salvaguardar la formulación de políticas de aquellos intereses ya creados.

Los siguientes cuatro estudios de caso ilustran algunas de las tácticas que se describieron más arriba.

Estudios de Caso

No divulgación de información que evidencia efectos perjudiciales: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS)

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por su sigla en inglés, también conocidas como «sustancias químicas eternas») pertenecen a un grupo de más de 10.000 ²¹ sustancias químicas sintéticas cuya principal propiedad de ‘persistencia’ se deriva de los fuertes enlaces entre el carbono y el flúor. En el marco del Convenio de Estocolmo, algunas PFAS se han identificado globalmente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), en tanto muchas otras con una persistencia similar e igual de preocupantes no se encuentran incluidas en la lista. ²² Las PFAS tienen propiedades impermeables, antigrasa y resistentes al fuego, por lo que se utilizan ampliamente en la industria y en productos profesionales y de consumo, desde maquinaria hasta impermeables para la lluvia. Pero es enorme el precio que se paga por ello en la salud humana y animal, así como en el medio ambiente, y algunos lo consideran uno de los problemas de salud pública y ambiental más urgentes del mundo moderno. ²³ Es muy probable que se identifiquen otros problemas para la salud humana y ambiental cuando se continúe con las investigaciones de esta clase de sustancias químicas. ²⁴

Existe cada vez más evidencia sólida, aportada por científicos independientes, de que la producción de PFAS debería regularse y restringirse. Las PFAS son sumamente problemáticas debido a su alta persistencia, ²⁵ lo que brinda una «base suficiente para su regulación.» ²⁶ Ya se ha comprobado que algunas PFAS son tóxicas y se las asocia con efectos que alteran el funcionamiento endocrino, también con la carcinogenicidad, toxicidad para el sistema reproductivo, efectos sobre el sistema inmune, y el metabolismo de los lípidos. ²⁷ La investigación además demuestra que la contaminación por PFAS no puede eliminarse durante determinados momentos clave de su ciclo de vida, ni tampoco durante la fabricación de algunas de las PFAS más controvertidas (por ejemplo, los fluoropolímeros), ²⁸ ni al finalizar dicho ciclo, durante el proceso de incineración tradicional. ²⁹ Además, queda claro que resultarían prohibitivos los costos de eliminar las PFAS de nuestros cuerpos ³⁰ o del medio ambiente. ³¹ Por otro lado, aún no existen tecnologías de limpieza totalmente efectivas y escalables.

Desde fines de la década de los noventa, los tribunales de los Estados Unidos obligaron a los principales productores de PFAS a revelar información sobre su toxicidad, aunque durante décadas habían ocultado la evidencia para evadir y luchar contra la regulación. ³² Los análisis académicos de documentos antaño secretos de productores de PFAS como DuPont y 3M demuestran que para el año 1970, las empresas sabían que estas sustancias químicas resultaban «altamente tóxicas cuando se inhalaban y moderadamente tóxicas cuando se ingerían.» ³³ Esto sucedió cuarenta años antes de que la comunidad de salud pública tuviera conocimiento de los daños que causaban dichas sustancias. ³⁴ Estos documentos además demostraron que los fabricantes utilizaron «diversas estrategias que se aplicaban también al tabaco, la industria farmacéutica y otras industrias para incidir en la ciencia y la regulación en particular, mediante la supresión de la investigación desfavorable y la distorsión del discurso público.» ³⁵ En consecuencia, se demoró significativamente la acción a nivel regulatorio. ³⁶ De igual modo, las investigaciones han demostrado que Arkema, un importante productor francés de sustancias químicas, cuyos productos incluyen PFAS, conocía los daños que producían estas sustancias desde al menos finales de los noventa y podrían haber limitado su propagación al medio ambiente diez años antes de que se tomara acción al respecto. ³⁷

Cuando la regulación de algunas PFAS resultó inevitable, la industria financió su propia ciencia para justificar sus demandas de exenciones respecto de clases enteras de PFAS para que no quedasen sujetas a la regulación. El Proyecto «Forever Lobbying» (cabildeo eterno) una investigación interdisciplinaria transfronteriza que se lanzó en 2025- reveló la importancia de dos artículos científicos muchas veces citados, ³⁸ cuyos autores eran consultores del sector industrial o empleados de las empresas fabricantes de fluoropolímeros. Se aprovecharon estos artículos para respaldar las pretensiones de la industria que sostiene que los fluoropolímeros deben exceptuarse de la regulación ya que son demasiado grandes para penetrar en las células o causar daños. ³⁹ Afirman que los fluoropolímeros son «Polímeros que generan poca preocupación» conforme los criterios establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). ⁴⁰ En realidad, la OCDE nunca ha acordado tales criterios, ⁴¹ y puede sostenerse que afirmar lo contrario fue «de dudosa honestidad». ⁴²

Tal como informó en 2024 la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por su sigla en inglés), a pesar de que las empresas tenían conciencia de la persistencia de las PFAS y de sus potenciales peligros, «no informaron como correspondía al público ni a los reguladores» y «contribuyeron de un modo significativo a la propagación descontrolada de PFAS a través de varios ambientes y poblaciones.» ⁴³ En la actualidad, y a pesar de la crisis de contaminación por PFAS, la regulación sigue siendo claramente irregular. El Convenio de Estocolmo que regula los COP ayudó a la eliminación gradual de algunas PFAS ⁴⁴ luego de años de oposición por parte de la industria. Sin embargo, con posterioridad a la reglamentación de una sustancia química, las empresas, en general, la reemplazan con alguna PFAS similar o con sustancias que se degradan en PFAS (un proceso que se conoce como ‘sustitución lamentable’). ⁴⁵

En el ámbito de la UE, se intenta hoy en día desarrollar una restricción amplia que cubra casi todas las PFAS a fin de evitar las sustituciones lamentables. ⁴⁶ Sin embargo, el proceso se enfrentó a múltiples desafíos que debilitan los esfuerzos por regular y prohibir las PFAS. Existe evidencia de que la industria tiene un acceso privilegiado a los encargados de tomar las decisiones, ⁴⁷ de que promueve «un temor engañoso, exagerado o potencialmente deshonesto» mediante el cabildeo a través de mensajes sobre la ciencia, las alternativas y la economía, ⁴⁸ y que impulsa soluciones derivadas de la industria para la crisis de contaminación por PFAS. ⁴⁹

Existen daños a partir de las PFAS bien documentados y los responsables de tomar las decisiones cuentan con una justificación clara y urgente para regularlas. La industria tiene intereses creados para defender el statu quo. Ha demostrado que está dispuesta a esconder la verdad, a auspiciar la ciencia, a difundir información engañosas y estrategias de manipulación, y a luchar contra las iniciativas regulatorias y de políticas que podrían proteger el medio ambiente y la salud humana del daño causado por sus productos.

Menoscabo de la Ciencia Independiente: Bisfenol A (BPA)

Los bisfenoles son un tipo de sustancia química utilizada para producir polímeros y resinas. ⁵⁰ El Bisfenol A (BPA) sea tal vez el bisfenol más conocido, ⁵¹ una sustancia química disruptiva del sistema endocrino que interfiere con la función hormonal. ⁵² Otro uso importante que se le da al BPA es en la fabricación de policarbonato plástico que se utiliza habitualmente para el envasado de alimentos, por ejemplo, las botellas para bebidas, y el revestimiento de latas de metal. ⁵³ En un primer lugar, allá por la década de 1930, ⁵⁴ se halló que imita al estrógeno y, desde entonces, se han documentado muchos efectos sobre la salud, incluidos los impactos sobre el sistema reproductivo y el metabolismo, ⁵⁵ no siendo esta enumeración taxativa. El BPA también puede tener efectos inmunotóxicos e incidir en el neurodesarrollo, ⁵⁶ aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cánceres relacionados con lo hormonal y, además, puede afectar la fertilidad. ⁵⁷ Algunos efectos inclusive pueden pasar de una generación en otra. ⁵⁸ Un análisis de 2020 que evalúa 20 años de investigaciones sobre el BPA halló que hay «una abrumadora evidencia del daño» que produce a la salud humana la exposición al BPA, inclusive en dosis bajas. ⁵⁹

Un estudio de biomonitoreo de 2023 encontró que un 92% de los adultos en 11 países europeos presentaban BPA en la orina, lo que indica que muy probablemente esté presente en la mayoría de las personas. ⁶⁰

Los intereses comerciales detrás del BPA actúan a la defensiva y cuestionan la ciencia independiente que respalda su regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por su sigla en inglés) agregó el BPA a la lista de candidatas para ser consideradas Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP), actualizando el listado en diversas etapas a fin de incluir las propiedades tóxicas para la reproducción y aquellas endocrino-disruptivas con posibles efectos severos sobre la salud humana, además de los efectos de los disruptores endocrinos en el medio ambiente. La asociación de comercio e industria del plástico en Europa, que lleva el nombre de PlasticsEurope, le inició juicio a ECHA en ocasión de las tres actualizaciones efectuadas y ha perdido siempre. ⁶¹

En la causa PlasticsEurope c. ECHA (Caso T-636/17), que tramitó ante el Tribunal General de la Unión Europea respecto de las propiedades de los disruptores endocrinos que afectan a las personas, la industria cuestionó de diversos modos los estudios científicos utilizados por ECHA para su toma de decisiones. PlasticsEurope argumentó que la Autoridad de Inocuidad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés) había señalado que algunos de los estudios tenían limitaciones o eran poco fiables. ⁶² Sin embargo, la evaluación de EFSA tenía otro alcance, al evaluar el riesgo relacionado con un uso en particular en lugar de abordar los peligros intrínsecos de la sustancia, por lo que los reclamos sobre las limitaciones no resultaron relevantes conforme lo que argumentaba PlasticsEurope. ⁶³ También afirmaban que no se les daba la debida importancia a ciertos estudios ni se los tomaba en cuenta y que dichos estudios no respaldaban las conclusiones de ECHA. ⁶⁴ La sentencia del Tribunal indicó que numerosos estudios demuestran los efectos adversos sobre los ciclos hormonales, algo que la industria no abordó en su demanda; que muchas de las críticas ya se habían tratado en el proceso de análisis a los fines de actualizar el listado del BPA; y que no impugnaba esas respuestas. ⁶⁵

De todos modos, algunos países y regiones con determinados regímenes políticos han regulado con éxito ciertas aplicaciones del BPA, y otros se encuentran en el proceso de hacerlo. Por ejemplo, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Suecia, Bélgica, el bloque comercial del MERCOSUR, China y Corea del Sur, cuentan con diferentes normas para el BPA presente en algunos o en todos los materiales que entran en contacto con los alimentos para bebés y niños, ⁶⁶ y la UE adoptó recientemente una prohibición más amplia del BPA en materiales que entran en contacto con alimentos. ⁶⁷ El Reino Unido se encuentra en proceso de considerar su regulación y la Agencia de Normas Alimentarias realiza consultas para proponer una prohibición respecto del BPA y otros bisfenoles en los materiales que entran en contacto con los alimentos. ⁶⁸ Habiendo dicho esto, muchas de las normas resultan insuficientes y limitadas en cuanto a su alcance.

El BPA también fue un tema que se abordó en las negociaciones en curso para contar con un Tratado Global sobre Plásticos. Existen varias propuestas para un listado global de sustancias químicas a ser reguladas que incluye el BPA, y los productos que lo contienen, en particular, juguetes, productos para niños y materiales que entran en contacto con los alimentos para niños menores de tres años, y que también son parte de las propuestas para la eliminación gradual de una lista de productos. ⁶⁹ Cada una de estas propuestas, así como otras que apuntan a prohibir el uso de sustancias químicas tóxicas en los plásticos fueron resistidas por los grupos industriales, ⁷⁰ cuya presencia ha sido bien documentada en las negociaciones del tratado sobre plásticos. ⁷¹

Establecimiento de Grupos Fachada: Benceno

El benceno es una sustancia química que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Desde hace tiempo, se sabe que tiene efectos graves para la salud, con informes que lo vinculan desde la década de 1890 con la anemia aplásica (una afección severa de la sangre), e informes que lo relacionaban con la leucemia ya en la década de 1920. ⁷² Existe hoy en día una evidencia clara del vínculo causal entre el benceno y la leucemia mieloide, así como asociaciones positivas con otros tipos de leucemia y de cáncer de la sangre. ⁷⁴ El benceno también es genotóxico, lo que significa que daña el ADN, siendo sus principales efectos la clastogenicidad (daño estructural a los cromosomas) y la aneugenicidad (número anormal de cromosomas). ⁷⁶

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado al benceno en el Grupo 1, «carcinogénico para los seres humanos» e indica que hay evidencia suficiente de que produce cáncer en los humanos, en una clasificación que existe hace décadas. ⁷⁷ En la UE, el benceno se clasifica como un carcinógeno 1A en la Directriz de Clasificación, Etiquetado y Envasado. ⁷⁸ En los Estados Unidos, se encuentra regulado en el marco de la Ley de Aire Limpio como «Contaminante Peligroso para el Aire». ⁷⁹

El benceno se encuentra estrechamente vinculado a los combustibles fósiles ya que está presente en productos petrolíferos como la gasolina y se libera durante la producción de plásticos. ⁸⁰ En tanto un análisis del American Petroleum Institute de 1948 llegó a la conclusión de que «la única concentración de benceno absolutamente segura es cero», ⁸¹ la industria intentó limitar la regulación del benceno, incluso a través de Concawe (Conservación del Aire y Agua Limpios en Europa), un grupo de investigación creado por empresas petroleras en 1963 para «llevar a cabo investigaciones sobre temas ambientales relacionados con la industria petrolera». ⁸² Concawe se opuso al establecimiento de límites de exposición ocupacional más firmes para el benceno en Europa e intentó incidir en la clasificación de IARC que sostenía que los gases de escape diésel eran cancerígenos para los seres humanos, así como en la evaluación de riesgos del benceno realizada por ECHA. En 2017, Concawe encargó un proyecto para volver a analizar los datos sobre el impacto del benceno a niveles de exposición bajos y presentó los resultados a ECHA. Se excluyeron «datos críticos, lo que imposibilitaba la observación del comportamiento ante dosis bajas», conforme lo indicó un experto en salud ambiental. ⁸³ Este informe se incluyó en el análisis de ECHA, pero en marzo de 2018, el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) finalmente recomendó un límite de 0,05 ppm.

Durante dicho proceso y una vez publicada la recomendación, Concawe continuó oponiéndose a las conclusiones del órgano científico de la UE mediante el envío de una carta a la presidencia del CER en noviembre de 2017 donde expresaba sus inquietudes y proponía un límite de 0,5 ppm durante tres años, para luego llegar a 0,25 de allí en más, conforme un documento de posición del mes de marzo de 2019, seguido de una reunión en abril de 2019 con un órgano de la Comisión Europea. ⁸⁴ En última instancia, la UE prestó su acuerdo a una propuesta casi idéntica, mediante la adopción de límites de exposición de 0,5 ppm de abril de 2024 a 2026, y un límite algo más estricto de 0,2 ppm de allí en adelante. La Comisión Europea presentó esto como «la opción más equilibrada entre una protección adecuada de los trabajadores en la UE y la prevención del cierre y otras desventajas severas para las industrias.» ⁸⁵ Ello ilustra más que nada el papel y el poder de los grupos fachada y de las estrategias de desinformación de la industria al menoscabar las políticas y la regulación que buscan proteger la salud humana y el medio ambiente.

Combinación de Estrategias de Desinformación: Plaguicidas

Existe un amplio consenso científico de que los plaguicidas juegan un papel clave para lograr una disminución en la cantidad de insectos, lo que incluye los polinizadores que resultan vitales para nuestra provisión de alimentos. ⁸⁶ Los actores de la industria han empleado una serie de tácticas para asegurar que sus productos, incluidas muchas clases de plaguicidas, permanezcan en el mercado. En particular, ha estado en el candelero el grupo de neonicotinoides (también conocido como neónicos o NNI), uno de los insecticidas de uso más generalizado. Los neonicotinoides atacan el sistema nervioso central de los insectos y es habitual su uso en tratamientos sistémicos, incluidos los revestimientos de las semillas. A medida que la planta absorbe en forma gradual el insecticida, los insectos se encuentran expuestos en forma constante. En la UE, el primer insecticida neonicotinoide fue autorizado en 2005. ⁸⁷ Para el año 2012, la nueva evidencia científica llevó a la Comisión Europea a solicitarle a EFSA que analice los riesgos asociados al uso de clotianidina, imidacloprid y tiametoxam en abejas. ⁸⁸ Los estudios también señalaron daños relevantes para la salud humana a partir de estas sustancias. ⁸⁹

En 2013, la EFSA publicó un Documento de Orientación sobre la evaluación de riesgos en relación con los efectos de los plaguicidas en las abejas («Documento de Orientación sobre las Abejas»), ⁹⁰ así como un Dictamen Científico en la que EFSA concluyó que los tres neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) representan un riesgo severo para las abejas. ⁹²

En respuesta al Dictamen sobre los tres neonicotinoides, Syngenta, el desarrollador y mayor productor de tiametoxam, ⁹³ solicitó una revisión. En una carta del año 2012 a la Comisión Europea, ⁹⁴ la empresa planteó que los neonicotinoides «no dañan la salud de las poblaciones de abejas», aun cuando el Documento de Orientación sobre Abejas se basó en numerosos estudios publicados antes de dicho año. Bayer, otra empresa química que produce neonicotinoides, ⁹⁵ encargó a «un panel de científicos especializados en abejas» su propio análisis del Dictamen de EFSA. En realidad, los científicos fueron parte de un panel que incluía a la empresa Exponent, ⁹⁶ defensora de productos.

David Michaels, profesor del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad George Washington, afirma que las corporaciones contrataron empresas de defensa de productos para ayudarlos a crear incertidumbre científica sobre posibles daños causados por sus productos. ⁹⁷ Exponent sostuvo que EFSA «sobreestima los riesgos para las abejas melíferas» y no señaló los plaguicidas sino otras causas como, por ejemplo, «un mantenimiento inadecuado de las colmenas.» ⁹⁸ Este análisis se realizó junto con una campaña de cabildeo masivo por parte de los productores Bayer y Syngenta, y la amenaza de acciones judiciales por parte de Syngenta. ⁹⁹

La UE finalmente prohibió en 2018 el uso al aire libre en la UE de los tres neonicotinoides imidacloprid, clotianidina y tiametoxam-. ¹⁰⁰ Sin embargo, la prohibición se ve constantemente socavada ¹⁰¹ por un vacío legal que permite exenciones en el ámbito nacional. Del mismo modo, el Documento de Orientación sobre Abejas de la EFSA (publicado en 2013) ha experimentado muchas demoras en su implementación. Croplife Europe ¹⁰² le escribió a la Comisión Europea expresando su oposición al Documento por su «nivel irrealista de conservadurismo,» ¹⁰³ y muchos países de la UE bloquearon su implementación, repitiendo los argumentos de la industria. ¹⁰⁴ Las empresas ahora piden un mayor involucramiento de la industria ¹⁰⁵ «en todas las etapas» del desarrollo de documentos de orientación de la UE.

Surgió otra estrategia cuando Dow y Bayer lanzaron en el mercado de la UE dos insecticidas nuevos, sulfoxaflor y flupiradifurona. Estas sustancias químicas tienen el mismo mecanismo de acción que los neonicotinoides. Ahora bien, en 2012, ¹⁰⁶ Dow y Bayer crearon dos categorías nuevas de insecticidas para caracterizarlos de un modo diferente. Las dos sustancias químicas se prohibieron en Francia a partir de 2018 ¹⁰⁷ debido a su mecanismo de acción idéntico a los neonicotinoides. En contradicción con la evidencia científica, Bayer sigue vendiendo y elogiando los plaguicidas sobre la base de flupiradifurona ¹⁰⁸ debido a que son «ambientalmente amigables para las abejas melíferas y para los abejones y para la mayoría de los insectos beneficiosos.»

Un elemento clave en las estrategias de algunas empresas productoras de plaguicidas para lograr que se autorice su producto son los intentos frecuentes por ignorar o descalificar evidencia independiente, revisada por pares y que surge de la evaluación regulatoria, ¹⁰⁹ solo permitiendo que se considere única o principalmente la ciencia proveniente de la industria. ¹¹⁰ Por ejemplo, las autoridades utilizan la escala de puntuación de Klimisch para evaluar la fiabilidad de los estudios toxicológicos. Este sistema lo desarrollaron tres empleados de BASF y se ha utilizado para descartar los estudios independientes. ¹¹²

Se ha inclusive demostrado que algunas empresas productoras de plaguicidas tratan de incidir en las evaluaciones científicas a los fines regulatorios mediante estudios fantasma (una táctica considerada como fraude científico). Tres ejemplos para destacar en cuanto a los escritos fantasma se relacionan con Monsanto y el glifosato (el ingrediente activo en RoundUp). En el año 2000, se publicó en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology una evaluación de inocuidad y una evaluación de riesgo de RoundUp donde se sostiene que «no hay ningún indicio preocupante para la salud humana.» ¹¹³ El artículo que se conoce como el de Williams, Kroes, y Munro fue citado como evidencia de la inocuidad del glifosato durante dos décadas y fue apuntalado por numerosas normas aún después de que un juicio de 2017 sacase a la luz correos electrónicos que sugieren que los empleados de Monsanto fueron los autores fantasma de dicho documento. ¹¹⁴ Finalmente, el artículo fue retractado en 2025, ¹¹⁵ con posterioridad a un artículo científico de Kaurov y Oreskes. Sin embargo, tal como lo señalaron estos autores, el retiro del artículo «no borrará 25 años de influencia.» ¹¹⁶ Existe evidencia de que un segundo documento que se publicó como el de ‘Kier & Kirkland 2013,’ también había sido en parte un artículo fantasma y, desde su publicación, no ha sido retractado. ¹¹⁷ En Kier & Kirkland, los correos electrónicos y documentos internos de la empresa demostraron que un empleado de Monsanto fue señalado en primera instancia como autor y luego eliminado antes de su publicación. ¹¹⁸ Esta misma táctica se repitió en otro artículo sobre glifosato que se centraba en impactos en el sistema reproductivo, en el cual el empleado de Monsanto fue eliminado de la lista de autores. ¹¹⁹

Conclusión y Recomendaciones

La evaluación de riesgos y la prevención de los daños a la salud humana y al medio ambiente derivados de las sustancias químicas constituyen el eje central de su gestión. La evidencia histórica demuestra que muchas empresas que fabrican estos productos minimizan, tergiversan o manipulan la información científica sobre los peligros de sus productos para resistirse a la regulación o demorarla. La protección de la salud y el medio ambiente requiere tener en cuenta este hecho comprobado y actuar en consecuencia.

Con ese fin, se debe prohibir la participación en los procesos regulatorios a aquellas empresas que fabrican, introducen en el mercado, venden, utilizan y comercian sustancias reguladas (en especial sustancias químicas, plaguicidas y plásticos) que pueden causar daños al medio ambiente y/o a la salud. Estas empresas y las asociaciones comerciales afines no deberían poder influir en la formulación de políticas sobre las sustancias peligrosas que fabrican, ni tampoco incidir en el marco más amplio de políticas sobre productos químicos. En tanto deberían poder participar en consultas públicas o audiencias, o responder a solicitudes oficiales de información sobre sus productos, no deberían poder ejercer presión en privado sobre los encargados de formular las políticas, ofrecerles atenciones, ni gozar de otro tipo de acceso informal o tras las bambalinas. Este enfoque no sería inédito. Tras constatar que la industria tabacalera socava de manera sistemática la toma de decisiones de interés público en materia de salud, las autoridades de salud pública actuaron, y la OMS adoptó normas para ayudar a garantizar que la industria del tabaco no participe en la elaboración de políticas de salud pública. ¹²⁰

A fin de hacer cumplir lo antedicho, es fundamental que existan normas y procedimientos claros sobre conflictos de interés en los espacios de formulación de políticas y en los ámbitos científicos a nivel internacional, regional y nacional. Las autoridades del sector público también deberían implementar normas sobre transparencia que exijan la divulgación de cualquier reunión de cabildeo mantenida con la industria química. Resulta decisivo que los funcionarios establezcan con urgencia canales científicos sólidos, bien financiados y totalmente independientes que sirvan de base para la toma de decisiones sobre la regulación de sustancias químicas, a fin de evitar la dependencia de datos que son proporcionados por la industria.

Bibliografía complementaria:

Libros:

• Oreskes, Naomi and Erik M. Conway. «Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming.» Bloomsbury Press, 2010.
• Michaels, David. «Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health.» Oxford University Press, 2008.
• Foucart, Stephane, Stephane Horel, and Sylvain Laurens. «Les gardiens de la razón – Enquête sur la désinformation scientifique.» La Decouverte, 2020.

Artículos académicos:

• Evans-Reeves, Karen A., Britta K. Matthes, Phil Chamberlain, Nino Paichadze, Anna B Gilmore, and Melissa Mialon. «Intimidation against advocates and researchers in the tobacco, alcohol and ultra-processed food spaces: a review.» Health Promotion International 39 no. 6, (2024). https://doi.org/10.1093/heapro/daae153.

Acknowledgments

The Pollution Playbook: How Industry Blocks Regulation of Toxic Chemicals was authored by Rachel Radvany (Center for International Environmental Law) and Vicky Cann and Nina Holland (Corporate Europe Observatory). It was edited by Cate Bonacini. Special Thanks to Giulia Carlini, Claire Robinson, Noa Simon Delso, David Azoulay, Aidan Steer, Barnaby Pace, and Elana Baurer for their review and project support.

Corporate Europe Observatory is registered in the EU lobby transparency register under identification number 5353162366-85. CIEL is registered under identification number 001245815997-85. Errors and omissions are the sole responsibility of CIEL and Corporate Europe Observatory. This issue brief is for general information purposes only. It is intended solely as a discussion piece. It is not and should not be relied upon as legal advice. While efforts were made to ensure the accuracy of the information contained in this issue brief, the information is presented «as is» and without warranties, express or implied. If there are material errors within this issue brief, please advise the authors. Receipt of this issue brief does not create an attorney-client relationship. Please send comments or question to info@ciel.org to be sure of a reply. February 2026

La entrada Compendio de estrategias frente a la contaminación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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HARASTA (SIRIA) // «El misil cayó justo aquí», dice Fateh, mientras señala el techo del comedor de su nueva casa. Nueva, porque la ha comprado hace justo una semana, aunque desde algunas de sus habitaciones, agujereadas por un bombardeo, puede verse el cielo. No sabe si el misil lo lanzó el régimen sirio o Rusia, aunque poco importa ahora mismo. Eran aliados. Lo que importa es que Fateh Elkhiami, de 26 años y originario de Damasco, quiere hacer de este apartamento parcialmente en ruinas su hogar. Y cuanto antes mejor.

Estamos en Harasta, una ciudad en las afueras de Damasco, y Fateh todavía recuerda cuando su abuela y su madre compraron los dos pisos, uno al lado del otro, en el año 2009. A los pocos meses, empezaron a reformarlos (azulejos nuevos, instalación eléctrica, cocina…) hasta que, justo antes de tenerlo todo listo, empezó la guerra. Durante años, la familia no pudo regresar a la vivienda, ya que la zona quedó en medio del conflicto, entre el régimen sirio y los rebeldes.

«Recuerdo que en Damasco preguntábamos de vez en cuando a gente que conocemos aquí sobre la condición de la casa. Nos decían que estaba bien», cuenta Fateh, en castellano, ya que trabaja de profesor privado de árabe e inglés y anteriormente había impartido clases de inglés en español. «Pero en 2017 Rusia ayudó al gobierno a atacar Harasta para sacar a los rebeldes, y en un par de meses todo quedó bombardeado. Dos meses después, el gobierno dijo que podíamos entrar en Harasta, y fue un shock ver que la casa, después de años de estar bien, ya no lo estaba», explica con amargura, mientras de fondo se escuchan martilleos en edificios cercanos. Otros vecinos también se apresuran a reconstruir sus hogares.

Catorce años de guerra han dejado buena parte de Siria destrozada. Según un informe del Banco Mundial, casi un tercio de las infraestructuras y viviendas del país fueron dañadas o destruidas entre 2021 y 2024 (a finales de ese año cayó el gobierno de Bashar Al Asad). El organismo estima que la reconstrucción puede costar hasta 216.000 millones de dólares. De estos, unos 82.000 millones servirían para restaurar solo la infraestructura básica, mientras que 75.000 millones se destinarían a viviendas y otros 59.000 millones a edificios no residenciales.

Según la ONU, alrededor de 7 millones de sirios siguen siendo desplazados internos, de los cuales 1,5 millones viven aún en campamentos o asentamientos informales. Aunque las nuevas autoridades de Damasco han iniciado los primeros pasos para coordinar prioridades de rehabilitación en las zonas más afectadas y desde hace poco existe un plan nacional, la reconstrucción sigue siendo un proceso fragmentado.

«El gobierno, en colaboración con empresas, han establecido un órgano para invertir en la reconstrucción, para atraer a empresas internacionales y nacionales. Pero es un plan general, y cada ciudad tiene su análisis y trabajo», detalla Salaha Ismail, experto en planificación urbana y miembro de la ONG Kafaat for Reconstruction. Él se encarga sobre todo de generar análisis técnicos y fortalecer comunidades en las afueras de Damasco, en zonas como Harasta. «Ahí necesitan la ayuda de empresas, y el gobierno ha recogido dinero a través de la organización Syrian Investment Trust. Hay algunas cosas que podemos decir que van a funcionar. Otras, todavía es muy complejo saberlo. Se trata de proyectos grandes de empresas internacionales de Estados Unidos en torno a la electricidad, las zonas militares, etc. Eso es difícil, pero la infraestructura, las casas, esto es algo más local, una tarea del gobierno».

Reconstruir sin esperar al gobierno

Fateh sube con cuidado por una estructura sin barandilla. Donde hoy hay un vacío abierto al patio, antes había una habitación pensada para que él durmiera allí. «Esta parte cayó dentro de la casa», explica, mientras esquiva los cascotes esparcidos por toda la estancia. Las escaleras originales desaparecieron cuando las fuerzas gubernamentales entraron en la ciudad en 2018. «Rompieron y robaron todo lo que pudieron: cables, puertas, ventanas, cerámica…», se lamenta.

Durante siete años, la familia, al igual que muchas otras, decidieron no hacer nada. «Todo era demasiado caro. El coste de los materiales de reconstrucción es ahora más barato, relativamente. Otro factor es el precio del dólar comparado con la lira. Ahora la lira es más fuerte». Por ello, esta semana, un año después del cambio de régimen, ha tomado la decisión de hacer que este sea su hogar. Ha comprado formalmente el piso a su abuela hace apenas una semana por 3.500 dólares –un precio familiar, por debajo del mercado– y calcula que necesitará unos 4.500 más para retirar los escombros y rehabilitar las dos viviendas, la suya y la de su madre.

Quien le ayuda en toda la reconstrucción es su amigo Osama Alsawaf, ingeniero de Damasco. Hoy han quedado para discutir los últimos flecos antes de empezar la obra, dentro de pocos días. Todavía ven lejano que el plan gubernamental se implemente realmente en su zona. «Si reconstruyes ahora, es bajo tu responsabilidad», le recuerda Osama a Fateh, sentados en un café en Damasco, repitiendo la norma no escrita del nuevo gobierno. «El gobierno dice: construye, pero si mañana hacemos un nuevo plan urbano y no encaja… En fin, que podrían demolerlo otra vez», insiste Osama.

A Osama, ingeniero especializado en energías solares de 31 años, la elevada demanda de reconstrucción de hogares tras 14 años de guerra le ha hecho inclinar, gradualmente, su trabajo hacia este ámbito. Una rehabilitación iniciada desde cero puede costar unos 10.000 dólares, mientras que la más barata que ha hecho, «muy básica», reconoce, ha costado 2.500 dólares.

El trabajo principal, asegura Osama, es reparar y poner en marcha la infraestructura básica que el antiguo gobierno se apropió cuando recuperó ciudades que antes estaban en manos de los rebeldes. Muchos de los sirios que ahora están reconstruyendo estos edificios cuentan con el apoyo económico de familiares que viven fuera. Osama acaba de volver de Egipto, donde ha vivido en los últimos cinco años, y reconoce que trabaja un tanto a ciegas. «La gente necesita casas. Los alquileres están altos. Pero todos trabajamos sin saber qué pasará después».

Pese a la incertidumbre actual sobre los planes del gobierno en cuanto a la reconstrucción, Fateh no ha querido esperar a ninguna hipotética ayuda pública. «Creo que si la ayuda llega, tendré que esperar muchísimo, y habrá prioridades. Por ejemplo, Jobar [la zona más asediada por el régimen sirio, vecina de Harasta y que quedó completamente destrozada] será una prioridad; Harasta no estará en el primer lugar del plan. Así que prefiero empezar que esperar, porque al final tengo que vivir mi vida y tener mi casa», dice convencido.

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‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

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Artículo original publicado en rentabasica.org por Julen Bollain

El mundo no se ha vuelto autoritario por accidente. Se ha vuelto autoritario porque demasiada gente vive con miedo. Miedo a perder el empleo, la vivienda, los ingresos, la dignidad. En este contexto, el trumpismo —entendido no como una persona concreta, sino como un clima político global— no es una anomalía, sino una respuesta previsible a una inseguridad material crónica.

Porque cuando la vida se convierte en una carrera permanente llena de obstáculos, la promesa sencilla de orden, castigo y enemigos claros resulta altamente tentadora. Y no porque convenza intelectualmente, sino porque tranquiliza emocionalmente. Es por ello que, si queremos entender por qué las democracias actuales se están erosionando a pasos agigantados, debemos hacer menos caso a los discursos prefabricados por sesudos asesores políticos y más a las condiciones materiales que los hacen creíbles.

El autoritarismo no avanza solo porque haya más odio o más ignorancia entre la ciudadanía. Avanza cuando amplias capas de la población sienten que no tienen nada que perder. Cuando cualquier imprevisto —una enfermedad, un despido, una ruptura— puede precipitar una caída sin red. Es en ese escenario cuando la política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una gestión permanente del miedo.

Y aquí es, precisamente, donde la renta básica deja de ser una política social más y se revela como algo mucho más profundo. Hablamos de una infraestructura democrática que sostiene la libertad material. No una varita mágica ni una solución total, pero sí una condición material clave para que la democracia funcione más allá del ritual electoral.

Como ya hemos dejado escrito en multitud de ocasiones, la renta básica no es caridad, ni asistencialismo, ni un premio al (de)mérito. Es un derecho incondicional que garantiza que todas las personas dispongan de una base material mínima sobre la que construir su proyecto vital. Su efecto más importante no es el consumo, ni siquiera la reducción de la pobreza —que también—, sino la reducción del chantaje económico que atraviesan las personas hoy en día en nuestras sociedades. Porque una sociedad en la que decir “no” implica caer al vacío no es una sociedad libre. Es una sociedad disciplinada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, aunque sea un trabajo con condiciones de mierda. Miedo a quedarte en la calle si plantas cara a tu casero ante una subida abusiva. Miedo a denunciar abusos. Miedo a salir de una relación insostenible. Miedo a discrepar políticamente. Miedo, en definitiva, cuando tu vida depende de un hilo.

Y no nos engañemos. La renta básica no compra votos, como repiten algunos analistas de sobremesa que confunden cinismo con lucidez. Compra margen de decisión. Compra tiempo. Compra capacidad de disentir sin que la vida se desmorone. Y todo eso, en términos democráticos, es enormemente revolucionario.

Frente al trumpismo —y sus múltiples variantes locales—, la renta básica representa un modelo político radicalmente distinto. El autoritarismo promete protección, pero siempre a cambio de obediencia. Protege a unos frente a otros, establece jerarquías morales y convierte la sospecha en principio de gobierno. Divide entre quienes merecen y quienes no. Entre los de dentro y los de fuera. La renta básica, en cambio, se basa en una lógica totalmente opuesta. Habla en términos de seguridad universal, de derechos sin condiciones, de confianza. No pregunta quién eres, de dónde vienes o qué has hecho para merecer vivir con dignidad. Asume que la dignidad no se gana. Se garantiza.

Hay quien nos llamará ingenuos por creer en la gente. Pero es puro realismo democrático. Las sociedades que funcionan mejor no son las que castigan más, sino las que reducen el miedo estructural que empuja a la gente hacia soluciones autoritarias. La historia reciente lo demuestra una y otra vez. Cuando la inseguridad material se cronifica, el terreno queda abonado para líderes que prometen orden a cualquier precio. Aunque el precio a pagar sean nuestros derechos y nuestra libertad.

Debemos ser conscientes de que, en un mundo atravesado por crisis ecológicas, transformaciones tecnológicas y tensiones geopolíticas, la tentación autoritaria no va a desaparecer por sí sola. Al contrario, se intensificará en los próximos años. No obstante, pensar que todo ello se solucionará con mejores discursos o con mayor pedagogía democrática es, como mínimo, ingenuo. Porque, sin una base material que sostenga la libertad, la democracia se vacía por dentro.

La renta básica no es la solución a todos nuestros problemas. Pero sin ella —o sin políticas que cumplan una función similar de desmercantilización de la vida— seguiremos intentando defender la democracia con herramientas cada vez más frágiles. Y en ese terreno, quienes gobiernan desde el miedo siempre llevan ventaja. Si queremos salir de este mundo trumpista, no basta con denunciarlo y gritar muy alto en redes sociales. Hay que construir alternativas que devuelvan a la gente algo tan simple y tan radical como la seguridad de existir sin miedo. La renta básica es una de ellas. Y quizá no deberíamos seguir tratándola como una idea excéntrica, sino como lo que realmente es: una vacuna democrática.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-como-vacuna-democratica/

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Artículo original publicado en matoeconomia.blogspot.com por Carlos Sánchez Mato

Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia

En 2025 las salidas de fondos de los planes de pensiones vía prestaciones y pagos por supuestos de especial liquidez han superado a las aportaciones en 1.659 millones de euros.

Hemos pasado de aportaciones netas superiores a 3.000 millones de euros en 2007 a que se produzcan más reintegros y pagos de prestaciones que aportaciones brutas en cada ejercicio. Buenísima noticia. Solo son negocio para sus gestores y únicamente gracias a los beneficios fiscales.

Las aportaciones netas a los planes de pensiones privados alcanzaban el 0,29% del PIB en 2007. En 2025 eran negativas del -0,10% del PIB. Una muestra clara de que, reduciendo los beneficios fiscales, las personas trabajadoras les dan la espalda. Simplemente no son atractivos.

No solo lo digo yo. Es la conclusión del informe 2025 de la patronal Inverco.

«El descenso está relacionado con la drástica reducción del límite máximo de aportación» fiscalmente deducible.

El resultado es que las aportaciones brutas se estacan y cada vez suponen un porcentaje inferior en relación con las cotizaciones sociales. En definitiva, el sistema de pensiones es cada vez «más público» lo que es una excelente noticia.

No es casual.

La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran. Gran noticia.

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Artículo original publicado temposdixital.gal por Cesáreo Villar Blanco

Muchos activistas deben lamentar la pérdida de la irremplazable Susan George, politóloga, socióloga, filósofa y activista franco-estadounidense, quien falleció el 14 de febrero a los 91 años. Numerosas organizaciones y grupos destacan en su despedida la magnitud de su obra, un enorme legado de análisis, argumentos e ideas para identificar las fuentes del poder, defender a los más desfavorecidos y proteger el medio ambiente. Mi reseña no puede hacer mucho por ensalzar sus evidentes méritos, pero me gustaría dejar un pequeño testimonio del relevante papel de ciertas personalidades, como ella, capaces de brindarnos herramientas para comprender los conflictos y buscar soluciones en un mundo enormemente complejo.

Ya conocía a Susan George desde la universidad, pero fue años después, a través de un documental en Televisión Española, cuando la escuché denunciar las privatizaciones, las desregulaciones y otras maniobras que empezaban a manifestarse en pleno neoliberalismo. Hablaba en nombre de Attac ( Asociación por la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana ) para denunciar esa doctrina nacida en el Norte global que se imponía en detrimento de los países del Sur y de los ciudadanos más desfavorecidos. Su mensaje me pareció inicialmente abstracto, incluso un poco conspiranoico, pero lo cierto es que describía el entramado invisible de la economía y las instituciones de una forma demasiado convincente como para ignorarla. Fue esa voz serena, indignada y firme, junto con la de otros pensadores críticos, la que me condujo hasta las puertas de su organización, que por aquel entonces formaba parte de lo que se conocía como altermundismo. El resultado fue que una ciudadana confundida y pasiva como yo acababa de despertar gracias a personas como esta mujer incansable que llevaba años buscando estrategias para fortalecer a una ciudadanía indefensa.

Esas voces antiglobalización (o, mejor dicho, contra los efectos indeseables de la globalización) llevaban tiempo advirtiendo sobre las graves desigualdades, los peligros ambientales y el riesgo de crisis debido a las prácticas codiciosas de un pequeño número de agentes económicos. Finalmente, sus alarmantes análisis quedarían demostrados en la burbuja financiera que estalló en 2006-2007 en Estados Unidos hasta sacudir al mundo entero. Susan George era una persona respetable que llevaba años denunciando las perversiones de ese sistema diseñado para el beneficio de unos pocos y que ahora estaba fracasando estrepitosamente. Curiosamente, en su libro más famoso, «El Informe Lugano», concibió un dossier ficticio que describía con una verosimilitud tan asombrosa las despiadadas estrategias del gran capital y sus instituciones que acabaría sirviendo al público como una guía reveladora sobre el funcionamiento de las élites globales. Personalmente, encontré muy útiles sus ideas orientadas a la acción, que se vieron reforzadas por las reflexiones de los mejores pensadores críticos del momento (Naomi Klein, Eric Toussaint, David Graeber, etc.). Ambos contribuirían decisivamente a dar peso a movimientos de influencia global como el 15M u Occupy Wall Street , movilizaciones que redefinieron el rumbo político de muchos países. Yo tenía más de cuarenta años por aquel entonces, pero con la ayuda de intelectuales audaces y solidarios como ella, comencé a comprender los mecanismos que sustentan el lucro, la destrucción del medio ambiente, el cálculo despiadado de las grandes corporaciones y la indefensión de los humildes.

En 2010 tuve la suerte de participar en la presentación de su libro «Su crisis, nuestras soluciones» en España. Recuerdo haber depositado con entusiasmo folletos y cuadernillos de Attac en la entrada del salón de actos del Colegio Julián Besteiro de Madrid. Aquella mujer de unos 76 años apareció acompañada de mi amigo Ricardo G. Zaldívar, quien compartiría mesa con la autora en la presentación. El recinto estaba a rebosar, como era de esperar para recibir a una intelectual de renombre, pero confieso que recuerdo poco de su discurso. Sé que presentó argumentos de su libro sobre la confluencia de varias crisis (ecológica, social, financiera) y la jerarquía necesaria para resolver sus causas, pero lo que más me impresionó fue la empatía y la energía que desplegó. Como activista competente, era consciente de que este tipo de reuniones no son tanto para explicar, sino para unir y motivar. Poco antes de finalizar el evento, recuerdo que empezó a animar alegremente al público con consignas «antisistema», como si estuviera en la calle; Luego, agradeció efusivamente a los intérpretes su desinteresada colaboración y finalizó diciendo que se sentiría satisfecho si su participación lograra motivar aunque fuera a una sola persona en aquella abarrotada sala a luchar activamente por el cambio social.

Hoy han pasado casi 20 años desde aquellos días de activismo que me atrajeron por antiglobalistas tan carismáticos como ella. Y aunque tengo la sensación de que la protesta social no atraviesa uno de sus mejores momentos, albergo la esperanza de que figuras tan competentes como Susan George continúen esa inspiradora misión de guiarnos en medio de la confusión. Es cierto que una categoría humana como la suya no suele ir acompañada de una capacidad intelectual tan poderosa, pero no dudo de que su obra y su ejemplo seguirán generando una influyente atracción que nos orientará hacia el Sur y nos acercará un poco más a un mundo mejor.

Que ahora descanse en paz quien tanto luchó por ella.

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